El estado independiente de Bosnia y Herzegovina (BiH) naci en 1995 con el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina (los Acuerdos de Dayton). Se crearon dos entidades multitnicas dentro del estado: la Federacin de Bosnia y Herzegovina (la Federacin) y la Republika Srpska (RS), junto con el Distrito independiente de Brcko. La Federacin tiene una mayora de musulmanes bosnios (bosniacos) y croatas, mientras que la RS tiene una mayora de serbios bosnios. Cada entidad tiene su propio gobierno, y la Oficina del Alto Representante (OHR) supervisa la aplicacin de los Acuerdos de Dayton. La OHR puede imponer leyes y destituir a los funcionarios que obstaculicen la aplicacin de los Acuerdos.

La Presidencia de BiH rota en torno a los tres miembros (bosniacos, serbios, croatas), y tiene un mandato de 4 aos. En las elecciones, que fueron consideradas libres y Justas por los observadores, los 3 principales partidos nacionalistas obtuvieron escaos en la Presidencia Conjunta tripartita de BiH. El Presidente de BiH nombra al Primer Ministro con la aprobacin del Parlamento. En la RS, el Presidente es elegido directamente, mientras que la Asamblea Nacional elige al Primer Ministro.

De acuerdo con la Ley Electoral, al menos el 30% de los candidatos polticos deben ser mujeres. En la Federacin, las mujeres ocupan 21 de los 98 escaos de la Cmara de Representantes, mientras que en la RS ocupan 15 de los 83 escaos de la Asamblea Nacional. En BiH, nicamente serbios, croatas y bosniacos pueden optar a los cargos del gobierno. Las minoras no estn suficientemente representadas, y slo hay un miembro de grupos minoritarios ocupando un alto cargo.

Cada entidad se encarga de hacer cumplir la ley en su territorio, mientras que una fuerza europea y la OTAN se ocupan de la reforma de la defensa, la lucha contra el terrorismo y la cooperacin con el Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia (TPIY) Algunas personas acusadas de crmenes de guerra fueron transferidas al TPIY, donde han sido procesadas y condenadas. Se han dictado rdenes de arresto contra personas que siguen en libertad. La RS ha trasladado a varias personas a Sarajevo, donde aguardan una decisin federal que resuelva si sus casos deben ser transferidos al TPIY.

El ex presidente Milosevic, acusado de 66 cargos de genocidio y crmenes contra la humanidad en BiH, muri mientras su caso an era juzgado ante el TPIY.

Las fuerzas policiales reclutan a sus miembros en el mbito local, y algunos miembros de la polica y de las fuerzas de seguridad en ambas entidades han sido acusados de maltratar a los detenidos. El poder judicial en ambas entidades est sujeto a la influencia de los partidos polticos y del brazo ejecutivo. Se ha establecido un proceso de renombramiento de magistrados y fiscales bajo la supervisin internacional, con el fin de frenar la influencia poltica sobre el sistema judicial. Los magistrados y fiscales independientes sufren intimidacin, y algunas autoridades locales se niegan a ejecutar sus decisiones.

Los tribunales tienen por delante un tremendo volumen de casos por resolver en relacin con los derechos de los refugiados que han retornado tras huir durante la guerra. El ndice de regresos ha disminuido, pero los informes indican que las minoras son objeto de ataques violentos a su regreso al pas. Algunas partes de Herzegovina bajo control croata y algunas zonas del este de la RS se resisten al retorno de los grupos minoritarios. La Comisin para las Reclamaciones de Propiedad de las Personas Desplazadas y de los Refugiados (CRPC) ha finalizado su labor, dejando 50.000 reclamaciones de propiedad sin resolver por falta de documentacin. Las familias romanes sobre todo tienen problema para recuperar sus propiedades, y el estatus jurdico de los asentamientos romanes no ha sido resuelto. La RS cre una Comisin independiente sobre Srebrenica que hizo que las autoridades asumieran la responsabilidad de la masacre y reconocieran los crmenes de guerra.

