La república de Gabón está gobernada por una fuerte presidencia y el Partido Democrático Gabonés (PDG), que lleva en el poder desde 1968. El Presidente es el Jefe de Estado que más años lleva en su cargo de toda África y obtuvo el 79,2% de los votos en 2005. Sus rivales se quejaron de fraude en la votación, pero la comisión electoral dijo que las elecciones habían sido justas. El Presidente gobernó un estado monopartidista durante 23 años antes de introducir un sistema multipartidista en 1991.

El Presidente puede vetar las leyes, disolver el parlamento, convocar nuevas elecciones y dictar decretos con fuerza de ley fuera de las sesiones del parlamento. Las reformas constitucionales han eliminado los límites del mandato presidencial. Los ministros y los responsables paraestatales son nombrados por el Presidente. Las mujeres ocupan 11 de los 120 escaños en la Asamblea Nacional y 12 de los 91 en el Senado. Así mismo, 5 de los 43 miembros del Gabinete son mujeres.

Todos los principales grupos étnicos ocupan cargos importantes, pero los bateke ocupan muchos de los puestos directivos en las fuerzas de seguridad. El propio Presidente es bateke. Los pigmeos indígenas están al margen del proceso político, y poco se hace por incluirlos. El poder judicial es independiente pero está sujeto a la influencia política. En las zonas rurales, los conflictos menores se pueden resolver recurriendo al jefe local.

La discriminación por razones de origen nacional, raza, género u opinión está prohibida, pero la ley no se respeta.

Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de torturar a los detenidos para obtener confesiones, y el uso de la fuerza por parte de la policía ha provocado varios muertos. El ACNUR recibió informes de acoso y extorsión a los refugiados por parte de las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones y las huelgas son interrumpidas brutalmente.

Los ingresos del petróleo suponen más de la mitad del presupuesto. La renta per capita es de 4.580 USD. La distribución de la riqueza está muy sesgada. Hay informes sobre la corrupción y la gestión financiera indebida.

La libertad de expresión y de prensa están garantizadas, pero las 2 cadenas de radio y las 2 de TV que emiten en todo el país son propiedad del gobierno. Se puede ver la TV por satélite. Se dice que la correspondencia y las conversaciones telefónicas privadas están vigiladas.

Se ha promulgado una ley que tipifica como delito el tráfico de niños, pero el país sigue siendo un punto de destino para estos niños. Se trafica con mujeres y niños para su explotación sexual. Niñas de Benín y Togo se usan como empleadas domésticas o para trabajar en el sector informal. Los informes acusan a algunos funcionarios del gobierno de utilizar para el servicio doméstico a niños extranjeros víctimas del tráfico de personas. Policías y agentes de inmigración están acusados de facilitar el tráfico de niños. El gobierno y la OIT han puesto en marcha un proyecto para evitar el tráfico de niños y el trabajo infantil.

La educación es obligatoria hasta los 16 años. Menos de la mitad de los niños en edad de cursar secundaria van a la escuela, y el índice de asistencia entre los inmigrantes es aún más bajo. Los hijos de africanos sin ciudadanía no tienen tantas oportunidades de educación y muchas veces trabajan. Las escuelas públicas aceptan a niños inmigrantes, entre los cuales ahora se promueve la asistencia a clase. Los padres deben pagar los libros, uniformes y demás materiales escolares, lo que deja fuera de la educación a muchos niños.

Cada vez hay menos escuelas y el salario de los docentes está descendiendo, sobre todo en las zonas rurales. El gobierno cerró un instituto de secundaria en Libreville tras los disturbios causados por los alumnos en señal de protesta por la falta de transporte gratuito. Se han proporcionado 4.000 becas académicas. El 64% de las mujeres y el 78% de los hombres están alfabetizados. Las oportunidades de educación son escasas para los pigmeos, ya que son nómadas y no permanecen mucho tiempo en un mismo lugar.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel, el 73% de la educación es privada. La tasa bruta de matrícula (GER) es del 14%.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. El 49% de los alumnos de primaria son niñas. La GER es del 130%. De los alumnos que inician primaria, el 56% completa el último curso. El 34% de los estudiantes repiten curso. 7.807 docentes (45% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y todos están correctamente capacitados. El número de alumnos por docente (NAD) es de 36: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 7 años. El 3% de los estudiantes de secundaria inferior y el 19% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La GER es del 62% en secundaria inferior y del 32% en secundaria superior. El 22% de los estudiantes repiten curso. Hay 2.504 docentes en secundaria inferior (17% mujeres). El NAD es de 31: 1 en secundaria inferior.

