Burundi es una repblica constitucional. En 2005, el 90% de los ciudadanos votaron a favor de una nueva constitucin. En las primeras elecciones celebradas en ms de 12 aos, el Parlamento bicameral eligi como Presidente al nico candidato, poniendo fin a los 4 aos de transicin bajo el Acuerdo de Arusha de Paz y Reconciliacin. Las elecciones fueron consideradas libres y Justas, aunque no estuvieron exentas de dificultades. Los disparos y la intimidacin afectaron a algunas votaciones. Se han celebrado elecciones al Parlamento, y los observadores de la Unin Europea consideraron justas y libres las elecciones a la Asamblea nacional.

La Constitucin establece ciertas cuotas por etnia y gnero. Despus de las elecciones se nombraron otros 18 miembros para cumplir esas cuotas. Las elecciones al Senado (Cmara Alta) se celebran mediante un proceso indirecto por el cual los colegios electorales de concejales eligen a los senadores. El 60% de los escaos de la Asamblea Nacional est¡n ocupados por hutus y el 40% por tutsis, que constituyen un 15% de la poblacin. Los cargos militares se reparten de equitativamente entre hutus y tutsis. Se han reconocido 35 partidos polticos. El 30% de los escaos de la Asamblea Nacional y el 30% de los del Senado estn reservados a mujeres. De este modo, hay 37 mujeres en la Asamblea Nacional y 17 en el senado. Las mujeres tambin ocupan 7 de los 20 puestos ministeriales. Se han establecido cuotas para mantener el equilibrio tnico en el gobierno; por ejemplo, hay 3 miembros del grupo tnico twa en el gobierno, que representan a menos del 1% de la poblacin.

La mayor parte del territorio se encuentra ahora en calma, aunque alrededor de la capital continua el conflicto armado con el Partido de la Liberacin del Pueblo Hutu / Frente de Liberacin Nacional (PALIPEHUTU-FNL). La escasez de alimentos, la pobreza, la falta de infraestructuras y una deuda externa alta contribuyen a una situacin muy complicada. Sigue habiendo informes de detenciones pol­ticas. Se menciona tambin la corrupcin y el maltrato a los presos, as­ como la violencia de bandas, linchamientos y asesinatos de presuntos brujos. Tambin hay informes de tortura a manos de la fuerzas de seguridad en centros de detencin ilegales y de violacin como arma de intimidacin.

Constitucionalmente, el poder judicial es independiente. Sin embargo, en los informes se cita el dominio del ejecutivo, la ineficacia y los problemas de soborno. La reforma judicial es una de las prioridades del Acuerdo de Arusha, pero no se ha avanzado mucho. El sistema tradicional de arbitraje (Bashingantahe), conducido por ancianos, se limita nicamente a asuntos civiles y penales menores.

La discriminacin por razones de gnero, origen, etnia u opinin es ilegal, pero la ley no se hace cumplir y persisten los abusos. La impunidad y la corrupcin son otros dos problemas. Se dice que la corrupcin afecta a los servicios pblicos, incluida la concesin de t­tulos acadmicos en la educacin. Una parte de los ingresos y gastos del gobierno siguen siendo extrapresupuestarios, lo que permite el uso de los fondos pblicos sin tener que rendir cuentas. El ­ndice de percepcin de la corrupcin de Transparency International 2006 clasifica de severa la percepcin de la corrupcin por parte de los ciudadanos. Est garantizada la libertad de expresin y de prensa, pero en la prctica se ve limitada.

La libertad de prensa empeor durante el per­odo previo a las elecciones. Los periodistas son detenidos y acosados, por lo que practican la autocensura. Sin embargo, en ocasiones se expresan diversas opiniones polticas. La difamacin est castigada y el gobierno ejerce un fuerte control editorial sobre los medios de comunicacin. La radio es el medio de informacin pblico ms importante, y se pueden escuchar las noticias del extranjero. La ley no reconoce el acceso a la informacin pblica.

Est prohibida la discriminacin de las personas infectadas por el VIH/SIDA u otras enfermedades incurables. El matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal, y la discriminacin de los homosexuales es generalizada.

Burundi es un punto de trnsito para el trfico de nios que son utilizados como nios soldados. Se llevan a cabo campaas de sensibilizacin pblica para evitar el trfico de personas, y lentamente se est desmovilizando a los nios soldados.

Un gran nmero de nios hurfanos como consecuencia de la violencia generalizada desde 1993 y del VIH/SIDA necesitan ayuda urgente para acceder a la educacin. La escolarizacin es legalmente obligatoria hasta los 12 aos, pero esto no se hace cumplir. La educacin primaria no es gratuita y cada vez es ms inaccesible debido al declive de la econom­a.

