La Repblica Popular de Bangladesh es una repblica democr¡tica cuyos representantes son elegidos por votacin secreta y sufragio universal cada 5 aos. El Presidente es el Jefe de Estado, y el Primer Ministro ejerce el poder ejecutivo. Las elecciones parlamentarias fueron consideradas libres y justas, a pesar de los cap­tulos espor¡dicos de violencia. Los l­deres de partido eligen a los candidatos para las elecciones. En las ltimas elecciones, 7 mujeres resultaron elegidas para el Parlamento. En 2005, una enmienda oblig a reservar 45 escaos en el Parlamento a las mujeres. Hay 4 mujeres ministras, incluida la Primera Ministra. No existen disposiciones sobre los escaos reservados a las minor­as, que representan en torno al 17% de la poblacin pero ocupan menos del 3% de los escaos parlamentarios.

El Islam es la religin del estado, pero el gobierno es laico. Sin embargo, la religin ejerce una gran influencia sobre la pol­tica. Los comits de seleccin para los cargos pblicos no suelen tener representantes de minor­as, por lo que las minor­as acceden con m¡s dificultad a la funcin pblica. Los estratos m¡s altos del poder judicial muestran cierto grado de independencia, pero est¡n sujetos a la influencia del ejecutivo y el legislativo. La econom­a se basa sobre todo en la agricultura, con grandes empresas estatales de produccin y distribucin.

Las huelgas generales emprendidas por razones pol­ticas parecen haber afectado a la econom­a, as­ como las inundaciones del monzn. Se acusa a las fuerzas de seguridad de cometer abusos y asesinatos. La tortura y el trato degradante es ilegal, pero se usan habitualmente durante los interrogatorios. Tambin son habituales los asesinatos a manos de bandas callejeras, y los secuestros. La corrupcin y el clima de impunidad son otros dos de los problemas. Transparency International menciona en su informe que la corrupcin sistem¡tica supone un gran problema. La Ley relativa a los secretos oficiales protege a los funcionarios corruptos de la valoracin pblica y limita la transparencia y la responsabilidad.

Los grupos que supervisan el respeto de los derechos humanos denuncian que los activistas pol­ticos son acusados de cargos sin fundamento. La Constitucin establece la libertad de expresin y de prensa sujetas "a ciertas restricciones razonables en inters de la seguridad, las relaciones cordiales con otros pa­ses, el orden pblico, la decencia y la moralidad, o para prohibir la difamacin o la incitacin a la comisin de un delito". Las personas no pueden criticar al gobierno sin temor a sufrir represalias. Los periodistas practican la autocensura y est¡n expuestos a agresiones y a la vigilancia de su correo electrnico. La ley no regula el acceso pblico a la informacin del gobierno. Las pel­culas y publicaciones extranjeras est¡n sujetas a la censura.

La violencia, la discriminacin y el tr¡fico de mujeres y nios contina siendo un grave problema. Bangladesh es un punto de origen y transito para las mujeres y los nios v­ctimas del tr¡fico con fines de explotacin sexual, servidumbre domstica y servidumbre por deuda. Los nios de Bangladesh tambin son v­ctimas del tr¡fico para trabajar como jinetes de camellos y mendigos. Los nios pequeos trabajan en condiciones de servidumbre en la industria pesquera.

Human Rights Watch denuncia que los hombres homosexuales sufren acoso por parte de la polic­a y de los delincuentes locales, y que muchas veces son extorsionados. Se discrimina oficial y socialmente a los que prestan servicios de prevencin del VIH y a los grupos que se considera puedan propagar el VIH/SIDA.

Se trabaja para mejorar el acceso a la educacin, que es obligatoria entre los 6 y los 10 aos. Aunque la educacin primaria es supuestamente gratuita, nicamente se subvenciona la cula. Existen adem¡s muchos otros costes, por ejemplo los libros de texto, el material escolar, las reparaciones en la escuela y variedad de gastos. Como muchas veces los padres no pueden pagar esos gastos, y en vista de la tradicin de enviar a los nios a trabajar, la aplicacin de una enseanza primaria obligatoria queda lejos de su objetivo.

