La República Democrática Popular de Laos es un estado monopartidista gobernado por el Partido Revolucionario del Pueblo de Laos. El Presidente es elegido por la Asamblea Nacional para un mandato de 5 años, y ejerce de Jefe de Estado. Con el permiso de la Asamblea Nacional, el Presidente designa al Primer Ministro y a los 28 miembros del Consejo de Ministros para un mandato de 5 años. El Primer Ministro preside la Asamblea nacional unicameral, cuyos 115 diputados se eligen por votación plural. En las elecciones de 2006 sólo se permitió concurrir a un partido político, el Partido Revolucionario del Pueblo de Laos, que obtuvo 113 de los 115 escaños. Los Independientes consiguieron los otros 2. Las mujeres ocuparon 25 escaños. Hay representantes de minorías étnicas en el Gabinete y en la Asamblea Nacional. Las elecciones e celebran por sufragio universal y votación secreta. El Presidente del Tribunal Supremo Popular es elegido por la Asamblea Nacional.
Todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad en el trato independientemente de su sexo, estatus social, educación, fe u origen étnico. La ley establece la independencia del poder judicial, pero los representantes del gobierno y del partido influyen sobre los tribunales, si bien es cierto que menos que en el pasado. La corrupción de la policía es un problema, y los agentes obtienen sobornos de los ciudadanos con total impunidad. Un sistema de vigilancia permite al gobierno supervisar las comunicaciones privadas, incluidas las electrónicas. Una milicia informal bajo control militar actúa en zonas rurales y urbanas para mantener el orden público e informar a la policía. Los ciudadanos perciben la corrupción existente en el poder ejecutivo y judicial. Los salarios de todos los representantes del gobierno son extremadamente bajos. La Asamblea Nacional ha aprobado una ley contra la corrupción.

Se garantiza la libertad de expresión y de prensa, salvo ciertas restricciones sobre los comentarios políticos. Están prohibidas las críticas que puedan afectar a la imagen del gobierno. La televisión y radio locales están estrechamente controladas, pero las emisiones extranjeras no se censuran. Los proveedores nacionales de servicios de Internet están controlados y se bloquea el acceso a las páginas web pornográficas y las páginas consideradas críticas con el gobierno. La ley regula el acceso a la información y la libertad de expresión a través de Internet. Los proveedores de Internet entregan informes y facilitan la vigilancia al gobierno. Cada vez más se usan cibercafés en lugar de ordenadores personales para utilizar la correspondencia electrónica.

El tráfico de personas, sobre todo de mujeres y niños, es un grave problema. Laos es un punto de origen y tránsito para este tráfico. Ha aumentado la emigración económica de jóvenes entre 15 y 30 años, y los emigrantes no son los más empobrecidos. Muchas mujeres víctimas del tráfico son trasladadas forzosamente a China para contraer matrimonio con chinos. Se ha creado una unidad de lucha contra la trata de personas.

Parece que existe una mayor tolerancia hacia los homosexuales, aunque siguen estando discriminados en la sociedad. La discriminación también es evidente en los casos de VIH/SIDA. El gobierno ha llevado a cabo campañas de sensibilización para promover la comprensión hacia las personas infectadas por el VIH/SIDA.

La educación es obligatoria y la matrícula gratuita hasta los 10 años. Los elevados costes de los libros y el material escolar hacen que la educación esté fuera del alcance de muchas familias. La escasez de docentes en las zonas rurales también impide estudiar a muchos niños. Las estadísticas del gobierno reflejan un descenso considerable en las matriculas de primaria a secundaria. El índice de repetición de curso en primaria es alto. El índice de alfabetismo entre las mujeres es del 51%, mientras que entre los hombres asciende al 70%.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 18% de la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 8%. Hay 2.507 maestros de EPI (99% mujeres). El numero de alumnos por docente (NAD) es de 17 : 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 10 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 5 años. En este nivel, el 2% de la educación es privada. La TNM es del 87% (46% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso , el 63% llegan al último curso de primaria. El 20% de los estudiantes repiten curso. Hay 28.150 maestros de primaria (45% mujeres), y el 97% han recibido la formación adecuada. El NAD es de 31 : 1.

La educación secundaria comienza a los 11 años y dura 6 años. En este nivel, el 1% de la educación es privada. El 4% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 37%. El 2% de los estudiantes repiten curso. Hay 14.257 docentes de secundaria, 8.950 (42% mujeres) en secundaria inferior y 5.307 (42% mujeres) en secundaria superior, y el 97% tienen la formación necesaria. El NAD es de 27 : 1 en secundaria inferior y de 26 : 1 en la superior.

33.780 alumnos (38% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 6%. En este nivel, el 22% de la educación es privada. 1.463 alumnos laosianos estudian fuera, sobre todo en Vietnam (700), Japón (231), Francia (168), Australia (117) y EE.UU. (65).