En septiembre de 2005 se derogaron las tasas escolares en primaria, pero las familias deben pagar los uniformes, los libros de texto y otros materiales escolares. La eliminacin de los costes de la matrcula gener una emergencia educativa, con aulas saturadas y maestros trabajando en ms de un turno. A veces el número de alumnos por docente supera los 150. Hay escasez de edificios, pupitres, libros de texto y docentes. La tasa neta de matrcula en educacin primaria es del 48% entre las nias y el 59% entre los nios. La mayora de nios llega hasta el Nivel 6. El 9% de las nias y el 12% de los nios en edad de asistir a secundaria van a clase. Algunas ONG gestionan centros para nios hurfanos y vulnerables en distintas partes del pas. El 60% de los nios en edad escolar son analfabetos. El analfabetismo entre las mujeres es un problema especial. El 40% de las mujeres han recibido educacin, frente al 56% de los hombres. El 25% de las escuelas primarias fueron destruidas durante la guerra, y muchos docentes fueron asesinados. La formacin del profesorado fue interrumpida, y es difcil encontrar docentes cualificados.

Un estudio de los obstculos existentes a la educacin de las nias ha concluido que el embarazo no deseado es la segunda causa principal de abandono escolar prematuro.

A la edad de 4 aos comienza un programa de EPI de 3 aos. El 60% de la EPI es privada. 318 docentes (92% mujeres) trabajan en este nivel. El 66% ha recibido una educacin adecuada. El nmero de alumnos por docente (NAD) es de 28: 1.

La tasa neta de matr­cula (TNM) en primaria es del 57% (60% de nios, 54% de nias). En este nivel, el 2% de la educacin es privada. 18.899 docentes (54% mujeres) trabajan en este nivel. El 29% de los alumnos repite algn curso (48% de ellos nias). El 55% de los nios que se matr­cularon en primer curso llegan al ltimo curso de primaria. El NAD es de 51: 1.

A los 13 aos comienza la educacin secundaria, un programa de 7 aos. La TNM en secundaria es muy baja, del 10% (11% de nios, 8% de nias). El 28% de los estudiantes repiten algn curso. El 8% de los alumnos cursan programas de formacin tcnica. 8.047 docentes de secundaria (21% mujeres) tienen un NAD de 19: 1, y el 37% ha recibido la educacin adecuada.

18.868 alumnos estudian en centros de terciaria. 895 alumnos estudian fuera, sobre todo en Blgica (193), Francia (186), Italia (99), EE.UU. (80) y Alemania (37).

UNICEF lanz una campaa para proteger a los ms de 30.000 nios infectados por el VIH/SIDA. El informe de una ONG calcula que al menos 230.000 nios son hurfanos del VIH/SIDA, tras haber perdido a uno de sus progenitores o a ambos. El nmero de hurfanos en el pa­s supera los 970.000. Ms de 5.000 nios viven las calles. La polic­a hace redadas y les lleva a los refugios.

La discriminacin de las personas con discapacidad f­sica o intelectual es ilegal, pero es dif­cil conseguir que accedan a la educacin o a la atencin sanitaria. Son pocas las oportunidades de trabajo que hay para estas personas.

348 nios viven en la c¡rcel y a menudo se les trata como adultos. Las fuerzas de seguridad utilizan a los nios para realizar tareas auxiliares sin retribucin alguna; 3.015 nios soldado han sido desmovilizados. Se necesitan urgentemente oportunidades de educacin para todos los nios con necesidades especiales.

La ley prev la concesin del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convencin de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. El pa­s tambin firm la Convencin de 1969 de la Organizacin de Unidad Africana, por la que se regulan los aspectos espec­ficos de problemas de los refugiados en frica. El gobierno ha establecido un sistema para proteger a los refugiados y conceder el estatuto de refugiado y el asilo. El ACNUR facilit la repatriacin de unos 65.000 refugiados procedentes de pa­ses vecinos. 117.000 desplazados internos viven en 160 lugares de todo el territorio. Muchos desplazados internos carecen de documentacin que demuestre la propiedad de sus tierras, y sus casas han sido arrasadas.

La educacin sigue siendo inasequible para los desplazados internos, los refugiados que regresan y los nios y jvenes que han participado en el combate. En el caso de los refugiados que regresan, las diferencias en la lengua, sobre todo para los que regresan desde Tanzania (donde se habla ingls y swahili), el sistema y el programa escolar hace que sean colocados en clases con nios mucho m¡s pequeos y que sean marginados por compaeros y docentes.

