Camerún es una república dominada por un firme Presidente que ha controlado el gobierno desde su independencia en 1982; fue reelegido en 2004 con el 70% de los votos en unas elecciones viciadas que sin embargo fueron consideradas más libres y justas que las anteriores. El Presidente controla la legislación y puede dictar decretos; únicamente los proyectos de ley propuestos por el Presidente han sido aprobados por la Asamblea Nacional.

En 2004, la Asamblea Nacional estudió un proyecto de ley presentado por un partido de la oposición. El Presidente ha utilizado su poder legislativo para cambiar la Constitución y ampliar el mandato presidencial. Él es quien nombra a todos los ministros y gobernadores de las 10 provincias y puede nombrar además a los representantes de las 58 subdivisiones provinciales. Existen más de 180 partidos políticos, pero apenas 10 de ellos tienen cierto nivel de respaldo, y solamente 5 ocupan escaños en la Asamblea Nacional. Los miembros del grupo étnico beti/bulu no sólo dominan el gobierno, la función pública y las empresas estatales sino que están más representados de lo debido en el ejército. Las mujeres ocupan 18 de los 180 escaños en la Asamblea Nacional y 6 de los 61 puestos del Gabinete. Los pigmeos no son miembros del órgano legislativo ni del gobierno.

Está prohibida la discriminación por razones de raza o lengua, pero continúa ocurriendo.

El poder judicial es independiente, pero los informes señalan que está sujeto a la interferencia del ejecutivo y que es ineficaz y corrupto. El Ministerio de Justicia forma parte de la Presidencia, y todos los magistrados son nombrados por el Presidente. Se usa tanto la ley nacional como la tradicional, y en las zonas rurales prevalecen las tradiciones de los grupos étnicos predominantes. Los tribunales tradicionales actúan en litigios civiles relacionados con la sucesión, la herencia y la custodia de menores.

Algunas fuerzas de seguridad han sido acusadas de tortura y de cometer homicidios. La violencia de las bandas y las ejecuciones sumarias son comunes contra los presuntos ladrones; la práctica de la brujería conlleva la muerte o lesiones graves. La escasez de fondos y la formación inadecuada hacen que la policía no esté bien preparada. El barómetro global de la corrupción de Transparency International 2005 señala que los ciudadanos de Camerún consideran que la política es muy corrupta. La impunidad es otro de los problemas. La corrupción es un grave problema en todas las ramas del gobierno, y la falta de transparencia en la gestión de los ingresos procedentes de un oleoducto internacional ha hecho que los organismos financieros internacionales presionen al gobierno para que haga públicos los ingresos del petróleo en la página web del Primer Ministro.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica se ve limitada. Las leyes relativas a la difamación, muy rigurosas, silencian las críticas. Los periodistas practican la autocensura para evitar la intimidación, el acoso y las condenas penales. La influencia de los medios impresos es mínima, y el gobierno controla los medios de difusión. La radio sigue siendo el medio de comunicación más importante para la mayoría de los ciudadanos. Los periodistas son acusados de violar las normas éticas por aceptar el pago de políticos y empresarios para escribir artículos en contra de sus rivales. No existe el acceso a la información del gobierno.

Camerún es un punto de origen, tránsito y destino del tráfico de hombres, mujeres y niños con fines de explotación sexual y trabajos forzados. La mayor parte del tráfico es interno, y los niños se encuentran en grave peligro. Los traficantes utilizan a los niños en trabajos forzados de plantaciones de cacao. El gobierno no cumple íntegramente las normas mínimas para erradicar el tráfico, pero hace esfuerzos para conseguirlo. Ha firmado un acuerdo de asociación con la OIT para crear conciencia a través de un programa dirigido a los niños de la calle. El Ministerio de Educación colabora con la OIT para trabajar con los alumnos de secundaria en materia de prevención del tráfico de personas.

La homosexualidad es ilegal, y puede conllevar pena de prisión o una multa. Es poco común que se procese a los homosexuales, pero sufren acoso y extorsión.

La educación es obligatoria hasta los 14 años. No es gratuita. Los padres tienen que pagar el uniforme y los libros de primaria, y la matrícula y demás tasas en secundaria, por lo que la educación no es asequible para muchas familias. Se están estudiando medidas para mejorar el acceso a las escuelas. El Ministerio de Educación señala que el 72,2% de las niñas de entre 6 y 14 años están matrículadas en la escuela, frente al 81,3% de los niños. UNICEF afirma en su informe que la tasa bruta de matrícula (GER) en secundaria es del 36% de niños y del 29% de niñas.