La protección legal frente a la discriminación no se aplica a las personas discapacitadas, para quienes la única protección son normas que carecen de valor legal. Se intenta frenar la práctica del infanticidio de niños que nacen con malformaciones, pero sigue ocurriendo. Desde 1993, el Ministerio de Educación de Laos ha introducido una educación universal para los niños discapacitados en 18 provincias. Casi 400 escuelas participan ahora en la tercera fase de expansión del programa.

Los proyectos experimentales se han centrado en aumentar la tasa de matriculas, la retención y la asistencia a los jardines de infancia y los cursos de primaria, la formación de maestros para que trabajen con niños con necesidades especiales, y la ayuda a niños con discapacidades graves para que asistan al Centro Nacional de Rehabilitación y regresen posteriormente a sus escuelas. Las estrategias han consistido en mejorar la calidad de la enseñanza y en entorno físico y social de las aulas, así como en desarrollar vínculos con las comunidades. Los índices de matrícula, retención y asistencia han mejorado entre los niños con necesidades especiales, y ha descendido el índice de repetición.

El plan para construir un centro para menores detenidos ha recibido objeciones por parte de quienes sostienen que los menores detenidos por delitos relacionados con las drogas o por delitos menores deberían recibir tratamiento cerca de su domicilio.

La ley prevé la concesión del asilo y la protección de las personas apátridas, pero no firmó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. El gobierno rechazó la petición del ACNUR de abrir una oficina para vigilar la reintegración de los refugiados que regresaban tras un programa de reasentamiento.

Las minorías están protegidas legalmente frente a la discriminación, pero siguen estando discriminadas en la sociedad. El gobierno hace un llamamiento a promover la conservación de las culturas y tradiciones minoritarias, pero la inaccesibilidad a las localidades más remotas hacen que éstas apenas tengan voz en las decisiones que afectan a sus tierras y a la distribución de los recursos naturales. El gobierno continua desplazando a los granjeros de las minorías étnicas de las tierras altas a las llanuras, con el fin de acabar con la producción de opio. Los granjeros reubicados trabajan en explotaciones de arroz y viven en comunidades grandes que desconocen las estructuras tradicionales de la comunidad.

La ley reconoce la libertad académica, pero en la práctica está limitada. Sin embargo, las restricciones se han flexibilizado en algunas zonas. El plan de estudios está estrictamente controlado para garantizar que los estudios no cuestionen el sistema político. Algunas escuelas privadas tienen cierta flexibilidad para permitir un mayor grado de libertad a los profesores en sus cursos. Algunos profesores que se dedican a la investigación sufren restricciones relativas a los desplazamientos y al acceso a la información. El gobierno decide qué académicos empleados del gobierno reciben becas de estudios.

La ley establece la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Está prohibida la discriminación en relación con los derechos de matrimonio y los de sucesión. La cultura tradicional discrimina a las mujeres, pero esto ocurre sobre todo en algunas tribus de las zonas montañosas. Las mujeres ocupan puestos de responsabilidad en la función pública y en las empresas urbanas. Muchas veces cobran más que los hombres. La violencia contra las mujeres es ahora ilegal.

La violencia doméstica no parece estar generalizada. El acoso sexual apenas se denuncia.

Está prohibido emplear a menores de 15 años. En el seno familiar, los niños pueden trabajar en actividades que no sean peligrosas o difíciles, pero en las empresas industriales apenas existe trabajo infantil. Algunas niñas menores de edad trabajan en fábricas de confección. La aplicación de las leyes sobre el trabajo infantil no resulta efectiva debido a la falta de inspecciones.

Muchos niños son objeto del tráfico de personas de Laos a Tailandia, donde son obligados a trabajar en la prostitución, labores domésticas, fábricas y como mensajeros de narcotraficantes. Las ONG aportan fondos para construir un refugio que acoja a las víctimas del tráfico que regresa de Tailandia. Los fondos se usarán también para ofrecer asesoramiento y formación profesional a las jóvenes que regresan a Laos. La mayoría de los jóvenes que van a trabajar a Tailandia lo hacen porque no encuentran trabajo en Laos.

La Federación de Sindicatos de Laos (FLTU) está vinculada al partido del gobierno. La mayoría de los 99.000 miembros de la FLTU trabajan en el sector público. Las empresas públicas están siendo privatizadas, por lo que está cambiando el equilibrio entre los empleados del sector privado y del público. Los trabajadores de la agricultura de subsistencia constituyen el 85% de la población activa. La negociación colectiva no está permitida. El gobierno establece los salarios y las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, mientras que en el sector privado lo hace la dirección de las empresas. La ley no prohíbe las huelgas, pero la prohibición de celebrar "manifestaciones desestabilizadoras" hace que sean improbables.

El trabajo forzado está prohibido, salvo en tiempos de guerra o de tragedia nacional. El salario mínimo de 40 USD al día (4 LAK) no permite gozar de un nivel de vida decente al trabajador y su familia. Los funcionarios públicos cobran muy poco. La semana laboral es de 48 horas.