Malasia es una monarquía constitucional con un gobierno democrático. El Rey, que tiene un poder discrecional limitado, es elegido para ejercer un mandato de 5 años de entre los miembros de la Liga de Gobernantes, los 9 Sultanes de los estados peninsulares de Malasia. El Parlamento bicameral se compone de la Cámara de Representantes y el Senado. El poder ejecutivo lo ejerce el Primer Ministro, que puede tener autoridad sobre una mayoría de la Cámara de Representantes. En el ámbito estatal, cada Sultán actúa con el asesoramiento de un Consejo Ejecutivo presidido por un Ministro Principal. Desde 1957 gobierna el país una coalición de partidos liderada por la Organización Nacional de Malayos Unidos.

Las elecciones de 2004 fueron consideradas libres y justas, a pesar de las denuncias por parte de la oposición acerca del abuso de poder de los partidos gobernantes. El Partido Comunista está prohibido, y el registro del Partido Socialista permanece bloqueado desde 1999. Hay 20 mujeres entre los 219 miembros de la Cámara de Representantes y 18 mujeres entre los 70 senadores.

La igualdad de derechos que establece la ley prohíbe la discriminación por razones de sexo, religión, raza, origen o lugar de nacimiento. La constitución reconoce la situación especial de los bumiputras: malayos étnicos y otras poblaciones indígenas de los estados orientales de Sabah y Sarawak. Las políticas de acción afirmativas y la legislación otorgan preferencia a los bumiputras en temas tales como la vivienda, la propiedad inmobiliaria, los contratos públicos y las becas. El poder judicial es independiente. Los magistrados de alto rango son elegidos con la recomendación del Primer Ministro.

La ley de la shari'a se aplica a todos los musulmanes. El testimonio de la mujer no tiene el mismo valor en los tribunales de la shari'a, y las mujeres no reciben el mismo trato en cuestiones tales como el divorcio y la custodia de los hijos. El derecho consuetudinario se utiliza para resolver las disputas relativas a la tierra entre la población indígena en Sarawak y Sabah, y el ejército tiene su propio sistema de tribunales.

Human Rights Watch ha denunciado que algunos presos sufren humillaciones durante los interrogatorios. La flagelación es una de las penas correspondientes al delito de posesión de drogas, prevaricación, violación, robo y tráfico de personas, y a la flagelación le sigue la deportación de los varones inmigrantes ilegales adultos de menos de 50 años. Sin embargo, la flagelación no está permitida en el caso de los hombres mayores de 50, las mujeres y los niños menores de 10 años. La corrupción de la policía es endémica.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero con ciertas limitaciones. La amenaza de ir a prisión por cometer un delito penal de difamación hace que los periodistas practiquen la autocensura. Las críticas de los medios a las políticas del gobierno y la corrupción han aumentado. La Ley Anticorrupción permite a las autoridades interceptar los mensajes en cualquier forma de comunicación para su uso en juicios de corrupción. La libertad de expresión está limitada en interés de la seguridad o el orden público, y la expresión de disconformidad está restringida por la Ley de Sedición, la Ley de Secretos Oficiales y las leyes de difamación. Los libros y las películas están censurados. El acceso a Internet no está limitado, pero el gobierno ha señalado que sancionará el uso indebido de las tecnologías de la información. El propietario de una página web o un blog en Internet puede ser castigado si el tribunal considera ofensivo el contenido.

El tráfico de menores de 18 años es ilegal, pero Malasia es un punto de origen, tránsito y destino para las mujeres y niñas víctimas del tráfico con fines de explotación sexual. Las niñas y mujeres extranjeras son empleadas como criadas domésticas en condiciones parecidas a las del trabajo forzado.

El Islam suní es la religión del estado. La práctica de otras tradiciones islámicas está restringida. Los funcionarios musulmanes deben asistir a las clases de religión que imparten los docentes autorizados por el gobierno.

