El Ecuador es una república democrática presidencial que el 2006 eligió a su octavo presidente en una década marcada por la turbulencia política. Con un mandato de 4 años, el Presidente es el Jefe de Estado y de gobierno. El poder ejecutivo reside en el gobierno, mientras que el legislativo es atributo del gobierno y del Congreso. El voto es obligatorio para todas las personas entre 18 y 65 años.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Organización de Estados Americanos han reconocido al candidato de la izquierda como vencedor de las elecciones. El nuevo Presidente, un economista formado en EE.UU., inició su mandato en 2007 y ha mencionado entre sus prioridades los planes de renegociación de la deuda y propuestas para revisar los contratos de las petroleras foráneas. En el Congreso Nacional, 4 partidos ocupan 77 de los 100 escaños, y otros 6 partidos minoritarios el resto. Ningún partido es mayoritario en el Congreso.

Mujeres y minorías compiten por los cargos elegidos, pero son pocas las mujeres o las personas indígenas o afroecuatorianas que ocupan esos puestos. Al menos el 40% de los candidatos al Congreso deben ser mujeres. En 2008 ese porcentaje deberá ser del 50%. Hay 22 mujeres en el Congreso y 1 en el Gabinete. El movimiento indígena ha presentado candidatos a las elecciones en todos los niveles y cuenta con 10 miembros en el Congreso y 1 en el Gabinete. El poder judicial es independiente pero fácil de presionar y corromper.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, sexo o estatus social, pero existe constancia de una importante discriminación.

Algunos miembros de las fuerzas de seguridad son acusados de torturar y abusar de los sospechosos. La impunidad es otro de los problemas. Se ha denunciado también el acoso y la violencia contra presuntos delincuentes, sobre todo en las comunidades indígenas y barriadas pobres.

La agricultura es la fuente principal de empleo, y la pobreza rural es algo generalizado. La distribución de los ingresos está muy sesgada.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa. Se presentan cargos penales contra los periodistas por difamación y calumnias, lo que genera la autocensura. Las escuchas telefónicas son legales si existe orden judicial. El acceso a Internet no está restringido.

La esclavitud y el tráfico de personas son prácticas prohibidas, pero los informes indican que el país es origen y destino del tráfico de personas con fines de explotación laboral y sexual.

La educación es gratuita hasta la secundaria. El Ministerio de Educación informa de que la mayoría de los niños llegan a sexto curso. Por ley, el 30% del presupuesto se destina a la educación, y a pesar de un aumento del 9%, la asignación sigue siendo únicamente la mitad. Se ofrecen ayudas para la educación a los pobres como incentivo para mantener a los niños en la escuela. UNICEF ha señalado que el 65% de los niños del país viven en la pobreza. Se espera que los niños completen los 9 años de educación obligatoria, pero la falta de escuelas y los elevados costos de los libros, los uniformes y demás material hacen que los niños abandonen los estudios. La ley de educación no se cumple. Los niños de las zonas rurales van a la escuela de forma esporádica una vez que cumplen 10 años, cuando comienzan a trabajar en granjas. Las clases de religión están permitidas en las escuelas privadas, pero no en las públicas.

La Internacional de la Educación trabaja con compañeros del sindicato de educación ecuatoriano para formar a los docentes en la prevención del VIH a través de la educación. El Ministerio de Educación y el sindicato están desarrollando programas y materiales para su uso en la escuela sobre la prevención del VIH/SIDA.

A la edad de 5 años comienza un programa de EPI de 1 años. El 39% de la EPI es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 62%. De los 13.285 maestros que trabajan en la EPI, el 87% son mujeres y el 72% (62% de hombres, 73% de mujeres) han recibido una formación adecuada. El número de alumnos por docente (NAD) es de 17: 1.

La educación es obligatoria entre los 5 y los 14 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. El 2% de los estudiantes repiten curso. El 28% de la educación primaria es privada. La TNM es del 98%. De los 80.012 maestros que trabajan en la primaria, el 70% son mujeres y el 71% han recibido una formación adecuada. El NAD es de 23: 1.

La secundaria dura 6 años y comienza a los 12. En este nivel el 33% de la educación es privada. El 53% de los estudiantes de secundaria superior cursa programas de formación técnica. El 4% de los estudiantes repiten curso. La TNM es del 52%. Hay 43.817 docentes en las escuelas de secundaria inferior y 30.868 en la secundaria superior. El 69% de los docentes de secundaria tienen una formación adecuada (63% de hombres, 76% de mujeres). El NAD es de 13: 1 en secundaria inferior y de 14: 1 en la superior.

