El poder en esta república se concentra en manos del Presidente. El Presidente actual ocupó su cargo en 1984 como jefe de una junta militar; entre 1994 y 2003 ha resultado elegido. El Partido de Unidad y Progreso y los partidos aliados obtuvieron 91 de los 114 escaños en la Asamblea Nacional. El poder del Presidente se ve respaldado por el hecho de que los máximos cargos militares y del gabinete están ocupados por miembros de su grupo étnico, los soussou. El Presidente puede ser elegido un número ilimitado de veces para períodos de 7 años. Hay 46 partidos políticos reconocidos, aunque sólo 5 tienen miembros en la Asamblea Nacional.

Los empleados del gobierno deben hacer campaña a favor del partido en el poder en las elecciones. Los soussou ocupan ada vez más cargos nombrados del sector público. Hay 20 diputadas en la Asamblea Nacional y 5 en el Gabinete de 26 miembros. Las mujeres tienen un papel secundario en los partidos políticos. El poder judicial es independiente, pero está sujeto a la influencia del ejecutivo; los informes indican que la corrupción es generalizada en el sistema judicial y en el gobierno.

Está prohibido discriminar por motivos de género, raza, origen étnico, lengua, creencia, opinión política, ideología o credo, pero la ley no se hace cumplir.

El Presidente puede anular las decisiones legislativas, y de hecho lo hace. Es habitual que los jefes de los poblados apliquen la justicia tradicional. La línea entre los sistemas de la justicia formal e informal es muy delgada. La justicia tradicional discrimina a la mujer. Algunos informes hablan de un sistema judicial encubierto, gestionado por personal no identificado y no informado, al que se acusa de utilizar la tortura en prisiones secretas para obtener confesiones. Los presos políticos acusados de conspirar el golpe de estado en 2003 siguen en prisión. Las fuerzas abusan de los refugiados con total impunidad.

La economía se basa en la economía de subsistencia, el crecimiento se ha estancado y la ayuda exterior ha disminuido. El aumento del precio de los productos básicos, los frecuentes enfrentamientos por el poder y la escasez de agua contribuyen a la situación de penuria. Los salarios no han subido al ritmo de la inflación, y los precios de los alimentos han subido un 30%.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica se ve limitada. No se han promulgado leyes relativas al acceso a la información. Los diarios, la televisión y la radio son propiedad del estado. Los periodistas evitan comentar temas polémicos y practican la autocensura. Existen algunas publicaciones extranjeras y se pueden ver programas extranjeros en la televisión por satélite, aunque es demasiado caro para la mayoría de los ciudadanos. El acceso a Internet no está restringido.

El tráfico de personas está prohibido, pero se comercia con mujeres y niños dentro y fuera del país con fines sexuales. El tráfico de niños es habitual. El país es un punto de tránsito para los comerciantes de África Occidental que envían niños a Europa a otros países africanos. Los refugiados de Sierra Leona y Liberia son víctimas fáciles del tráfico de personas. Hay informes que hablan de hospitales que se niegan a tratar a pacientes con SIDA por el desconocimiento existente sobre la enfermedad.

Se aumentó la asignación presupuestaria para la educación primaria, pero esos fondos no se han gastado. La educación primaria es gratuita y obligatoria entre los 7 y los 12 años; los índices de matrícula reflejan la incapacidad de los padres de pagar el resto de los gastos de educación. Los gastos correspondientes a libros, materiales, uniformes y demás hacen que la educación esté fuera del alcance de muchos. Como se puede ver en las estadísticas de abajo, la tasa neta de matrícula es muy baja; el número de alumnos por clase es muy alto y las oportunidades para algunos son limitadas.

Las niñas suelen trabajar para ayudar a pagar la educación de sus hermanos. Algunos informes hacen referencia a las agresiones sexuales que sufren las niñas en la escuela. También se mencionan matrimonies de niñas de apenas 11 años. Las niñas son víctimas del comercio sexual y la mano de obra barata.

A la edad de 3 años comienza un programa de 4 años. En este nivel, el 91% de la educación es privada. La tasa neta de matriculaciones (NER) es del 6%. El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 36 : 1.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 12 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 6 años. La TNM es del 64% (69% de niños, 58% de niñas), y el 43% de los alumnos son niñas. El 21% de la educación primaria es privada. De los alumnos que inician la primaria, el 77% llegan al último curso. El 10% de los estudiantes repiten curso. 25.361 docentes (24% mujeres) trabajan en este nivel. El NAD es de 45: 1.

La educación secundaria comienza a los 13 y dura 7 años. El 2% de los estudiantes de secundaria inferior y el 10 % de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La TNM es del 21% (21% de los niños, 14% de las niñas). El 12% de los estudiantes repiten curso. Hay 10.465 docentes de secundaria en total: 6.868 en escuelas de secundaria inferior y 3.597 en secundaria superior. El NAD es de 21: 1 en secundaria inferior y de 20: 1 en la superior.