Los tabúes religiosos y culturales relativos a la homosexualidad son generalizados. También es habitual la estigmatización de las personas infectadas por el VIH/SIDA.

La educación se presta a través de un sistema de escuelas publicas, escuelas religiosas y escuelas privadas o en el domicilio. El 25% del presupuesto nacional se destina a la educación gratuita y obligatoria de los niños hasta los 15 años. Solamente son obligatorios 6 años de estudios de primaria. La educación preescolar no es universal, y muchos programas de este nivel son ofrecidos por grupos religiosos. En algunas escuelas privadas hay secciones de preescolar. La enseñanza primaria y secundaria es muy centralizada y competitiva, y es frecuente el uso de exámenes normalizados. Tras acabar la educación primaria, los alumnos realizan el examen de evaluación de primaria.

En 2005, el New Straits Times indicó que la industria de la enseñanza dedicada a preparar a los estudiantes para los exámenes había alcanzado los 4.000 millones de MYR. Las escuelas chinas y tamales, conocidas como escuelas autóctonas, imparten las clases en mandarín y tamil respectivamente; también utilizan el examen de evaluación de primaria, que permite a sus estudiantes reintegrarse en escuelas nacionales para cursar la educación secundaria. El Primer Ministro se ha mostrado preocupado porque sólo el 2% de los alumnos chinos estudian en escuelas nacionales. El Departamento de Educación está estudiando la idea de introducir la Integración Nacional como asignatura en el programa escolar. La financiación de las escuelas chinas y tamiles sigue siendo un tema polémico, aunque el índice de asistencia a estos centros es del 96% (primaria) y del 82% (secundaria).

Los alumnos que terminan los estudios de secundaria hacen el examen para obtener el Certificado de Educación malayo, cuyo resultado es determinante para saber si optarán por la rama de ciencias o de letras en los estudios de enseñanza superior. Los alumnos que van a cursar estudios de enseñanza superior pueden solicitar su admisión en un programa de matrícula que dirige el Ministerio de Educación. No se admite a todos los alumnos, y los criterios de selección no se declaran públicamente. En el proceso de admisión se aplica una cuota racial, de forma tal que el 90% de las plazas se reservan a bumiputeras. En 2002, el gobierno anunció una reducción de estas cuotas raciales y una mayor inclinación hacia la meritocracia.

El Ministerio de Educación Superior fue creado en 2004. Los estudios en las universidades públicas están subvencionados. Antes de 2004, era obligatorio que todos los profesores de los centros públicos de enseñanza superior tuvieran una titulación universitaria, pero este requisito ha sido modificado para que los profesionales de la industria puedan optar a los puestos de profesor. Varios centros de terciaria de Australia y del Reino Unido cuentan con delegaciones privadas en Malasia, y ofrecen en sus campus titulaciones universitarias o titulaciones profesionales.

El Estado de Sabah tiene un grave problema con los niños de la calle, muchos de los cuales son abandonados cuando se deporta a sus padres por ser inmigrantes ilegales. Los niños no tienen la ciudadanía necesaria para acceder a los programas del gobierno, incluida la educación.

A la edad de 5 años comienza un programa de 1 años. En este nivel el 49% de la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 72%. Hay 25.116 maestros de EPI (99% mujeres). El numero de alumnos por docente (NAD) es de 23 : 1.

La educación es gratuita entre los 6 y los 11 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. En este nivel, el 1% de la educación es privada. La TNM es del 93% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso , el 84% llegan al último curso de primaria. Hay 159.041 maestros de primaria (68% mujeres). El NAD es de 19 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 7 años. En este nivel, el 3% de la educación es privada. El 15% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 70%. Hay 129.856 educadores de secundaria, 77.081 (64% mujeres) en los cursos más bajos y 52.775 (62% mujeres) en los superiores. El NAD es de 18 : 1 en secundaria inferior y de 18 : 1 en la superior.

