Chad es una república centralizada gobernada por un firme presidente. A pesar de tener un sistema multipartidista de gobierno, el poder se concentra en una oligarquía del grupo étnico del Presidente, los zaghawa.

La cultura de la impunidad permitió llegar al poder a una minoría mediante una rebelión en 1990. En 2006 se frustró un intento de golpe de estado, y más de 100 militares fueron sancionados. Las elecciones de 2006 fueron boicoteadas por los partidos de la oposición, y el número de votantes fue muy bajo. Los grupos rebeldes no materializaron las amenazas de interrumpir la votación. Una enmienda a la Constitución permitió al partido en el poder conseguir un tercer mandato con el 64,67% de los votos.

Chad elige un Presidente como Jefe de Estado, un órgano legislativo de 155 escaños y una Asamblea Nacional. En 2006, el Movimiento Patriótico de Salvación se hizo con 113 de los 155 escaños. Las elecciones fueron consideradas justas por la Unión Africana, pero esta decisión fue impugnada por otros grupos. El Primer Ministro es propuesto por el Presidente y ratificado por el Asamblea Nacional. En la actualidad es el sobrino del Presidente. Hay 10 mujeres en el Gabinete.

El poder judicial es independiente, pero carece de los fondos necesarios y está sujeto a la violencia y la interferencia del ejecutivo. La ley combina el código napoleónico y la ley tradicional; el concepto musulmán de dia, el pago que se realiza a la familia de la víctima del delito, es una práctica generalizada.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, religión, opinión política o estatus social, pero la ley no se hace cumplir.
La corrupción es un grave problema. Las fuerzas de seguridad son acusadas de recaudar fondos para subordinados no existentes.

El 80% de la población activa trabaja en la agricultura de subsistencia. El producto interior bruto per capital es de 536 USD, en parte debido a los ingresos del petróleo. Las exportaciones de petróleo comenzaron en 2003 y el país recibió los primeros ingresos en 2005. El gobierno depende de organismos financieros internacionales. Por tanto, para evitar el uso fraudulento de estos ingresos, que supuestamente se destinan a la sanidad, la educación, la agricultura, el medio ambiente y la infraestructura, se ha creado la Junta de Control y Vigilancia de los recursos petrolíferos (CCSRP).

El conflicto de Darfur, en Sudán, está muy próximo a la frontera con Chad y ha hecho que cada vez haya más milicias y rebeldes en esa zona. Las fuerzas de seguridad son acusadas de cometer torturas y asesinatos extrajudiciales.

Los derechos de privacidad se violan constantemente y la libertad de prensa es limitada. Los periodistas son acosados y detenidos. El acceso a Internet no está restringido. Los informes mencionan las escuchas ilegales y la vigilancia del correo y las comunicaciones privadas a través del principal servidor de Internet.

La sociedad discrimina a homosexuales, personas infectadas por VIH/SIDA y algunos grupos étnicos.

Chad es un punto de origen para el tráfico de niños con fines de explotación laboral y sexual. Se trafica con niños dentro del país para emplearlos como pastores, y las niñas son obligadas a prostituirse en la zona petrolífera.

Los informes reflejan un ligero aumento de la financiación de la educación, pero este sector sigue estando escasamente financiado. Se ha tratado de mejorar la infraestructura y ampliar las aulas. La ley que establece la educación obligatoria no especifica el período de obligatoriedad. La ley no se cumple. Se supone que la educación es gratuita, pero los padres tienen que pagar la matrícula y otros gastos.

Casi la mitad de los docentes son contratados y pagados por asociaciones de padres y profesores, sin la participación del gobierno. Muchos niños que van a la escuela reciben una educación inadecuada como consecuencia de la escasa formación y los pagos atrasados de los docentes, la saturación de las aulas y la falta de material elemental, como libros, pizarras, lápices y papel.

Las labores tradicionales de las niñas limitan sus oportunidades de educación. El porcentaje de niñas matrículadas en secundaria es muy bajo si se compara con el de los niños; el matrimonio a una edad temprana y los costes son dos de los factores concurrentes.