La economa est en transicin, pero el sector pblico sigue siendo el principal empleador. La tasa de desempleo es del 40% y supera el 60% en muchas zonas rurales. La percepcin pblica de la corrupcin entre los funcionarios es generalizada.

Est garantizada la libertad de expresin y de prensa, pero no siempre se respeta. Los cantones en la Federacin y las autoridades centrales en la RS se encargan de salvaguardar la libertad de prensa, pero los medios de comunicacin siguen sufriendo presiones y hostilidades. La Ley contra la Difamacin en BiH prohbe presentar denuncias penales contra periodistas por difamacin, aunque los periodistas que investigan el crimen organizado han recibido amenazas. La ley reconoce el derecho de acceso a la informacin del gobierno, pero los escasos recursos hacen que sea difcil para los departamentos cumplirla.

La discriminacin religiosa sigue siendo un problema en las dos entidades. Aunque algunos partidos polticos son multitnicos, otros pertenecen a un nico grupo tnico y se identifican estrechamente con su religin. Algunos clrigos expresan simpatas polticas nacionalistas en el transcurso de sus practicas religiosas. Muchos homosexuales que no esconden su condicin han sido despedidos de su trabajo; sus cartas de despido, en las que se seala como motivo la orientacin sexual, hace que les sea difcil encontrar empleo. Algunos informes mencionan casos de agresiones a adolescentes gays en el centro escolar, y muchos han tenido que irse de casa tras revelar a sus padres su orientacin sexual. Los intentos de llevar a cabo una manifestacin del Orgullo Gay en Sarajevo fueron recibidos con agresiones verbales y fsicas.

Las estadsticas del gobierno nicamente muestran 64 casos de VIH/SIDA en el pas, aunque se cree que la cifra es ms alta ante la ausencia de pruebas completas confidenciales y annimas.

El trfico de personas sigue siendo un problema grave, con la supuesta implicacin de funcionarios pblicos. BiH es un pas de origen, trnsito y destino para el trfico de mujeres, nias y nios adolescentes con fines de explotacin sexual. El gobierno se ha asociado con la misin policial de la UE para llevar a cabo campaas de sensibilizacin pblica y programas de educacin para las posibles vctimas.

La Convencin de la ONU sobre los Derechos del Nio (CRC) se incorpora por referencia en los Acuerdos de Dayton, convirtindose en ley en ambas entidades. La educacin en la Federacin es responsabilidad de los cantones, lo que genera distintos niveles de financiacin. En la RS es responsabilidad del Ministerio de Educacin. Las disposiciones de la CRC no se respetan en materia de educacin en ninguna de las entidades.

La educacin es gratuita y obligatoria entre los 6 y los 15 aos, pero los gastos que supone para los padres hacen que resulte prohibitiva. La falta de recursos financieros llev a los docentes a la huelga en la RS y en algunos cantones de la Federacin. El Informe del Comit de Helsinki seala que el 70% de los nios romanes slo van a la escuela de manera espordica y que los ndices de abandono escolar son muy altos. Algunas nias romanes dejan la escuela tras completar quinto curso, y los informes indican que algunas de ellas se casan entre los 12 y los 14 aos. Muchas no pueden ir a clase debido a las condiciones de pobreza extrema en las que viven, la falta de ropa y la imposibilidad de comprar los libros de texto necesarios.

La combinacin de agresiones verbales, problemas de idioma y el coste y los requisitos de la inscripcin hacen que sea prcticamente inevitable la exclusin de los nios romanes de la escuela. La OSCE organiz una campaa para animar a los padres romanes a registrar a sus hijos y a enviarlos a la escuela.

Los alumnos de zonas minoritarias se enfrentan a un entorno hostil en algunas escuelas. Los polticos y representantes nacionalistas han frenado los esfuerzos por eliminar el material discriminatorio de los libros de texto y por terminar con la segregacin en las escuelas. La unificacin legal y administrativa de 52 escuelas en casos en los que 2 escuelas compartan un mismo edificio no ha tenido como consecuencia la habilitacin de aulas integradas; a pesar de compartir algunas actividades extraescolares e instalaciones de recreo, las clases siguen siendo separadas para bosniocroatas y bosniacos.

