La monarquía constitucional del Reino Hachemí de Jordania confiere el poder ejecutivo y legislativo al Rey, quien designa al Primer Ministro y al Gabinete para dirigir los asuntos del gobierno. El Rey nombra a los 55 senadores, mientras que los 110 miembros de la Cámara de Diputados son elegidos. Las elecciones multipartidistas celebradas en 2003 fueron libres y Justas. En 2003, una reforma obligó a reservar 6 escaños a las mujeres en la Cámara de Diputados. Actualmente hay 4 mujeres en la Cámara y 4 en el Gabinete. Hay una cuota 9 escaños para cristianos, 9 para beduinos y 3 para chechenos o circasianos. En el Parlamento, 7 senadores y 17 diputados son de origen palestino. El poder judicial es independiente según la ley, pero los informes indican que está sujeto a la presión política. Existen acusaciones de corrupción tanto contra el ejecutivo como contra el legislativo.

Los tribunales cristianos y de la shari'a tienen competencia en materia de matrimonio y divorcio para cristianos y musulmanes respectivamente. A diferencia de los tribunales civiles, en los tribunales de la sahri'a el testimonio de un hombre equivale al de dos mujeres. Los miembros de las fuerzas de seguridad son acusados de abusar de los derechos humanos de los detenidos. El gobierno permite que observadores independientes de derechos humanos visiten las prisiones.

La tasa de desempleo es elevada y persiste la pobreza, sobre todo la pobreza rural.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica se ve limitada. La legislación impone limitaciones a los periódicos, y los periodistas practican la autocensura. Está prohibido criticar a la Familia Real, el gobierno o los líderes extranjeros. Toda persona que escriba, publique o haga comentarios que se consideren perjudiciales para la imagen y la dignidad del estado podrá ser procesada. Los informes mencionan el uso de informadores y censores. Algunos libros son prohibidos por razones religiosas, morales o políticas. Sin embargo, la señal internacional de televisión por satélite no está prohibida. Se investigan los sitios de Internet que contienen información sobre e Rey considerada censurable.

Para percibir algunas prestaciones sociales es necesario poseer documentos de identidad, que recogen la religión, salvo en el caso de religiones no reconocidas tales como la de los druze y los baha'i o en el caso de los ateos, que deben elegir una religión a efectos de identificación

La educación es obligatoria hasta los 16 años, pero la ley no se hace cumplir. Las familias numerosas o las familias muy pobres reciben suplementos para cubrir los costes de la matrícula, la comida y el transporte. En general, el índice de asistencia a clase es bastante alto. Hay escuelas privadas en todo el país.

El gobierno prohíbe a los niños iraquíes matricularse en los centros públicos salvo que sean residentes legales o tengan la condición de refugiado del ACNUR. El gobierno trata de abordar el desarrollo y la calidad de la enseñanza, así como la relevancia de la educación para el mercado laboral. Los alumnos deben obtener un certificado de buena conducta para poder entrar en la universidad mediante un sistema de cuotas.

Los hijos ilegítimos tienen los mismos derechos que los hijos legítimos, pero son discriminados en una sociedad que no admite las relaciones prematrimoniales. La mayoría de hijos ilegítimos se encuentran bajo la tutela del estado o viven al margen de la sociedad. Los hijos ilegítimos que no son reconocidos por sus padres son considerados apartidas y se les deniega el pasaporte o el documento de identidad, por lo que no pueden acceder a las prestaciones sociales.

A la edad de 4 años comienza un programa de EPI de 2 años. Todos los centros de EPI son privados. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 27%. Hay 4.245 maestros de EPI (98% mujeres). El numero de alumnos por docente (NAD) es de 20 : 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. En este nivel, el 29% de la educación es privada. La TNM es del 93% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso , el 96% llegan al último curso de primaria. Hay 39.441 maestros de primaria (64% mujeres). El NAD es de 20 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años. En este nivel, el 16% de la educación es privada. El 20% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 82%. El 1% de los estudiantes repiten curso. Hay 34.294 educadores de secundaria, 21.835 (62% mujeres) en los cursos más bajos y 12.459 (49% mujeres) en los superiores. El NAD es de 20 : 1 en secundaria inferior y de 14 : 1 en la superior.