Los incentivos para que las familias env­en a sus hijos a la escuela han incrementado el nmero de matriculas en los ltimos aos. El aumento de los incentivos destinados a la educacin de las nias incluye la cula gratuita hasta el Nivel 12. Los nios nicamente tienen la cula subvencionada hasta el Nivel 5. El ­ndice de alfabetizacin es bajo, apenas el 43,1% de la poblacin mayor de 15 aos sabe leer y escribir. Las estad­sticas var­an acerca del nmero de nios realmente matriculados (del 70% al 97%, segn el informe).

Con 3 aos los nios inician el programa de EPI, de 3 aos de duracin. El 49% de los centros de EPI son privados, y el 49% de los nios matriculados son nias. Hay 32.064 maestros de EPI (88% mujeres), y el 58% han recibido la formacin adecuada. El numero de alumnos por docente (NAD) es de 36 : 1. 1.

La tasa neta de matriculas (TNM) es del 94% (50% nias). El 42% de la educacin primaria es privada. De los alumnos matriculados en primer curso, el 53% termina la primaria y, de estos, el 95% se matriculan en secundaria. Hay 326.913 maestros de primaria (39% mujeres), y el 51% han recibido la formacin adecuada (55% de los hombres, 45% de las mujeres). El NAD es muy alto, de 55:1.

La educacin secundaria comienza a los 11 aos y dura 7 aos. Ms de 10 millones de alumnos estn matriculados en programas generales, y slo el 3% de los estudiantes de secundaria superior cursa programas tcnicos. La TNM es del 69% (52% nias). El 6% de los estudiantes repiten curso. Hay 355.594 educadores de secundaria, 183.037 (16% mujeres) en los cursos ms bajos y 172.557 (17% mujeres) en los superiores. El 31% de los docentes de secundaria han recibido la formacin adecuada. El NAD es de 36 : 1 en secundaria inferior y de 26 : 1 en la superior.

877.335 alumnos cursan estudios superiores. El nmero de profesores universitarios es de 61.321 (15% mujeres). En este nivel, el 58% de la educacin es privada. 13.156 alumnos de Bangladesh estudian en el extranjero, sobre todo en EE.UU. (3.198), Australia (2.950), Reino Unido (1.712) Chipre (1.633). y Japn (958).

La ley establece la igualdad en el trato y la no discriminacin de las personas con discapacidad, pero estas personas sufren discriminacin social y econmica. Hay poca informacin sobre los programas de educacin existentes para satisfacer las necesidades de los discapacitados. Los delincuentes juveniles suelen ser recluidos en prisiones de adultos, sin oportunidades de educacin. El Tribunal Superior orden al gobierno trasladar a los menores de las prisiones a correccionales. Los nios pequeos suelen ser recluidos junto a sus madres cuando no existen posibilidades de que reciban educacin.

La ley no prev la concesin del asilo o estatus de refugiado de acuerdo con la Convencin de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno no ha establecido un sistema de proteccin a los refugiados. Los informes indican que los refugiados bihari y rohingya se encuentran desatendidos. 300.000 musulmanes bihari no bengales viven en campos a lo largo de todo el pas, y apenas tienen acceso a la educacin. 20.291 refugiados rohingya viven en 2 campos, y el gobierno ha hecho caso omiso de las peticiones del ACNUR para que permita a los rohingya que no pueden regresar a Burma participar en el sistema educativo.

La poblacin tribal tiene escaso poder de influencia sobre las decisiones que afectan a sus derechos humanos, incluidos los Derecho a la educacin, y continan las violaciones de sus derechos. Los informes dan cuenta de la violencia que afecta a los bengales y a la poblacin tribal.

Legalmente, la libertad acadmica no est limitada. Sin embargo, no se promueve la investigacin de temas polticos y religiosos importantes. Est permitido el acceso directo a Internet, pero la polica contina vigilando algunos correos electrnicos. El clima no favorece la libertada acadmica.

