El Salvador es una república democrática y multipartidista, con un órgano legislativo unicameral dirigido por un presidente. En 2005, los electores eligieron al Presidente de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) por un período de cinco años en unas elecciones libres y justas, celebrada de acuerdo con el sufragio universal y el voto secreto. El Presidente no puede ser reelegido en mandatos consecutivos.

Las mujeres tienen derechos políticos plenos y ocupan 9 de los 84 escaños. Hay 22 mujeres legisladoras. Ninguna persona identificada como miembro de una minoría ocupa un cargo de liderazgo en el gobierno. El poder judicial es independiente pero está sujeto a la influencia política. Un estudio de la Universidad Evangélica de El Salvador concluye que el sistema judicial está sujeto a las influencias políticas y económicas. La corrupción en el sistema judicial contribuye a la impunidad. El Tribunal Supremo investiga más de 300 casos de diplomas jurídicos irregulares.

Está prohibida la discriminación por motivos de nacionalidad, raza o sexo, pero continúa la discriminación de la mujer, las personas con discapacidad y los indígenas. También es común la violencia contra los homosexuales.

Aproximadamente el 36,1% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La Asociación para la Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos como consecuencia del conflicto armado (Pro-Busqueda) ha investigado 250 casos y ha propiciado 56 reencuentros de familias. Una comisión nacional, creada por decreto del ejecutivo, continuará con esta búsqueda. Algunos mandos policiales emplean una fuerza excesiva, y la impunidad constituye un serio problema.

Se garantiza la libertad de expresión y de prensa, y los periodistas critican libremente al gobierno e informan de las opiniones de la oposición. Se ha criticado la ausencia de leyes que protejan el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de las fuentes. La ley establece la posibilidad de acceder a la información del gobierno, pero es difícil obtener determinada información. El acceso a Internet no está limitado.

El tráfico de personas es ilegal, pero hay informes que reportan el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual hacia, de, y dentro del país.

Se denegó el estatus jurídico a una ONG que representa a homosexuales y travestidos. Un programa financiado por los Países Bajos ha formado a mandos policiales sobre los derechos de las personas homosexuales.

La educación es obligatoria hasta noveno grado y nominalmente gratuita hasta el bachillerato. En promedio los niños en el país asisten a la escuela aproximadamente 5,5 años. Los alumnos de las zonas rurales no disfrutan de los 9 años de educación obligatoria por la falta de escuelas. Así mismo, dejan la escuela para ir a trabajar. La ley prohíbe impedir el acceso de niños la escuela debido a la imposibilidad de pagar cuotas o comprar uniformes.

En la práctica, sin embargo, algunas escuelas siguen cobrando cuotas a los estudiantes, de modo que los que no pueden pagar no pueden ir a clase. La Asamblea Legislativa ha modificado la ley para prohibir el cobro de tasas, y se ha abierto una línea de atención telefónica para que el público pueda denunciar a los directores de escuela que infringen la ley.

A la edad de 4 años comienza un programa de 2 años. En este nivel el 22% de la educación es privada. La tasa neta de matricula (TNM) es del 46%. No se han recibido estadísticas sobre los docentes.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 6 años. El 10% de la educación en este nivel es privada. La TNM es del 92%. El 7% de los estudiantes repiten curso. De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso, el 70% llegan al último curso de primaria.

La educación secundaria comienza a los 13 y dura 6 años. La TNM es del 48%. El 3% de los estudiantes repiten curso.

120.264 alumnos estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matricula del 19%.Hay 2.171 alumnos estudiando en el extranjero, sobre todo en EE.UU. (976), Francia (566), Honduras (106) y Chile (85).

El acceso a la educación básica de personas con discapacidades es limitado debido a la carencia de transportación e instalaciones apropiadas. Existe discriminación contra las personas con discapacidad en el empleo y la educación. La ley obliga a las empresas a contratar 1 persona con discapacidad por cada 25 empleados contratados, lo que supone un aumento en relación con el requisito anterior, que era de 1 persona por cada 50 empleados. La tasa de desempleo entre las personas con discapacidad permanece significativamente por encima de la tasa entre la población en general. Miembros de las fuerzas armadas imparten cursos de formación escolar a los menores encarcelados.

