Mauritania es una república islámica muy centralizada, con una firme presidencia. El gobierno está formado por un brazo ejecutivo, el Senado y la Asamblea Nacional. El Presidente, reelegido en 2003, fue posteriormente depuesto, mientras se encontraba fuera del país, por un incruento golpe de estado de la junta denominada Consejo Militar para la Justicia y la Democracia. La junta y el gobierno de transición dieron a conocer un calendario de elecciones, según el cual se celebrarían elecciones presidenciales en marzo de 2007. La UE respaldo los compromisos asumidos por el gobierno de transición, y la ONU ha prometido cooperar en las elecciones.

Hay 3 mujeres entre los 26 ministros del gobierno de transición, y otras 2 entre los 15 miembros de la Comisión Electoral. Las minorías no están suficientemente representadas en el gobierno de transición. De los 26 puestos ministeriales, 2 están ocupados por haratines, 3 por pulares (también conocidos como fulani) y 1 por un ministro soninke. En el Consejo Militar hay un miembro haratin, 1 pular y un soninke. Los partidos políticos no están reconocidos.

El poder judicial está sometido a la presión de los dirigentes, además de la presión social y tribal. Los menores de 18 años son juzgados en un tribunal especial de menores.

La ley garantiza la igualdad, sin perjuicio de la raza, el origen nacional, el sexo o el estatus social. Sin embargo, en la práctica la afiliación racial y tribal, el estatus social y los vínculo políticos confieren privilegios. La ley Shari'a forma la base del sistema legal.

La Ley de Prensa prohíbe la publicación de todo material que se considere opuesto o amenazante para el Islam. Los informes indican que la policía golpea y tortura a los sospechosos, sobre todo a los que no tienen influencia por su dinero o su familia. La policía actúa con total impunidad. Se está investigando la gestión fiscal indebida por parte del anterior gobierno. Normalmente se niegan las peticiones de acceso a la información.

Las continuas sequías, la desertificación generalizada, las inundaciones y una invasión de langostas han causado graves problemas en un país muy pobre. La urbanización, la alta tasa de desempleo, la pobreza y una gran deuda externa contribuyen a agravar la situación. Si todo esto se combina con el hecho de que la riqueza se concentra en manos de un pequeño grupo selecto y la falta de transparencia y responsabilidad, es evidente que la mayoría de la población sufre considerablemente. En algunas regiones aisladas funciona la economía del trueque.

La libertad de expresión y de prensa están limitadas. La censura y el dominio de los medios de difusión garantizan el control de la información por parte del gobierno. La prensa privada criticó al anterior gobierno y a sus dirigentes, pero ahora apenas habla sobre el actual gobierno de transición. Se pueden ver canales internacionales de televisión por satélite, algo únicamente al alcance de quien se lo pueda permitir. Está prohibido todo material que se considere que desacredita al Islam o que amenaza la seguridad nacional, pero el acceso a Internet no está restringido.

Los informes señalan que el país es un punto de origen, tránsito y destino de mujeres y niños con los que se trafica con fines de trabajo forzado. El gobierno no ayuda a las víctimas del tráfico de personas. En algunas zonas aisladas continúan las prácticas de tipo esclavitud. En algunas casas de la ciudad, las niñas trabajan de criadas sin recibir remuneración alguna. Los niños (talibes), sobre todo de la tribu pular, mendigan como parte del acuerdo que tienen con algunos maestros religiosos (marabouts).

La ley Shari'a prohíbe la homosexualidad, pero la ley laica no. Los tabúes asociados al VIH/SIDA generan exclusión social.

El 19% del presupuesto nacional se destina a la educación, la mayor partida presupuestaria, y para 2007 está previsto que concluya la implementación de la educación primaria universal. Sin embargo, los recursos son escasos, sobre todo en las zonas rurales. La educación es gratuita hasta la universidad.