Hay 5.128 alumnos ecuatorianos estudiando fuera en la actualidad, sobre todo en EE.UU. (2.345), Cuba (546), Alemania (359), Chile (343) y Francia (291).

La ley reconoce los derechos de las personas con discapacidad y no existe discriminación oficial contra ellas en la educación ni en otros servicios públicos. Las oportunidades de educación son limitadas para las personas con discapacidad fuera de los centros urbanos.

La ley prevé la concesión del asilo o estatus de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Se ha aprobado una nueva ley sobre los refugiados.

Un gran número de ciudadanos afroecuatorianos sufren las consecuencias de la pobreza y la discriminación, sobre todo en lo que se refiere a oportunidades educativas y económicas. No se han hecho esfuerzos especiales para resolver estos problemas. Las oportunidades de educación limitadas hacen que continúe la marginación. La prensa se ha centrado en el racismo existente en todos los estratos de la sociedad.

Se calcula que entre el 7% y el 20% de la población son ciudadanos indígenas, quienes se sitúan en el extremo inferior de la escala salarial, viven en zonas rurales y sufren la discriminación en muchos niveles de la sociedad. Grupos indígenas han trabajado con el Ministerio de Educación para ofrecer programas de educación bilingüe en las escuelas rurales. A pesar de este paso positivo, el sistema educativo rural tiene graves deficiencias.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica.

Las mujeres tienen el mismo estatus legal que los hombres, pero en la práctica no tienen los mismos derechos. Los hombres cobran, en promedio, un 54% más que las mujeres. Son menos las mujeres que desarrollan un trabajo profesional y ocupan cargos cualificados. La ley prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo, pero es una práctica común. Impera la discriminación contra la mujer, lo que limita sus oportunidades educativas y económicas, sobre todo entre las pobres. Está prohibida también la violencia contra la mujer, pero las normas sociales y la reticencia a presentar cargos avalan su continuidad.

La edad mínima para trabajar son 15 años, para todo tipo de trabajo. La ley no protege a los niños de la explotación en el trabajo. Un menor puede trabajar 6 horas al día durante 5 días a la semana, pero no en condiciones peligrosas. Los niños cobran el 80% del salario de los adultos. Las estimaciones apuntan que hay 300.000 niños trabajadores en el país; un estudio de UNICEF de 2005 calculaba que la cifra es de 756.000 niños en jornada completa y que el 39% de los niños no están escolarizados. UNICEF calcula también que el 44% de los niños comienza a trabajar entre los 10 y los 14 años, y que e 70% no va a la escuela secundaria.

Un estudio de la OIT calcula que más de 5.200 menores ejercen la prostitución. Algunos grupos, de empresas, empleados y ONG, tratan de hallar soluciones al problema del trabajo infantil. Niños de apenas 5 y 6 años venden periódicos o golosinas en la calle. Un programa establecido en 5 ciudades ofrece becas a los niños trabajadores para que vayan a la escuela.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse, salvo los policías, militares y la mayoría de empleados del sector público. Sólo el 2%-3% de la población activa está organizada. Se pueden constituir sindicatos si en la empresa hay un mínimo de 30 empleados; de este modo, las empresas subcontratan a empresas virtuales que tienen menos de 30 trabajadores para frenar la organización sindical. Los empleados subcontratados no tienen derecho legal a la libertad de asociación ni a negociar de forma colectiva.

La ley prohíbe que la mayoría de empleados del sector público se sindicalice o ejercite su derecho a la negociación colectiva. Las empresas privadas con 30 trabajadores o más que pertenezcan a un sindicato deben negociar colectivamente cuando el sindicado así lo requiera. Los trabajadores temporales no tienen los mismos derechos que los empleados a jornada completa. Se requiere un período previo de enfriamiento de 10 días antes de declarar la huelga; el empleador puede contratar personal sustituto solamente cuando no se mantengan los servicios mínimos necesarios.

Durante las huelgas legales se pagan todos los salarios y beneficios. La ley no proporciona a los trabajadores públicos el derecho a la negociación colectiva y a la huelga, y establece penas de prisión de entre 2 y 5 años en caso de incumplimiento. Sin embargo, ha habido huelgas "ilegales" de docentes del sistema público y trabajadores de la salud.

El Ministerio de Trabajo establece el salario mínimo en consultas con la Comisión de Salarios, pero el Congreso también puede ajustarlo. El salario mínimo más los bonos obligatorios llegaban a una compensación neta mensual de aproximadamente 166 USD, una cifra insuficiente para proporcionar un nivel decente de vida a los trabajadores o a sus familias. La semana laboral es de 40 horas.