632.309 alumnos (55% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 29%. En este nivel, el 32% de la educación es privada. Los alumnos extranjeros que estudian en Malasia proceden de Asia (22.314), los Países Árabes (2.158), África Subsahariana (1.394), Europa Central y Oriental (228), (25.424), Norteamérica y Europa Occidental (227) y Latinoamérica y el Caribe (14). Al mismo tiempo, 6.434 alumnos malayos estudian fuera, sobre todo en Australia (16.094), Reino Unido (11.806), EE.UU. (6.483), Japón (1.841) y Nueva Zelanda (831).

El ministro de enseñanza superior ha señalado que las mujeres no musulmanas que estudien en la Universidad Islámica Internacional de Malasia en Kuala Lumpur deben cubrirse la cabeza con un pañuelo en las clases y durante las ceremonias de graduación.

La ley no prohíbe la discriminación fundamentada en la discapacidad, pero el gobierno promueve la integración de los discapacitados en la sociedad. El 1% de los empleos en el sector público se reservan a personas discapacitadas, y los nuevos edificios deben ser accesibles para ellas. Hay varios centros de educación especial, y algunos niños con discapacidades leves son integrados en las escuelas regulares, pero en general los centros existentes no están preparados para satisfacer las necesidades de todos los niños discapacitados.

El gobierno no ha ratificado la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados ni su Protocolo de 1967, y no ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El ACNUR sitúa la cifra de refugiados en 33.499, de los cuales el 56% proceden de la provincia de Aceh en Indonesia y el 41% son ciudadanos burmeses.

Los hijos de los refugiados rohingya (refugiados musulmanes del noreste de Myanmar) no reciben educación básica en Malasia. La comunidad rohingya ha organizado clases en sus hogares para ofrecer la educación que pueden. Más del 70% de los niños rohingya están en edad escolar. Pueden estudiar en centros públicos como "residentes extranjeros permanentes", pero tienen que pagar unas tasas más elevadas y comprarse sus propios libros, algo que no está a su alcance. La falta de certificados de nacimiento también dificulta su acceso a la educación, ya que es un prerrequisito obligatorio para ser admitidos en la escuela.

La ley y la política establecen programas preferentes para impulsar la posición económica de los bumiputras. Los ciudadanos indios, por el contrario, siguen siendo uno de los grupos más pobres del país. La población indígena goza de los mismos derechos que el resto de la población. Los 149.500 orang asli constituyen el grupo más pobre del país. El 77% de las familias viven por debajo del umbral de la pobreza. Las leyes federales correspondientes a la tribu de los orang asli autorizan al ministro a tomar decisiones, por lo que esta comunidad apenas tiene oportunidades de participar en las decisiones que les afectan.

Se han destinado 26,3 millones de USD (100 millones de MYR) a proyectos de sanidad, educación preescolar, infraestructura y desarrollo económico para los orang asli. El índice de abandono escolar dentro de este grupo sigue siendo muy alto. Según las estadísticas del gobierno, 25.354 alumnos orang asli se matricularon en escuelas primarias, pero sólo 7.559 lo hicieron en secundaria.

La libertad académica está limitada. El gobierno impone ciertas restricciones a los profesores y alumnos que expresan opiniones discordantes. Los funcionarios públicos, los profesores y los estudiantes universitarios deben firmar un compromiso de lealtad al Rey y al gobierno. Los activistas de derechos humanos sostienen que esta práctica supone una restricción de la actividad política. 2 profesores de la Universiti Utara Malaysia fueron despedidos por no firmar el compromiso de lealtad.

Los profesores critican en ocasiones al gobierno, pero los informes constatan la autocensura existente entre los profesores de las universidades públicas. Los profesores de las universidades privadas también practican la autocensura por temor a que el gobierno revoque las licencias de sus centros. Así mismo, el gobierno impone limitaciones a las asociaciones de estudiantes y a las actividades políticas de profesores y estudiantes. La Universiti Kebangsaan Malaysia despidió a un profesor que habló en contra de las políticas sociales y económicas de la coalición en el gobierno. El gobierno considera que los alumnos deben ser apolíticos, y los que firman las peticiones contra el gobierno son expulsados o sancionados.

