Con el final de la guerra civil en 2002, que se prolong durante 27 aos, Angola comenz un perodo de transicin a repblica constitucional. Angola es un pas muy centralizado y dominado por el presidente. El Movimiento Popular de Liberacin de Angola (MPLA) ha ocupado el poder desde la independencia del estado en 1975. Se form un Gobierno de Reconciliacin Nacional cuando la Unin Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) y 10 partidos ms pequeos de la oposicin se unieron al MPLA en el gobierno. La oposicin ocupa el 43% de los 220 escaos de la Asamblea Nacional, entre cuyos miembros hay 35 mujeres y 7 representantes de grupos minoritarios. Entre los 61 miembros del Gabinete hay 10 diputadas, 3 diputados representantes de minoras y 3 ministras. El poder se concentra en el Presidente y el Consejo de Ministros.

Est prohibido discriminar por razones de color, raza, etnia, sexo, lugar de nacimiento, ideologa, grado de educacin o condicin econmica o social, pero la ley no se hace cumplir.

El poder judicial es independiente segn la ley, pero los informes indican que est sujeto a la influencia del ejecutivo. Las fuerzas de seguridad son acusadas de cometer abusos contra los derechos humanos con total impunidad.

La economa se basa en el petrleo, y el crecimiento fue de ms del 10% en 2005. La mayor parte de la riqueza se concentra en manos de un pequeo grupo selecto; el 70% de la poblacin vive en la pobreza, y el 85% de los habitantes rurales trabajan en la agricultura de subsistencia. La prestacin de servicios bsicos es muy limitada.

Se viola el derecho a la intimidad. La libertad de expresin y de prensa est restringida, y hay informes sobre el acoso y la intimidacin que sufren los periodistas. La mayora de los medios de comunicacin son del estado y critican muy poco al gobierno. Operacao Brilhante, una campaa del gobierno contra la extraccin ilegal de diamantes, se dirigia los ms de 120.000 mineros migrantes y expuls violentamente a los refugiados.

El 8,6% de la poblacin est infectada por VIH/SIDA, y para 2009 se calcula que habr 315.000 nios hufanos como consecuencia de las muertes por VIH/SIDA. La violencia y la discriminacin contra las mujeres y los nios es comn. Los nios y las personas con discapacidad sufren unas malas condiciones econmicas y gozan de poca proteccin. Los indgenas sufren discriminacin y explotacin econmica. El trfico de personas, nios incluidos, es un problema muy grave.

La educacin es obligatoria entre los 6 y los 9 aos. Alrededor del 60% de la poblacin es menor de 15 aos. El ndice de alfabetismo es del 67% (83% de hombres, 54% de mujeres). De los 2 millones de personas analfabetas que hay, el 74% son mujeres.

Segn la ley, la educacin primaria y secundaria debera ser gratuita, pero los alumnos tienen que pagar un coste considerable por los libros y el material escolar. Gran parte de la infraestructura educativa resulto destruida durante la guerra, y las escuelas no tienen el equipo ni los materiales de enseanza bsicos. La campaa "Back to School" (Regreso a la escuela) form a 20.000 docentes nuevos para su colocacin en escuelas de todo el pas. UNICEF seala en su informe que ms del 56% de los nios entre 6 y 9 aos van a la escuela, pero slo el 6% de los nios entre 10 y 11 aos lo hacen.

Se calcula que ms de 1 milln de nios no estn escolarizados. Hay ms nios que nias matrculados en la escuela. Los docentes en ocasiones no cobran o cobran menos de lo debido, y muchas veces exigen pagos no oficiales a los alumnos. Existe constancia de la corrupcin en el sector de la educacin. Los ingresos del petrleo podran proporcionar una educacin a todos los ni, pero se destina muy poco a los servicios pblicos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) descubri que el gasto en defensa de Angola era 10 veces superior al de su inversin en educacin.

debera ser universal entre los 3 y los 6 aos. No hay datos estadsticos sobre el porcentaje de nios matrculados en la EPI o sobre los docentes de este sector.

La educacin es obligatoria entre los 6 y los 9 aos. La tasa bruta de matrstica.

Oficialmente, la secundaria comienza a los 10 aos de edad. No hay ms datos estad sticos.

Las estad sticas indican que 12.982 alumnos se matrcularon, una GER de apenas el 1%. De los alumnos matrculados, el 40% son nias. El 32% de la educacin terciaria es privada. El 20% de los 1.285 docentes que trabajan en este nivel son mujeres. Hay 5.942 alumnos estudiando fuera, sobre todo en Portugal (3.367), Sudfrica (839), EE.UU. (442), Namibia (354) y Francia (205).

