Brunéi Darussalam es un pequeño y próspero país islámico que ha estado gobernado por la misma familia durante más de 600 años. Obtuvo la soberanía en 1984. Tras el fracaso de la rebelión en 1962, el Sultán asumió los poderes de emergencia durante 2 años. Estos poderes han sido renovados bajo el mandato del actual Sultán, por lo que existen pocos límites a su poder. La monarquía hereditaria y el respeto de los valores islámicos tradicionales se promueven a través de una ideología nacional conocida como Melayu Islam Beraja o "monarquía musulmana malaya". La representación popular se basa en un sistema tradicional de jefes tribales elegidos por votación secreta.

Las últimas reformas de la sucesión real permiten incorporar al proceso a los hijos del Sultán y su ex mujer. Tras un paréntesis de 20 años, el Sultán ha designado un Consejo Legislativo con una función limitada en a aprobación de las leyes. No hay mujeres ministras ni entre los miembros del Consejo Legislativo. Además de ocupar el cargo de Primer Ministro, Ministro de Defensa y Finanzas, Rector de la Universidad y Superintendente de la Policía, el Sultán preside la escuela shafí de la fe islámica. Se frena la actividad política. Los funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad, que en su conjunto representan el 60% de los ciudadanos empleados, no pueden afiliarse a partidos políticos.

La ley no establece la independencia del poder judicial. El Sultán designa y destituye a todos los magistrados de los tribunales superiores. Los tribunales actúan aparentemente con independencia. El derecho se basa en el derecho común inglés y en la ley de la Sharia; esta última sustituye al derecho laico en temas tales como el divorcio, la sucesión y algunos delitos sexuales, pero no se aplica a los no musulmanes. Los abogados trabajan para alinear los sistemas jurídicos.

La ley no prohíbe la discriminación basada en la raza, el género, la discapacidad, la lengua o el estatus social. Se obliga al cumplimiento de la khalwat, la prohibición islámica de cercanía estrecha entre hombres y mujeres musulmanes en espacios cerrados, salvo el cónyuge u otros familiares directos, y que constituye un delito punible. El castigo corporal es obligatorio para los delitos penales y los relacionados con la droga, y forma parte de la condena impuesta en el 80% de los casos penales.

Los ingresos del petróleo y el gas se han utilizado para ofrecer una amplia variedad de servicios y prestaciones, incluida la educación gratuita, la atención médica y puestos de trabajo.

La libertad de expresión y de prensa están limitadas bajo los poderes de emergencia actuales. Las personas no pueden utilizar un "lenguaje irresponsable, despectivo, escandaloso o injurioso" hacia el Sultán. El gobierno puede prohibir la distribución de publicaciones extranjeras. El creciente uso de los faxes, Internet y las transmisiones por satélite hacen que resulte complicado impedir la entrada de material al país. Se practica la autocensura para no enfadar al gobierno.

La transparencia del gobierno ha mejorado levemente, pero la información de los negocios financieros de la familia real se considera privada y confidencial. El Ministerio de Asuntos Religiosos prepara los sermones semanales de las mezquitas. Las personas que supuestamente promueven la vertiente más radical del Islam o los no musulmanes que se dedican al proselitismo son vigilados y detenidos. Los residentes tienen una tarjeta de identidad que incluye el dato de filiación religiosa, y los visitantes especifican su religión en las tarjetas de desembarque.

El país es un punto de destino para las víctimas del tráfico de personas existente en la región con fines de explotación sexual.

La educación es gratuita, obligatoria y universal durante los primeros 9 años de escolarización, después de lo cual sigue siendo gratuita pero ya no obligatoria. Es obligatorio impartir cursos de Islam o de la ideología nacional, y está prohibida la enseñanza de otras religiones. Todos los alumnos, incluidos los no musulmanes, estudian la religión islámica y aprenden el alfabeto árabe. La Escuela Internacional de Brunei y la Escuela Internacional Jerudong están exentas de estos requisitos. Los padres pueden enseñar religión a sus hijos en sus propio hogar. Las escuelas públicas, la universidad nacional y el resto de centros de educación obligan a las alumnas no musulmanas a vestir el tudong (hijab) como parte del uniforme.

A la edad de 3 años comienza un programa de EPI de 3 años. 11.877 alumnos están matriculados, y el 67% de la EPI es privada. Hay 515 maestros de EPI (86% mujeres). El numero de alumnos por docente (NAD) es de 23 : 1.

