Moldova es una república con un gobierno representativo multipartidista. El poder se reparte entre el Presidente, el Gabinete y el Parlamento. Las elecciones, celebradas por sufragio universal, fueron consideradas libres y justas, a pesar de que la cobertura mediática de la campaña "no fue equitativa". El Parlamento elige al Presidente por mayoría de tres quintos, y el Presidente nombra al Primer Ministro, quien a su vez elige el Gabinete. El Parlamento aprueba la elección del Primer Ministro y del Gabinete. El líder del Parido Comunista fue reelegido Presidente, y los principales partidos elegidos para el Parlamento son el Partido Comunista, el Bloque Democrático de Moldavia y el Partido Cristiano Democrático Popular.

Hay 21 mujeres en un Parlamento de 101 escaños y 2 mujeres entre los 19 miembros del Gabinete. Hay 26 miembros de grupos minoritarios étnicos en el Parlamento, y 4 en el Gabinete. Las minorías rusa, ucraniana, búlgara, azerbaiyana y gagauz están representadas.

El poder judicial moldavo es independiente según la ley, pero sufre interferencias y supuestamente es corrupto. Entre las acusaciones se incluye la de aceptar sobornos para reducir las condenas y la de influencia política. El tribunal acepta pruebas obtenidas de manera ilegal, y las agencies de seguridad vigilan las comunicaciones.

Todas las personas son iguales ante la ley sin perjuicio de raza, sexo, discapacidad u origen social, pero varios grupos están discriminados.

La policía es acusada de emplear técnicas crueles y degradantes en los interrogatorios. Transparencia Internacional denuncia que la corrupción continúa siendo un grave problema en Moldova.

La ley establece el acceso a la información. La ley garantiza la libertad de expresión y de prensa, pero los periodistas constatan la autocensura como consecuencia de la intimidación. Los periodistas pueden ser demandados por difamación según el código civil, y los personajes públicos utilizan las leyes contra la difamación para presentar reclamaciones por la cobertura informativa. A pesar de esto, los medios expresan variedad de comentarios y opiniones políticas. Las publicaciones extranjeras no tienen mucha circulación por su elevado coste. El acceso a Internet no está limitado.

Los informes constatan la gravedad del tráfico de personas en el país. Se ha acusado a algunos representantes del gobierno de actuar como cómplices en el tráfico de personas. Ya se han iniciado las investigaciones de estos funcionarios. Moldova es un punto de origen para mujeres y niños víctimas del tráfico con fines de explotación sexual y para hombres y niños que son llevados a países vecinos para obligarles a realizar trabajos forzados y mendigar. Las víctimas proceden en su mayoría de regiones rurales, donde la desesperación económica les impulsa a buscar empleo en el extranjero.

La OIT señala en su informe que la población romaní es responsable de gran parte del tráfico de niños. Los huérfanos deben abandonar el orfanato cuando cumplen 16 años. La ley no hace referencia a sus gastos. Los directores de los orfanatos presuntamente venden información a los traficantes sobre la fecha en la que las niñas dejarán el centro, y estos las recogen en cuanto salen. Se ha promulgado una ley para prevenir y combatir el tráfico de personas, con el fin de ayudar a las víctimas. Las ONG han desarrollado programas dirigidos a las escuelas públicas, para advertir a las alumnas sobre el tráfico.

Los informes constatan la discriminación por razones de orientación sexual. La representación negativa que tienen en los medios y la condena de la Iglesia Ortodoxa promueve la discriminación de los homosexuales. Los padres de menores homosexuales les obligan a irse de casa, y en los pueblos se rechaza a la familia de un niño homosexual. Maestros y profesores universitarios han sido despedidos por su orientación sexual, y se acusa a la policía de sobornar a gays y lesbianas con la amenaza de exponer su orientación al público. Las ONG denuncian también la discriminación de las personas con VIH/SIDA, sobre todo en el entorno rural.