El bajo índice de educación se suele atribuir al prejuicio sociocultural, el matrimonio a edades tempranas, el acoso sexual, los embarazos no deseados y las tareas del hogar, pero el coste de la educación es el obstáculo principal. Los resultados de un estudio sobre el sistema educativo del país revelaron la disparidad existente entre el número potencial de estudiantes y la capacidad de las escuelas. Las escuelas de primera infancia sólo pueden acoger al 16% de los posibles alumnos. Las provincias del norte son las menos privilegiadas, ya que sólo trabajan allí el 5,7% de los docentes. Las escuelas elementales tienen plazas suficientes para 1,8 millones de alumnos, aunque en la actualidad 2,9 millones de niños van a la escuela.

El programa de EPI es de los 4 a los 6 años. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 51% y el 64% de la EPI es privada. El 50% de los alumnos de EPI son niñas. 8.882 maestros (97% mujeres) trabajan en escuelas de EPI. El 61% ha recibido una educación adecuada. El número de alumnos por docente (NAD) es de 20: 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 11 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. El 23% de la educación primaria es privada. El 46% de los alumnos son niñas. El 25% de los alumnos repite algún curso (46% de ellos niñas). Hay 55.266 maestros de primaria (45% mujeres), y el 69% han recibido la formación adecuada. El NAD es muy alto, de 54:1.

A los 12 años de edad los alumnos inician la educación secundaria, un programa de 7 años. El 43% de la educación en este nivel es privada. La GER es del 44% (51% de los niños, 36% de las niñas). El 10% de los estudiantes repiten algún curso. 35.543 docentes trabajan en este nivel (36% mujeres). El NAD es de 33: 1.

89.903 alumnos (39% mujeres) estudian en este nivel, y el 9% de los centros son privados. Hay 2.993 profesores universitarios. 1.529 alumnos de otros países africanos estudian en Camerún, mientras que 15.129 cameruneses estudian fuera, sobre todo en Alemania (5.332), Francia (4.963), EE.UU. (1.216), Italia (1.041) y Bélgica (896).

En 2005, los estudiantes se manifestaron en señal de protesta por la condena de 12 años de prisión impuesta a un profesor por el robo de material académico. Las fuerzas de seguridad desbarataron la manifestación y 50 estudiantes fueron golpeados y detenidos por participar en una manifestación ilegal. (Los estudiantes no habían pedido permiso para concentrarse). Otra protesta estudiantil por las tasas académicas y las condiciones de vida terminó con la muerte de tres alumnos de la Universidad de Buea como consecuencia de los disparos. Muchos otros alumnos fueron trasladados al hospital.

El gobierno tiene la obligación de financiar parte del gasto educativo de las personas con discapacidad, pero pocas veces lo cumple. Existen pocos centros para personas con discapacidad, y poca ayuda o atención pública. La situación de las personas con discapacidad intelectual es especialmente grave. La sociedad trata a los discapacitados como parias.

Las madres son encarceladas con sus hijos pequeños si no tienen otra opción. Los presos menores de edad son encarcelados con los adultos, y los informes mencionan casos de abusos sexuales a estos menores. Son escasas las oportunidades de educación para las personas con discapacidad y los niños encarcelados.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El ACNUR calcula que hay unos 40.000 refugiados y 6.000 solicitantes de asilo en el país. El gobierno colabora con el ACNUR y con otras organizaciones humanitarias para ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo.
Los refugiados de Camerún no viven en campos. Los refugiados del Chad viven entre los habitantes locales y tienen asentamientos en Yaounde y Douala. Los nigerianos se encuentran al noroeste, donde vagan libremente con su ganado. Una nueva ley otorga los mismos derechos salariales a refugiados y nacionales. La mayoría de los refugiados trabajan en el sector informal, sin la protección de las leyes laborales o de seguridad social.

El gobierno no impide a las agencies ayudar a los refugiados. Existe una ley que reconoce el derecho a la educación y a la ayuda social y pública, y que establece que los refugiados "recibirán el mismo trato que los ciudadanos del país en lo que se refiere al derecho a la educación, tasas de matrícula en la escuela y la universidad y gastos correspondientes al servicio de asistencia social para estudiantes".

La población está compuesta por más de 200 grupos étnicos, y son frecuentes las acusaciones de discriminación. Se da un trato preferente a los compañeros del mismo grupo étnico en el gobierno, la empresa y en las prácticas sociales. Los pastores fulanis (M'Bororo) tienen derechos sobre los pastizales, pero se les ha desplazado de manera forzosa. Existen tensiones étnicas entre los fulanis y los kirdis. Los kirdis se encuentran en desventaja social, educacional y económica. Los gobernantes fulanis someten a su pueblo a trabajo forzado y al diezmo. Los informes apuntan a casos aislados de esclavización de kirdis por parte de los fulanis.

