Tras las elecciones legislativas de 2003, celebradas con graves irregularidades, se produjeron protestas masivas que recibieron el nombre de Revolución de la Rosa y terminaron con la dimisión del Presidente. En enero de 2004 se celebraron nuevas elecciones presidenciales, y el líder de la oposición obtuvo una victoria aplastante con el 90% de los votos. En marzo se celebraron las elecciones al Parlamento, en las que el Movimiento Nacional se hizo con la mayoría de escaños.

Una serie de enmiendas constitucionales fortalecieron el poder del ejecutivo, que está bajo el control del Presidente. Los ministros son nombrados por el Presidente con el consentimiento del Parlamento. Las mujeres ocupan 22 de los 235 escaños del parlamento, y el cargo de presidente de la cámara lo ocupa también una mujer. En el Parlamento además hay 5 armenios y 3 azerbaiyanos como representantes de grupos minoritarios. Las elecciones de 2004 acercaron el proceso electoral a las normas internacionales.

Los conflictos regionales siguen sin resolverse, pero se mantiene el alto el fuego a pesar de los capítulos esporádicos de violencia. Los conflictos han provocado el reasentamiento de aproximadamente 230.000 desplazados internos procedentes de la región de Abkhazia, 12.200 desplazados internos de la región meridional de Ossetia y 2.600 refugiados de la vecina Chechenia. La estabilidad nacional es frágil. La Comunidad de Estados Independientes, de la que Georgia forma parte, mantiene fuerzas de mantenimiento de la paz en esta zona.

Todas las personas son iguales ante la ley, sin perjuicio de raza, color, lengua, sexo, religión, opinión política o de otra índole, pero la discriminación sigue siendo un problema.

El poder judicial está sujeto a la presión del ejecutivo y presuntamente es corrupto. La corrupción ha sido un grave problema, pero se trabaja para mejorar la situación.

Los miembros de las fuerzas de seguridad son acusados de torturar y maltratar para obtener dinero o confesiones. El informe de Human Rights Watch indica que los detenidos sufren un trato y unas condiciones inhumanas que ponen en peligro sus vidas.

De nuevo se están pagando las pensiones y los salarios públicos, y se hacen esfuerzos para comenzar a reducir los retrasos salariales acumulados.

La ley garantiza la libertad de expresión y de prensa, aunque estas libertades no se respetan en su totalidad. Se piensa que continua la vigilancia de las conversaciones telefónicas privadas sin orden judicial. Una nueva ley ayuda a los periodistas a proteger a las fuentes y a los chivatos. Los periodistas también pueden rechazar la asignación de una misión por motivos de "objeción de conciencia". La difamación ya no es un delito penal, y los periodistas pueden grabar conversaciones con micrófonos ocultos. La publicación y circulación de medios impresos está limitada por el escaso presupuesto. Los medios de comunicación internacionales trabajan libremente. Aunque ha disminuido la intimidación y el acoso que sufrían los periodistas, continúa la práctica de la autocensura. El acceso a Internet no está restringido.

El tráfico de personas está prohibido, pero Georgia es un punto de origen y tránsito de las víctimas de estas mafias. La cooperación regional para descubrir redes de tráfico y ayudar a la repatriación forma parte de los esfuerzos por frenar el tráfico de personas. Las mujeres son víctimas del tráfico de personas para trabajar en el sector del espectáculo para adultos o como prostitutas.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 14 años. La educación básica finaliza a los 16 años. Aunque es oficialmente gratuita hasta el instituto, en la práctica las escuelas sólo pueden funcionar con la aportación financiera de los padres, por lo que se cobran ciertas tasas para que los niños puedan cursar todos los niveles de educación. Las instalaciones escolares son inadecuadas, muchas de ellas carecen del material básico (bibliotecas, tizas y pizarras) y en algunos casos la calefacción debe permanecer encendida en invierno. A menudo los docentes no reciben paga alguna, o les pagan los padres.

Como consecuencia, cada vez son más los niños que abandonan los estudios porque los padres no pueden pagar los gastos pertinentes. El soborno es endémico en el sistema educativo, y a veces las buenas notas y las recomendaciones se venden. Se han instaurado exámenes de acceso a la universidad para luchar contra el soborno y para deshacerse de la corrupción en el proceso de matrícula en la universidad. Se han creado consejos supervisores de padres y docentes en los centros de secundaria para mejorar la supervisión de la gestión escolar. Los cálculos indican que se han destinado 30 millones de dólares a sobornos (54 millones de GEL), cantidad que supera el presupuesto total de la educación.

En torno a 1.500 niños de la calle viven en Georgia, de los cuales 1.200 residen en la capital, Tbilisi. Los orfanatos no pueden acoger el creciente número de niños que necesitan cuidados. Se ofrecen becas de educación y tutorías para ayudarles. Sin embargo, la opción que tienen los menores que abandonan el orfanato para matricularse en escuelas militares genera plantea serias cuestiones. Los alumnos de cuarto curso están obligados a estudiar a historia de las principales religiones, pero se han presentado quejas porque la asignatura se centra únicamente en la Iglesia Ortodoxa de Georgia (GOC), que tiene un papel consultivo en todo el desarrollo curricular. El Concordato de la Iglesia Ortodoxa introdujo la enseñanza de la Ortodoxia como asignatura opcional en el plan de estudios. Una nueva ley obliga a impartir la asignatura de ortodoxia fuera del horario escolar y exige que no sea impartida por las escuelas o los docentes. El clérigo no puede participar en las actividades extracurriculares de los estudiantes ni dirigirlas. Se ha formado un grupo de trabajo conjunto para desarrollar el plan de estudios, elegir a los docenas y elaborar el material preciso para la enseñanza del Cristianismo Ortodoxo.

El programa de preescolar, de 3 años de duración, comienza a los 3 años. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 41%.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 14 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. El 3% de la educación primaria es privada. La TNM es del 93% (48% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso , el 98% llegan al último curso de primaria. Hay 16.500 maestros de primaria (95% mujeres), y el 97% han recibido la formación adecuada. El número de alumnos por docente (NAD) es de 14 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 5 años. El 3% de la educación secundaria es privada. El 3% de los estudiantes de secundaria inferior y el 8% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La TNM es del 81%. Hay 48.965 docentes de secundaria (82% mujeres). El NAD es de 9 : 1.

155.058 alumnos (51% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 41%. El 19% de la educación terciaria es privada. 1.058 alumnos extranjeros estudian en Georgia, en su mayoría procedentes de Asia (780), Europa Central y Oriental (258) y Norteamérica y Europa Occidental (17). Al mismo tiempo, 6.697 alumnos georgianos estudian fuera, sobre todo en Alemania (3.000), la Federación de Rusia (1.357), Armenia (932), EE.UU. (373) y Francia (275).

Las personas con discapacidad suelen ser excluidas de la sociedad georgiana. Normalmente van a escuelas diferentes o son internadas. La discriminación de las personas con discapacidad es un problema en la educación y en otros servicios públicos. La mayoría de las personas discapacitadas reciben ayuda de sus familias o de donaciones humanitarias internacionales. Se están empezando a debatir posibles cambios para ayudar a las personas con discapacidad.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. La guerra con Ossetia del Sur rompió la coexistencia y generó un desplazamiento masivo de los habitantes de Ossetia. 13 años después del alto el fuego, en torno a 60.000 desplazados siguen sin recuperar el derecho sobre sus propiedades o sin ser indemnizados por sus pérdidas. En 1989 había 164.055 osetianos en Georgia; actualmente sólo quedan 38.028. Los refugiados que están registrados pueden enviar a sus hijos a la escuela y recibir otros servicios.

Como miembro del Consejo de Europa, Georgia está obligado a ratificar la Convención Europea sobre los Derechos de las Minorías. Sin embargo, es uno de los países miembro que aún no lo ha hecho. La ratificación de esta Convención obligaría a Georgia a resolver los problemas que afrontan las minorías, porque la Convención especifica los principios legales necesarios para garantizar la protección de las minorías nacionales.

Normalmente se respetan los derechos de las minorías étnicas en las zonas no conflictivas, pero la autonomía del gobierno es muy limitada en las regiones donde viven los armenios, azerbaiyanos, griegos, abkhazos y osetianos étnicos. Estas minorías hablan su lengua nativa o ruso, mientras que la lengua oficial es el georgiano. La inestabilidad de las regiones habitadas por grupos minoritarios ha provocado el despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes.

Aunque los informes oficiales no mencionan violaciones de la libertad académica, la corrupción domina presuntamente todo el sistema de enseñanza superior de Georgia. Las áreas problemáticas son los exámenes universitarios, los títulos académicos, la adquisición de bienes y servicios y la concesión de licencias y títulos de las instituciones. Los informes recogen casos de conductas profesionales inadecuadas tales como soborno, fabricación de diplomas, falsificación de los resultados de los exámenes, influencias y amiguismo.

El área más corrupta parece ser el de las admisiones a la universidad. El sistema de admisiones se basa en exámenes orales, por lo que la mayoría de las admisiones en los centros públicos se vendieron directamente a posibles estudiantes, y sólo entre el 15% y el 20% de los alumnos que entraron a la universidad lo hicieron sin pagar sobornos. Ahora se ha instaurado un examen escrito de admisión para tratar de resolver la situación.

Hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero en la práctica no es así. El acceso al mercado laboral ha mejorado para las mujeres, pero principalmente en puestos de baja cualificación independientemente de la preparación de la mujer. El resultado es que ganan menos que los hombres. Los informes hacen referencia a la existencia de acoso sexual y violencia contra la mujer en el lugar de trabajo, pero pocas veces se investigan estos casos. Muchas mujeres buscan trabajo fuera del país.

La violencia doméstica es una de las causas principales de divorcio y no se suele denunciar. En las zonas rurales se continúan secuestrando a mujeres para obligarles a contraer matrimonios forzados, pero es menos frecuente. La prostitución no es un delito penal y es generalizada. El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual también es un grave problema.

La edad mínima para trabajar es de 16 años. En casos excepcionales se puede trabajar con 14 ó 15, pero con el permiso paterno. Los menores de 18 años no pueden realizar labores subterráneas ni peligrosas para salud, y los de 16 y 17 años tienen que trabajar menos horas. No obstante, el cumplimiento de esta ley se garantiza sólo de forma esporádica. La prostitución y la pornografía infantil se pueden castigar con penas de prisión de hasta 3 años. Los informes también hablan del tráfico de niños de la calle y niños de orfanato. La desintegración de familias que viven en condiciones económicas extremas ha aumentado el número de niños de la calle.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. La Liga de Sindicatos de Georgia (GTUA) está compuesta por 31 sindicatos sectoriales con más de 500.000 miembros. Los trabajadores, incluidos los docentes, se quejan de intimidación por parte de los empleadores frente a la organización sindical. La negociación colectiva está permitida pero no es una práctica generalizada. Los trabajadores tienen derecho a la huelga con ciertas restricciones.

El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, pero los informes apuntan que sí existe. El salario mínimo y los salarios y pensiones no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un trabajador y su familia. La semana laboral es de 41 horas.