Las clases son universales, tanto socialmente como por géneros. Los hijos de los esclavos pueden ir a la escuela. Se ha trabajado para aumentar el número de matrícula de niñas. En las regiones meridional y oriental del país sigue siendo baja la tasa de matrícula. Las matrícula de alumnas de cursos técnicos se han incrementado. El índice de alfabetismo entre las mujeres es del 32%, y entre los hombres de 52%. Prácticamente todos los niños de entre 5 y 7 años van a escuelas coránicas.
Las ONG señalan que la urbanización de las familias nómadas ha llevado a otros 400 niños a la calle.

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño expresó varias preocupaciones: apenas el 60% de los niños van a la escuela; hay grandes diferencias regionales y de género; los índices de abandono escolar y de repetición de curso son altos; el programa curricular no es apropiado; el porcentaje de alumnos por profesor es enorme; la tasa de matrícula en secundaria es baja; la infraestructura escolar es escasa; muy pocos niños reciben educación preescolar. Según los informes, la práctica del castigo corporal a los niños en la familia es un problema grave. Muchas de estas condiciones se dan en otros países también.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 78% de la educación es privada. La tasa bruta de matrícula (GER) es del 2%. De los 243 maestros que trabajan en EPI, todos son mujeres y tienen la formación adecuada. El número de alumnos por docente (NAD) es de 19: 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 14 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. El 7% de la educación en este nivel es privada. La TNM es del 74% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 69% llegan al último curso de primaria. El 14% de los estudiantes repiten curso. Hay 9.753 maestros de primaria (28% mujeres), todos han recibido la formación adecuada. El NAD es de 45: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 7 años. En este nivel, el 10% de la educación es privada. El 2% de los estudiantes de secundaria inferior y el 7% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La TNM es del 14%. El 13% de los estudiantes repiten curso. Hay 3.126 educadores de secundaria, 1.896 (14% mujeres) en los cursos más bajos y 1.341 (10% mujeres) en los superiores. Todos los docentes de secundaria han recibido la formación adecuada. El NAD es de 26: 1 en secundaria inferior y superior.

9.292 alumnos (24% mujeres) estudian en centros de terciaria. 2.042 alumnos estudian en el extranjero, sobre todo en EE.UU. (1.822), Alemania (1.192), Francia (849), Reino Unido (799) y Arabia Saudí (370).

Está prohibido discriminar a las personas con discapacidad en la educación y otros servicios públicos. Existen algunos programas de rehabilitación y ayudas para niños discapacitados. El tratamiento de los niños discapacitados fue objeto de un estudio del Consejo Nacional del Niño en 2001. Los representantes del gobierno señalaron al Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño que se han puesto en marcha los programas correspondientes, prestando una especial atención a la ayuda para los niños con discapacidad intelectual. En la capital, Nouakchott, un centro para sordos y ciegos atiende en 10 aulas a 127 alumnos, aunque no hay suficiente personal cualificado.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. El anterior gobierno había establecido un sistema para proporcionar ayuda en colaboración con la oficina del ACNUR. El ACNUR calcula que hay entre 15.000 y 20.000 refugiados de Senegal en el país, junto con refugiados de Liberia y Sierra Leona. La negativa a proporcionar documentos de identidad a los refugiados y sus hijos y a defender los derechos de los menores refugiados fue objeto de preocupación para el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño.

El Comité sobre los Derechos del Niño observó también con preocupación que persiste la discriminación en el territorio, y sobre todo la discriminación contra los niños de los grupos minoritarios. Existe una brecha cultural entre africanos negros y moros, y estos últimos se dividen en moros blancos y moros negros, así como en tribus y clanes. Los moros blancos dominan el gobierno y el comercio, mientras que los moros negros tienen menos poder político y económico.

Los halpulaar son personas no moras que viven en su mayoría en el sur; los wolof y los soninke no tienen suficiente representación en el sector militar y de la seguridad. La lengua oficial es el árabe, pero también son lenguas nacionales el pulaar, el soninke y el wolof. Los gobiernos han emprendido una política de arabización en la escuela y el trabajo.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica.

