La República Cooperativa de Guyana tiene un sistema legislativo multipartidario con el Presidente a la cabeza, que se elige cada 5 años. El Presidente designa el Primer Ministro y el Gabinete. El sistema político se basa en una combinación de representación proporcional y diputados elegidos directamente. La Asamblea Nacional tiene 65 escaños elegidos, de los cuales 25 se eligen directamente y los otros 40 se ocupan de forma proporcional a partir de las listas de candidatos elegidos por los partidos regionales. El Partido Progresista/Cívico del Pueblo ha sido reelegido para gobernar, así como el Presidente que estaba en el cargo. Los principales partidos políticos se fundamentan en la etnia, y el descontento social y la violencia ha estropeado el clima tras las elecciones.

Las mujeres y las minorías participan activamente en el proceso político. Un tercio de los candidatos parlamentarios deben ser mujeres. Hay 19 mujeres en la Asamblea Nacional y 3 en el Gabinete de 20 miembros. El Canciller de la judicatura es una mujer. Hay 4 amerindios en la Asamblea Nacional y 1 en el Gabinete. El poder judicial es independiente según la ley, pero está sujeto a la influencia del poder ejecutivo y se le acusa de ser ineficaz.

La ley reconoce los derechos fundamentales de toda persona con independencia de su raza, sexo, religión u origen nacional, pero las disposiciones de la ley no se hacen cumplir con rigor. El acceso a la información del gobierno no está legislado, y los funcionarios se resisten a proporcionar información sin el consentimiento de los niveles superiores. La tortura es ilegal, pero continúan las acusaciones de abuso contra la policía. Aproximadamente el 35% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa. Los periodistas expresan diversas opiniones sin restricción alguna. El acceso a Internet tampoco está limitado, y los medios internacionales pueden trabajar libremente, aunque la única cadena de radio del país es del gobierno.

Los informes indican la existencia de tráfico interno y externo de personas, y se han promulgado leyes al respecto. Las personas infectadas por VIH/SIDA sufren discriminación, incluido el despido y la negación de empleo por su condición de seropositivos.

La educación es por ley gratuita, obligatoria y universal entre los 5 y los 14 años. Sin embargo, el sistema de educación pública sigue en deterioro y es posible que para 2015 Guyana no disponga de educación primaria. Las instalaciones en Georgetown son mejores que en otros lugares del país; los niños que viven en las zonas rurales o en barriadas tienen escasas oportunidades de educación, pero los períodos largos de aislamiento urbano disuaden a la gente de mudarse fuera de la ciudad. Muchos niños trabajan para contribuir a la economía familiar o se encargan del cuidado de sus hermanos para que los padres puedan trabajar. El sistema educativo se ha deteriorado gravemente, y la desigualdad es patente en todos los niveles.

Los docentes cualificados suelen trabajar en las ciudades, porque las viviendas rurales no son apropiadas y apenas existen recursos educativos en las zonas rurales. Los problemas de la educación están relacionados con el descenso en el número de docentes cualificados; sus salarios y condiciones de trabajo son tan penosos que muchos han encontrado otro empleo o han emigrado. Guyana cuenta con una universidad financiada con fondos públicos. Los alumnos deben pagar la mayor parte del coste de la matrícula, aunque algunos se pueden beneficiar de los planes de préstamos del gobierno.

Los castigos corporales son una práctica común en las escuelas y los hogares. Los directores tienen que estar presentes cuando se aplica el castigo corporal en la escuela. El Ministerio de Educación ha puesto en marcha un programa para dejar atrás el castigo corporal en las escuelas. Las siguientes estadísticas son oficiales, pero las ONG consideran que han sido infladas.

A la edad de 4 años comienza un programa de 2 años. En este nivel el 1% de la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 91%. De los 2.237 maestros que trabajan en EPI, el 99% son mujeres, y sólo el 46% tiene la formación adecuada. El porcentaje alumnos/maestro (NAD) es de 15: 1.