186.189 alumnos (51% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 35%. En este nivel, el 37% de la educación es privada. 15.816 alumnos extranjeros estudian en Jordania, en su mayoría procedentes de los Países Árabes (13.350), Norteamérica y Europa Occidental (1.325), Asia (647), África Subsahariana (205), Europa Central y Oriental (165) y Latinoamérica y el Caribe (81). Al mismo tiempo, 6.942 alumnos jordanos estudian fuera, sobre todo en EE.UU. (1.853), Reino Unido (1.151), Alemania (996), Arabia Saudí (438) y Moldova (280).

En 2005, la ONU premió a Jordania por su trabajo para mejorar las vidas de sus ciudadanos discapacitados. La ley jornada establece el acceso a la educación de estas personas acorde con su capacidad y les reconoce el derecho a tener un trabajo acorde también con sus aptitudes y cualificaciones y a vivir y trabajar en un entorno que les permita disfrutar con seguridad de la libertad de movimiento, así como el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten a sus vidas. La ley reconoce el derecho de las personas con múltiples y graves discapacidades a recibir educación, formación y rehabilitación, así como el derecho a obtener las ayudas, los equipos y los materiales necesarios para la educación, la formación, la circulación y el transporte. No obstante, la elevada tasa de desempleo restringe las oportunidades de trabajo de aproximadamente 220.000 personas discapacitadas.

La ley obliga a reservar el 2% de los puestos de trabajo en el sector público a las personas con discapacidad física. Las organizaciones privadas y los miembros de la Familia Real promueven activamente programas para proteger los intereses de los discapacitados.

El gobierno no ha ratificado la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados ni su Protocolo de 1967, y no ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Sin embargo, no obliga a regresar a las personas a un país en el que temen ser perseguidos.

La violencia en los países vecinos, sobre todo Iraq, ha elevado el número de personas que solicitan el estatuto de refugiado en Jordania. El gobierno calcula que más de 300.000 iraquíes viven en el país. Tras huir de la violencia y la persecución en Iraq, cientos de miles de iraquíes que viven en Jordania sufren diariamente la amenaza de ser detenidos, multados y deportados debido a su condición de inmigrantes ilegales y no de refugiados. El ACNUR es el responsable de determinar la condición de los que solicitan asilo, pero no pueden responder a toda la demanda existente en Jordania. El ACNUR insta al gobierno a conceder el estatuto de refugiado temporal a los iraquíes para que puedan recibir prestaciones en Jordania, incluido el derecho a la educación.

Los hijos de los solicitantes de asilo iraquíes no son admitidos en las escuelas salvo que sus familias presenten alguna prueba de su residencia legal en Iraq. Algunas ONG han abierto centros de educación para que los niños puedan continuar con sus estudios.

La Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA) y el gobierno han seguido proporcionando asistencia a los 1,77 millones de refugiados palestinos. La UNRWA también gestiona centros para niños con dificultades de aprendizaje. Los alumnos de primer a cuarto curso que no pueden seguir el ritmo de sus compañeros en las clases de matemáticas y de árabe son remitidos a estos centros, donde reciben educación especial. Los niños van a estos centros 2 ó 3 horas al día, y el resto las pasan en sus clases regulares para estudiar otras asignaturas.

Los palestinos que residen en el país son discriminados en el acceso a los cargos del gobierno y del ejército, en la admisión a las universidades públicas y en la concesión de becas para estudios universitarios. El gobierno otorgó la ciudadanía a todos los palestinos que huyeron al país tras la guerra de 1948 entre árabes e israelíes y a un gran número de refugiados y desplazados que llegaron como consecuencia de la guerra de 1967. La población indígena del país, tanto beduinos nómadas como habitantes urbanos de la orilla oriental, constituyen el pilar del respaldo de la monarquía hachemí. Ocupan la mayoría de los altos cargos en el ejército, las fuerzas de seguridad y la función pública, así como del gobierno.

