Finlandia es una república democrática cuyo Presidente y Primer Ministro son el Jefe de Estado y el jefe de gobierno respectivamente. Se celebran elecciones libres y justas por sufragio universal, y tras las últimas elecciones se formó un gobierno de coalición. Hay 76 mujeres en un Parlamento de 200 escaños y 8 mujeres entre los 18 miembros del Gabinete. El cargo de Presidente lo ocupa en la actualidad una mujer. En el Parlamento hay 10 miembros de grupos minoritarios, y en el Gabinete otros 2. La minoría indígena sami tiene su propio parlamento con autonomía limitada. El poder judicial es independiente por ley y en la práctica.

La ley prohíbe la discriminación basada en la raza, el género, la discapacidad, la lengua o el estatus social. El Presidente nombra los magistrados del Tribunal Supremo, quienes a su vez nombran a los magistrados de los tribunales inferiores. El ministerio de justicia denunció la distribución de un libro antisemita en virtud de las leyes del país sobre comentarios que incitan al odio. Los abusos por parte de las fuerzas de seguridad no son habituales, pero se ha denunciado en los informes la discriminación de la policía contra los inmigrantes.

La corrupción no es un problema, y Transparency International otorga una puntuación elevada a Finlandia por su transparencia y responsabilidad. Una red anticorrupción aborda los casos de soborno transnacional. Durante el período en que ha ejercido la Presidencia de la UE, Finlandia ha promovido procedimientos para estudiar la transparencia dentro de la UE.

La ley reconoce el acceso público a la información del gobierno, salvo el material confidencial sobre seguridad nacional o para respetar las leyes de privacidad.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. Se han promulgado leyes para condenar a los traficantes y luchar contra la prostitución organizada. Para combatir el tráfico de personas, Finlandia ha desarrollado un plan nacional integral y ha realizado esfuerzos internacionales multilaterales. Se cree que los principales traficantes de mujeres y niñas son bandas rusas de crimen organizado.

La educación es gratuita y obligatoria para todos los niños de entre 7 y 16 años, entre los cuales es universal. La mayoría de los niños terminan los estudios de secundaria. La educación también es gratuita en las universidades y escuelas de comercio. La educación en Finlandia es totalmente gratuita, no sólo la matrícula. Esto quiere decir que no hay que pagar por los libros, los materiales, el transporte y demás gastos aplicables. El plan de estudios de las escuelas públicas incluye la enseñanza religiosa de la fe luterana u ortodoxa, pero los alumnos puede optar por estudiar filosofía o religiones del mundo en su lugar. En algunas comunidades urbanas, el Islam es la segunda religión más importante. Los alumnos allí pueden recibir clases sobre el Islam.

El programa de estudios incluye cursos sobre tolerancia y educación contra la discriminación. En 2005 se nombró al primer Defensor del Niño, con el fin de que vigilara la legislación y la práctica (incluida la educación) y evaluara el impacto en el bienestar de los niños. Los alumnos finlandeses obtienen una puntuación muy buena en las pruebas de la OCDE y resultados excelentes en otras encuestas internacionales. Finlandia es uno de los países con mayor puntuación en cuanto a calidad de vida y sistemas de ayudas. La educación finlandesa cuenta con los recursos y la formación necesaria para ofrecer una educación de calidad.

A la edad de 4 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 10% de la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 58%. De los 11.295 docentes que trabajan en este nivel, el 97% son mujeres. El número de alumnos por docente (NAD) es de 12 : 1.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 16 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 6 años. La TNM es del 99% (49% niñas). Todos los estudiantes que se matriculan en primero llegan al último curso de primaria. El 1% de los estudiantes repiten curso. Hay 24.024 maestros de primaria (75% mujeres). El NAD es de 16 : 1.

La educación secundaria comienza a los 13 y dura 6 años. El 8% de la educación secundaria es privada. El 36 % de los estudiantes de secundaria inferior y el 59% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La TNM es del 94%. Sólo tenemos el número de docentes que trabajan en centros de secundaria inferior: 20.236 (72% mujeres). El NAD es de 10 : 1 en secundaria inferior.

291.664 alumnos (53% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 87%. En este nivel, el 11% de la educación es privada. Los alumnos extranjeros que estudian en Finlandia proceden de Asia (2.814), Europa Central y Oriental (2.373), Norteamérica y Europa Occidental (1.994), África Subsahariana (711), los Países Árabes (184) y Latinoamérica y el Caribe (149). Al mismo tiempo, 9.719 alumnos finlandeses estudian fuera, sobre todo en Suecia (4.054), Reino Unido (1.883), Alemania (1.056), EE.UU. (619) y Francia (332).