La asignatura de historia nacional y la educacin religiosa sigue siendo polmica. En la RS, menos del 5% de los docentes de educacin primaria y secundaria no son serbios. En la Federacin, los docentes pertenecientes a grupos minoritarios representan entre el 5% y el 8% del total. La Comisin encargada de revisar los libros de texto elimina el material discriminatorio del "grupo nacional de asignaturas" que se usa en todos los centros de primaria y secundaria. Tambin hay libros de texto no pertenecientes al grupo nacional de asignaturas que no son revisados y que contienen material inadecuado. Los libros de texto de poltica y economa en las escuelas de los cantones con mayora bosniocroata se elaboran en Croacia y contienen material que los serbios consideran despectivo.

Las escuelas pblicas ofrecen clases de religin que son obligatorias para los serbios en la RS y opcionales en el resto del pas. En la prctica, nicamente se imparten para alumnos de la religin mayoritaria. Los nios que optan por no asistir a las clases de religin sufren presiones de sus compaeros y de los profesores. Las escuelas pblicas de Sarajevo slo ofrecen clases de religin islmica. En la parte occidental de Mostar, de mayora croata, los alumnos de grupos minoritarios pueden estudiar religiones no catlicas dentro del plan de estudios. Los nios continan sufriendo injustamente las tensiones sociales de la posguerra.

El programa de EPI, de tres aos de duracin, comienza a la edad de 3 aos.

La educacin primaria comienza a los 6 y termina a los 9 aos.

El programa de educacin secundaria, de 8 aos, comienza a los 10 aos de edad.

Adems de los alumnos que cursan estudios superiores en el pas, 9.572 alumnos estudian fuera, sobre todo en Alemania (2.801), Croacia (2.273), Austria (1.306), EE.UU. (433) y Dinamarca (432).

Los nios con discapacidad carecen de suficientes oportunidades de educacin y de atencin mdica. Aunque en ambas entidades est prohibida, sigue habiendo discriminacin contra las personas discapacitadas en la educacin y en otros servicios pblicos. Dentro de las distintas categoras de personas con discapacidad tambin hay discriminaciones. Las personas que tienen alguna discapacidad como consecuencia de la guerra gozan de un estatus privilegiado que no tienen las personas discapacitadas civiles y las que nacieron con discapacidad. Los nios discapacitados suelen ser internados en centros o encerrados en sus casas, no suelen tener la oportunidad de ir a clase. UNICEF ha puesto en marcha 23 aulas en todo el pas para ofrecer educacin primaria a nios con necesidades especiales.

Es difcil obtener estadsticas precisas sobre los desplazados internos, pero los clculos apuntan a que 118.000 de los aproximadamente 500.000 desplazados son menores. El ACNUR y los ministerios responsables de los refugiados pusieron en marcha una campaa de reinscripcin para desplazados y refugiados. La ley prev la concesin del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convencin de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de proteccin a los refugiados. El gobierno colabora con el ACNUR para ayudar a los refugiados. 635 refugiados de Serbia y refugiados de Kosovo permanecen en 3 centros del pas.

Las diferencias tnicas siguen siendo una potente fuerza poltica en el pas, pero las comunidades mixtas conviven en paz cada vez en ms lugares. Polticos bosnios, serbios y croatas nacionalistas promueven la homogeneidad tnica de la poblacin en las zonas que controlan. Tratan de convencer a los desplazados internos de su mismo origen tnico de que no regresen a sus hogares en las zonas en las que actualmente se encontraran en situacin de minora.

En la educacin y el empleo sigue existiendo discriminacin. La poblacin roman, de unas 40.000 a 80.000 personas, sufre graves dificultades. Muchos de ellos son excluidos de los servicios pblicos por carecer del certificado de nacimiento, una tarjeta de identidad o un domicilio registrado. Solamente unos pocos adultos romanes tienen un trabajo de jornada completa. Muchos, sobre todo nios, sobreviven mendigando.

