La República de Guinea Ecuatorial es una república multipartidista que ha sido gobernada por el subclan de los fang desde su independencia en 1968. Es el clan del Presidente, que se hizo con el poder en un golpe militar en 1979. En 2002 fue reelegido con el 97,1% de los votos, en unas elecciones ensombrecidas por el fraude excesivo y la intimidación. Los observadores internacionales señalaron que la oposición obtuvo el 12% de los votos, pero sólo accedieron a 2 de los 100 escaños parlamentarios. Desde la independencia en 1968, ninguna elección ha sido considerada libre y justa. El reciente intento de golpe de estado llevó a la detención de 19 mercenarios en la capital, Malabo, y de otros 70 más en Zimbabue.

La Constitución prohíbe acusar al Jefe de Estado de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones. El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) controla el órgano legislativo. Las mujeres ocupan 20 de los 100 escaños parlamentarios, y 5 de los 50 cargos del Gabinete. Las reformas del Gabinete han suprimido parte del poder presidencial, pero el control de la policía y las fuerzas de seguridad continúa en manos del Gabinete, cuyos miembros son nombrados por el Presidente. Se ha nombrado un nuevo Primer Ministro, y familiares cercanos del Presidente han asumido los Ministerios de Defensa y Seguridad Nacional, cargos que anteriormente ocupaba el Presidente. Los puestos de responsabilidad están limitados al grupo étnico del Presidente y sus más férreos defensores.

La corrupción en todas las ramas del gobierno es un problema. El Presidente ha sido acusado de gastar los ingresos del petróleo con su propia familia y sus amigos. Una investigación reveló que al menos 35 millones de dólares de los ingresos del petróleo fueron directamente a cuentas controladas personalmente por el Presidente y sus socios. El poder judicial no es independiente. Miembros del consejo tribal resuelven las demandas civiles en tribunales tradicionales. Continúan las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad, con total impunidad.

Está prohibida la discriminación en todas sus formas, pero las mujeres y las minorías sufren una gran discriminación.

Un representante especial de la ONU y Amnistía Internacional describen uso de la tortura como rutinario. La impunidad es otro de los problemas. La ley no reconoce el acceso a la información pública.

La economía creció rápidamente como consecuencia del aumento de los precios y la producción de petróleo y gas. La mayoría de la población vive de la agricultura de subsistencia, la caza y la pesca, y la tasa de desempleo es muy alta a pesar del aumento de un 20%-24% del PIB. La falta de transparencia y la mala gestión merman el potencial económico. Una escasa parte de los ingresos acumulados por el petróleo se usan en beneficio de la población. Se han puesto en marcha nuevos proyectos de infraestructura, supuestamente por el bien del público.

La ayuda económica internacional fue interrumpida por el nefasto historial económico y de derechos humanos. La libertad de expresión y de prensa están restringidas, y los periodistas denuncian la vigilancia de las comunicaciones electrónicas. Los medios están bajo el control del gobierno, y los periodistas practican la autocensura. No está permitido criticar al gobierno, al Presidente ni a las fuerzas de seguridad. La radio es el medio de comunicación más importante. La única cadena de radio privada es propiedad del hijo del Presidente. Está permitido censurar las publicaciones. Los editores deben enviar una copia para su aprobación antes de la publicación. El acceso a Internet no está restringido, pero el proveedor de servicios de Internet es un monopolio del gobierno.

La ley penaliza el tráfico de personas, pero el país es punto de destino y tránsito de las víctimas del tráfico de personas. Niños de Benín y Nigeria se utilizan para trabajar en la agricultura y el comercio. Las mujeres son objeto de este tráfico y obligadas a prostituirse en el sector petrolífero del país.

Es evidente la discriminación que sufren homosexuales y personas infectadas con VIH/SIDA. La Organización Mundial de la Salud ha patrocinado campañas de sensibilización pública sobre el VIH/SIDA.

La ley que establece la obligatoriedad de la educación no se cumple. Se espera que los niños completen los estudios de secundaria tras la educación primaria. Los embarazos prematuros reducen las oportunidades de educación de las niñas. El precio de la matrícula, los libros, uniformes y demás hacen que la educación resulte inasequible para los pobres.

El gobierno no paga la matrícula de los niños mayores de 10 años. Los informes de UNICEF indican que la asistencia a primaria es del 60% entre los niños y del 61% entre las niñas; el índice en secundaria es mucho más bajo, con una tasa bruta de matrícula (GER) del 43% entre los niños y el 19% entre las niñas. Las escuelas nuevas no disponen de los materiales básicos, como libros y pupitres.