En las zonas boscosas vive una población de entre 50.000 y 100.000 bakas (pigmeos, los primeros habitantes conocidos). No existe discriminación legal, pero otros grupos explotan a los bakas. Los bosques en los que viven se están talando sin que ellos perciban indemnización alguna; el oleoducto Chad-Camerún pasa por su tierra y no se les ha indemnizado. Se calcula que el 95% de los bakas carece de documentos de identidad y no puede permitirse el lujo de obtenerlos. El Ministerio de Asuntos Sociales puso en marcha un proyecto para permitir la emisión de certificados de nacimientos y tarjetas de identidad a 2.300 bakas y ayudarles a inscribir a cientos de alumnos en la escuela.

No existen restricciones legales a la libertad académica, pero los informadores de seguridad del estado actúan en los campus de la universidad. Los profesores señalan que la participación en los partidos políticos de la oposición afectaría negativamente a sus oportunidades y a su desarrollo profesional. Las huelgas en las universidades públicas de Yaounde I, Dschang, Douala y Buea acabaron en violentos enfrentamientos entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad. Los informes no indican que el gobierno restrinja el acceso o controle el uso de Internet.

Las mujeres no gozan de los mismos derechos y privilegios que los hombres. El esposo puede oponerse al derecho de la mujer a trabajar en un oficio distinto. Algunas empresas exigen el permiso del esposo antes de contratar a la mujer. La ley tradicional es discriminatoria, y en algunas zonas las mujeres son consideradas propiedad de sus esposos. La ley tradicional permite al esposo divorciarse de sus mujeres sin justificación alguna y sin tener que pagar pensión alimenticia.

La poligamia está permitida. En el divorcio, el esposo decide la custodia de los hijos mayores de 6 años. Las mujeres están sometidas al matrimonio forzoso. La viuda no puede heredar los bienes de su esposo si se considera que ella es parte del patrimonio de éste. Se le puede obligar a casarse con un cuñado o a volver a pagar el precio de la novia en su totalidad y abandonar el hogar familiar.

La violencia doméstica es común y no está expresamente prohibida por la ley. El abuso por parte del cónyuge no es motivo de divorcio. La ley no permite la mutilación genital femenina, que se continúa practicando en las zonas aisladas. La ley prohíbe el acoso sexual, pero a lo largo del año se denunciaron muy pocos casos.

La edad mínima para trabajar es de 14 años. Está prohibido trabajar de noche, y la ley establece ciertas tareas que los menores de 18 años no pueden realizar. La jornada de trabajo de un niño no puede superar las 8 horas. Los contratos de trabajo deben contener una cláusula de formación para menores.

Las violaciones de las leyes que rigen el trabajo infantil son punibles, pero la legislación no se respeta. El trabajo forzado u obligatorio por parte de menores no está prohibido y en la práctica ocurre. El tráfico de personas acapara el 84% del trabajo infantil en 3 ciudades. Los niños trabajan sobre todo en el sector informal en las zonas urbanas, y cada vez más lo hacen como empleados domésticos. La OIT calcula que el 40% de los menores que trabajan son niñas, de las cuales el 7% no han cumplido 12 años y el 60% han abandonado la escuela primaria. En la industria del cacao trabajan 9.000 niños de entre 5 y 17 años.

No se destinan recursos para llevar a cabo un programa efectivo de inspección. El Instituto de Investigación Socio-antropológica de la Universidad Católica de África Central en Yaounde ha iniciado un estudio financiado por la OIT sobre el tráfico de niños. A finales de diciembre de 2005 se aprobó una ley contra el tráfico de menores, redactada por el gobierno en colaboración con la OIT.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. El gobierno elige el sindicato con el que negociará. La negociación colectiva está garantizada en cada sector de la economía. Los trabajadores tienen derecho a la huelga tras un proceso obligatorio de arbitraje, salvo los funcionarios públicos, los empleados del sistema penitenciario o los responsables de la seguridad nacional. Los funcionarios públicos negocian la conciliación directamente con el ministro del departamento correspondiente y el Ministerio de Trabajo.

El dirigente de la asociación de docentes de educación primaria fue detenido por encerrarse en la oficina del Primer Ministro para exigir el estatus de funcionario a jornada completa en lugar del actual estatus de empleado temporal o a jornada parcial. El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, pero los informes apuntan que sí existe. Los presos pueden ser contratados por empresas privadas o ser utilizados como mano de obra comunal en las obras públicas municipales.

El salario mínimo es de 47 USD (23.514 XAF) al mes y no permite gozar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La ley establece una semana laboral de 40 horas en las empresas públicas y privadas no agrícolas, y de 48 horas en las actividades agrícolas y relacionadas.