Malawi tiene un gobierno democrático multipartidista elegido mediante sufragio universal En las elecciones de 2004, el Partido Democrático de Malawi obtuvo la mayoría de escaños y su líder fue elegido Presidente. El poder está repartido entre el Presidente y la Asamblea Nacional, de 193 miembros. 6 candidatos no pudieron acceder a sus escaños como consecuencia de las irregularidades electorales previas a las elecciones legislativas, que fueron consideradas libres y justas. El Presidente, Vicepresidente y un Gabinete de 30 personas ejercen el poder ejecutivo. Hay 27 mujeres en la Asamblea Nacional y 5 en el Gabinete. 3 miembros de grupos minoritarios tienen escaños en la Asamblea Nacional. Las iglesias tienen una gran influencia política.

La discriminación por razones de lengua o cultura está prohibida, pero la ley contra la discriminación no se hace cumplir con rigor.

El poder judicial es independiente pero se ve dificultado por la falta de recursos. La corrupción es generalizada y la impunidad es un problema. La campaña contra la corrupción facilitó la detención del antiguo Ministro de Educación. La policía ha sido acusada de maltratar a los detenidos, y las bandas callejeras se toman la justicia por su mano. Muchos presuntos delincuentes son agredidos o asesinados.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica se ve limitada. Aunque existen informes acerca de la intimidación que sufren los periodistas y que les llevan a practicar la autocensura, la prensa expresa diversas opiniones políticas e ideológicas. Sin embargo, los periodistas son detenidos por publicar información que pueda ser insultante para el Presidente. Normalmente se puede acceder a la información del gobierno.

El país es un punto de origen y tránsito para mujeres y niños víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual. La homosexualidad es ilegal.

Más de 1 de cada 7 malawianos está infectado por el VIH, uno de los índices de infección más altos del mundo. Se calcula que para 2010 2 millones de personas estarán infectadas y un número similar habrán muerto de enfermedades asociadas al SIDA. Se calcula que la mitad de los docentes, militares y policías de Malawi formarán parte de esa cifra de fallecidos antes de 2010. Las autoridades comienzan ahora a reconocer la crisis. La discriminación de las personas infectadas por VIH/SIDA es generalizada, lo que les impide el acceso a tratamientos. Muchos prefieren callar antes que enfrentarse al ostracismo. La Internacional de la Educación y el Sindicato de Docentes de Malawi (TUM) cooperan en un programa de formación en prevención del VIH/SIDA a través de la educación. Se ofrecen cursos de formación a los docentes y se proporcionan materiales para su uso en las escuelas.

La educación primaria es gratuita pero no obligatoria. Las familias deben pagar los uniformes, los libros y los materiales. Un fondo público de libros ayuda a los alumnos de familias muy pobres. Más de la mitad de los niños del país viven en la pobreza, y los niños de los hogares rurales con una mujer como cabeza de familia están entre los más pobres. La imposibilidad de completar la educación genera problemas para encontrar empleo a las niñas de las zonas rurales.

Un estudio de la Universidad de Malawi sobre el desarrollo de la educación primaria gratuita desde su introducción en 1994 hasta 2004 señala que, a pesar de que el presupuesto para la educación se ha incrementado todos los años, estos aumentos van por detrás de la creciente tasa de matrícula. Los índices de abandono escolar han disminuido anualmente desde que se introdujo la educación gratuita.

El sistema educativo lucha por afrontar la pérdida de docentes como consecuencia del SIDA, y el porcentaje de alumnos por maestro es muy elevado tanto en las escuelas de primaria como en las de secundaria. La diferencia de géneros en cuanto a asistencia a la escuela es pequeña, pero los niños tienen más probabilidades de estudiar la secundaria. En un intento de reducir esta diferencia, se ha decidido que las niñas no paguen la matrícula en la educación secundaria.

Un estudio de UNICEF indicó que algunas niñas mantenían relaciones sexuales con los profesores a cambio de dinero; se quedaban embarazadas y entonces dejaban la escuela. El estudio también explicaba que las niñas dejaban la escuela debido al comportamiento violento de algunos docentes. El gobierno intensificó a partir de entonces la protección de los alumnos, y las acciones judiciales han concluido con el encarcelamiento de las personas responsables de dichos actos.

El gobierno puso en marcha un Plan de Acción Nacional para Huérfanos y Niños Vulnerables con el fin de paliar el impacto de la pobreza y del VIH/SIDA sobre el millón aproximado de huérfanos que hay en el país. Las ONG también tratan de reducir el número de niños que mendigan en las ciudades. No obstante, el número de niños que viven en la calle ha aumentado, al igual que el número de huérfanos del VIH/SIDA.

El programa de EPI, de tres años de duración, comienza a la edad de 3 años.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 13 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. La tasa neta de matrícula es del 95% (50% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 33% llegan al último curso de primaria. El 18% de los estudiantes repiten curso. 40.587 docentes (46% mujeres) trabajan en este nivel. El número de alumnos por docente (NAD) es de 70: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 6 años. La TNM es del 25%. Hay 11.360 educadores de secundaria, 7.694 (25% mujeres) en los cursos más bajos y 3.666 (21% mujeres) en los superiores. El NAD es de 51: 1 en secundaria inferior y de 34: 1 en la superior.

