Malta es una república democrática parlamentaria cuyo Presidente, que ejerce de Jefe de Estado, es nombrado por el Parlamento unicameral. El Primer Ministro es nombrado por el Presidente y encabeza el partido que tiene la mayoría en el Parlamento. Las elecciones, celebradas mediante sufragio universal, fueron libres y justas según los observadores. Hay 6 mujeres en un Parlamento de 65 escaños y 2 mujeres entre los 14 miembros del Gabinete. En torno al 13% de los altos cargos del gobierno son mujeres. No hay ninguna minoría representada en el gobierno.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, discapacidad, lengua o estatus social, y la ley se hace cumplir rigurosamente.

El poder judicial es independiente. Según los informes, ni la corrupción ni la impunidad son problemas en este país. La ley sobre el acceso a la información aún no ha sido promulgada, y el gobierno revela información a la prensa y al público a su entera discreción.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. La entrevista realizada a un candidato al Parlamento Europeo terminó con una denuncia por incitación al odio racial. Los medios de comunicación expresan variedad de opiniones sin restricción alguna, y los medios internacionales trabajan libremente. El acceso a Internet no está restringido. Los informes constatan que el país es un punto de destino para las víctimas del tráfico de personas con fines de prostitución. Las víctimas del tráfico de personas no reciben ayuda económica alguna.

La educación es gratuita, obligatoria y universal hasta los 16 años, El 95% de los niños en edad escolar están matriculados, y el 70% pasan a secundaria. El gobierno y la Iglesia Católica contribuyen a una fundación que financia las escuelas católicas. En los centros públicos se imparten clases de religión católica, aunque los alumnos pueden optar por no asistir a esas clases.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 38% de la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 87%.

La educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 5 y dura 6 años. En este nivel, el 37% de la educación es privada. La TNM es del 94% (48% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso , el 99% llegan al último curso de primaria. El 2% de los estudiantes repiten curso. Hay 1.745 maestros de primaria (85% mujeres). El número de alumnos por docente (NAD) es de 18 : 1.

La educación secundaria comienza a los 11 y dura 7 años. En este nivel, el 28% de la educación es privada. El 1% de los estudiantes de secundaria inferior y el 24% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La TNM es del 86%. Hay 3.840 educadores de secundaria, 2.998 (59% mujeres) en los cursos más bajos y 842 (31% mujeres) en los superiores. El NAD es de 10 : 1 en secundaria inferior y de 10 : 1 en la superior.

8.946 alumnos (57% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 30%. Al mismo tiempo, 731 alumnos malteses estudian fuera, sobre todo en Reino Unido (476), Alemania (50), España (44), Italia (39) y EE.UU. (30).

Está prohibido discriminar a las personas con discapacidad en la educación y otros servicios públicos. La Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación presta una serie de servicios, como por ejemplo asesoramiento, atención a domicilio para niños con enfermedades crónicas o con problemas auditivos, y educación especial para niños con dificultades de aprendizaje leves o moderadas, dificultades de audición, discapacidad emocional y discapacidad visual.

Los servicios de apoyo en las escuelas regulares se refieren sobre todo a la presencia de docentes para los alumnos sordos o ciegos y asistentes en la guardería para ayudar a los maestros que tienen un niños discapacitado en su clase. En los centros de primaria se imparten clases de recuperación de las asignaturas académicas para niños con un nivel mínimo de lectura y escritura, y existe además un servicio educativo para los niños hospitalizados.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El período de retención de los solicitantes de asilo se ha educido a un año. Niños, mujeres embarazadas y ancianos inmigrantes son acogidos en "centros abiertos", donde tienen libertad de movimiento.

Los niños refugiados que van a escuelas maltesas de primaria sufren diversas dificultades que les impiden escolarizarse con éxito, por ejemplo los problemas del idioma, las dificultades financieras, los obstáculos culturales y los traumas derivados de las experiencias anteriores. Los docentes conocen esas dificultades, pero necesitan recibir formación sobre el modo de enseñar a los niños refugiados y tiempo para planificar y prepararse al respecto. Las dificultades del idioma impiden en ocasiones a los docentes comunicarse con los padres.

Un pequeño porcentaje de la población está compuesto por personas de origen árabe, africano y de Europa Oriental. Los informes mencionan la discriminación racial existente. El odio racial constituye un delito penal, y se han presentado cargos por incitar al odio racial.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica.

Hombres y mujeres tienen los mismos derechos en materia de propiedad y de familia y en el sistema judicial. A través de los tribunales es posible percibir una compensación en caso de discriminación sexual. Cada vez hay más mujeres en la enseñanza superior, pero están escasamente representadas en los puestos de dirección y existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres. La violencia contra la mujer está prohibida y la ley se hace cumplir de manera forzosa.

La edad mínima para trabajar es de 16 años, y la ley se aplica forzosamente. Los menores pueden trabajar en verano en negocios familiares, y algunos trabajan como empleados domésticos o personal de cocina.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los policías y los militares. El 63% de la población activa está sindicada. Se practica la negociación colectiva y los trabajadores tienen derecho a la huelga, salvo los militares y policías de nuevo. En las zonas de procesamiento de exportaciones son de aplicación las leyes de trabajo.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal. El salario mínimo es de 160 USD a la semana (56 MTL), que se complementa con una prima anual obligatoria y el incremento anual del coste de la vida. También hay subvenciones para la vivienda, la atención sanitaria y la educación. La semana laboral es de 40 horas.