Los informes constatan la existencia del trfico de mujeres y nios. La Ordenanza de la Familia Musulmana se basa en el derecho islmico y se aplica en casos de sucesin, matrimonio y divorcio. En la ltima dcada han aumentado las oportunidades de empleo para las mujeres, en gran parte debido al crecimiento de las exportaciones de la industria de la confeccin, donde el 80% del personal son mujeres. Normalmente hombres y mujeres cobran lo mismo por un trabajo similar. La poltica dirigida a incluir ms mujeres en los puestos del gobierno ha tenido un efecto limitado. Solamente el 15% de las contrataciones en la funcin pblica han sido mujeres. Taslima Nasreen permanece en el extranjero tras ser puesta en libertad bajo fianza. Siguen pendientes los cargos contra ella por insultar las creencias musulmanas. Un tribunal conden a Nasreen en rebelda a 1 ao de prisin.

La violencia domstica, muchas veces relacionada con disputas por la dote, es generalizada. Las leyes prohben ciertas formas de discriminacin contra la mujer, pero no se hacen cumplir rigurosamente. Se aprob una enmienda a la ley actual, que debilita las disposiciones contra los delitos relacionados con al dote. En las zonas rurales las mujeres sufren la vigilancia parapolicial, incluidas palizas y ataques con cidos. Se ha promulgado una ley para controlar la disponibilidad de cido con el fin de reducir esa violencia, pero la escasa aplicacin forzosa de la ley limita su impacto.

El maltrato de los nios que trabajan en el servicio domstico es un grave problema. Muchos nios comienzan a trabajar a una edad muy temprana y resultan heridos o asesinados en su lugar de trabajo. Tambin son graves los problemas de abandono infantil, secuestro y trfico de nios. Existe una gran red de trfico de nios, y en torno a 400.000 menores carecen de un hogar. Varias ONG financian programas para ofrecer educacin a los nios que trabajan en las barriadas urbanas. Los programas de la OIT incluyen proyectos para erradicar las peores formas de trabajo infantil en 5 sectores concretos. Se ha liberado a unos 20.000 nios que desarrollaban actividades peligrosas. La mayora han sido integrados en programas de educacin informal, otros en programas formales y otros en formacin profesional.

El gobierno calcula que unos 3,2 millones de nios de entre 5 y 14 aos trabajan en 200 tipos diferentes de actividades, de las cuales 49 son perjudiciales para la salud fsica y mental de los nios. El horario de trabajo es largo, la paga es baja y las condiciones peligrosas. Es habitual el trfico de nios con fines de prostitucin y explotacin laboral. La mayora de los nios vctimas del trfico son menores de 10 aos, mientras que las nias tienen entre 11 y 16 aos.

Los trabajadores pueden asociarse y formar sindicatos, con algunas excepciones. La mayora de los sindicatos estn afiliados a partidos polticos. De los 58 millones de trabajadores que hay, solamente 1,8 millones estn sindicados. En torno al 15% de los 5.450 sindicatos laborales estn afiliados a los 25 centros sindicales nacionales autorizados. Entre el 75% y el 80% de los trabajadores estn empleados en el sector informal. Los docentes del sector pblico y el privado no pueden afiliarse pero han formado asociaciones. Las empresas frenan la actividad sindical, en ocasiones con la ayuda de la polica local. La ley no reconoce el derecho a la huelga, pero las huelgas son habituales. A lo largo del ao, algunos empleados organizados en asociaciones profesionales o sindicatos no autorizados se declararon en huelga. En las zonas francas de exportacin no se aplican las leyes de trabajo.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal, pero la prohibicin no se cumple. Los empleados domsticos, incluidos los nios, trabajan en condiciones de esclavitud y sufren abusos fsicos. No existe un salario mnimo nacional. La Comisin de Salarios se rene cada pocos aos para fijar los salarios y las prestaciones. El salario mnimo mensual no permite gozar de un nivel de vida decente al trabajador y su familia.