Los Estados Federados de Micronesia constituyen una república federal formada por cuatro estados isleños: Chuuk, Kosrae, Pohnpei y Yap. El Congreso unicameral de 14 miembros tiene representantes elegidos de cada uno de los estados por sufragio universal. A pesar de las irregularidades, las elecciones fueron consideradas aceptables. El Congreso elige al Presidente y al Vicepresidente de entre 4 senadores estatales. No hay partidos políticos, y el respaldo político se suele basar en la lealtad al clan o la religión. Los estados tienen bastante autonomía, y los líderes tradicionales son influyentes. Hay 2 mujeres en el Gabinete. El poder judicial es independiente; los jueces del Tribunal Supremo son designados por el Presidente y aprobados por el Congreso.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, sexo, lengua o religión, pero la aplicación de la ley es poco estricta.

Los informes indican que la policía maltrata a veces a los detenidos. La impunidad no parece ser un problema, pero la corrupción sí lo es, sobre todo en el estado de Chuuk.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. El acceso a Internet no está restringido. La ley no reconoce el acceso a la información pública.

La educación es obligatoria y gratuita entre los 6 y los 14 años, pero no siempre se cumple ley. No hay suficientes docentes, ni libros de texto ni material de enseñanza. Niños y niñas acceden por igual a la educación. Entre las opciones para estudiar está la formación profesional. Sin embargo, hay poca información estadística al respecto.

El programa de EPI, de 3 años de duración, comienza a la edad de 3 años.

La educación primaria comienza a los 6 años y dura 6 años.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años.

184 alumnos estudian en el extranjero, concretamente en EE.UU. (182) y en el Reino Unido (2).

Está prohibida la discriminación de personas con discapacidad. Los niños con discapacidad física o mental y los niños con dificultades de aprendizaje siguen un programa de educación especial, pero estos programas dependen de la financiación exterior. Las personas discapacitadas no suelen trabajar fuera de casa.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. No obstante, se han introducido leyes para corregir esta situación, y el gobierno colabora con el ACNUR.

La población se clasifica en general como melanesia. La mayoría de los habitantes consideran que su identidad étnica es específica de una isla (por ejemplo los originarios de Yap), y cada estado tiene una lengua y una cultura diferente. El estado de Yap tenía un sistema social parecido al sistema de castas, en el que el estatus de un pueblo es superior o inferior al del pueblo vecino. Los vecinos de casta baja trabajaban sin cobrar para los vecinos de casta alta, quienes a cambio se supone que cuidaban de ellos. Este sistema está desapareciendo pero todavía tiene consecuencias. Por ejemplo, los vecinos de baja casta no reclaman con la misma firmeza que sus vecinos que sus necesidades sean satisfechas.

Los informes no indican que haya violaciones de la libertad académica.

Las mujeres tienen los mismos derechos de propiedad, educación y empleo. La ley establece el principio de la misma remuneración por un trabajo de igual valor, pero persiste la discriminación social. Las mujeres cada vez tiene más éxito en el mundo empresarial. La ley no aborda específicamente la violencia doméstica, y apenas se persigue porque predominan las costumbres culturales y familiares. La policía no siempre responde a los que se considera un problema de la familia. Los métodos tradicionales de afrontar los litigios familiares están desapareciendo con la urbanización y el paso del clan familiar a la familia nuclear. El acoso sexual es un problema que no se aborda.

No existe una edad mínima para trabajar. Los niños ayudan a sus familias en la agricultura de subsistencia y en los pequeños negocios familiares.

Los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos, tienen derecho a formar y afiliarse a asociaciones consultivas, pero no hay leyes relativas a los sindicatos. El empleo está vinculado a las empresas familiares o a la función pública. La negociación colectiva no se practica. Las empresas establecen los salarios. No existe un derecho específico a la huelga.

Los gobiernos de cada estado fijan el salario mínimo para los empleados públicos, que oscila entre los 2 USD y los 0,80 USD por hora. El salario mínimo de los trabajadores del gobierno nacional es de 2,64 USD por hora. La ley no regula las horas de trabajo, pero lo normal es la semana laboral de 40 horas.