Las fuerzas militares rusas que permanecían en el este de Moldova declararon una República Moldova de Transnistria, habitada por 580.000 personas que viven entre el río Dniester y Ucrania pero que no pudieron votar en las elecciones. Se celebraron elecciones al Soviet Supremo de Transnistria, pero no se permitió la presencia de observadores internacionales. Se acusa a las autoridades de Transnistria de hostigar a los detenidos que se muestran críticos con el régimen. En Transnistria, las autoridades acosan a los periódicos cuando estos critican al régimen, y no hay periódicos moldavos en la lengua propia. La homosexualidad es ilegal en Transnistria.

Las familias númerosas reciben pagas suplementarias para contribuir a los gastos de educación. La educación es gratuita, obligatoria y universal hasta los 15 años. Sin embargo, los padres deben pagar el material escolar, sobre todo en las zonas rurales. El cobro de tasas se opone a la política del gobierno, pero los padres que no pueden pagar sacan a sus hijos de la escuela. En virtud del acuerdo de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), las autoridades de Transnistria introdujeron el alfabeto latino en las escuelas a principios del curso escolar. Las autoridades habían vertido amenazas de violencia para obligar a las escuelas que impartían clases en rumano a utilizar el alfabeto cirílico en lugar del latino.

La enseñanza moral y espiritual es obligatoria en primaria, pero opcional en secundaria y en la universidad. Los alumnos necesitan el consentimiento paterno para recibir clases de religión.

El programa de preescolar, de 3 años de duración, comienza a los 4 años. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 48%. Los 9.797 maestros de EPI son mujeres, y el 93% ha recibido una formación completa. El número de alumnos por docente (NAD) es de 10 : 1.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 16 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 4 años. La TNM es del 78% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso , el 90% llegan al último curso de primaria. Hay 10.493 maestros de primaria (98% mujeres). El NAD es de 19 : 1.

La educación secundaria comienza a los 11 y dura 7 años. En este nivel, el 1% de la educación es privada. El 22% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 69%. Hay 31.335 educadores de secundaria, 23.464 (77% mujeres) en los cursos más bajos y 7.849 (71% mujeres) en los superiores. El NAD es de 13 : 1 en secundaria inferior y de 13 : 1 en la superior.

126.885 alumnos (57% mujeres) estudian en centros de enseñanza superior, con una tasa bruta de matrícula del 32%. En este nivel, el 22% de la educación es privada. 2.502 alumnos extranjeros estudian en Moldova, en su mayoría procedentes de Europa Central y Oriental (1.537), los Países Árabes (842), Norteamérica y Europa Occidental (93), Asia (28) y África Subsahariana (82). Al mismo tiempo, 7.784 moldavos estudian fuera, sobre todo en Rumanía (4.111), la Federación de Rusia (1.267), Alemania (597), Francia (463) y Bulgaria (382).

Aunque la ley prohíbe discriminar a las personas con discapacidad física o mental, los informes constatan la discriminación generalizada, incluida contra estudiantes discapacitados. La situación de los niños es desesperada en los orfanatos, que tienen tremendos problemas incluso para proporcionar alimentos o calefacción en invierno y para frenar la propagación de las enfermedades entre los niños. En torno a 11.500 niños están internados en centros especiales. No todos son huérfanos, algunos son enviados por sus padres porque no pueden hacerse cargo o porque van a salir del país a buscar trabajo. Los padres de unos 20.000 niños trabajan en el extranjero, y meten a sus hijos en internados o los dejan con sus familias.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Los solicitantes de asilo y los refugiados llegan procedentes de una veintena de países, incluida la Federación Rusa, Afganistán, Irak y Sudán. Los desplazados internos de Transnistria han recibido la ayuda del ACNUR, educación incluida.

Ucranianos y rusos componen los dos grupos más grandes de minorías. Los gagauz, una minoría turca, constituyen un pequeño porcentaje de la población que viven en la Región Autónoma de Gagauzia. Los informes señalan la presencia de 11.600 romaníes, pero las ONG creen que la cifra es más alta.

