Kosovo es un territorio actualmente sujeto a la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNIMIK). La UNIMIK se encarga de las normativas y ratifica las leyes aprobadas por la Asamblea de Kosovo. Las instituciones provisionales de autogobierno están reconocidas en el Marco Constitucional de para el Autogobierno Provisional en Kosovo. En 2004 se celebraron elecciones por sufragio universal para la Asamblea de Kosovo. En opinión de los observadores, las elecciones multipartidistas fueron en general libres y justas. Se celebran elecciones cada 3 años. La Asamblea elige al Presidente y al Primer Ministro. La Asamblea, de 120 escaños, tiene 100 miembros elegidos por representación proporcional y 20 miembros elegidos para representar a las minorías nacionales. Existen númerosos partidos políticos, por lo que ningún partido ha conseguido el poder sin formar coalición. La LDK (Liga Democrática de Kosovo) y la AAK (Alianza para el Futuro de Kosovo ) forman actualmente el gobierno de coalición.

El Primer Ministro dimitió cuando el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia le acusó de crímenes de guerra. Tras la muerte del Presidente, el Primer Ministro en el cargo fue sustituido. El actual Primer Ministro ha sido reconocido por promover las prestaciones sociales a las minorías, aunque Serbia afirma que no hace lo suficiente por los serbios de Kosovo. El Ministro de Comunidades y Retornos es el único ministro serbio en el gobierno. Hay 36 mujeres en la Asamblea, 34 de las cuales han constituido una asamblea informal de mujeres con un consejo multiétnico. Las mujeres ocupan un tercio de las listas de candidatos de los partidos políticos. 21 de los escaños de la Asamblea se destinan a representantes de minorías étnicas, 10 a los serbios y 11 (incluido un escaño elegido por representación proporcional) a turcos, bosniacos, goranis, romaníes, askalis y egipcios. Sin embargo, los serbios boicotean la Asamblea y no han ocupado sus puestos en el Gabinete.

Las fuerzas de paz de la ONU-OTAN (KFOR) se encargan de mantener la seguridad en el territorio. Se han denunciado desapariciones de índole política. Un grupo de trabajo continua buscando a 2.464 personas desaparecidas en el conflicto de 1999, en su mayoría albaneses. Han disminuido las denuncias de violencia política contra los serbios, pero las condiciones en los encalves siguen siendo difíciles. Un dirigente del sindicato de educación SBASHK recibió amenazas de muerte por entablar contacto con el sindicato de educación serbio SOK. En una carta enviada a su domicilio, se le aconsejaba interrumpir su contacto con los colegas serbios. Después de una temporada en el exilio, ahora ha regresado a Kosovo. La Internacional de la Educación y sus organizaciones miembros han respaldado la labor de SBASHK y SOK. El Grupo de Crisis Internacional denuncia en su informe la corrupción existente en las fuerzas de seguridad, sobre todo en la policía de la frontera.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, origen étnico, discapacidad o lengua, pero los informes constatan la violencia y la discriminación existente. La ley reconoce la independencia del poder judicial, pero se le acusa de ser imparcial y estar sujeto a influencias. El gobierno serbio dirige un sistema judicial paralelo pero no autorizado en los enclaves serbios. Los tribunales tienen un gran volumen atrasado de demandas de propiedad, en su mayoría interpuestas por serbios. El público percibe los organismos oficiales como corruptos.

La libertad de expresión y de prensa están garantizadas y se respetan, aunque la incitación al odio y los artículos que incitan a la violencia étnica están prohibidos. Se ha adoptado un código de prensa para autorregular la actividad de los medios de comunicación. El acceso a Internet no está restringido. El tráfico de personas constituye un delito penal, pero mujeres y niños son objeto del tráfico con fines de explotación sexual y de empleo doméstico, así como para realizar trabajos forzados. Los informes mencionan la implicación de funcionarios locales e internacionales. Kosovo es una región de origen, tránsito y destino para las víctimas del tráfico de personas. La Organización Internacional de Migraciones informó de que el 73% de los kosovares que han sido objeto del tráfico de personas únicamente tienen estudios de primaria.

