Bolivia es una democracia multipartidaria con un Presidente elegido y un rgano legislativo bicameral. El pas tiene poderes ejecutivo, legislativo y judicial independientes. El Fiscal General es independiente de los tres poderes. El gobierno nacional se elige cada 5 aos mediante sufragio universal, y los observadores consideraron limpias las elecciones a pesar de que 400.000 ciudadanos en edad de votar carecen de la documentacin de identidad necesaria para votar. Durante una crisis reciente el Presidente elegido dimiti, y como esto no supuso la restauracin del orden pblico, el Congreso acept la dimisin de su sucesor, el anterior Vicepresidente. De conformidad con la l­nea de sucesin que establece la Constitucin, al Presidente elegido le sucede en su cargo el Vicepresidente, despus el Presidente del Senado y despus el Presidente del Congreso. Ambos rechazaron ocupar el puesto de Presidente. En medio de este parntesis, el Presidente del Tribunal Supremo asumi el cargo de forma provisional hasta que pudieran celebrarse elecciones, y en 2005 se eligi un nuevo Presidente, quin result electo con el mayor margen de diferencia en la historia reciente del pa­s.

La nueva legislacin permite a los grupos de ciudadanos y los grupos ind­genas que cumplen determinados criterios inscribirse como partidos pol­ticos. Un tercio de los candidatos que presenten los partidos pol­ticos en sus listas deben ser mujeres. Sin embargo, nicamente el 24% de las mujeres ocupan cargos pblicos. Las pol­ticas afirman que las candidatas oficiales que cumpl­an los requisitos necesarios fueron presionadas para que dimitieran antes de las elecciones. En la actualidad, 28 de los 157 diputados son mujeres, as­ como 3 de los 18 ministros del Gabinete. Se ha autoproclamado el nombramiento de ind­genas, y actualmente hay 1 ministro ind­gena en el Gabinete. El sistema judicial es independiente, pero est acusado de corrupcin e ineficacia; los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo hacen que se pueda sobornar a los jueces con facilidad.

Es ilegal la discriminacin por razones de raza, sexo, idioma, opinin pol­tica, origen, condicin econmica o social, pero se ejerce la discriminacin contra las mujeres, las personas ind­genas y la minor­a afroboliviana. Se acusa a la polic­a y los militares de emplear una fuerza excesiva, extorsionar y realizar detenciones sin garant­as. Se sigue alegando que los mandos militares maltratan a los reclutas. Aproximadamente el 65% de la poblacin vive por debajo del umbral de la pobreza. Muchos ciudadanos apenas viven con dinero en efectivo.

La libertad de expresin y de prensa est garantizada por ley, y las cadenas de radio y televisin operan con libertad. Sin embargo, los periodistas reciben amenazas de personas y grupos. La difamacin de funcionarios pblicos es causa de ingreso en prisin. La religin oficial es el catolicismo romano, y la Iglesia Catlica recibe subvenciones del gobierno. Ha aumentado la preocupacin por la difusin de material antisemita.

Bolivia es un pa­s de origen y trnsito para las mujeres, los hombres y los nios obligados a participar en trabajos forzados y en la explotacin sexual. Se trafica internamente con nios con fines de explotacin sexual, trabajo forzado en minas y trabajo en la agricultura.

El Cdigo del Nio, Nia y Adolescente establece los derechos de los nios, aunque an debe aplicarse en su totalidad. Son 5 los aos de educacin primaria universal y gratuita. En las zonas rurales el cumplimiento de la ley de educacin es poco estricto, y ms de la mitad de las escuelas primarias ofrecen slo 3 de los 8 cursos. Aproximadamente el 50% de los nios terminan la escuela primaria, y el 26% la secundaria. El ndice de abandono escolar es ms alto entre las nias, sobre todo en las zonas rurales.

Se ha avanzado algo respecto a la provisin de certificados de nacimiento y documentos de identidad a los nios, porque son necesarios para asegurar las prestaciones sociales, incluida la educacin. Muchos nios viven en las calles de las principales ciudades. El castigo corporal y el abuso verbal son prcticas comunes en las escuelas.

La EPI comienza a los 4 aos y dura otros 2. La tasa neta de matrculas (TNM) es del 39% (49% nias). Existen 5.529 docentes (92% mujeres) que trabajan en la EPI, y el 79% han recibido formacin. El 23% de la EPI es privada. El nmero de alumnos por docente (NAD) es alto, concretamente de 41:1.

La educacin primaria es de los 6 a los 11 aos. La tasa neta de matr­culas (TNM) es del 95% (49% nias). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 83% llega al ltimo curso de primaria. El 2% de los estudiantes repiten curso. En las escuelas primarias trabajan 64.603 docentes (61% mujeres). El nmero de alumnos por docente (NAD) es de 24 : 1.

La educacin secundaria comienza a los 12 aos y se desarrolla en seis aos. La TNM es del 74%. El 3% de los estudiantes repiten curso en la educacin secundaria. Hay 45.457 educadores de secundaria, de los cuales 19.346 (61% mujeres) ejercen la docencia en los cursos ms bajos y 26.111 (47% mujeres) en los superiores. El nmero de alumnos por docente (NAD) es de 24 : 1.

Hay 346.056 estudiantes y 17.759 docentes en los centros de terciaria de Bolivia. Existen 1.142 alumnos extranjeros que vinieron a estudiar desde otros pases de Latinoamrica o el Caribe (1090), Asia Oriental (39), Norteamrica y Europa Occidental (5). Hay 3.497 bolivianos estudiando en el extranjero, sobre todo en EE.UU. (1,004), Argentina (563), Cuba (468), Chile (371) y Alemania (219).

