Macao es una Región Administrativa Especial (RAE) de la República Popular China, con un alto grado de autonomía salvo en materia de defensa y asuntos exteriores.

En virtud de la Ley Básica, los residentes no pueden ser discriminados por razones de nacionalidad, origen, raza, sexo, lengua, religión, ideas políticas, creencias ideológicas, nivel de estudios, estatus económico o condición social. La ley se aplica rigurosamente.

Un comité de selección formado por 300 miembros elige al Administrador Principal. La Ley Básica no establece el sufragio universal. En las terceras elecciones legislativas de Macao participó el 58% de los votantes censados para elegir a 12 de los 29 legisladores; grupos de interés eligen a 10 miembros y el Administrador Principal a los otros 7. Los legisladores no pueden iniciar leyes relativas a la estructura política de la RAE, las operaciones del gobierno o el gasto público. Hay 6 mujeres entre los 29 miembros de la asamblea, y varias mujeres también en cargos altos del gobierno. 3 minorías étnicas tienen representantes en la asamblea.

El poder judicial es independiente según la ley. Los tribunales pueden resolver asuntos que "sean responsabilidad del gobierno popular central o afecten a la relación entre las autoridades centrales y la Región Administrativa Especial". Antes de emitir el fallo definitivo en esos casos, los tribunales deben recurrir a la interpretación del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China y "respetar la interpretación del Comité Permanente".

Una comisión independiente formula recomendaciones al Administrador principal para el nombramiento de los magistrados en todos los niveles. Se investigan las acusaciones de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. La impunidad no es un problema. También se investigan las acusaciones de corrupción en el sector público.

Se respeta la libertad de expresión y de prensa. La ley no reconoce el acceso a la información pública. El ejecutivo publica en Internet material en chino y portugués.

El tráfico de personas es un delito penal. Las víctimas del tráfico no reciben asistencia del gobierno.

Los residentes tienen derecho a la educación con independencia de la raza, creencia religiosa o convicciones políticas o ideológicas. La enseñanza es obligatoria entre los 5 y los 15 años. En los centros públicos y los centros privados concertados se ofrece educación básica que abarca un año de preescolar, primaria y secundaria. Las familias que no pueden pagar las tasas académicas reciben ayudas. Los hijos de inmigrantes ilegales no pueden acceder a la educación. El porcentaje de niños y niñas en la educación está equilibrado.

El programa de preescolar comienza a los 3 años y dura otros 3. El 94% de la EPI es privada. La tasa neta de matriculas es del 85% (47% niñas). Hay 459 maestros de EPI (99% mujeres), y el 99% han recibido la formación adecuada. El numero de alumnos por docente (NAD) es de 26 : 1.

La educación primaria comienza a los 6 años y dura 6 años. El 47% de los alumnos de EPI son niñas. El 6% de los estudiantes repiten algún curso. Todos los estudiantes que se matriculan en primero llegan al último curso de primaria. Hay 1.632 maestros de primaria (89% mujeres), y el 91% han recibido la formación adecuada (77% de los hombres, 93% de las mujeres). El NAD es de 24 : 1.

El programa comienza a los 12 años y dura 6 años. La educación obligatoria termina a la edad de 14 años. El 50% de los alumnos de secundaria son niñas . El 94% de la educación secundaria es privada. El 5% de los alumnos cursan programas de formación técnica. El 10% de los estudiantes repiten algún curso. Hay 2.001 docentes de secundaria, 1.139 (61% mujeres) en secundaria inferior y 862 (51% mujeres) en secundaria superior, y el 64% tienen la formación necesaria (51% de hombres, 73% de mujeres). El NAD es de 24 : 1 en secundaria inferior y de 22 : 1 en la superior.

24.815 alumnos estudian en centros de enseñanza superior, con una tasa bruta de matrícula del 69%. En este nivel, el 67% de los centros son privados. 14.568 alumnos extranjeros estudian en Macao, la inmensa mayoría procedentes de países de Asia Oriental. Al mismo tiempo, 853 alumnos de Macao estudian fuera, sobre todo en EE.UU. (374), Australia (282), Reino (107), Canadá (45) y Portugal (20).

Los informes no mencionan la discriminación de las personas con discapacidad en la educación u otros servicios públicos. Las personas discapacitadas reciben ayuda económica y de rehabilitación, y el gobierno financia 24 centros de rehabilitación. Los servicios incluyen centros de día, centros de educación y formación preescolar, centros de empleo y formación profesional y un servicio de autobús para acudir a rehabilitación. Los programas para personas con discapacidad física o intelectual tratan de facilitar el acceso a la educación. Las ONG que prestan servicios a los discapacitados reciben ayuda financiera. 13 escuelas cuentan con programas para niños discapacitados a través de educación especial.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Macao colabora con el ACNUR. Los niños migrantes no tienen derecho a la educación.

La discriminación fundamentada en el origen étnico o racial es ilegal, y se respetan los derechos de las minorías étnicas, sobre todo los de los macaenses. En torno al 2% de la población habla portugués. La lengua china es oficial, y en los últimos años ha crecido su uso en la función pública.

No existen restricciones a la libertad académica ni en el uso de Internet.

La ley de igualdad de oportunidades se aplica en todas las organizaciones. Se establece el principio de igual pago por un trabajo de igual valor. Está prohibido discriminar por razones de sexo o capacidad física. Las mujeres cada vez son más activas y visibles en el campo empresarial. Existe cierta discriminación salarial en algunos sectores, a pesar de las leyes vigentes. La violencia doméstica es punible. Ninguna ley aborda sin embargo el acoso sexual.

Los menores de 16 años no pueden trabajar, salvo con autorizaciones ocasionales especiales en el caso de los niños de 14 y 15 años. Los menores trabajan en negocios familiares y en barcos de pesca durante sus vacaciones. Son de aplicación los convenios de la OIT sobre el trabajo infantil.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los funcionarios públicos y los empleados migrantes. Los convenios de la OIT vigentes antes del traspaso continúan en vigor. La mayoría de los sindicatos del sector privado son miembros de la Federación de Sindicatos de China (FTU). Hay 173 sindicatos independientes registrados. En torno al 79% de los empleados del sector público están sindicados. Los acuerdos entre empresas y trabajadores son válidos, pero no se garantiza el derecho a la negociación colectiva. La costumbre local favorece el empleo sin la ventaja de contratos laborales por escrito. Las huelgas están permitidas, pero no hay constancia de que se celebrara ninguna. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal. No existe un salario mínimo legal. La legislación establece una semana laboral de 48 horas. Los trabajadores migrantes normalmente cobran menos que los residentes locales por realizar el mismo trabajo. Duermen en residencies y trabajan en jornadas de entre 10 y 12 horas. Suelen deber dinero a las empresas que les introducen en el país por haberles conseguido el empleo.