En noviembre de 2005, tras un enfrentamiento entre un profesor y tres de los hijos del Presidente, un instituto privado cerró sus puertas durante una semana. Miembros de la Guardia Republicana llegaron para llevarse al profesor que había expulsado de clase a los niños. El profesor se escondió y el instituto cerró por temor a las represalias.

Los alumnos musulmanes van a escuelas islámicas (Mahadjir), que les obligan a mendigar para obtener alimentos y dinero. Se ha celebrado una conferencia para sensibilizar al público acerca de los niños Mahadjir y discutir las intervenciones oportunas.

No se han recibido estadísticas sobre la EPI.

La educación es obligatoria, pero no se establece el período de obligatoriedad. Los niños van a la escuela primaria entre los 6 y los 11 años. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 57% (68% de niños, 46% de niñas). El 24% de los estudiantes repiten algún curso. De los alumnos que iniciaron la educación primaria, el 37% llega al último curso (43% de niños, 28% de niñas). En este nivel trabajan 16.228 maestros (10% mujeres). El número de alumnos por docente (NAD) es elevadísimo, concretamente de 69: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 7 años. La TNM es del 11% (16% de los niños, 5% de las niñas). El 21% de los estudiantes repiten algún curso.

La única información estadística sobre el nivel terciario es que 2.018 alumnos de Chad estudian fuera del país, sobre todo en Camerún (1,165), Francia (421), Marruecos (141), EE.UU. (95) y Arabia Saudí (50).

Cuando los estudiantes se manifestaban de forma pacífica delante del edificio administrativo de la Universidad de N'Djamena por el intento del gobierno de anular las elecciones de los dirigentes de los sindicatos de estudiantes, la policía les dispersó empleando una fuerza excesiva y gases lacrimógenos. El Ministro de la Administración Territorial ha prohibido todas las actividades del Sindicato de estudiantes de Chad, y la policía interrumpe periódicamente sus reuniones.

UNICEF calcula que hay 600 niños soldado en las fuerzas gubernamentales y las milicias armadas. Se precisan servicios para integrar y rehabilitar a estos niños en la comunidad y en la educación.

UNICEF también calcula que hay 10.000 niños de la calle, cifra que aumenta según los periódicos. Las ONG proporcionan educación y alojamiento temporal para ayudar a los niños de la calle, los menores detenidos, los huérfanos del VIH/SIDA, los menores víctimas de abusos sexuales y del tráfico de personas, y los niños combatientes. Los niños pastores nómadas del sur también necesitan programas especiales.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su preocupación por la infraestructura limitada, la falta de personal cualificado y centros especializados y la ausencia de leyes que protejan a los niños con discapacidad de la discriminación. También mostró su preocupación por los problemas existentes para abordar las necesidades especiales de los niños con discapacidad intelectual. El gobierno tiene algunos programas de terapia y educación para niños con discapacidad, aunque ciertas ONG proporcionan formación profesional a algunos de ellos.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, pero el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El gobierno colabora con el ACNUR y otras organizaciones humanitarias.

Desde que comenzó la crisis en Darfur, ha habido una avalancha de refugiados sudaneses en la frontera de Chad. Más de 22.000, en su mayoría mujeres y niños, viven en 12 campos de refugiados con escasos recursos. Las incursiones en Chad de los janjaweed y la violencia de los rebeldes han complicado aún más la vida a los refugiados que huyen. La vida de los refugiados es dura y peligrosa, sobre todo para las niñas. El 35% de los niños refugiados trabaja entre 7 y 10 horas al día, y más de la mitad de los niños sufren malnutrición. Las oportunidades de educación son escasas y los servicios están extremadamente abarrotados.

