Bulgaria, actualmente miembro de la Unión Europea, es una república democrática gobernada por un gobierno de coalición. A pesar de algunas irregularidades, se han celebrado elecciones periódicas libres y justas por sufragio universal. Las mujeres participan libremente en la política. Las mujeres ocupan 63 de los 240 escaños en la Asamblea Nacional. También dirigen 3 de los 17 grupos temáticos del Parlamento. No existen restricciones legales a la participación de las minorías en la política, y los partidos políticos basados en el origen étnico, la raza o la religión están prohibidos. Hay 24 miembros de grupos minoritarios en la Asamblea Nacional (incluidos 2 romaníes y 2 armenios, minorías que normalmente no resultan elegidas), así como 2 miembros de minorías en el Gabinete. La minoría romaní no está suficientemente representada en el gobierno.

La corrupción y la falta de unas normas transparentes son motivo de preocupación en lo que debería ser un poder judicial independiente. La Unión Europea (UE) insiste en que hace falta realizar más esfuerzos para resolver el alto grado de corrupción y el crimen organizado.

La ley garantiza los derechos individuales, la igualdad y la protección frente a la discriminación. La discriminación por razones de raza, sexo, religión, discapacidad, edad y orientación sexual es ilegal, y se han denunciado varios casos de incumplimiento de la Ley de protección contra la discriminación. Algunos mandos policiales han sido acusados de actuar al margen de la autoridad gubernamental y de cometer abusos contra los derechos humanos.

La tasa de desempleo es del 11,9%, y los parados de larga duración representan más del 60% de las personas desempleadas.

La libertad de prensa está restringida, y los periodistas están limitados por la influencia política, la presión y las amenazas, sobre todo cuando hablan sobre el crimen organizado. Se permite el acceso público a la información del gobierno, aunque existen muchas restricciones.

Bulgaria es un país de origen, tránsito y destino para el tráfico de niñas y mujeres con fines de explotación sexual. Ciudadanos búlgaros también son objeto del tráfico de personas dentro del país con fines de explotación sexual. Un número desproporcionado de niños romaníes son objeto del tráfico de personas. Se sospecha de la implicación en estas prácticas de los responsables de garantizar el cumplimiento de la ley y otras autoridades gubernamentales. Sin embargo, un paquete de medidas legales contra el tráfico de personas brinda a las víctimas protección y asistencia.

Las graves limitaciones presupuestarias han reducido la escolaridad obligatoria. La educación es obligatoria hasta los 14 años, pero el gasto cada vez mayor de los libros, materiales y otros servicios educativos genera grandes dificultades para las familias pobres. Los índices de matrícula de niños y niñas en primaria están equilibrados, pero las matriculas en general han descendido.

Los niños romaníes y los de etnia búlgara suelen ir a escuelas diferentes, en parte debido a la segregación de los barrios, aunque se han puesto en marcha algunos programas de integración. Los niños romaníes reciben una educación de calidad inferior, según los informes. El gobierno no ha conseguido atraer y mantener los niños romaníes en la escuela; solamente entre el 8% y el 9% de estos niños completan la educación secundaria. Muchos niños de minoría romaní no controlan el búlgaro y no llegan con la preparación adecuada a la escuela. Para mejorar esta situación, se han puesto en marcha iniciativas que ofrecen comidas gratuitas, subvenciones para matrículas y libros de texto y transporte en autobús escolar, así como docentes auxiliares para los alumnos romaníes y de etnia turca.

El programa de preescolar es de los 3 a los 7 años. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 72% (48% niñas). Hay 17.109 maestros de EPI (100% mujeres). El número de alumnos por docente (NAD) es de 12 : 1.

La TNM en primaria es del 94% (48% niñas). El 2% de los estudiantes repiten curso. De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso , el 94% llegan al último curso de primaria. Hay 19.439 maestros de primaria (92% mujeres). El NAD es de 17 : 1.

La educación secundaria comienza a los 11 años y dura 7 años. En este nivel, el 1% de la educación es privada. El 28% de los alumnos cursan programas de formación técnica. La TNM es del 88% (48% niñas). El 2% de los estudiantes repiten curso. Hay 57.461 docentes de secundaria (77% mujeres). El NAD es de 13 : 1 en secundaria inferior y de 12 : 1 en la superior.

La educación en los centros de terciaria ya no es gratuita. El 53% de los alumnos en este nivel son mujeres. En este nivel, el 13% de la educación es privada. Hay 19.104 profesores (44% mujeres) en los centros de terciaria. A Bulgaria vienen a estudiar alumnos procedentes de Europa Central y Oriental (4.961), países del suroeste de Asia (2.433), Norteamérica y Europa Occidental (2.306), los Países Árabes (275), África Subsahariana (94), Asia Central (86) y Asia oriental / Pacífico (54). Al mismo tiempo, 24.619 alumnos búlgaros estudian fuera, sobre todo en Alemania (12.116), EE.UU. (3.734), Francia (2.905), Australia (1.588) y Turquía (948).

La ley establece una serie de ayudas para las personas con discapacidad, pero las limitaciones del presupuesto han limitado gravemente la disponibilidad de esas ayudas. Avergonzadas por las actitudes sociales, las familias internan a los niños discapacitados, aún sabiendo que las condiciones en esos centros son muy malas para los niños. El Consejo de Ministros aprobó un Plan de Acción Nacional para reducir el número de niños internados, y para finales de 2003 ese número había descendido un 9%.

