Camboya es una monarquía constitucional con un gobierno elegido por elecciones que se celebran por sufragio universal. En las últimas elecciones la participación en las urnas fue del 83%, y culminaron con la formación de un gobierno de coalición entre el Partido Popular de Camboya (73 escaños) y el Frente Nacional Unido por una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (24 escaños). A pesar de algunas irregularidades, los observadores consideraron que el proceso electoral había mejorado. La mayor parte del poder se concentra en las manos del Primer Ministro.

La cultura limita el papel de la mujer en el gobierno, pero las mujeres participaron activamente en las elecciones y ha aumentado el número de cargos que ocupan. Hay 22 mujeres entre los 123 miembros de la Asamblea Nacional, 9 mujeres entre los 61 miembros del Senado y otras 24 mujeres son ministras y están en otros cargos de decisión. En cuanto a la representación de las minorías, hay 2 representantes cham y 2 representantes tribales en la Asamblea Nacional, junto con otros 2 representantes cham, 2 tribales y 2 tailandeses en el Senado. También hay 8 altos cargos pertenecientes a grupos minoritarios.

La corrupción es endémica y se extiende por todos los segmentos de la sociedad. Entre los funcionarios públicos de categoría inferior, los precarios salarios contribuyen a lo que se denomina la "corrupción de supervivencia", mientras que en los puestos de categoría superior la corrupción es promovida por una cultura de impunidad.

La discriminación por razones de raza, sexo, color, lengua, creencia religiosa u opinión política es ilegal, pero en la práctica no todos los derechos se protegen.

El poder judicial está sujeto a las influencias del ejecutivo, y en el sistema jurídico predomina la corrupción. La falta de recursos, los bajos salarios y la escasa formación contribuyen a la ineficacia. En 2003, la Escuela Real de Jueces y Fiscales volvió a abrir sus puertas tras ser cerrada en la década de 1960.

Se acusa a la policía militar y civil de cometer asesinatos extrajudiciales, y continúa la justicia callejera contra brujas y hechiceros. La tortura y el maltrato físico a los presos es ilegal, pero se practica.

La constitución establece la libertad de expresión y de prensa, pero estos derechos no siempre se respetan. De conformidad con la ley, es necesario proteger a los periodistas de la pena de prisión por expresar opiniones que no afecten a la seguridad nacional o la estabilidad política, y sus reportajes y artículos no están sujetos a la censura previa a la publicación. Sin embargo, en la práctica las demandas por difamación penal intimidan a los críticos y promueven la autocensura. Las comunicaciones electrónicas privadas y el acceso a Internet no están restringidos. La ley no garantiza el acceso público a la información del gobierno.

Camboya es un país de origen, tránsito y destino para mujeres, hombres y niños víctimas del tráfico de personas y obligados a participar en trabajos forzados y en la explotación sexual. Los niños/as camboyanos/as víctimas del tráfico son trasladados a Vietnam o Tailandia para trabajar como mendigos en la calle. El gobierno no cumple íntegramente las normas mínimas para erradicar el tráfico de personas, y tampoco hace esfuerzos para conseguirlo.

La discriminación social de las personas afectadas por el VIH/SIDA sigue siendo un problema, pero se ha reducido gracias a los programas de sensibilización en torno al VIH/SIDA.

La ayuda internacional financia la mayoría de los programas para niños/as. A pesar del intenso programa de construcción de escuelas, éstas siguen saturadas, carecen del equipo y los materiales necesarios. La educación primaria no es obligatoria, pero la matrícula es gratuita. Muchos/as niños/as abandonan los estudios para ayudar a sus familias en la agricultura de subsistencia y, por tanto, comienzan la escuela más tarde. El informe de 2005 del Ministerio de Educación señala que el 91% de los/as niños/as están matriculados/as en primaria, pero sólo el 26% llega a la educación secundaria y sólo el 9% a cursar estudios de secundaria superior. En las escuelas de las zonas rurales muchas veces solo se pueden estudiar algunos cursos.

El 46% de las escuelas carece de agua potable y el 37% no tiene servicios sanitarios. El gobierno paga de forma irregular los salarios de los/as docentes, que no son suficientes para proporcionar un nivel de vida aceptable. Los padres del alumnado son obligados a pagar los gastos que las familias más pobres no pueden pagar. Las niñas tienen el mismo derecho a la educación, pero las familias con escasos recursos conceden prioridad a los hijos varones. La falta de transporte para llegar a las escuelas es uno de los principales problemas en las zonas más remotas, sobre todo para las niñas por motivos de seguridad.