Handicap International calcula que hasta un 10% de la poblacin tiene alguna discapacidad. Muchas son vctimas de las minas de tierra. Mujeres y nios constituyen un porcentaje cada vez mayor de personas con discapacidad, al resultar heridos por las minas cuando salen en busca de alimentos y lea. Aunque no se observa discriminacin institucional alguna contra las personas con discapacidad, se ha hecho muy poco por mejorar su situacin fsica, econmica o social. Para las personas con discapacidad es difcil encontrar un empleo o participar en la educacin.

Los menores suelen ser encarcelados por hurtos simples y son alojados con los presos adultos. El maltrato por parte de guardias y presos es comn. Los menores encarcelados no reciben educacin. UNICEF ha puesto en marcha un programa para antiguos nios soldado. Se han ofrecido cursos de formacin, servicios psicolgicos, alojamiento temporal y ayuda en el proceso del registro civil a 3.750 nios soldado.

Un informe de la ONU indica que aproximadamente 91.000 desplazados internos siguen sin asentarse. La falta de infraestructuras sicas, como instalaciones para la educacin, impide la reubicacin. El pas firm la Convencin de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y ha establecido un sistema de proteccin para los refugiados. Con ayuda del ACNUR y algunas organizaciones humanitarias, los refugiados gozan de algunas prestaciones relacionadas con la educacin.

No existen servicios educativos especas. Los khoisan y otras tribus de cazadores-recolectores sufren exclusin, discriminacin y explotacin econmica. Una nueva ocupacin de tierras ha aumentado las tensiones tnicas. Las ONG internacionales temen que la ley agrave la vulnerabilidad de las comunidades indgenas.

Los informes no indican restricciones gubernamentales en la libertad acadmica o el acceso a Internet. Sin embargo, el acceso a Internet es caro y est limitado geogrficamente a la capital y a algunas capitales de provincia.

La Constitucin y el Cdigo de Familia reconocen los mismos derechos a hombres y mujeres, pero la discriminacin social de la mujer sigue siendo un problema, sobre todo en las zonas rurales. El Cdigo Civil discrimina a las mujeres en temas tales como la sucesin, la enajenacin de patrimonio y la participacin en actividades comerciales.

La violencia domstica es un grave problema social. Est prohibida la esclavitud, pero no hay ninguna ley que combata el trfico de personas. Los informes mencionan casos de mujeres y nios que son llevados a Europa y Sudfrica con fines de explotacin laboral o sexual. La demolicin de viviendas ocupadas de manera informal ha afectado gravemente a mujeres y nios.

Debido a la falta de oportunidades de educacin, el trabajo infantil es un problema grave. La edad mnima legal para trabajar es de 14 aos. Los nios de entre 14 y 18 aos no pueden trabajar de noche ni en condiciones peligrosas o en trabajos que exijan un gran esfuerzo fsico. Los menores de 16 aos no pueden trabajar en fbricas.

Estas leyes, sin embargo, pocas veces se cumplen. Un alto porcentaje de los nios de 5 a 14 aos trabajan en granjas familiares, como empleados domsticos y en el sector informal como vendedores ambulantes. Los nios hurfanos y abandonados trabajan en empleos urbanos no regulados. El trabajo infantil es generalizado. Las malas condiciones de los centros de menores del gobierno hacen que muchos nios sin hogar vivan en las calles de la ciudad limpiando zapatos, lavando coches y recurriendo a los pequeos hurtos.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. Los trabajadores estn representados por la Unin Nacional de Trabajadores de Angola (UNTA), el Centro General de Sindicatos Independientes y Libres de Angola (CGSILA) y el Sindicato Independiente de Trabajadores Martimos (SIMA).

Los derechos a asociarse y a negociar colectivamente no siempre se respetan. El personal de las fuerzas armadas, los policas, los trabajadores penitenciarios y los bomberos no tienen derecho a la huelga. El trabajo forzado u obligatorio est prohibido, aunque esta ley se infringe en sectores que no estn sujetos al cumplimiento obligatorio de la ley laboral.

El salario mnimo de 50 USD (4.250 AOA) al mes no se respeta, y los trabajadores urbanos ganan menos de 20 USD (1.700 kwanza) al mes. Esto no permite mantener un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La mayora de los trabajadores tienen un segundo empleo par aumentar sus ingresos. La semana laboral es de 44 horas. Los trabajadores extranjeros no estn protegidos por la ley laboral.