La ley prevé la concesión del estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. La mayoría de los refugiados como consecuencia de los diez años de guerra ya están reasentados, pero las condiciones continúan siendo difíciles para muchos de ellos por la devastación causada a las personas y la infraestructura en ese período.

No se han promulgado leyes nacionales sobre los derechos de los indígenas. Los indígenas toman decisiones acerca de sus tierras comunales. El país tiene 3 grupos autóctonos diferentes: los Nahua Pipiles, los Lencas y los Cacaoperas. La mayoría han adoptado las costumbres locales y se han integrado en la población general, pero siguen cobrando menos que otros jornaleros. Las mujeres indígenas tienen poco acceso a la educación y escasas oportunidades de trabajo.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica.

Hombres y mujeres tienen los mismos derechos legales. Sin embargo, las mujeres cobran una media de 3.350 USD al año, frente a los 7.381 USD que cobran los hombres, y en su mayoría ocupan puestos de bajos ingresos, como la enseñanza y la enfermería. Está prohibido el acoso sexual. Algunas empresas obligan a las mujeres a hacerse la prueba del embarazo antes de contratarles. Las mujeres tienen derecho a 84 días de permiso por maternidad. El índice de alfabetismo es del 79% entre las mujeres y del 85% entre los hombres. Los embarazos en la adolescencia obligan a las adolescentes a abandonar los estudios y a interrumpir su educación.

La violencia contra las mujeres está muy generalizada. La ley prohíbe la violencia doméstica, que cada vez se asume más como un problema y se ha convertido en tema de debate nacional. Otro de los problemas sociales es el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

La edad mínima para trabajar es de 14 años. La jornada laboral para niños de 14 a 16 años se limita a 6 horas, y los menores de 18 años no pueden desarrollar actividades consideradas peligrosas. Los niños de 14 o más años pueden obtener un permiso especial para trabajar si se demuestra que dicho empleo resulta fundamental para el sustento de la familia, como en las familias de campesinos durante la plantación y la cosecha. Un estudio de la OIT indica que más de 220.000 niños de entre 5 y 13 años trabajan, 30.000 de ellos en actividades peligrosas. Hasta un tercio de los trabajadores de las plantaciones de azúcar son menores de 18 años.

Los programas de la OIT han ayudado a más de 5.000 niños a regresar a la escuela. El Ministerio de Trabajo ha indicado que el 67% de los niños realizan algún tipo de trabajo. La inspección se centra en el sector formal, donde apenas existe trabajo infantil. Un estudio de Human Rights Watch señala que miles de niñas de apenas 9 años trabajan como empleadas domésticas, lo que les hace ser vulnerables a los abusos físicos y sexuales. El Comité Nacional contra el Trabajo Infantil informa de que 7.000 niños han sido rescatados de las perores formas de trabajo infantil y devueltos a las aulas desde 1999. UNICEF señala que entre el 10% y el 25% de las prostitutas de la calle son menores, mientras que aproximadamente el 40% de las "acompañantes" son menores. Las bandas alientan la actividad criminal de los niños para aprovecharse de las sentencias menos duras para personas menores de 18 años.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los policías, militares y funcionarios públicos. Hay 156 sindicatos registrados, 17 federaciones y 2 confederaciones. El Comité de Libertad Sindical de la OIT afirma que a los trabajadores se les impide ejercer su derecho de asociación. El 30% de la población activa está sindicada. Los derechos de negociación colectiva se limitan a los empleados del sector privado y a determinadas categorías de los organismos públicos. La ley establece el derecho a la huelga, salvo para los empleados públicos que prestan servicios básicos. La CIOSL ha denunciado los problemas que sufren las mujeres trabajadoras, incluida la obligación de someterse a pruebas de embarazo y el despido de las trabajadoras embarazadas. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal.

El salario mínimo se establece por decreto ejecutivo atendiendo a las recomendaciones de un comité tripartito. El salario diario mínimo oscila entre los 5,28 USD y los 5,04 USD para los trabajadores de la maquila. El salario mínimo agrícola continuó siendo de 2,47 USD. El salario mínimo no permite gozar de un nivel de vida decente al trabajador y su familia. La semana laboral es de 44 horas.