Guinea-Bissau es uno de los países más pobres del mundo. El Presidente de la república multipartidista, elegido en el año 2000, frenó la transición del país a la democracia, disolvió la Asamblea Nacional Popular en 2002 y fue depuesto por un golpe militar en 2003. Los dirigentes militares, políticos y de la sociedad civil eligieron entonces al Presidente de un gobierno de transición. En las elecciones, consideradas libres y Justas, el Partido Africano por la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde (PAIGC) se hizo con 45 de los 100 escaños de la Asamblea. Se esperaba que las elecciones presidenciales de 2005 acabaran con los años de la dictadura; un antiguo jefe militar fue elegido Presidente, con el 52% de los votos en la segunda ronda. Hay 14 mujeres en la Asamblea, 3 ministras y 2 secretarias de estado. Todos los grupos étnicos están representados en el gobierno.

El poder judicial cada vez es más independiente, pero la corrupción sigue siendo un problema. Los magistrados cobran muy poco y necesitan formación. Las prácticas tradicionales prevalecen en las zonas rurales.

Está prohibida la discriminación por razones de sexo y raza, pero estas disposiciones se hacen cumplir con rigor. Aunque las pruebas obtenidas mediante la tortura no son válidas, se acusa a las fuerzas de seguridad de utilizar dicha técnica. La policía cobra ahora su salario de forma regular, pero se les ha debido hasta 2 años de salario. La impunidad y la corrupción son dos problemas graves. Los informes mencionan asesinatos políticos a manos de las fuerzas de seguridad.

La deuda externa del país es masiva, y su economía se basa sobre todo en la ayuda exterior. El gobierno ha renovado sus relaciones con la comunidad internacional. En 1998 se sustituyó el mercado desintegrado por un sistema de permuta. Antes del golpe militar de 2003, la mayoría de los empleados públicos llevaban más de dos años sin cobrar, aunque el gobierno ha reanudado ahora el pago de los salarios.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica se ve limitada. La ley no reconoce el acceso a la información pública. Los medios de comunicación cada vez son más abiertos, y los informes indican que hay menos autocensura por parte de los periodistas. El acceso a Internet no está limitado. Los niños son objeto del tráfico de personas dentro y fuera del país. No se han aprobado leyes contra el tráfico de personas.

Los recursos disponibles para la educación son limitados, pero las escuelas de primaria y secundaria funcionan y los docentes cobran su salario. El gobierno recurre a la ayuda externa para financiar el 90% de la educación. En 2003, las escuelas permanecieron cerradas durante la mayor parte del año. Los docentes no cobraron y tuvieron que trabajar en otra parte para sobrevivir.

Muchos hijos de madres solteras no son inscritos en el momento del nacimiento y por tanto no pueden acceder a la escuela. Legalmente, la educación primaria es obligatoria entre los 7 y los 12 años. Sin embargo, la educación ni es gratuita ni es obligatoria. El sistema educativo carece de instalaciones apropiadas y docentes cualificados. En algunas escuelas rurales únicamente se puede estudiar el primer curso o el primero y el segundo. Las escuelas públicas deberían ser gratuitas hasta el cuarto curso, pero los padres tienen que pagar gastos distintos al de la matrícula.

El estudio sobre el Programa de Desarrollo de la ONU indica que el 60% de los niños en edad escolar no va a la escuela. Algunos niños varones van a escuelas coránicas de Senegal, pero muchos de ellos son explotados y trabajan como mendigos en la calle con el fin de ganar dinero para los responsables de la escuela.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel, el 62 % de la educación es privada. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 29%.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 12 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 6 años.

La educación secundaria comienza a los 13 y dura 5 años.

579 alumnos de Guinea Bissau estudian fuera, sobre todo en Portugal (348), Cuba (58), Francia (44), Marruecos (26) e Italia (25).

La ley no prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad, y tampoco regula el acceso a la educación de los niños discapacitados. Se han hecho algunos esfuerzos para ayudar a los militares veteranos inválidos a través de programas de pensiones, pero no se ha abordado el tema de los Derecho a la educación de los niños discapacitados.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Hay unos 7.700 refugiados senegaleses en el país.

Los principales grupos étnicos son los balante (27%), los fulani (23%), los malinke (12%), los mandyako (11%) y los pepel (10%). Los mestizos, mulatos y asimilados, de origen racial mixto, son minorías influyentes a pesar de representar sólo el 2% de la población.

No hay ninguna universidad en el país, pero sí hay centros de capacitación del profesorado, atención y formación profesional La libertad de expresión y de prensa no está restringidas en estos centros.

Hombres y mujeres son iguales ante la ley, y la discriminación por motivos de género está prohibida. En las zonas rurales, donde la discriminación es habitual, se aplica el derecho consuetudinario y el derecho islámico. Las mujeres que viven en las zonas rurales se encargan del trabajo en los campos de subsistencia, y apenas acceden a la educación o a otro empleo. Algunos grupos étnicos no permiten a las mujeres gestionar las tierras o heredar propiedades.

La violencia contra la mujer es endémica, aunque no se denuncia a las autoridades. La mutilación genital femenina (MGF) se practica entre los fulani y los malinke. La práctica no es ilegal y cada vez se utiliza más, a pesar de la campaña nacional de educación que llevó a cabo un comité nacional para frenar esta práctica.

La ley no protege a los niños de la explotación en el trabajo. La edad mínima legal para trabajar es de 14 años para el trabajo general de fábrica y 18 años para tareas pesadas y peligrosas. El pequeño sector formal suele cumplir la ley, pero la inspección y la ejecución forzosa de la ley se llevan a cabo con poco rigor. Los niños trabajan como comerciantes callejeros en la ciudad; los niños del campo trabajan como empleados domésticos y trabajadores agrícolas, y muchas veces no cobran porque lo hacen en el seno de su familia. Estos niños no reciben apenas educación.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. La mayoría de la población se dedica a la agricultura de subsistencia, donde normalmente no hay sindicatos. La mayoría de los sindicalistas son miembros del gobierno o empleados paraestatales. La ley no reconoce la negociación colectiva, pero la mayoría de los salarios se establecen mediante consultas bilaterales entre los trabajadores y la empresa. Los trabajadores tienen derecho a la huelga siempre que lo comuniquen con antelación. Desde las elecciones no se han producido huelgas generalizadas. El gobierno reanudó el pago a docentes, funcionarios públicos y médicos, que no cobraban desde 2000. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero existe.

El Consejo de Ministros establece los salarios mínimos para todas las categorías de trabajo, pero no los hace cumplir estrictamente. El salario mínimo es de 29,60 USD (14.800 XOF) al mes, además de una bolsa de arroz. Esto no es suficiente para proporcionar un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. Los ingresos se complementan con la agricultura de subsistencia. La semana laboral es de un máximo de 45 horas, pero el gobierno no obliga al cumplimiento de esta norma.