La ley reconoce la libertad de circulación, pero las tensiones interétnicas restringen esta libertad y los serbios siguen viviendo en enclaves y desplazándose con dificultad. Los ataques de los albaneses sobre iglesias y cementerios ortodoxos serbios han dañado gravemente lugares religiosos del siglo XIV.

La discriminación por razones de orientación sexual es ilegal, pero la ley no se hace cumplir con el rigor necesario. Las actitudes tradicionales generan intimidaciones hacia los homosexuales, que han sido retratados en la prensa como pedófilos. También se constata en los informes la discriminación laboral de los homosexuales, y el Partido de la Justicia incluye la condena de la homosexualidad en su plataforma política.

La educación es obligatoria para los niños de entre 6 y 15 años. La educación primaria es gratuita. Los niños pertenecientes a determinados grupos minoritarios no van a las escuelas públicas por motivos de seguridad. UNICEF señala que el 97,5% de los niños albaneses y el 99% de los niños serbios están matriculados en centros de primaria; el 77% de los niños de otras minorías étnicas están matriculados en la escuela. Menos del 52% de los niños que completan la educación primaria se matriculan en secundaria. El índice de terminación de la enseñanza secundaria de las niñas albanesas es inferior al de los niños albaneses o las niñas serbias. Las normas establecen la igualdad de condiciones para todos los escolares al margen de su origen étnico, pero en la práctica no es así. Algunos alumnos serbios, bosnios y turcos pueden cursar los estudios de primaria y secundaria en su lengua materna. Las escuelas en general carecen de las instalaciones y el equipo básico necesario.

Algunas escuelas acogen a alumnos serbios y albaneses, que estudian programas distintos en horarios diferentes. Los niños romaníes, askalis y egipcios van a clase con niños albaneses, y los informes dan cuenta de la intimidación que sufren. Los niños romaníes se encuentran en una situación desfavorecida como consecuencia de la pobreza, y trabajan desde una edad temprana. Los niños bosniacos muchas veces no pueden acceder a la enseñanza primaria en su lengua. Se han elaborado materiales educativos contra el tráfico de personas para su uso en centros de primaria y secundaria, ya que los niños también son víctimas del tráfico.

Una maestra fue suspendida por ir a clase con pañuelo en la cabeza, y el director mencionó la ley que establece la neutralidad religiosa de los centros de educación públicos. El departamento de educación de Prístina despidió por consiguiente a la maestra. Las autoridades educativas también han expulsado a una alumna por llevar el pañuelo en la cabeza. El defensor de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) recomendó aplicar la prohibición del pañuelo únicamente a las docentes y a los funcionarios, no a las alumnas.

Está prohibido discriminar a las personas con discapacidad en la educación y otros servicios públicos, pero en la práctica se percibe dicha discriminación. Existe una carencia constatada de conocimientos sobre los derechos de las personas con discapacidad y una elevada tasa de abandonos infantiles. Los niños discapacitados se suelen mantener ocultos y sin la atención apropiada en las zonas rurales. Los niños discapacitados de entre 3 y 18 años que son abandonados viven en centros financiados por el gobierno. Algunos estudian en centros especializados. Las personas con discapacidad mental detenidas son aisladas. Desde los centros de salud mental llegan informes de abusos físicos, agresiones sexuales, rechazo y detenciones arbitrarias por parte del personal y los pacientes.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. El ACNUR señala en su informe que hay 225.487 desplazados en serbia y Montenegro a causa del conflicto de 1999, y 1.364 de las 4.100 personas obligadas a abandonar sus casas en los enfrentamientos de 2004 en Mitrovica y Prístina continúan sin poder regresar. La incertidumbre sobre el futuro de Kosovo, la falta de empleo, las preocupaciones relacionadas con la seguridad y las disputas en torno a la propiedad desalientan a muchos. 2.048 miembros de grupos minoritarios han regresado a Kosovo, el 35% de ellos serbios.