El programa de preescolar comienza a los 6 años. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 98% (48% niñas). El 36% de la educación primaria es privada. El 3% de los estudiantes repiten curso. Hay 3.528 maestros de primaria (74% mujeres), y el 96% han recibido la formación adecuada. El NAD es de 13 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 7 años. La tasa bruta de matriculas (TNM) es del 94%. El 13% de la educación secundaria es privada. El 6% de los alumnos cursan programas de formación técnica. Hay 1.798 docentes en las escuelas de secundaria inferior y 1.666 en la secundaria superior. El NAD es de 12 : 1 en secundaria inferior y de 10 : 1 en la superior.

El número de licenciadas universitarias ha aumentado, y casi dos tercios de los alumnos nuevos en la universidad son mujeres. Los hombres pueden optar a puestos fijos en la función pública tengan o no un título universitario, pero las mujeres que no lo tienen únicamente pueden ocupar cargos temporales mensualmente. Las mujeres que ocupan un cargo temporal tienen menos vacaciones y cobran menos complementos que las que ocupan puestos fijos. 1.886 alumnos de Brunéi estudian en el extranjero, sobre todo en Australia (753), Reino Unido (744), Malasia (287), Nueva Zelanda (25) y Canadá (22).

La ley no obliga a facilitar el acceso u otras ayudas a las personas discapacitadas. Los intentos de ofrecer servicios de educación a los niños discapacitados no cumplen las normas internacionales, según los informes. Los delincuentes juveniles cumplen condena en una prisión para adultos del centro de rehabilitación del gobierno.

El país no firmó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. No existe disposición alguna que conceda el estatuto de refugiado o de refugiado temporal a los que solicitan asilo. Las personas que llegan sin un documento de entrada válido y recursos económicos suficientes son considerados inmigrantes ilegales y no se les permite la entrada al país. Un número considerable de personas apartidas y residentes permanentes que no son ciudadanos tienen derecho a la educación gratita en escuelas públicas y centros de formación técnica y profesional.

Aproximadamente el 70% de la población es malaya. La minoría china representa el 18% de la población. También hay un grupo minoritario considerable de indios. La comunidad tribal indígena compone el resto de la población.

Algunos investigadores publican desde el extranjero con un pseudónimo si consideran que el tema no va a ser bien recibido. No existen asociaciones de estudiantes con orientación política. Se vigilan los correos electrónicos y las conversaciones de chat por Internet. Existe un sistema de informadores dentro del apartado de seguridad interna que vigila a los disidentes sospechosos, también en los campus universitarios.

Se ha creado una unidad especial de mujeres en la policía para investigar las denuncias de maltrato doméstico. Los tribunales islámicos ofrecen asesoramiento en los casos de violencia doméstica. Los empleados domésticos extranjeros sufren abusos. El gobierno investiga las acusaciones de malos tratos e impone castigos. Las tradiciones islámicas deniegan la igualdad a la mujer en muchos ámbitos, como el divorcio, la sucesión y la custodia de los niños. Las ciudadanas pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos y poseer bienes, empresas incluidas. Se ha producido un flujo entrante de mujeres en el mercado laboral. En la mayoría de los departamentos del gobierno y los servicios uniformados se obliga a las mujeres musulmanas y n musulmanas a llevar el tudong como parte de su vestimenta.

La ley prohíbe emplear a menores de 16 años. Los niños de 16 y 17 años pueden trabajar con el consentimiento paterno y la aprobación de la Comisión de Trabajo. Las mujeres menores de 18 años no pueden trabajar de noche ni en las plataformas petrolíferas marítimas. Las leyes relativas al trabajo infantil se hacen cumplir con rigor. El gobierno cumple las normas de la OIT del Convenio 182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, pero no es miembro de la OIT.

Los sindicatos son legales e independientes, pero deben estar registrados. Los trabajadores pueden asociarse y formar sindicatos, salvo los militares, policías y vigilantes penitenciarios. No está permitido afiliarse a organizaciones internacionales de trabajo. En la práctica, no existe actividad sindical en el país. Hay 3 sindicatos registrados en el sector del petróleo, pero están inactivos. No existe una base para la negociación colectiva, y las huelgas son ilegales. El salario y los complementos se basan en las condiciones del mercado. La mayoría de los ciudadanos empleados cobran buenos salarios. No existe un salario mínimo legal. 100.000 ciudadanos extranjeros trabajan en el país.