Los alumnos gaboneses que estudian fuera lo hacen sobre todo en Francia (2.866), Canadá (228), Alemania (150), Marruecos (107) y EE.UU. (105).

La ley no prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad ni garantiza el acceso a los servicios de estas personas. Existe discriminación social, y las oportunidades de empleo y los centros de tratamiento son limitados.

Se han adoptado varias medidas para abordar las necesidades especiales de los niños con discapacidad, incluido un centro para niños con problemas auditivos y 2 centros privados para los niños que no pueden ir a la escuela a causa de su discapacidad. En ocasiones se proporcionan aparatos ortopédicos especiales a los niños con problemas de movilidad. Todos los niños discapacitados reciben una beca de educación, y los niños con alguna discapacidad física tienen derecho a acudir a los centros de primaria, secundaria y enseñanza superior. Los edificios no tienen por qué ser accesibles para las personas con discapacidad.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Gabón tenía pocos refugiados hasta mediados de 1990, cuando decenas de miles de personas que huían del conflicto civil en la República del Congo llegaron y se asentaron junto a los poblados existentes en las zonas rurales. Muchos se han trasladado desde entonces a entornos urbanos.

Quedan en el país unos 13.500 refugiados, 12.000 de la República del Congo y el resto de Chad y otros países. Algunos refugiados congoleños han sido repatriados voluntariamente. El ACNUR sigue proporcionando cursos de formación primaria y secundaria y capacitación a los niños refugiados, en colaboración con algunas ONG.

Los baka (pigmeos) viven en la selva tropical. Tienen los mismos derechos legalmente, pero viven de acuerdo con sus tradiciones y decisiones locales. Los pigmeos sufren graves discriminaciones sociales, y muchos de ellos viven en extrema pobreza. No existen programas específicos del gobierno para ayudar a los pigmeos. El estudio realizado por una ONG sobre la población pigmea reveló que la mayoría vive y trabaja en plantaciones por un plato de arroz y unos pocos centavos al día, en condiciones próximas a la esclavitud; de hecho, el informe decía que los niños pigmeos nacidos en esta situación eran propiedad del dueño de la plantación. Una familia normal vive con 0,13 USD al día.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica. El gobierno no restringe el acceso a Internet. Las críticas al gobierno no son bien aceptadas, por lo que resulta cuestionable la libertad de los académicos en su trabajo.

Las mujeres tienen derecho a la igualdad en el acceso a la educación, la empresa y las inversiones, pero aún es patente la discriminación social, sobre todo en las zonas rurales.

La violencia doméstica es común, también particularmente en las zonas rurales. La policía no suele intervenir en estos incidentes, y no se presentan denuncias. Los informes dejan constancia de la práctica de la mutilación genital femenina entre los residentes ilegales. Se mencionan casos de explotación sexual de empleadas domésticas, a menudo niñas.

Los menores de 16 años no pueden trabajar legalmente sin el permiso de los Ministerios de Trabajo, Educación y Sanidad Pública, aunque el trabajo infantil sigue siendo un grave problema. Infringir la ley relativa a la edad mínima para trabajar puede conllevar una sanción. La ley se respeta en las zonas urbanas con respecto a los niños ciudadanos, y pocos menores de 18 años trabajan en el sector asalariado formal. Sin embargo, la vida es muy distinta para los hijos de los residentes ilegales y para los habitantes de las zonas rurales. Los niños extranjeros trabajan en mercados o como empleados domésticos, y muchas veces la escuela no es una opción para ellos.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. Los trabajadores del sector privado están sindicados. Los salarios para las industrias se establecen mediante negociación colectiva. Los trabajadores no sindicados están cubiertos por el convenio colectivo de su sector. El derecho a la huelga está permitido, salvo para los empleados del sector público si la huelga pone en peligro la seguridad pública. La "tregua social" entre sindicatos, empresas y gobiernos está a punto de romperse porque los sindicatos amenazan con emprender una huelga, en señal de protesta porque el gobierno y las empresas no han cumplido los términos del acuerdo. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero existe.

El salario mínimo es de unos 120 USD al mes (60.000 XAF); los empleados del gobierno perciben un complemento mensual adicional de 40 USD (20.000 XAF) por hijo, así como ayudas para el transporte, la vivienda y la familia. La semana laboral generalmente es de 40 horas.