Islandia es una república democrática parlamentaria cuyos representantes en el parlamento unicameral son elegidos periódicamente por sufragio universal, en elecciones libres y justas. El Presidente ejerce de Jefe de Estado y es elegido por votación popular para un mandato de 4 años. El Primer Ministro, nombrado por el Presidente, ejerce de jefe del gobierno. El Althingi (parlamento) constituye el brazo legislativo del gobierno.

En las elecciones de 2003, el Partido de la Independencia y el Partido Progresista fueron reelegidos para formar un gobierno de coalición. El Presidente también fue reelegido para un nuevo mandato. Hay 19 mujeres en un Parlamento de 63 escaños y 3 mujeres entre los 12 miembros del Gabinete. 2 de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres. Ninguna minoría está representada en el parlamento.

El poder judicial es independiente por ley y en la práctica. El país no tiene fuerzas militares. Los informes no mencionan abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

La economía de mercado proporciona un alto nivel de vida a los ciudadanos. Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y se respeta. Los medios de comunicación expresan diversidad de opiniones sin restricción alguna. El acceso a Internet no está restringido.

La religión oficial, el luteranismo, recibe fondos públicos. Los miembros del clero cobran como funcionarios públicos. Los ciudadanos mayores de 16 años pagan un impuesto de 121 USD (7.800 ISK) a la iglesia. Aquellos que no pertenecen a ningún grupo religioso destinan el impuesto a la Universidad de Islandia.

El tráfico de personas es ilegal, pero los informes señalan que algunas mujeres son objeto del tráfico con fines de explotación sexual, sobre todo en clubes nocturnos o salones de masajes.

La escolaridad es obligatoria hasta los 15 años, y gratuita hasta la universidad. El 85% de los alumnos cursan estudios de secundaria superior. Hay 2 universidades, y en torno al 40% de los estudiantes que terminan el instituto van a la universidad. Los estudiantes de postsecundaria también pueden ir a escuelas técnicas, profesionales y especializadas, incluida una facultad de magisterio. En los centros públicos se imparten clases de religión cristiana, aunque los alumnos pueden optar por no asistir a estas clases.

El plan de estudios nacional ha incorporado la educación en la tolerancia y la imparcialidad en los cursos de sociología y habilidades para la vida. El Defensor del Niño, cargo independiente del gobierno, se ocupa de proteger los derechos, los intereses y el bienestar del niño.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 5% de la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 91%. De los 3.571 maestros de EPI, el 97% son mujeres. El número de alumnos por docente (NAD) es de 5 : 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 7 años. La TNM es del 99% (46% niñas). Todos los estudiantes que se matriculan en primero llegan al último curso de primaria. Hay 2.982 maestros de primaria (78% mujeres). El NAD es de 11 : 1.

La educación secundaria comienza a los 13 y dura 7 años. El 34% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 86%. Hay 2.788 educadores de secundaria, 1.252 (78% mujeres) en los cursos más bajos y 1.536 (48% mujeres) en los superiores. El NAD es de 11 : 1 en secundaria inferior y de 14 : 1 en secundaria superior.

12.374 alumnos (64% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 62%. 642 alumnos islandeses estudian en el extranjero, sobre todo en Dinamarca (1.081), EE.UU. (488), Suecia (434), Reino Unido (317) y Noruega (251).

Está prohibido discriminar a las personas con discapacidad en la educación y otros servicios públicos. Las personas con discapacidad reciben ayuda para vivir y trabajar en la sociedad, y tienen preferencia para ocupar puestos públicos si concurre la igualdad de cualificaciones. Sin embargo, los defensores señalan que la aplicación de esta política se queda corta. Las personas discapacitadas constituyen la mayoría de la población pobre. Existen programas de educación especial para niños con necesidades especiales.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Los solicitantes de asilo, mientras su situación está pendiente de resolución, tienen derecho a la asistencia sanitaria, al permiso de trabajo y a la educación pública para sus hijos. Los hijos de los refugiados reciben asistencia especial y ayuda psicológica y social.

La población es mayoritariamente homogénea, pero la inmigración está aumentando la población minoritaria. A los inmigrantes de color se les conoce como los "recién llegados". Según los informes, las mujeres asiáticos y los niños pertenecientes a grupos minoritarios sufren burlas. La discriminación social de las minorías se está convirtiendo en un problema.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica.

El Ministerio de Asuntos Sociales designa un Consejo para la Igualdad que formula recomendaciones para lograr la igualdad de hombres y mujeres en el mercado laboral. Una ley promulgada en 2003 permite a ambos progenitores disfrutar de un permiso de 3 meses remunerado tras el nacimiento de un hijo, y otros 3 meses de permiso remunerado que pueden tomar individualmente o compartirlo entre los dos. El permiso parental es del 80% del salario y se aplica en los sectores público y privado. En torno al 75% de las mujeres participan en el mercado laboral Un sistema integral de atención infantil subvencionada permite a los padres trabajar. La ley obliga a pagar lo mismo por un trabajo de igual valor, pero existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Estas últimas cobran un 15% menos que los hombres. Sólo 22 de los 147 profesores de la universidad nacional son mujeres.

La violencia contra la mujer sigue siendo un problema. Las estadísticas de la policía indican que la incidencia es baja, pero muchos casos no se denuncian.

La ley prohíbe emplear a menores de 16 años en fábricas, en barcos o en otros lugares que sean peligrosos, y las autoridades se ocupan de garantizar el cumplimiento de la misma. Los menores de 14 y 15 años pueden trabajar a jornada parcial o durante sus vacaciones escolares en labores ligeras.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, y el 85% están sindicados. Las cuotas sindicales del 1% de la paga bruta se deducen del salario del trabajador y se remite a los sindicatos. Todos los empleados, ya estén sindicados o no, contribuyen a los fondos de discapacidad, huelga y pensiones. La negociación colectiva se usa de forma generalizada por industria o sector. La negociación colectiva determina la paga, las horas y las condiciones de trabajo. La huelga está prohibida solamente a los empleados del sector público que prestan servicios básicos en la sanidad o la seguridad pública.

Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, y la prohibición se hace cumplir. La ley no establece un salario mínimo. Los salarios se negocian en los convenios colectivos y proporcionan un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral es de 40 horas.