Legalmente no existe discriminacin alguna contra las personas discapacitadas en educacin ni en ningn otro servicio pblico, pero la discriminacin social hace que muchas de ellas se queden en casa. Un Comit Nacional de la Persona con Discapacidad se encarga de aplicar la pol­tica de necesidades especiales, pero existen dudas sobre su eficacia. El 4% de los empleados nuevos del gobierno deberan ser personas con alguna discapacidad.

Prcticamente no existen programas de rehabilitacin para los menores en prisin. Por orden del trabajador social y sin revisin judicial, los nios de 11 a 16 aos pueden ser detenidos indefinidamente en centros infantiles por sospecha de delitos o para su proteccin.

El gobierno ha ratificado la Convencin de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, y ha establecido un sistema de proteccin a los refugiados. No existe informacin sobre el grado de educacin prestada a los nios refugiados.

En las zonas con poca o ninguna presencia del gobierno central, las comunidades indgenas imponen castigos, incluida la pena de muerte, a los miembros que violan las normas tradicionales. La pena de muerte est prohibida por ley. La discriminacin social es prctica comn contra la minora afroboliviana, que se encuentra en el extremo inferior de la escala socioeconmica. La discriminacin se extiende a la educacin, generando un ndice bajo de ingresos, alfabetizacin y empleo. El tema de la reforma agraria es una fuente continua de protestas por parte del pueblo indgena.

Legalmente no existen limitaciones a la libertad acadmica, pero s a la libertad de expresin. Es posible acusar a una persona de insultar, difamar o calumniar a funcionarios pblicos. Esto suele derivar en la autocensura, que restringe la libertad acadmica. El acceso a Internet no est restringido.

Las mujeres no gozan del mismo estatus social que los hombres. El prejuicio tradicional supone un obstculo para la igualdad, sobre todo en lo relativo a la herencia de tierras por parte de las mujeres. La ley del salario mnimo trata por igual a hombres y mujeres, pero las mujeres continan cobrando menos por realizar el mismo trabajo. La diferencia de gneros en la contratacin es mayor en el nivel de la educacin superior. Las mujeres en las zonas urbanas trabajan en la economa informal. En las zonas rurales, la inmensa mayora de las mujeres econmicamente activas se dedican a la agricultura. Las jvenes suelen abandonar la escuela para trabajar en casa o en la economa informal.

La violencia contra las mujeres es un problema omnipresente. Es comn tambin el trfico de personas con fines de prostitucin y de trabajos forzados. Existe constancia de que algunos funcionarios reciben sobornos para facilitar la circulacin ilegal de personas. El gobierno ha retirado de sus puestos a 19 funcionarios de inmigracin por presunta corrupcin.

La ley prohbe el trabajo remunerado a los menores de 14 aos, pero no se obliga al cumplimiento de la ley ni se respetan las condiciones de finalizacin de la escuela. Aproximadamente el 25% de los nios y nias de entre 7 y 14 aos realizan algn tipo de trabajo. Estn prohibidos algunos trabajos peligrosos para los menores de 18 aos. La OIT ha criticado los contratos de aprendizaje en malas condiciones para nios de 12 a 14 aos.

Existe trfico de menores a pases vecinos para emplearlos en trabajos forzados y trfico de menores en el propio pas para emplearlos en la prostitucin, el trabajo en minas, el servicio domstico o la agricultura. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal, pero contina existiendo la servidumbre agrcola y de aprendizaje infantil por parte de los trabajadores indgenas. Familias enteras trabajan en estas actividades, y tienen que alimentar a los nios con el nico salario que se paga a la familia. Unos 10.000 nios inmigrantes de zonas rurales trabajaban en los campos de caa de azcar. Un estudio de la OIT/UNICEF relativo a la recoleccin de caa de azcar seal que es una de las peores formas de trabajo infantil; el 90% de los nios que recolectan caa de azcar no asisten a la escuela y trabajan hasta 12 horas al da. Hay unos 800.000 nios y nias de entre 7 y 19 aos que realizan algn tipo de trabajo, pero no en el sector formal. Los narcotraficantes emplean a los nios para transportar droga.

Contina existiendo la prctica tradicional del criadito, en la que nios y nias indgenas de 10 a 12 aos son entregados por sus padres a familias de clase media y alta para que desempeen las labores domsticas a cambio de educacin, ropa, alojamiento y comida. Ese trabajo es ilegal, pero no existe control alguno del trato que reciben esos nios y nias.

Los trabajadores del gobierno pueden crear sindicatos. Aproximadamente el 25% de los trabajadores en la economa formal son sindicalistas. El 70% de la poblacin activa trabaja en empresas pequeas o microempresas con menos de 20 empleados y sin derecho a sindicarse.

La negociacin colectiva entre empresa y trabajadores sin la participacin del gobierno est prohibida. Es necesaria la mediacin antes de comenzar una huelga o un encierro. Las huelgas en los servicios pblicos estn prohibidas pero se producen, sobre todo huelgas de docentes, trabajadores de sanidad y transportistas. La legislacin laboral se aplica en las 7 zonas especiales libres de impuestos.

El salario mnimo para los sectores pblico y privado se establece por decreto. El salario de 55 USD (440 bolivianos) al mes ms primas e incentivos no aumenta cada ao y no permite llevar un nivel de vida decente al/la trabajador/a y su familia. La mayora de los trabajadores del sector formal ganan ms dinero, pero muchos empleados del sector informal ganan menos. La ley establece una jornada de 8 horas de trabajo y un mximo de 48 horas a la semana.