La ley discrimina a las mujeres, en tanto que las normas relativas al testimonio, el reparto de bienes y el divorcio favorecen a los hombres. En 2004, la Asamblea Nacional rechazó una propuesta de conceder a las mujeres los mismos derechos que tienen el hombre en cuanto al divorcio. La ley obliga a pagar la misma remuneración a hombres y mujeres por realizar un trabajo de igual valor, pero la aplicación de la ley varía mucho, a pesar de que en la función pública y en la compañía minera estatal se cumple. Las mujeres tienen derecho a un permiso de 3 meses por maternidad. El gobierno de transición ha declarado que aumentará las oportunidades de empleo para las mujeres en los campos no tradicionales. Una mujer necesita el permiso paterno en su primer matrimonio, pero no es necesario su propio consentimiento para el matrimonio y el divorcio.

La poligamia está permitida aunque la esposa no lo consienta; no es muy habitual entre los moros pero sí entre otros grupos étnicos. Los malos tratos y la violencia doméstica son ilegales, pero no se aplica la ley con rigor. La sociedad tradicional se apoya en grupos familiares para resolver las disputas domésticas. SOS Esclaves afirma en su informe que a veces las niñas son entregadas a otra familia para que reciba educación a cambio de su trabajo y el acuerdo no se cumple, por lo que las niñas se convierten en criadas no pagadas. Otra de las prácticas mencionada es el gavage, la alimentación forzosa de las adolescentes antes del matrimonio, una práctica de los moros blancos que está desapareciendo. Todos los grupos étnicos practican la mutilación genital femenina, aunque los informes indican que está disminuyendo en las zonas urbanas.

La edad mínima para trabajar en los sectores no agrícolas es de 14 años, mientras que en la agricultura los niños de 13 años pueden hacerlo con un permiso especial de trabajo. El trabajo infantil es habitual en el sector informal. Los niños de 14 a 16 años que trabajan deben cobrar el 70% del salario mínimo, y los menores de entre 17 y 18 años el 90%. Muchos niños trabajan como aprendices. Niñas de apenas 7 años trabajan en el servicio doméstico. La desigualdad entre la edad mínima para trabajar (16) y la edad en la que finaliza la educación obligatoria (14) supone un problema.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los policías y los militares. La mayoría de la población activa trabaja en la agricultura de subsistencia y el sector informal. Únicamente el 25% son empleados asalariados. Casi el 90% de los trabajadores industriales y comerciales están sindicados. Los salarios, las condiciones de trabajo y las prestaciones se negocian en comités tripartitos y se formalizan por decreto. Los trabajadores tienen derecho a la huelga, aunque el gobierno puede disolver un sindicato si considera que la huelga es ilegal o que su fundamento es político.

En 2004, la reforma del código laboral introdujo el permiso por maternidad, y se introdujeron también leyes que prohibían todas las formas de trabajo forzado. Hay informes sobre la práctica del trabajo forzado u obligatorio, así como de esclavitud, aunque el gobierno niega que haya esclavos. Un estudio de la OIT de 2004 señalaba que el país sigue teniendo problemas para luchar contra el trabajo forzado, sobre todo en la forma de servidumbre doméstica forzada. Los informes indican que la comunidad de moros blancos que viven en regiones remotas utilizan moros negros como servidumbre. La esclavitud no existe oficialmente, pero continúa la servidumbre voluntaria y los descendientes de esclavos siguen trabajando para los anteriores amos a cambio de alojamiento y comida.

El salario mínimo para los adultos es de 78 USD al mes (21.000 MRO), pero no se hace cumplir con rigor. Esta cantidad no permite gozar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La ley establece una semana laboral de 40 horas, salvo en la agricultura y el servicio doméstico, donde la semana laboral es de 56 horas.