La identidad religiosa y el origen étnico están estrechamente ligados. La iglesia ortodoxa Serbia influye sobre la visión cultural, histórica, política y religiosa. La violencia y los delitos contra la propiedad son un problema. La propiedad privada de los serbios es objeto de los incendios provocados por albaneses. Algunos casos de violencia contra serbios probablemente sean intentos de obligarles a vender la propiedad.

Los serbios siguen siendo discriminados en la educación y los servicios sanitarios. La tasa de empleo entre las minorías es baja, y generalmente son trabajos menores. Las minorías ocupan el 11% de los cargos en el gobierno, a pesar de que el objetivo es que superen el 16%. Los albanokosovares destruyeron sus casas y ahora se ven obligados a vivir en los campos habilitados para desplazados internos.

Los romaníes viven en la mayor miseria, sin acceso a condiciones de higiene, atención médica y educación y sujetos a la discriminación social y económica. Los dirigentes bosniacos se quejan de discriminación y de la falta de oportunidades económicas. Las autoridades iniciaron un proceso de descentralización en las zonas monoétnicas. El proceso ha sufrido un retraso porque los partidos de la oposición rechazaron el programa de trabajo. Los serbios abandonaron las negociaciones tras no lograr un consenso sobre los límites de 2 proyectos experimentales.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica. La mayoría de profesores universitarios serbios abandonaron Kosovo y se encuentran en el exilio.

El Primer Ministro ha creado una oficina para la igualdad de género. En el programa de derechos humanos de la Universidad de Prístina se ha incluido el tema de la discriminación de las mujeres. El acoso sexual es un problema habitual y no es ilegal. Las mujeres tienen los mismos derechos legales que los hombres, pero no la misma condición social. Hombres y mujeres tienen el mismo derecho a heredar bienes, pero el patrimonio familiar pasa únicamente a los hombres por tradición. Pocas mujeres logran ocupar cargos directivos. Cada vez son más las mujeres que trabajan en el sector asalariado, pero la tasa de desempleo entre las mujeres ronda el 70%, muy por encima de la tasa de desempleo de toda la población, que rondará el 40%. En las zonas rurales las mujeres no pueden apenas tomar decisiones sobre sus hijos o ejercer el control sobre la propiedad. Las viudas albanesas de las zonas rurales pueden perder la custodia de sus hijos por una costumbre que establece el paso de los hijos y los bienes a la familia del padre fallecido, mientras se espera que la viuda regrese con su familia.

La violencia doméstica es un grave problema social. Los casos de violencia apenas se denuncian porque el estigma cultural impide a las familias hacerlo. El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual también es un grave problema.

La edad mínima para trabajar es de 16 años. Los menores de 18 no pueden realizar tareas que pongan en peligro su salud, su seguridad o su moral. Los niños pueden trabajar con 15 años si el trabajo no afecta a su asistencia a clase. La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, pero los traficantes utilizan niños con fines de explotación sexual y algunos son obligados a mendigar. Los niños pequeños trabajan para ayudar en las explotaciones familiares de pequeña escala. Los niños de la ciudad trabajan en el sector informal. Cada vez es mayor el número de niños vendedores en las calles.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. La Asociación de Sindicatos Independientes de Kosovo (BSPK) afirma tener 120.000 miembros, aunque solamente 50.000 trabajan. La BSPK denuncia los abusos contra los derechos de los trabajadores. La negociación colectiva es legal, pero apenas se lleva a cabo. El sindicato de educación, SBASHK, ha negociado con el ministerio de educación los salarios y las condiciones de trabajo. La UNMIK no reconoce el derecho a la huelga, pero se realizan huelgas.

El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, pero los informes apuntan que sí existe. Las leyes permiten establecer un salario mínimo, pero no se ha fijado. El salario medio para un trabajador de jornada completa en el sector público es de 181 USD al mes (151 EUR); en el sector privado es de 250 USD (208 EUR). Ninguna de estas cantidades proporciona un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral generalmente es de 40 horas.

No se proporcionan datos estadísticos separados para Kosovo, porque a pesar de tener un gobierno diferente, sigue siendo parte de la República de Serbia.