La población romaní es objeto de violencia, acoso y discriminación. El Centro Europeo de los Derechos de la Minoría Romaní denuncia la discriminación que sufren en materia de vivienda, educación y acceso a los servicios públicos. La población romaní es el grupo minoritario más pobre y viven en comunidades segregadas. Los niños romaníes suelen ir a escuelas diferentes, con aún menos recursos que las demás escuelas del país. Son pocos los niños romaníes que cursan primaria, y menos aún los que pasan a secundaria. No hay escuelas que impartan clase en lengua romaní.

El idioma oficial de Moldova es el rumano, pero se usa el ruso para la comunicación interétnica. Los padres pueden elegir la lengua de enseñanza para sus hijos. En Transnistria se discrimina a los hablantes de romaní, y las autoridades rechazan la ley nacional que obliga al uso del alfabeto latino. Docentes, padres y estudiantes se han opuesto a este rechazo porque perjudica a los alumnos que desean cursar estudios de enseñanza superior en otras partes del país o en países donde se usa el alfabeto latino. De acuerdo con una fórmula establecida por la OSCE, las autoridades de Transnistria permitirán el uso del alfabeto latino en las escuelas ubicadas en su territorio pero registradas en el Ministerio de Educación moldavo. Estas escuelas iniciaron el curso escolar de 2005 utilizando el alfabeto latino. La policía cerró en 2004 las escuelas en las que se usaba el alfabeto latino por infringir la ley de Transnistria.

La ley reconoce la libertad académica, pero los informes indican que esta libertad se basa en el sistema que se seguía cuando Moldova formaba parte de la antigua URSS. Se denuncia el monopolio estatal sobre el contenido de las materias que se imparten, así como la imposición de planes de estudios y métodos desfasados. El estricto control sobre la metodología de enseñanza refleja la falta de confianza en la capacidad y la competencia de los profesores. La ausencia de un sistema de evaluación objetivo es también motivo de preocupación en la enseñanza superior.

Hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley; las mujeres representan la mitad de la población activa y perciben la misma paga por un trabajo de igual valor. Sin embargo, pocas son las mujeres que ocupan puestos de ingresos elevados. La ley no prohíbe el acoso sexual y es un problema. La violencia doméstica es una práctica habitual. Los informes constatan el tráfico de mujeres jóvenes y el aumento del turismo sexual en los hoteles de categoría superior de la capital, Chisinau, que se centra sobre todo en mujeres de 15 a 24 años.

La edad mínima para trabajar es de 18 años. Los menores de 16 y 17 años pueden trabajar bajo determinadas condiciones, como una jornada más breve, turnos únicamente diurnos y unas vacaciones más largas. Las leyes que prohíben las peores formas de trabajo infantil no se aplican con rigor. Los niños de las zonas rurales trabajan en el campo. El tráfico de niños es un problema muy grave. La OIT tiene un programa para reforzar los comités contra el tráfico de personas, establecer centros para jóvenes y capacitar a los representantes de las empresas y los sindicatos para que puedan vigilar las prácticas de trabajo infantil.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y a formar sindicatos, y en torno al 50% de la población activa está sindicada. 2 confederaciones sindicales compiten por la afiliación de los miembros: la Confederación de Sindicatos de Moldova (TUCM) y la Confederación de Sindicatos Libres "Solidaritate" (Solidaridad). La primera es independiente y la segunda está financiada por el gobierno, y presuntamente éste presiona a los sindicalistas para que se pasen a su sindicato. El gobierno sigue presionando a los sindicatos de docentes para que abandonen la TUCM y se unan a Solidaritate. El gobierno ha hecho caso omiso a las peticiones para que deje de interferir en los asuntos internos del movimiento sindical. La negociación colectiva está permitida, y los trabajadores que no prestan servicios básicos tienen derecho a la huelga. En las zonas de procesamiento de exportaciones son de aplicación las leyes de trabajo.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero existe. El salario mínimo de 16 USD (200 MDL) al mes para los empleados del sector público y de 44 USD (550 MDL) al mes para los empleados del sector privado no proporcionan un nivel de vida digno al trabajador y su familia.