Las personas con discapacidad física o intelectual, incluidos los niños pequeños, son normalmente separadas del resto de la sociedad. Los informes indican que la separación de los niños discapacitados en centros especiales ha mermado la calidad de su educación. A pesar de las normativas aprobadas por el Ministerio de Educación y Ciencia para establecer la integración en escuelas de los niños discapacitados, más de 2.500 de estos niños no están escolarizados. El Comité por una Vida Independiente cree que la cifra real puede ser el doble de alta. En todo el país hay 30 centros para niños y jóvenes con discapacidades: 9 para niños de entre 3 y 10 años con discapacidad intelectual, 20 para niños de 3 a 18 años con discapacidad intelectual y un único centro para niños y jóvenes de entre 3 y 25 años con discapacidades físicas.

Los responsables de velar por los derechos humanos denuncian las graves deficiencias en los orfanatos, los reformatorios, los centros para niños con discapacidad mental y los albergues para niños sin hogar. Estos servicios no tienen el presupuesto necesario, el personal no ha recibido la formación adecuada y no hay supervisión alguna. Las personas discapacitadas pueden acceder a la universidad y, si son aceptadas, están exentas de pagar la matrícula. Sin embargo, deben pagar la tasa de solicitud inicial. No obstante, las barreras arquitectónicas y el alojamiento son obstáculos también en las escuelas y las universidades.

La Ley para luchar contra la conducta juvenil antisocial ha sido enmendada para mejorar los procedimientos relativos a los menores detenidos en reformatorios. Las condiciones de vida siguen siendo malas en los reformatorios, que apenas ofrecen educación. No se satisfacen las necesidades básicas de alimento y ropa. Las oportunidades de educación se reducen aún más con las clases de edades mixtas, la falta de recursos y la escasa motivación del personal.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El gobierno colabora con el ACNUR y con otras organizaciones humanitarias para ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo. Las oportunidades de educación son escasas.

Se calcula que la población de Bulgaria está formada por un 86% de búlgaros étnicos, un 9% de turcos étnicos y un 4,6% de minoría romaní, aunque el porcentaje de este último grupo probablemente sea del 6% o el 7%. Un informe del Consejo de Europa señala que hay entre 600.000 y 800.000 habitantes romaníes en el país, aunque la cifra oficial es de 371.000. Los musulmanes búlgaros constituyen el 2% ó 3% de la población. Algunos proyectos han comenzado a mejorar las oportunidades económicas y educativas de los niños romaníes. Algunos informes mencionan el aumento de las agresiones raciales contra la minoría romaní por parte de bandas de skinheads.

Los informes no mencionan la existencia de restricciones sobre la libertad académica.

La Constitución prohíbe restringir los derechos por razones de género. Las mujeres pueden poseer o gestionar empresas, tierras y propiedades y no están discriminadas por las leyes de sucesión. Sin embargo, sí que sufren discriminación en la contratación laboral. La violencia doméstica es un problema grave y los informes indican que el acoso sexual también lo es.

La edad mínima para trabajar es de 16 años, y los menores de 18 años no pueden realizar labores peligrosas. Las leyes sobre trabajo infantil se respetan en el sector formal, pero los niños son explotados en pequeños negocios familiares, fábricas, restaurantes, explotaciones agrarias de la familia y en la construcción.

Las bandas del crimen organizado utilizan a los niños en la prostitución y en la distribución de la droga. Las modificaciones del Código Penal establecen sanciones para los responsables del empleo ilegal de niños. La OIT calcula que el 14% de los niños de 5 a 17 años trabajan. Las solicitudes para emplear a niños han aumentado casi un 50%. Las jornadas de trabajo de los niños suelen superar el máximo de 8 horas establecido en el Código Laboral, y los niños no cobran las horas extra. Los niños internados son contratados para realizar labores agrícolas.

El tráfico de niños y la prostitución infantil son habituales, sobre todo entre los jóvenes romaníes. En el marco de la Estrategia Nacional para los Niños de la Calle, se han introducido programas que dejan a los niños de la calle en custodia protectiva.

Los trabajadores pueden asociarse y formar sindicatos, y el 18,2% de los trabajadores están sindicados. La Confederación Sindical Internacional (CSI) señala que los sindicatos han denunciado la discriminación y el acoso sufrido por los activistas, que a menudo son trasladados, descendidos o despedidos. Algunas empresas privadas obligan a sus empleados a firmar declaraciones en las que afirman que no crearán ningún sindicato ni se adherirán a uno ya existente. Algunas empresas han sido acusadas de deducir las cuotas sindicales de los salarios de los trabajadores y no transferirlas luego a los sindicatos. La negociación colectiva está permitida, pero los sindicatos denuncian que las empresas no negocian de buena fe o que no aplican los acuerdos. La ley reconoce el derecho a la huelga, salvo para los militares y los responsables de garantizar el cumplimiento de la ley. La legislación laboral se aplica en la zona de procesamiento de exportaciones.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero existe. El salario mensual mínimo de 80 USD (120 BGN) no proporciona un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral es de 40 horas. Las leyes laborales dirigidas a proteger y crear oportunidades de trabajo para las personas discapacitadas han tenido resultados desiguales. La elevada tasa de desempleo y la mala economía han mermado las iniciativas para promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que en su mayoría están desempleadas.