La política se aplica de forma selectiva. La Ley de Universidades restringe la libertad de asociación. 17 universidades públicas han que las elecciones de los representantes de los estudiantes en el campus sean vigiladas. Se tomaron medidas disciplinarias contra 10 alumnos que habían exigido unas elecciones libres y justas en el campus.

Se han puesto en marcha varias iniciativas para promover la participación plena y en igualdad de condiciones de la mujer en la educación. Las mujeres representan más de la mitad de los alumnos y licenciados universitarios. Dominan el campo de las ciencias y las matemáticas. Existe una definición de acoso sexual, pero los grupos de mujeres exigen una protección legal y no un simple código voluntario, a lo que se opone la Federación de Empresas Malayas. Las modificaciones de la Ley islámica del derecho de familia normalizan las disposiciones estatales sobre la poligamia, el divorcio y la sucesión para los musulmanes. La violencia contra las mujeres es un problema.

La edad mínima para trabajar es de 14 años, con excepciones en los casos de los espectáculos públicos, el trabajo en centros de formación o en contrato de aprendizaje. Los niños solo pueden trabajar 6 horas al día, un máximo de 6 días a la semana. Es difícil hallar cifras fiables sobre el número de niños que trabajan. La mayoría de los niños que trabajan lo hacen en el sector agrícola ayudando a sus padres, pero solamente los miembros adultos de la familia reciben una remuneración. Los representantes del gobierno sostienen que los trabajadores extranjeros han sustituido en gran parte la mano de obra infantil, y que las autoridades vigilan el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo infantil.

Los trabajadores tienen derecho a formar y a afiliarse a sindicatos, salvo los empleados del sector público, los agentes de la policía y la defensa y los trabajadores considerados "confidenciales, directivos y ejecutivos". El 9% de los trabajadores están afiliados a 617 sindicatos. La negociación colectiva está permitida con ciertos límites, pero no a los funcionarios públicos. Los temas relativos al traslado, el despido o la reincorporación de trabajadores son de la competencia de la dirección interna y quedan fuera de la negociación colectiva, a pesar de que esto constituya una violación de las normas de la OIT. Las restricciones sobre el permiso de trabajo impiden a los trabajadores extranjeros afiliarse a los sindicatos. El Congreso de Sindicatos Malayos (MTUC) denuncia la demora en el reconocimiento sindical. Está prohibido formar sindicatos nacionales en el sector de la electrónica, la mayor industria del país.

Los sindicatos son independientes del gobierno y de los partidos políticos, y los dirigentes sindicales no pueden ocupar un cargo principal en un partido político. Hay dos confederaciones nacionales, el MTUC y el Congreso de Sindicatos de Funcionarios Públicos. Los funcionarios públicos tienen derecho a organizarse en cada profesión; la OIT ha pedido información sobre los convenios colectivos firmados con los sindicatos de la función pública. Está permitida la afiliación internacional. Las huelgas generales son legales, pero el derecho a la huelga está gravemente limitado. En la lista de los servicios básicos se incluyen sectores que normalmente se consideran básicos de acuerdo con las definiciones de la OIT. En las zonas de procesamiento de exportaciones son de aplicación las leyes de trabajo.

Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, y la prohibición se hace cumplir. Las fuerzas del mercado determinan los salarios. No existe un salario mínimo. Los ciudadanos gozan de un nivel de vida aceptable, pero no se puede decir lo mismo de los trabajadores extranjeros. La jornada laboral es de 8 horas. Los contratos de los empleados domésticos son ambiguos y abren las puertas a posibles abusos. Los contratos no especifican el número de horas de trabajo al día.