Se calcula que entre 500 y 1.500 niños/as viven en la calle con sus familias y no estudian. Las ONG ofrecen programas de alfabetización y de formación profesional para los/as niños/as de la calle. En Phnom Penh se ha iniciado una polémica redada contra los/as niños/as de la calle que son considerados "una ofensa para el turismo que vienen de fuera". Muchos de los/as niños/as recogidos/as son abandonados/as en caminos rurales, desde donde buscan volver a la ciudad o donde desaparecen para siempre.

El programa de preescolar es de los 3 a los 6 años. La tasa neta de matrícula (TNM) es únicamente del 5% (50% niñas). Hay 3.209 docentes de EPI (99% mujeres). El número de alumnos por docente (NAD) es de 30 : 1.

La educación primaria comienza a los 6 años y tiene una duracion de 6 años. El 47% del alumnado de primaria son niñas. El 1% de la educación primaria es privada. El 11% de los/as alumnos/as (12% de niños, 9% de niñas) repiten curso. De los estudiantes que se matriculan en el primer curso , el 52% llegan al último curso de primaria. La TNM es del 98% (100% de los niños , 96% de las niñas ). Hay 50.186 maestros de primaria (41% mujeres), y el 96% han recibido la formación adecuada. El NAD es muy alto, de 55:1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años. El 40% de los alumnos de secundaria son mujeres. El 2% de los/as alumnos/as cursan programas de formación técnica. La TNM es baja, del 26% (30% de los niños, 22% de las niñas). El 4% de los/as estudiantes repiten curso. Hay 25.160 educadores de secundaria, 18.724 (33% mujeres) en secundaria y 6.436 (26% mujeres) en secundaria superior, y prácticamente todos (99%) tienen la formación necesaria. El número de alumnos por docente es de 25 : 1 en secundaria y de 26 : 1 en la superior.

La única información estadística disponible sobre este nivel es que 2.250 camboyanos/as estudian fuera del país, sobre todo en Francia (715), EE.UU. (330), Vietnam (303), Japón (260) y Australia (177).

El gobierno prohíbe a las personas con discapacidad leve ejercer la docencia en escuelas públicas. Los datos más recientes corresponden a 1999, e indican que había 170.000 personas con necesidades especiales. Los/as afectados/as a consecuencia de las minas de fragmentación terrestres representan un 11,5% de las personas con discapacidad. Los programas de las ONG han contribuido a mejorar el tratamiento y la rehabilitación de las personas con discapacidad, pero éstas son discriminadas, sobre todo en la educación y en el empleo. La oferta educativa para niños/as con necesidades especiales es escasa.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. En la práctica, el gobierno no aplica las leyes correspondientes a la convención.

La protección constitucional se extiende sólo a la población khmer. Los/as miembros de las etnias china y vietnamita constituyen las principales minorías. Los chinos son aceptados en la sociedad, pero sigue existiendo animadversión hacia los vietnamitas. El gobierno hace caso omiso de los esfuerzos que realizan las comunidades indígenas por proteger sus tierras ancestrales y sus recursos naturales. ONG locales e internacionales trabajan en la educación de las comunidades indígenas. Las minorías apenas pueden acceder a la educación.

No existen restricciones legales sobre la libertad académica, pero la situación imperante favorece la autocensura.

La constitución establece de forma explícita la igualdad de derechos para las mujeres, la misma remuneración por un trabajo de igual valor y el mismo estatuto para ambos cónyuges en el matrimonio. En la práctica, las mujeres tienen los mismos derechos de propiedad, el mismo estatus jurídico en el proceso de divorcio y condiciones de igualdad en el acceso a la educación y al empleo. Sin embargo, las tradiciones culturales limitan su capacidad de alcanzar cargos de responsabilidad en las empresas y en otras áreas.

La ley sobre violencia doméstica dirigida a proteger a las víctimas del maltrato doméstico, rompe con la tradición cultural al permitir que las autoridades intervengan para evitar el maltrato. No obstante, la violencia contra la mujer sigue siendo habitual. El departamento que combate el tráfico de personas ha investigado casos de violencia contra mujeres y niños/as, detenido a los responsables y rescatado a las víctimas. El turismo sexual es un problema. Está prohibido el acoso sexual en el trabajo, y los informes de la OIT indican que este comportamiento es poco habitual en el sector industrial.