Aunque la ley no restringe la libertad acadmica, el favoritismo tnico y la politizacin de los nombramiento del personal acadmico suponen limitaciones a dicha libertad. Son frecuentes las quejas de que la Universidad de Sarajevo favorece a los miembros del partido bosniaco SDA, y a los bosniacos en general, en los nombramientos y las promociones. La Universidad de Banja Luka limita el nombramiento de los profesores casi exclusivamente a la poblacin serbia. La Universidad de Mostar se divide en las secciones del este y del oeste, que reflejan la divisin tnica existente en la ciudad. El acceso a Internet solamente est limitado por el coste que supone, que sin embargo priva al 95% de la poblacin de su uso.

La ley prohbe la discriminacin por razones de gnero, pero no se hace cumplir con rigor. Las mujeres trabajan como juezas, doctoras y profesoras, pero pocas ocupan cargos econmicos o polticos., El principio de la misma remuneracin por un trabajo de igual valor se aplica en empresas pblicas pero no en el sector privado. Las mujeres de todas las partes del pas tienen problemas relativos al permiso por maternidad no remunerado, y muchas mujeres embarazadas o en perodo de lactancia son despedidas. Los anuncios de empleo expresan abiertamente los criterios discriminatorios, como la edad y el aspecto fsico de los candidatos.

La violencia contra la mujer sigue siendo generalizada y apenas se denuncia. La tasa de incidencia es ms alta en las zonas rurales y parece que aumenta con el empeoramiento de la situacin econmica en muchas partes del pas. El alcoholismo y la pobreza son los desencadenantes ms comunes. La polica ha recibido una formacin especial para tratar los casos de violencia domstica. El trfico de mujeres con fines de explotacin sexual tambin es un grave problema. La ley no prohbe el acoso sexual, que sigue siendo problemtico y escasamente entendido segn los informes.

La edad mnima para trabajar en la Federacin y en la RS es de 15 aos. Los menores de 15 a 18 aos deben obtener un certificado de salud vlido para poder trabajar. La ley prohbe a los nios realizar actividades peligrosas y trabajar de noche. El trabajo infantil forzado u obligatorio es ilegal pero existe. Muchos nios romanes mendigan en las calles de las ciudades ms grandes. No existen programas sociales para impedir la contratacin de menores en trabajos de explotacin. Los gobiernos de las entidades se ocupan de hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los militares. En la Federacin, la Confederacin de Sindicatos Autnomos de Bosnia y Herzegovina (SSSBiH) representa a la mayora de los trabajadores sindicados, as como la Confederacin de Sindicatos de la Repblica Serbia (SSRS) en la RS. La elevada tasa de desempleo y el alto nmero de trabajadores en la economa sumergida frenan la afiliacin sindical. Los ndices de sindicacin son ms bajos en el sector privado que en el pblico. La ley permite la negociacin colectiva en ambas entidades. Los convenios colectivos se aplican principalmente como contratos de trabajo entre el gobierno y el sector pblico.

En la Federacin no hay convenios colectivos en el sector privado. En la RS, los convenios colectivos generales se aplican a todos los trabajadores ya sean miembros del sindicato o no. En el Distrito de Brcko, la ley laboral se remite a una ley independiente relativa a los convenios colectivos, que an no se ha promulgado. La ley de ambas entidades reconoce el derecho a la huelga. En la RS se han producido varias huelgas de sectores, incluido el de la educacin. Tambin hubo huelgas del sector de la educacin en algunos cantones de la Federacin.

El salario mnimo mensual en la Federacin es de 184 USD (295 BAM), y en la RS de 51 USD (82 BAM); estas cantidades no proporcionan un nivel de vida digno al trabajador y su familia en ninguna de las entidades. Las reclamaciones pendientes del pago de salarios y pensiones an no han sido resueltas. Las empresas muchas veces no registran a sus empleados para evitar pagar las prestaciones sociales correspondientes. Los trabajadores cuyos empleadores no pagan la cotizacin por el seguro sanitario no pueden acceder a la atencin sanitaria pblica. La semana laboral es de 40 horas.