Los tutsis, sobre todo los del sur, han tenido histricamente el poder, han dominado la econom­a y han controlado las fuerzas de seguridad. La discriminacin de los hutus, que conforman el 85% de la poblacin, afect a todas las facetas de la sociedad pero sobre todo a la educacin superior y al gobierno. La presencia y el poder hutu en el gobierno se ha visto fortalecido por la aprobacin de la nueva Constitucin, que establece cuotas tnicas de representacin en el gobierno y el ejrcito. Se cree que los twa (pigmeos) fueron los primero habitantes del pa­s, y componen alrededor del 1% de la poblacin. Este grupo contina marginado econmica, social y pol­ticamente. La mayor­a de los twa viven aislados, sin acceso a la educacin formal ni a los servicios pblicos.

El gobierno prohibi la venta y la publicidad de un libro escrito por el l­der Diomede Rutamucero. No existen restricciones legales a la libertad acadmica, pero el clima pol­tico y las restricciones que sufren los periodistas no alientan a ejercitarla. Tampoco existen limitaciones respecto al uso de Internet, pero en la mayor parte del pa­s no existe la conexin necesaria y adem¡s el acceso es caro.

Las mujeres est¡n marginadas por las leyes de sucesin y de propiedad, as­ como por las pr¡cticas relativas a los crditos. Las mujeres tienen derecho a percibir una paga igual por un trabajo de igual valor, pero la ley no se respeta. Tienen menos probabilidades de ocupar cargos de nivel medio o alto. Las mujeres tienen menos oportunidades de educacin que los hombres. Ellas son las que realizan la mayor parte de las labores agr­colas. Se ha acusado a algunos polic­as de detener a mujeres por delitos morales, por ejemplo por llevar una indumentaria inapropiada. Las mujeres son liberadas tras pagar una multa.

La violencia domstica es una prctica comn. Las mujeres pueden denunciar a sus esposos por malos tratos f­sicos pero pocas veces lo hacen, y la polic­a es reacia a intervenir en las disputas familiares. El acoso sexual no est prohibido por la ley. Los informes mencionan violaciones de mujeres por parte del FDN y el PALIPEHUTU-FNL. Muchas violaciones de nias se cometen por la falsa creencia de que de esta manera se curan las enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el VIH/SIDA.

El PALIPEHUTU-FNL oblig a las poblaciones rurales, nios incluidos, a transportar provisiones y armas. La edad m­nima para el reclutamiento militar es de 16 aos. Se dice que hay 7.000 soldados nio, de los cuales 3.015 han sido desmovilizados gracias a un proyecto de UNICEF. Las fuerzas de seguridad ya no emplean a nios en el combate, pero s­ como esp­as o porteadores. El PALIPEHUTU-FNL contina usando y reclutando nios soldados. Los menores de 18 aos pueden trabajar si no afecta a su escolarizacin.

En la prctica, los nios realizan pesadas labores manuales de d­a durante el calendario escolar. Segn la CIOSL, la inmensa mayor­a de los nios en el pa­s trabaja. La ley proh­be a los nios trabajar de noche, aunque muchos lo hacen en el sector informal y en la agricultura de subsistencia. El trabajo infantil tambin existe en la miner­a y la construccin. La ley que proh­be el trabajo infantil apenas se respeta.

Los trabajadores pueden asociarse, salvo en el ejrcito, la polic­a y los extranjeros que trabajan en el sector pblico. Las empresas del sector privado son acusadas de impedir la creacin de sindicatos. Menos del 10% del sector privado formal est sindicado, mientras el 50% del sector pblico lo est. La mayo­a de las personas trabajan en la econom­a informal no regulada y carece de toda proteccin.

Al Secretario General de la Confederacin de Sindicatos de Burundi (COSYBU) se le impidi viajar a una Conferencia de la OIT. Aunque la ley permite el derecho de negociacin colectiva, los salarios del sector pblico no pueden ser objeto de esta negociacin. Los trabajadores tienen un derecho condicional a la huelga. Antes de emprender la huelga deben agotarse todos los medios pac­ficos de resolucin. El trabajo forzado u obligatorio est prohibido, pero los informes apuntan que s existe.

El salario m­nimo para los trabajadores no cualificados es de 0,15 USD (160 BIF) por d­a, cantidad que no permite gozar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La mayor­a de las familias recurren a un segundo trabajo y a la agricultura de subsistencia para complementar los ingresos. La jornada laboral de 8 horas y la semana de 45 horas no siempre se respeta. COSYBU seala en su informe que en 2005 los sindicatos obtuvieron el derecho de reunin y de manifestacin, derechos que se les haban denegado durante algn tiempo.