Situada en un archipiélago de atolones e islas del Pacífico Sur, la República de las Islas Marshall tiene un Parlamento de 33 escaños (Nitijela) y un Consejo de Jefes Supremos (Iroij). En 2003, los miembros de la Nitijela fueron elegidos por sufragio universal mediante votación secreta para ejercer un mandato de 4 años. El Presidente es elegido también para un mandato de 4 años por mayoría de votos de la Nitijela. El Gabinete es designado por el Presidente de entre los miembros de la Nitijela. El poder ejecutivo lo ejercen el Presidente y el Gabinete. El Partido Democrático Unido del Presidente obtuvo la mayoría de escaños en las elecciones.

No existen impedimentos para la participación de la mujer en la política, pero las actitudes tradicionales hacen que les resulte difícil obtener experiencia política. Hay una mujer en la Nitijela y 4 en el Consejo de Jefes consultivo.

Las relaciones exteriores se ajustan a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Libre Asociación con los Estados Unidos. Desde su independencia, las Islas Marshall han establecido relaciones con 67 países, incluidas otras islas del Pacífico. La sociedad es matrilineal, por lo que el liderazgo y la propiedad de la tierra se derivan de la línea materna.

El poder judicial es independiente. Los tribunales tradicionales aplican el derecho consuetudinario y las prácticas tradicionales. El Gabinete designa a los magistrados.

La discriminación por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, lugar de nacimiento, estatus u origen familiar está prohibida, así como las detenciones arbitrarias.

Los informes constatan cierta corrupción en la policía y el gobierno. La ley no reconoce el acceso a la información del gobierno.

La ley garantiza la libertad de expresión y de prensa, y el acceso a Internet no está restringido.

La educación es obligatoria y universal y la matrícula es gratuita, pero las escuelas cobran a los padres tasas de matrícula. En 2004 el gobierno amplió la educación obligatoria, que ahora abarca desde los 4 a los 18 años, pero no se ofrecieron los recursos necesarios para poner en marcha el programa.

En torno al 20% de los niños en edad escolar no van a clase de forma regular, en parte debido a la distancia existente entre su casa y la escuela y la falta de transporte. Muchas familias no pueden pagar la tasa de inscripción mensual y el resto de gastos relacionados con los estudios. No hay institutos suficientes para acoger a todos los niños, por lo que la admisión se realiza mediante un examen. Solamente dos tercios de los alumnos que terminan el octavo curso pasan a secundaria.

La delegación de la Universidad del Pacífico Sur trata de contribuir a la capacitación del profesorado marshalés desde el campus de Suva de la universidad. Bajo la dirección del Ministro de Educación, se está desarrollando un plan para ver si se podría llevar a cabo un curso de formación de profesores, aunque fuera en un grado limitado, aprovechando las nuevas tecnologías en beneficio de las escuelas de las islas más alejadas.

A la edad de 4 años comienza un programa de 2 años. En este nivel el 19% de la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 48%. Hay 126 maestros de EPI (60% mujeres). El numero de alumnos por docente (NAD) es de 12 : 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 18 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. La TNM es del 90% (47% niñas). Hay 526 maestros de primaria (34% mujeres). El NAD es de 17 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años. La TNM es del 74%. El 3% de los estudiantes repiten curso. Hay 387 educadores de secundaria, 183 (35% mujeres) en los cursos más bajos y 204 (42% mujeres) en los superiores. El NAD es de 17 : 1 en secundaria inferior y de 17 : 1 en la superior.

919 alumnos (56% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 17%. 25 alumnos estudian en el extranjero, concretamente en EE.UU. (24) y en el Reino Unido (1).

Está prohibido discriminar a las personas con discapacidad en la educación y otros servicios públicos. Las personas diagnosticadas como sicóticas son encarceladas junto con el resto de presos y reciben la visita de un médico si su comportamiento molesta a los demás.

El país respeta la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y colabora con la Oficina del ACNUR para ayudar a los refugiados y solicitantes de asilo. Sin embargo, no ha firmado la Convención y no ha establecido un sistema de protección para los refugiados. Existe una pequeña población de inmigrantes ilegales compuesta principalmente por isleños del Pacífico que fueron desplazados como consecuencias de la realización de las pruebas nucleares y por mujeres china que son víctimas del tráfico de personas.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica.

La jerarquía tradicional y la herencia de los bienes sigue un sistema matrilineal, pero el derecho consuetudinario recurre a los típicos modelos patriarcales. Las mujeres con estudios ocupan puestos importantes en la función pública, mientras que las que trabajan en el sector privado suelen ocupar puestos de bajos salarios. La edad mínima legal para contraer matrimonio es de 16 años. Los docentes y educadores deben informar de los casos de maltrato infantil, que parecen estar aumentando.

La violencia doméstica es habitual. La cultura y la tradición impiden a las víctimas denunciar la violencia doméstica. La ley no prohíbe el acoso sexual, pero no parece ser un problema grave.

No existe ninguna norma o ley que establezca la edad mínima para trabajar. Los niños no suelen ser empleados en la economía salarial. Algunos ayudan a sus familias en la pesca, la agricultura y otras tareas domésticas de pequeña escala.

La ley reconoce el derecho a la libertad de asociación, pero hasta la fecha no se ha formado ningún sindicato. El país no tiene antecedentes ni cultura de trabajo organizado. Ninguna ley hace referencia la negociación colectiva ni a otros derechos sindicales. La ley no regula el derecho a la huelga. Los informes mencionan la práctica del trabajo forzado u obligatorio entre la población de inmigrantes ilegales. El salario mínimo de 2 USD por hora tanto en el sector público como en el privado no proporciona un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La ley no establece el número máximo de horas de trabajo.