Algunos profesores señalan que fueron amenazados con ser despedidos, y son constantes los informes de la presencia de los cuerpos de inteligencia en los centros académicos. Mediante una enmienda que ha sido vista como un esfuerzo por frenar la influencia de los islamistas que actúan en el campus, se confirió al presidente de la Universidad de Jordania el poder necesario para nombrar a la mitad de los 80 miembros del consejo de estudiantes, una decisión a la que los alumnos se opusieron. Los consejos académicos sancionaron a estudiantes universitarios islamistas por desarrollar actividades políticas ajenas a sus estudios. Los estudiantes fueron expulsados o se les impidió hacer los exámenes.

La ley establece el principio de igual pago por un trabajo de igual valor, pero en la práctica no se suele aplicar. Los dirigentes sindicalistas denuncian que algunas empresas del sector privado pagan a las mujeres menos del salario mínimo, y la desigualdad salarial entre hombres y mujeres aumenta en proporción al salario. Las presiones sociales impiden que las mujeres desarrollen carreras profesionales, aunque hay oportunidades de empleo para las mujeres y los miembros de la Familia Real promueven activamente los derechos de las mujeres. La Comisión Nacional de la Mujer ha elaborado una estrategia para fortalecer el papel de la mujer en el desarrollo del país.

La mujer sigue siendo discriminada en cuestiones tales como las pensiones y prestaciones de la seguridad social, la herencia, el divorcio, la capacidad para viajar, la custodia de los hijos, la ciudadanía y el valor del testimonio en el tribunal. Los hombres reciben prestaciones sociales de mayor cuantía, y los descendientes de un funcionario público fallecido continúan cobrando su pensión, mientras que no ocurre lo mismo si el funcionario publico es una mujer. El seguro medico de los funcionarios públicos permite a los hombres, pero no a las mujeres, ampliar la cobertura al cónyuge y los hijos a su cargo, salvo a las funcionarias divorciadas o viudas, que pueden ampliar la cobertura del seguro a sus hijos. Las mujeres casadas no pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos y no pueden solicitar la ciudadanía a sus maridos extranjeros. Sus hijos son considerados apartidas y, si no tienen residencia legal, no pueden acceder a los beneficios de los niños que tienen la ciudadanía, como la educación u otros servicios públicos.

La violencia contra la mujer sigue siendo habitual, y los médicos certifican los malos tratos por parte del cónyuge. Las normas culturales hacen que las víctimas no soliciten ayuda. Los informes mencionan la indulgencia en los crímenes de honor, aunque hay signos que apuntan a una tendencia a condenar esos delitos. Las mujeres que pueden convertirse en víctimas de los crímenes de honor son encarceladas por su propia seguridad. Parece que disminuye la práctica de la mutilación genital femenina. La ley prohíbe el acoso sexual, que no parece que sea un problema generalizado.

La edad mínima para trabajar es de 16 años. Los aprendices pueden comenzar antes, lo que presuntamente abre las puertas al trabajo infantil. Las leyes laborales no se aplican a los niños en el sector informal, mientras que en la agricultura, el servicio doméstico y los pequeños negocios familiares trabaja un gran número de niños.

El trabajo infantil forzado no está prohibido, pero según los informes no se practica. El Ministerio de Desarrollo Social se ocupó de todos los niños que trabajaban como vendedores ambulantes y los devolvió a sus familias o a centros de detención juvenil. Las familias recibieron una ayuda mensual para compensar, pero en muchos casos los niños regresaron a las calles a vender. Los informes señalan que está creciendo el número de niños que trabajan en la calle.

Los trabajadores del sector privado, los de algunas empresas públicas y los de algunas profesiones del sector público tienen derecho a afiliarse y formar sindicatos. Solamente pueden afiliarse los trabajadores de nacionalidad jordana. Algunos sindicatos defienden los intereses de los trabajadores extranjeros de un modo informal. Más del 30% de la población activa está afiliada a 18 sindicatos que pertenecen a la Federación General de Sindicatos de Jordania, la única federación sindical que hay. Está permitida la negociación colectiva, y las huelgas pueden realizarse con el permiso del gobierno.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal, salvo en un estado de emergencia. Los criados domésticos extranjeros sufren malos tratos y en ocasiones trabajan en condiciones equiparables a la esclavitud. El salario mínimo es de 121 USD (85 JOD) al mes, y se aplica a todos los trabajadores menos a los empleados domésticos, en los pequeños negocios familiares y en la agricultura. El salario mínimo no permite gozar de un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral es de 48 horas.