17.218 alumnos (16% mujeres) estudian en centros de terciaria. La tasa bruta de matrícula (GER) es del 2%. 4.559 alumnos guineanos estudian fuera, sobre todo en Francia (1.263), Portugal (268), Marruecos (263), EE.UU. (250) y Alemania (241).

No existen disposiciones constitucionales especiales acerca de las personas con discapacidad. Pocas son las personas discapacitadas que trabajan. Se ha puesto en marcha un programa comunitario de rehabilitación para personas con discapacidad y una escuela para sordomudos, además de una escuela para personas ciegas. El gobierno tiene que terminar aún las obras de un instituto para ciegos en Kankan, donde la ceguera de los ríos es endémica. Se necesita un equipo para el laboratorio de tratamiento ortofónico en la escuela de sordomudos. La ayuda internacional permitirá dotar a las 3 principales ciudades del país de un centro de equipos para personas discapacitadas.

A lo largo del año, el ACNUR y el gobierno confirmaron que todos los desplazados han sido reintegrados en sus comunidades. La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Se ha acogido en el territorio a los refugiados de países vecinos. 78.000 refugiados recibieron ayuda del ACNUR. Apenas existe información sobre las oportunidades de educación para los refugiados.

Ningún grupo étnico representa la mayoría de la población, y existe una fuerte identificación étnica. Los malinke constituyen el 30% de la población. Los fulani (peuhl), que también son el 30%, son el grupo más disperso en África Occidental. Son nómadas y pocas veces contraen matrimonio con personas de otro grupo étnico. Los soussou (20%) son en la actualidad el grupo étnico y político dominante en Guinea, debido a sus vínculos con el poder político (el Presidente es soussou).

La libertad académica está limitada, a través de la influencia del gobierno en la contratación de los profesores y el control del programa y la autocensura. Varios alumnos han sido expulsados y detenidos, y algunos centros han sido cerrados por oponerse a los cambios del gobierno. La eliminación de las residencias universitarias ha aumentado las dificultades para los estudiantes.

Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres ante la ley, pero sufren discriminación y violencia. En las zonas rurales, las mujeres se ocupan de una gran parte de las labores de agricultura de subsistencia. Estas labores, junto con la responsabilidad de los hijos y las escasas oportunidades de educación que tienen, limitan sus opciones en la vida. A pesar del principio legislado de igualdad en el pago por un trabajo de igual valor, las mujeres cobran menos que los hombres. Las leyes de sucesión favorecen a los herederos varones. La poligamia es habitual. El divorcio favorece a los hombres tanto en la custodia de los hijos como en el reparto de bienes. Las pruebas legales de las mujeres tienen menos validez que el testimonio de los hombres.

La violencia doméstica es habitual, aunque las mujeres no suelen denunciar los malos tratos ante la policía, que se resiste a intervenir en los conflictos domésticos. El acoso sexual no está prohibido por la ley. La mutilación genital femenina (MGF) es habitual es todas las regiones y en todos los grupos étnicos y religiosos, y de hecho el país tiene uno de los índices mas altos de MGF en el mundo. Aunque es ilegal, pocas veces se emprenden acciones judiciales. La MGF aumenta el riesgo de infección por VIH porque las mujeres comparten instrumentos no esterilizados. Sin embargo, las personas que practican la MGF se oponen a su erradicación porque es una práctica lucrativa.

La edad mínima para trabajar es de 16 años. Los aprendices pueden empezar a hacerlo desde los 14 años. Los menores de 18 años no pueden trabajar de noche o durante más de 10 horas consecutivas. El 48% de los menores de 15 años trabajan; son el 20% del total de la población activa y el 26% de los trabajadores agrícolas. Los niños que trabajan lo hacen sobre todo en el sector informal y en la agricultura de subsistencia.

Algunos niños musulmanes son enviados a vivir con un maestro coránico para instruirse en el árabe, el Islam y el Corán. Trabajan para el maestro como forma de pago. Los niños de las zonas rurales son enviados a vivir con los familiares de la ciudad para ir a la escuela. Muchas veces, la familia de acogida no puede pagar las tasas académicas y los niños trabajan para pagarse la habitación y la comida o se emplean como servicio doméstico barato. Las peores formas de trabajo infantil se encuentran en el sector minero. Algunos informes mencionan el trabajo infantil forzado u obligatorio.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los militares y paramilitares. Los salarios se negocian colectivamente. Los trabajadores asalariados, incluidos los empleados civiles del sector público, tienen derecho a la huelga. Sin embargo, los huelguistas sufren a menudo intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad. La ley prohíbe las huelgas en los servicios básicos. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero existe.

El gobierno puede establecer un salario mínimo por hora, pero no lo ha hecho. Los salarios habituales no proporcionan un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La semana laboral no debe tener jornadas de más de 10 horas ni más de 48 horas en total.