Libia es un estado autoritario cuyos principios de gobierno emanan del Libro Verde del Coronel Gadafi. El Congreso General Popular es el brazo legislativo, y algunas de sus resoluciones se consideran derecho fundamental. El Congreso supuestamente permite gobernar a los ciudadanos, pero el verdadero poder político ha estado en manos de Gadafi desde que tomó el control en 1969 tras un golpe de estado.

La Unión Socialista Árabe es el único partido político, y cualquier otra actividad política se considera traición. El Congreso General Popular (GPC) unicameral forma el brazo legislativo del gobierno. Tiene 760 miembros indirectamente elegidos, con mandatos de 3 años. Los Comités Revolucionarios defienden el consenso político y aprueban a los candidatos para el GPC. Hay una mujer en el GPC y ninguna en el Gabinete. La ley no regula las elecciones directas. El poder judicial no es independiente, y la corrupción es un problema en todos los niveles del gobierno. El nepotismo basado en el origen tribal es muy habitual.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, religión, discapacidad o estatus social, pero la ley no se cumple con rigor. Las mujeres y las minorías tribales sufren discriminación social.

Las fuerzas de seguridad suelen mantener a los detenidos incomunicados. La impunidad es otro de los problemas. Aunque el Islam es la religión oficial, algunos grupos islámicos están prohibidos. Un amplio aparato de inteligencia y seguridad ejerce un control férreo, y son muchos los detenidos por motivos políticos.

En la economía planificada, los ingresos del petróleo representan el 95% de las ganancias por exportaciones. Se han levantado las sanciones económicas internacionales, pero la calidad de vida se ha deteriorado.

La libertad de expresión está permitida "dentro de los límites del interés público y los principios de la Revolución". Está prohibido criticar al líder o la política del gobierno, y los periodistas practican la autocensura. No hay cadenas de radio ni de televisión privadas, pero se puede recibir la señal de televisión por satélite.

El país es un punto de tránsito para las mafias que trafican con mujeres de África a Europa. Se está trabajando para luchar contra el tráfico de personas. Amnistía Internacional señala en su informe que 6 profesionales de la salud extranjeros, acusados de infectar deliberadamente a varios niños con el virus VIH, afirmaron haber sido torturados para obtener confesiones, por las cuales fueron inicialmente condenados a muerte.

La educación está subvencionada desde primaria a la universidad. La educación es obligatoria hasta los 14 años. De los niños en edad escolar, el 96% van a la escuela primaria y la mayoría llega por lo menos a sexto curso. Sólo el 53% de las niñas y el 71% de los niños cursan secundaria. La reducción de ingresos ha provocado recortes financieros, y la educación ha sufrido las consecuencias. El índice de alfabetismo es el más alto del norte de África: más del 88% de la población sabe leer y escribir.

El programa de preescolar, de 2 años de duración, comienza a los 4 años. La tasa bruta de matrícula (GER) es del 8%. De los 1.796 docentes que trabajan en este nivel, el 99% son mujeres. El número de alumnos por docente (NAD) es de 10: 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 14 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. El 49% de los alumnos de primaria son niñas. El 3% de la educación en este nivel es privada. La GER es del 112%.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 6 años. En este nivel, el 3% de la educación es privada. El 49% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La GER es del 122% en secundaria inferior y del 88% en secundaria superior.

375.028 alumnos (51% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 56%. 3.032 alumnos libios estudian fuera, sobre todo en Reino Unido (1.221), Malasia (346), Francia (247), Alemania (236), y Canadá (178).

Los niños discapacitados tienen derecho a la educación según la ley, pero no existen datos actuales sobre los esfuerzos del gobierno para ayudar a las personas con discapacidad.

El país no firmó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. No se ha establecido ningún sistema para abordar el tema de los refugiados y los solicitantes de asilo. El ACNUR señala en su informe que el país tiene unos 12.000 refugiados urbanos y 43.000 refugiados en total.

Human Rights Watch (HRW) ha acusado al gobierno libio de abusar gravemente de los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, por ejemplo mediante palizas, detenciones arbitrarias y retornos forzados. El informe de HRW, titulado Stemming the Flow: Abuses Against Migrants, Asylum Seekers and Refugees, documenta cómo el gobierno libio ha detenido a extranjeros indocumentados, les ha maltratado y les ha devuelto forzosamente a países donde podrían sufrir persecuciones y torturas, como Eritrea y Somalia.

El 97% de la población es de origen árabe bereber. El otro 3% comprende minorías étnicas de bereberes, africanos subsaharianos, haratines y tebous. Además, hay pequeños grupos étnicos de egipcios, italianos, griegos, malteses, tunecinos y armenios. Se ha denunciado la discriminación por motivos de estatus tribal. La lengua oficial es el árabe, mientras que el tamazight (lengua de los bereberes libios) no está reconocida oficialmente.

La libertad académica es limitada. Los maestros y profesores universitarios que debaten temas de marcado carácter político corren el riesgo de ser despedidos o detenidos. El acceso a Internet se realiza a través de un único proveedor de servicios, aunque cada vez hay más usuarios de Internet.

La proclamación constitucional otorga a las mujeres la igualdad, pero la práctica tradicional discrimina a las mujeres. La ley Shari'a rige la herencia, el divorcio y el derecho a la propiedad. Las mujeres han avanzado en los últimos años, pero siguen sufriendo limitaciones. Las mujeres necesitan el permiso de algún familiar varón para poder viajar, y en los viajes al extranjero siempre deben ir acompañadas de un varón que sea familiar directo. Las mujeres representan el 22% de la población activa. Las diferencias de género en materia de educación se han reducido en las zonas urbanas.

La ley prohíbe la violencia doméstica, pero no se aborda el tema de los malos tratos dentro de la familia. El violador de una menor debe casarse con ella si insiste su familia o cumplir condena de prisión. La mutilación genital femenina no es ilegal y se practica en las zonas remotas del país.

La edad mínima para trabajar es de 18 años. No hay datos sobre la incidencia del trabajo infantil.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. La Federación Nacional de Sindicatos está dirigida por el sistema del Comité Popular. Los trabajadores extranjeros no pueden asociarse. La negociación colectiva no está permitida. El gobierno aprueba todos los acuerdos entre sindicatos y empresas. Los trabajadores no tienen derecho a la huelga. Los salarios se pagan con retraso. Continúa la congelación salarial en el sector público, a pesar de la elevada inflación.

El salario medio de 170 USD (86,9 LRD) al mes no resulta suficiente para proporcionar un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La renta, los servicios públicos, el aceite y los productos básicos están subvencionados. Los trabajadores extranjeros no reciben el mismo trato ante la ley. La semana laboral es de 48 horas.