Además de los refugiados de Darfur, Chad acoge a 30.000 refugiados de la República Centroafricana y a un número más pequeño de personas procedentes de la República Democrática del Congo. El sentimiento anti-refugiados es alto entre los ciudadanos por la presión que ejercen sobre los recursos locales, como la madera, el agua y los pastizales. La prestación a los refugiados de bienes y servicios no disponibles para la población local ha generado discrepancias. Los informes muestran el temor a la posibilidad de que los campos de refugiados sean militarizados.

Hay unos 200 grupos étnicos, que hablan 128 lenguas distintas. La mayoría de estos grupos están afiliados a una o dos tradiciones culturales: musulmanes árabes y saharauis en el norte, centro y este, y cristianos sudaneses o grupos animistas en el sur. La urbanización y la desertificación han facilitado la integración de estos grupos en algunas regiones. La discriminación resulta evidente en el trabajo. La identidad étnica influye sobre los nombramientos del gobierno y las alianzas políticas. La educación no se ocupa de las cuestiones minoritarias.

La ley no restringe la libertad académica, pero se intercepta el correo postal y electrónico dirigido a los académicos y a otras personas. El clima que predomina en el país no propicia la libertad académica.

La discriminación contra las mujeres está muy generalizada. Las mujeres carecen de oportunidades en la educación y el empleo, por lo que les es difícil encontrar trabajo en el sector formal, que además ofrece muy pocos puestos. La ley de propiedad y la de sucesión discriminan a la mujer al adjudicarse los bienes de acuerdo con la práctica tradicional.

La violencia doméstica es una práctica común. Las mujeres están sometidas a la autoridad de sus esposos. Los informes apuntan casos en que los familiares matan a las mujeres por violar las costumbres sociales. La mutilación genital femenina está prohibida, pero es una práctica muy arraigada en la tradición. Las mujeres son las que se ocupan de la mayoría de las tareas agrícolas, y no se estimula su escolarización formal. El índice de analfabetismo es del 66% entre las mujeres, frente al 48% entre los hombres.

La poligamia se ha convertido en un asunto polémico entre las comunidades musulmana y cristiana durante la revisión del Código de Familia. Las familias acuerdan matrimonies para niñas de 12 ó 13 años; la edad mínima para contraer matrimonio es de 11 años. El Código Penal prohíbe el matrimonio forzoso de menores, pero la práctica continúa, al igual que la costumbre de comprar y vender niñas novias.

La ley laboral establece que los menores de 18 años son niños y prohíbe a los niños "desempeñar cualquier tarea que, por su naturaleza o las circunstancias en que se realice, pueda afectar a la salud, la seguridad o la moral de los niños". Sin embargo, el trabajo infantil, incluido el trabajo forzado, sigue siendo un grave problema. La edad mínima para trabajar en el sector formal es de 14 años. Un estudio de UNICEF demuestra que el 65,5% de los menores trabaja realizando tareas domésticas durante más de 4 horas al día. El 20% de los niños de entre 6 y 18 años trabaja en el sector informal.

El trabajo infantil con abuso y explotación afecta al 20% de los niños entre 6 y 18 años. Las familias contratan a niños como pastores nómadas para ayudar a cuidar de sus animales. Los niños sufren frecuentemente malos tratos y son devueltos con una remuneración económica escasa. Existen informes fiables de niños obligados a trabajar como esclavos. Tan sólo hay 30 inspectores de trabajo en todo el país, por lo que resulta imposible hacer cumplir la ley de trabajo infantil.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los miembros de las fuerzas armadas. En el sector formal, más del 90% de los empleados están sindicados, pero la mayoría de los trabajadores se dedica a la agricultura de subsistencia sin remuneración. El gobierno es la mayor empresa del país. La negociación colectiva está permitida, y los trabajadores tienen derecho a la huelga, aunque deben mantener los servicios básicos. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal, pero se produce incluso en la economía formal. Los reclusos deben trabajar. Reclusión en prisión con trabajo forzado es la pena correspondiente por participar en huelgas ilegales.

El salario mínimo, establecido por el gobierno, es de 45 USD (25.480 XAF) y no permite gozar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia.