Al frente de la democracia parlamentaria bicameral de Granada están el Primer Ministro y el Gabinete. El Gobernador General es el Jefe de Estado. El Nuevo Partido Nacional obtuvo 8 de los 15 escaños parlamentarios en las elecciones de 2003, celebradas de forma libre y justa mediante sufragio universal y voto secreto. Las mujeres ocupan 4 de los 15 escaños en la Cámara, 4 de los 12 del Senado y 6 en el gabinete, y ocupan además la mayoría de los puestos superiores del funcionariado público. El poder judicial es independiente.

Está prohibida la discriminación por razones de raza, origen, ideología, color, credo y sexo, y la ley se hace cumplir.

El azote es una forma legal de castigo, pero apenas se utiliza salvo para los delitos sexuales. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad son acusados de violar derechos humanos. La ley no establece el acceso a la información del gobierno, pero las peticiones de información no confidencial se suelen satisfacer.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. Los medios independientes trabajan activamente y expresan diversidad de opiniones. La asociación de trabajadores caribeños de los medios y el comité para la defensa de los periodistas han criticado al Gobierno por tratar de intimidar a los medios de comunicación por desvelar un presunto uso indebido de fondos. El acceso a Internet no está limitado.

El tráfico de drogas a través de Granada ha hecho que se establezca un plan para abordar el consumo y el tráfico de drogas.

El huracán Iván provocó graves daños, incluida la destrucción del 40% de las viviendas y el 91% de la selva tropical; el sector agrícola también resultó gravemente perjudicado. El huracán tiró abajo las escuelas y el material quedó inservible. Los miembros de la IE ayudaron a sus colegas en la reconstrucción del sector de la educación. La economía se contrajo un 3,6%. Soldados y policías de otros países caribeños prestaron su ayuda en el período que siguió al huracán.

La educación se ajusta al sistema británico, y es obligatoria, gratuita y universal entre los 5 y los 16 años. Hay 57 escuelas de primaria y 19 de secundaria. Hay varios centros de postsecundaria y un departamento externo de la Universidad de las Indias Occidentales. La destrucción de las escuelas por el huracán Iván ha hecho precisa una intensa labor de reconstrucción.

A la edad de 3 años comienza un programa de EPI de 2 años. El 32% de la EPI es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 80%. De los 228 docentes que trabajan en este nivel, el 99% son mujeres. El porcentaje alumnos/maestro (NAD) es de 15: 1.

La educación es obligatoria entre los 5 y los 16 años. La educación primaria comienza a los 5 y dura 7 años. La TNM es del 84% (43% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso, el 83% llegan al último curso de primaria. El 3% de los estudiantes repiten curso. 895 docentes (76% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y el 68% están correctamente capacitados. El NAD es de 18: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 5 años. El 16% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 78%. El 8% de los estudiantes repiten curso. Hay 740 docentes en la enseñanza secundaria, 500 (64% mujeres) en secundaria inferior y 240 (61% mujeres) en secundaria superior. El NAD es de 19: 1 en secundaria inferior y de 22: 1 en la superior.

Alumnos granadinos estudian en el extranjero, sobre todo en EE.UU. (229), Cuba (93), Reino Unido (43), Trinidad y Tobago (40) y Canadá (16).

Se prestan servicios de prueba y rehabilitación a jóvenes, servicios de atención y cuidado de niños durante el día y asistencia financiera a los 6 hogares infantiles gestionados por organizaciones privadas. Las personas con discapacidad no están protegidas frente a la discriminación en lo que se refiere a la contratación. El gobierno presta servicios de educación para niños con discapacidad. Algunas ONG han puesto en marcha otros programas de educación y formación.

Granada no firmó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y tampoco ha establecido un sistema de protección legal para los refugiados, pero colabora con la oficina del ACNUR. Aunque actualmente Granada no acoge a refugiados en su territorio, la ausencia de acuerdos legales e institucionales para la protección de los refugiados es motivo de preocupación.

En Granada conviven pequeñas minorías de indios orientales y descendientes de los antiguos colonizadores franceses y británicos, así como los nuevos inmigrantes procedentes de Norteamérica y Europa. A pesar de que el inglés es el idioma aceptado, algunas personas siguen hablando patois.

Los informes no indican que exista restricción alguna sobre la libertad académica, y el acceso a Internet no está limitado.

Las mujeres tienen los mismos derechos legales que los hombres, pero siguen cobrando menos que ellos por realizar un trabajo de igual valor, aunque la diferencia salarial se reduce en los puestos mejor pagados. La ley prohíbe el acoso sexual. La violencia doméstica está prohibida pero sigue siendo un problema. El personal del servicio de seguridad ha sido acusado de haber abusado de mujeres tras el huracán, negociando ayudas para paliar los efectos del desastre a cambio de sexo.

El trabajo infantil es ilegal; los menores trabajan en el sector agrícola, en las fincas de la familia. La edad mínima para trabajar es de 18 años, y esto se respeta en el sector formal; en el sector informal, sin embargo, es más difícil hacer cumplir esta ley.

Los trabajadores pueden asociarse y formar sindicatos, y el 45% de los trabajadores están sindicados. La federación paraguas, el Consejo de Sindicatos granadinos, incluye a los principales sindicatos y sus miembros. La negociación colectiva es una práctica común. Los trabajadores tienen derecho a la huelga. Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, y la prohibición se hace cumplir.

Un Comité Consultivo de Salarios tripartito establece los salaries mínimo para las distintas categorías de trabajadores; el salario mínimo no proporciona un nivel de vida decente al trabajador y su familia. La mayoría de los trabajadores perciben las prestaciones establecidas en los convenios colectivos entre las empresas y los sindicatos para mejorar el nivel de vida. La ley establece una semana laboral de 40 horas como máximo.