Se aprecia un aumento de la participación femenina en el mercado laboral. Las mujeres representan el 60% de los trabajadores agrícolas, el 85% de los trabajadores de empresa, el 70% de los trabajadores industriales y el 60% de los del sector servicios. No obstante, ellas se concentran en los puestos de bajos ingresos y quedan excluidas de los cargos directivos.

La edad mínima para trabajar es de 15 años, y de 18 para realizar tareas peligrosas. Los menores de entre 12 y 15 años pueden desempeñar labores ligeras que no sean peligrosas para su salud y no interfieran con sus estudios. Sin embargo, las leyes relativas al trabajo infantil no se ejecutan ni siquiera en el sector formal. No se ha procesado a ningún empleador por violar estas leyes. La inspección laboral no desempeña función alguna en el sector informal ni a la hora de supervisar el cumplimiento de la ley en las industrias ilegales.

El 53% de los/as niños/as de entre 5 y 17 años trabajan, y sólo un tercio de ellos/as supera los 14 años de edad. En torno al 71% trabajan en la agricultura o en actividades de silvicultura, el 21% lo hacen como vendedores o en el sector servicios, y el 7% en producción. El trabajo infantil forzado u obligatorio está prohibido, pero se produce en el comercio sexual. Los/as niños/as víctimas del tráfico de personas son trasladados a Tailandia y Vietnam para ser obligados/as a mendigar. Son sometidos a trabajos de servidumbre para saldar deudas o introducidos en redes organizadas dedicadas a pedir limosnas.

Algunos/as trabajadores y trabajadoras tienen derecho a constituir organizaciones profesionales o sindicatos. Los funcionarios públicos no tienen derecho a sindicarse. Los sindicatos pueden afiliarse libremente, pero la ley no legisla explícitamente su derecho a afiliarse a organizaciones internacionales. El ejercicio de libertades básicas tales como la libertad de asamblea y de asociación ha provocado encarcelamientos, amenazas y hasta muertes. En Camboya proliferan las violaciones de los derechos de los/as docentes y los/as trabajadores/as. El Presidente de la Asociación Independiente de Docentes de Camboya (CITA), miembro de la Internacional de la Educación, fue encarcelado por difamación e incitación tras firmar conjuntamente un comunicado del Consejo de Control de Camboya en el que se criticaba el acuerdo fronterizo entre Camboya y Vietnam. La IE escribió al Primer Ministro y emprendió Llamamientos de Acción Urgentes para liberar al Presidente de la CITA. El presidente fue liberado en enero de 2006.
Como la ley prohíbe a los empleados del sector público formar sindicatos, la CITA está inscrita como asociación. Las autoridades locales y provinciales prohibieron la mayoría de las actividades del sindicato. El gobierno no ha dejado de amenazar e intimidar a los miembros de la CITA desde su creación. En 2004 fueron asesinados 3 destacados dirigentes sindicales, incluido el Presidente de un centro sindical. Los acusados fueron condenados en un turbio proceso judicial, contra el que protestó hasta el monarca anterior.

El derecho laboral no se aplica a los funcionarios públicos, incluidos los docentes, pero sí a los trabajadores locales y extranjeros. Hay 24 federaciones del trabajo. Algunas están vinculadas al gobierno, mientras que otras a la oposición. Existe constancia de la que la dirección interfiere en los asuntos de algunos sindicatos. Son habituales los informes sobre el acoso a sindicalistas y el despido de dirigentes sindicales. La ley reconoce el derecho a la huelga y el derecho a organizarse y negociar colectivamente, pero no se aplica con rigor.

Los salarios los fijan las fuerzas del mercado, salvo los de los funcionarios públicos, que los establece el gobierno. El salario mínimo se basan en las recomendaciones formuladas por el Comité Consultivo Laboral, que no se había reunido desde julio de 2004. El salario mínimo puede variar de una región a otra. Los salarios en la función pública no son suficientes para proporcionar un nivel de vida aceptable, y hacen que los/as funcionarios/as tengan que obtener fuentes de ingresos externas. La semana laboral es de 48 horas.