5.089 alumnos (35% mujeres) estudian en centros de terciaria. 1.438 alumnos estudian fuera, sobre todo en Sudáfrica (417), Reino Unido (404), EE.UU. (399), Australia (77) y Canadá (22).

El Presidente ha señalado que los alumnos con discapacidad deberían tener el mismo derecho de acceso a la educación y a otros servicios públicos, pero no se dispone de los fondos, el personal y la infraestructura necesaria para que esto ocurra. Centros de formación y escuelas públicas y privadas ayudan a las personas discapacitadas, pero las oportunidades educativas son muy escasas para los niños discapacitados.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El gobierno colabora con la oficina del ACNUR para ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo. Malawi acoge a unos 9.100 refugiados de la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi. Los refugiados pueden buscar empleo y acceder a la educación. El ACNUR, las ONG y el gobierno contribuyen a ofrecer educación a los niños en los campos de refugiados.

Los habitantes de Malawi son de origen bantú. Grupos de chewa, nyanja, yao, tumbuka, lomwe, sena, tonga, ngoni y ngonde conviven con pequeños grupos de asiáticos y europeos. La discriminación en la educación no parece ser un problema según los informes.

La libertad académica está constitucionalmente garantizada en Malawi, y los informes no indican que existan restricciones a este derecho. El acceso a Internet no está limitado.

La ley protege por igual a hombres y mujeres, y las mujeres no pueden ser discriminadas por razones de género o estatus social. Sin embargo, los informes apuntan que la discriminación es omnipresente y que las mujeres no gozan de la igualdad de oportunidades. Las mujeres tienen menos oportunidades de alfabetización, educación y empleo. El índice de alfabetismo entre las mujeres de 15 a 45 años es del 46%, y entre los hombres es del 79%. Los informes mencionan también la discriminación en el derecho de familia y el derecho a la propiedad. Normalmente la mayor parte del patrimonio de un hombre casado pasa a su familia, y no a su viuda, al morir.

Además, en algunas zonas la viuda es heredada por un familiar varón, u obligada a mantener relaciones sexuales con él. Estas prácticas no son ilegales. Se hacen esfuerzos por suprimirlas, porque existe un alto riesgo de transmisión del SIDA como consecuencia del alto porcentaje de muertes por VIH y la probabilidad de que la viuda haya sido infectada. Los hogares con una mujer como cabeza de familia corresponden al 25% de la distribución de ingresos. Las mujeres representan el 52% de los agricultores, pero pocas mujeres trabajan en el sector formal. Las niñas pueden contraer matrimonio a los 15 años con el permiso paterno.

La creencia de que los niños no pueden ser infectados por el VIH y de que las relaciones sexuales con mujeres vírgenes pueden curar las enfermedades de transmisión sexual contribuye a la explotación sexual de menores. La mutilación genital femenina se realiza en algunas partes del país. El tráfico de mujeres y niños es otro de los problemas. Las prácticas abusivas incluyen la iniciación secreta de las niñas en sus roles de adultas. Los informes indican que ha reaparecido la costumbre tradicional de la kupimbira, práctica por la cual una familia recibe un préstamo a cambio de hijas de cualquier edad. La violencia doméstica es habitual pero no se habla abiertamente de ello, y la policía no suele intervenir en las disputas domésticas.

El Código Nacional de Conducta expone los principios para combatir el trabajo infantil. La edad mínima para trabajar es de 14 años; los niños de entre 14 y 16 años no pueden trabajar en actividades peligrosas o que interfieran con su educación. El trabajo infantil es habitual y existe tráfico de niños con fines de explotación laboral y sexual, aunque los traficantes son procesados.

Los niños en edad escolar que trabajan en el sector informal lo hacen como vendedores en la calle. Un estudio de 2004 demostró que, aunque el 72% de los niños estaban escolarizados, el 80% realizaba algún tipo de trabajo. En torno al 38% de los niños de entre 5 y 14 años trabaja más de 7 horas a la semana. Se ha formado a trabajadores de protección infantil, que trabajan en todos los lugares del país.

Los trabajadores, salvo el personal de las fuerzas armadas, tienen derecho a asociarse. La negociación colectiva está permitida si el 20% de los empleados están sindicados. El derecho a la huelga está garantizado, pero deben mantenerse los servicios básicos y los trabajadores responsables de estos servicios tienen un derecho limitado a la huelga. El sector informal es muy amplio y eso hace que disminuya el número de trabajadores sindicados. El 12% de los empleados del sector formal están sindicados, y hay 24 sindicatos registrados, sobre todo en el sector público. Los informes mencionan el trabajo forzado u obligatorio. La Confederación Internacional de Sindicatos informa de que el trabajo forzado, ligado a las familias, se produce en las plantaciones de tabaco. Hay catorce zonas francas o de procesamiento de exportaciones, en las que se aplica el código laboral. Sin embargo, los organizadores sindicales denuncian la dificultad de acceder a sus trabajadores.

El Consejo Consultivo Tripartito de Salarios recomienda un salario mínimo para las zonas urbanas y rurales. El salario mínimo en las zonas urbanas es de 0,80 USD al día (97 MWK), mientras que en las zonas rurales es de 0,60 USD (74 MWK) al día. Estos salarios no proporcionan un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La semana laboral es de un máximo de 48 horas.