Se designa por razones políticas a personas sin la formación necesaria como profesores. Las escuelas deben impartir clases de religión; se ofrece educación católica romana. Las personas de las demás religiones no suelen tener clases en sus confesiones, y a veces deben pagar el salario del profesor.

A la edad de 3 años comienza un programa de 4 años. En este nivel, el 37 % de la educación es privada. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 39%. 600 docentes trabajan en este nivel (80% mujeres). El NAD es de 39: 1.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 11 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 5 años. El 78% de las niñas cursan primaria. La TNM es del 85%. De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 93% llegan al último curso de primaria. El 12% de los estudiantes repiten curso.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 7 años. El 7% de los estudiantes de secundaria inferior y el 4% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La GER es del 41% (51% de niños, 31% de niñas) en secundaria inferior y del 13% en secundaria superior (17% de niños, 8% de niñas).

737 alumnos de terciaria estudian fuera, sobre todo en España (413), Cuba (119), EE.UU. (79), Arabia Saudí (50) y Francia (28) .

La ley no protege a las personas con discapacidad frente a la discriminación en la educación u otros servicios. Apenas existen programas de educación para niños con discapacidad. Una ONG añadió un aula más a su orfanato para educar a los niños con discapacidad intelectual.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, pero el gobierno no ha establecido un sistema de protección para los refugiados. El gobierno colabora con el ACNUR.

Las minorías étnicas sufren discriminación. La concentración del poder político y económico en manos del subclan mongomo del grupo fang tiene graves consecuencias para los demás grupos étnicos. En 2005 se deportó a los extranjeros procedentes de otros países africanos. Las minorías mencionan en los informes la extorsión por parte de la policía.

La libertad académica es limitada, y los profesores practican la autocensura en relación con las cuestiones políticas. Las publicaciones son censuradas.

A pesar de que la ley reconoce la igualad de derechos, las costumbres hacen que la se limite a las funciones tradicionales. Las escasas oportunidades de educación hacen que la mujer trabaje en empleos no remunerados o de bajos ingresos.

La poligamia es generalizada. La ley familiar tradicional discrimina a la mujer en el derecho de sucesión. En caso de divorcio, la mujer debe reembolsar a su familia el precio que pagaron para el matrimonio, y su esposo obtiene automáticamente la custodia de los hijos nacidos en el matrimonio.

La violencia contra las mujeres es un asunto problemático. Generalmente no se presentan cargos contra los autores de la violencia doméstica. Cada vez hay más prostitución en el sector del petróleo.

El trabajo infantil es generalizado. La edad mínima para trabajar es de 14 años, pero la ley no se cumple. El trabajo infantil es común, sobre todo en granjas familiares y en los mercados. El gobierno no tiene una política integral en torno al trabajo infantil. Se utilizan niños extranjeros para realizar trabajos forzados u obligatorios. Las condiciones de los niños se han comparado con las de los esclavos.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse, pero sólo el Sindicato de Pequeños Agricultores está reconocido. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres señala en su informe que las autoridades se han negado a registrar al Sindicato de Guinea Ecuatorial y, a pesar de cumplir todos los requisitos, los Servicios Sindicados Independientes del sector público no están reconocidos. La industria petrolera trata de reducir el control estatal en las contrataciones para eliminar el sesgo político. Los sindicatos no pueden afiliarse a organismos internacionales. La ley reconoce el derecho de organizarse y de negociar colectivamente, pero el proceso es deliberadamente complicado.

El gobierno y las empresas establecen los salarios. La negociación colectiva no se practica. Los trabajadores tienen derecho legal a la huelga, pero en la práctica no pueden declararse en huelga. Se producen algunas huelgas o protestas temporales. Se utiliza a los reclusos como mano de obra en proyectos de construcción; trabajan sin recibir remuneración u otra compensación a cambio. Los informes indican que los magistrados usan a presos como empleados domésticos.

El gobierno establece el salario mínimo. La mayoría de las empresas pagan más del salario mínimo establecido, que es de 180 USD al mes (90.000 XAF) para los trabajadores del sector privado. Las funciones adicionales aumentan un 25% la paga base. El salario mínimo del sector público ha aumentado para ajustarse al del sector privado. En el sector formal, la semana laboral es de 35 horas.