Está prohibido discriminar a las personas con discapacidad física o intelectual en la educación y otros servicios públicos. El Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Trabajo se encargan de proteger los derechos de las personas con discapacidad. La legislación propuesta brindará una mayor protección y prestaciones a las personas discapacitadas. Los niños con discapacidad reciben un modelo de educación acorde con sus necesidades, a veces en aulas ordinarias y otras veces en clases especiales.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El gobierno colabora con la oficina del ACNUR. Los niños refugiados reciben educación.

Los inmigrantes que no tienen la ciudadanía constituyen el 2% de la población. Los grupos minoritarios que viven en Finlandia, muchos de ellos ciudadanos nacionales, incluyen a rusos, estonios, suecos, somalíes, serbios y montenegrinos. (También hay comunidades de romaníes, que se desplazan de un país a otro). Algunas minorías llevan mucho tiempo en el país, mientras que otras han llegado hace poco. No existe tensión manifiesta entre los ciudadanos y los grupos de inmigrantes, aunque se han denunciado casos de racismo y xenofobia, normalmente contra inmigrantes africanos y de Oriente Medio Los inmigrantes afirman que la policía no se toma en serio sus denuncias de discriminación.

Se ha nombrado un Defensor que se encarga de estudiar las reclamaciones de las minorías. Todos los ministerios del gobierno tienen disposiciones contra el racismo en su política de personal y los programas de formación. Se imparten cursos de capacitación a docentes, junto con otros grupos, para garantizar un trato justo a los inmigrantes. La Liga Finlandesa de Derechos Humanos denuncia la discriminación que sufre la minoría romaní. Los programas de apoyo especial ayudan a los niños de grupos minoritarios a integrarse en el sistema educativo.

Los indígenas sami constituyen menos del 0,1% de la población. Su lengua y su cultura están protegidas, y reciben ayuda financiera. Los sami tienen plenos poderes políticos y civiles y cierta autonomía para regular sus propios asuntos. Tienen derecho a usar su lengua en las escuelas y en el trato con la administración. No hay informes que mencionen discriminación contra los sami en la educación o en otros servicios.

Los informes no indican que haya restricciones a la libertad académica. El acceso a Internet no está vigilado y es fácil de conseguir.

El sistema judicial reconoce los mismos derechos a hombres y mujeres. La igualdad de género es un tema de gran prioridad, pero sigue habiendo discriminación económica. El salario de las mujeres ronda el 82% de los ingresos de los hombres. Los hombres dominan los cargos más altos de la industria y las finanzas, mientras que las mujeres están excesivamente representadas en las profesiones con salarios más bajos. En 2005 entró en vigor una ley para reforzar la legislación vigente y aumentar la igualdad de género en el trabajo a través de la promoción del principio de la misma remuneración para un trabajo de igual valor.

Está prohibido el acoso sexual, y la prohibición se hace cumplir. Se ofrecen cursos de capacitación a los trabajadores sociales que trabajan con inmigrantes, para ayudarles a identificar los casos de violencia de género dentro de la comunidad de inmigrantes. Se ha mostrado preocupación por las violaciones de derechos humanos, como la violencia relacionada con el honor, los matrimonios forzados y la mutilación genital. La violencia contra la mujer continúa siendo un problema. Se anima a las mujeres a denunciar ante la policía los casos de maltrato y de violencia doméstica. La prostitución es legal y está limitada a apartamentos privados y determinados clubes nocturnos en las principales ciudades. Otro de los problemas es el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.

Existen leyes para proteger a los niños de la explotación. Los menores de 16 años no pueden trabajar más de 6 horas al día ni trabajar de noche. Estas leyes se hacen cumplir con total rigor.

Los trabajadores pueden asociarse y formar sindicatos, y el 80% de los trabajadores están sindicados. Se aplican convenios colectivos basados en los acuerdos tripartitos sobre política salarial. Los trabajadores no sindicados cobran una cantidad equivalente al salario estipulado en los convenios colectivos. Los trabajadores tienen derecho a la huelga, salvo los empleados del sector público que prestan servicios básicos. Los empleados que no pueden declararse en huelga tienen derecho a un proceso justo mediante arbitraje. Las huelgas son legales cuando no existe un contrato de empleo vigente y la acción está relacionada con las nuevas negociaciones del contrato.

Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, pero existe constancia de dichas prácticas entre las mujeres víctimas del tráfico de personas. La ley no regula un salario mínimo. En los convenios colectivos se determinan los salarios. Los salarios negociados proporcionan un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral es de 5 días y no más de 40 horas.