La educación es obligatoria entre los 5 y los 14 años. La educación primaria comienza a los 5 y dura 6 años. La TNM es del 94% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso, el 59% llegan al último curso de primaria. El 1% de los estudiantes repiten curso. 4.174 docentes (66% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y el 57% están correctamente capacitados. El NAD es de 27: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 5 años. El 10% de los estudiantes de secundaria inferior y el 5% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. Hay 3.041 educadores de secundaria (65% mujeres) en secundaria inferior y 901 (65% mujeres) en secundaria superior. El 57% de los docentes de secundaria han recibido la formación adecuada. El NAD es de 16: 1 en secundaria.

6.693 alumnos (65% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 9%. Hay 3.497 alumnos guyaneses estudiando en el extranjero, sobre todo en EE.UU. (1,004), Argentina (563), Cuba (468), Chile (371) y Alemania (219).

La Comisión Nacional de Discapacidad está preparando una nueva legislación relativa a las personas con discapacidad. Las escuelas y los centros de formación para niños y jóvenes con discapacidad no disponen de personal capacitado y están muy mal equipados.

El gobierno no ha ratificado la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados ni su Protocolo de 1967, y no ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El ACNUR continúa exigiendo al gobierno que ratifique la Convención de la ONU sobre los Refugiados.

Los indígenas amerindios se dividen en 9 grupos tribales y componen el 8% de la población del país. Viven en reserves y poblados remotos del interior, con un nivel de vida extremadamente bajo, y participan poco en las decisiones que afectan a sus vidas o en la asignación de los recursos naturales. El acceso a la educación en las comunidades amerindias es muy limitado, y se ve obstaculizado por la lejanía y la cultura nómada.

La enseñanza es en inglés, y las lenguas de los indígenas están en peligro de extinción. Las tensiones étnicas entre los ciudadanos de origen africano y los de origen surasiático afectan a la vida social y política. Las organizaciones sociales y políticas están polarizadas por etnias, y sigue existiendo la discriminación y la exclusión. Aunque se reconoce que una sociedad intolerante es perjudicial para los niños en las aulas, no se han producido apenas mejoras en las relaciones raciales. El personal del cuerpo de funcionarios y de las fuerzas de seguridad es principalmente afroguyanés.

Los informes no indican que exista restricción alguna sobre la libertad académica, y el acceso a Internet está limitado únicamente por el coste y la ubicación.

Las mujeres constituyen un importante porcentaje de la población activa, pero a pesar de la promulgación de las leyes relativas a la igualdad de género no gozan de igualdad en el trato. La ley prohíbe despedir a las mujeres por estar embarazadas.

El acoso sexual no está prohibido por la ley. El testamento de un hombre se puede anular si no tiene en cuenta a su viuda y ella dependía económicamente de él. Las mujeres que viven fuera de la capital tienen muy poco acceso a la educación.

La Ley de fábricas y la Ley sobre el empleo de niños y jóvenes establecen los requisitos de la edad mínima para trabajar. Los menores de 14 años no pueden trabajar salvo que algún familiar trabaje en la misma empresa, mientras que los niños de 14 y 15 años pueden trabajar en circunstancias excepcionales. Sin embargo, las leyes relativas la educación obligatoria y a la edad mínima para trabajar no hacen cumplir con eficacia. El 19% de los niños entre 5 y 14 años trabajan. El trabajo infantil en el sector informal supone un grave problema, y los niños pequeños participan en las actividades de comercio callejero.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse o formar sindicatos, salvo los miembros de las fuerzas de seguridad, y el 32% de ellos están sindicados. La negociación colectiva está permitida en el sector público y privado, y los convenios colectivos son reconocidos por los ministerios correspondientes. Los trabajadores tienen derecho a la huelga siempre que la acción haya sido respaldada por la directiva sindical. Los empleados de los servicios básicos pueden hacer huelga siempre que se cubran los servicios mínimos. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero existe.

Se establecen salaries mínimos para las distintas categorías de trabajadores del sector privado. Un laudo arbitral relativo a los funcionarios públicos estableció un salario mínimo para el sector público, cantidad que el gobierno aumenta periódicamente de forma unilateral; en la actualidad es de 109 USD (22,099 GYD) al mes. Los trabajadores del sector informal, principalmente mujeres y niños, cobran menos del salario mínimo, al igual que los docentes no cualificados en las escuelas públicas. El salario mínimo para el sector público no permite gozar de un nivel de vida decente al trabajador y su familia. La ley establece una semana laboral de 44 horas.