Mongolia se encuentra en un período de transición, de un estado muy centralizado a una democracia multipartidista, y presenta una combinación de poder presidencial y parlamentario. En 2004 se celebraron elecciones, celebradas por sufragio universal, para elegir un nuevo Presidente y los 76 miembros del Parlamento. Se apreciaron algunas irregularidades electorales de menor importancia, y tras las elecciones el país atravesó por un período de inestabilidad protagonizado por coaliciones y desafíos. El Primer Ministro, del partido mayoritario, es propuesto por el Presidente y confirmado por el Parlamento. 5 de los 18 partidos políticos registrados están representados en el Parlamento. Hay 5 mujeres en el Parlamento. Se eligieron 3 miembros kazajos étnicos.

El poder judicial es independiente según la ley, pero está sujeto a la influencia externa y a la corrupción. Las fuerzas de seguridad pueden grabar las conversaciones telefónicas.

Está prohibido discriminar por motivos de origen étnico, raza, edad, sexo, origen o estatus social, y la ley se hace cumplir rigurosamente.

Hay informes sobre el maltrato de la policía a los detenidos. El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura mostró su preocupación por la persistencia de la tortura y señaló que la policía actúa en un clima de impunidad.

Parece que la corrupción es un problema cada vez más importante en el gobierno. Los cambios económicos y sociales han dejado a las familias en situaciones muy difíciles. La pérdida de puestos de trabajo, la inflación y la reducción del gasto en programas sociales y de educación han dejado en manos de la familia la responsabilidad en materia de salud y educación.

El acceso a la información es limitado. Se garantiza la libertad de expresión y de prensa, pero resulta preocupante la intimidación indirecta que sufre la prensa. Se recurre a las demandas por difamación y a las inspecciones fiscales para acosar a los periodistas. El acceso a Internet no está restringido.

Mongolia es un país de origen y tránsito para el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual. Algunas ONG creen que miembros de la policía facilitan la circulación de las víctimas del tráfico a lo largo de las fronteras.

Las personas infectadas por el VIH/SIDA están discriminadas en la sociedad.

Ha desaparecido la tradición de criar a los hijos en comunas, por lo que muchos huérfanos viven en la calle y no van a la escuela. La educación pública es obligatoria y la matrícula gratuita hasta los 16 años, pero a pesar de la ley las familias tienen que pagar ciertos gastos para que sus hijos estudien. Las chicas mayores de 15 años tienen más probabilidades de terminar sus estudios que los chicos. Muchas veces las escuelas están alejadas de los domicilios y es difícil conseguir transporte hasta ellas. Hay una grave escasez de docentes y de material didáctico en todos los niveles de la educación.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 4% de la educación es privada. La tasa neta de matriculaciones (NER) es del 32%. Hay 3.267 maestros de EPI (96% mujeres). El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 28 : 1.

La educación es obligatoria entre los 8 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 8 y dura 4 años. En este nivel, el 3% de la educación es privada. La NER es del 84% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso , el 91% llegan al último curso de primaria. El 1% de los estudiantes repite curso. Hay 7.172 maestros de primaria (94% mujeres). El PTR es de 33 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años. En este nivel, el 3% de la educación es privada. El 21% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La NER es del 82%. Hay 14.662 educadores de secundaria, 9.719 (73% mujeres) en los cursos más bajos y 4.943 (70% mujeres) en los superiores. El PTR es de 24 : 1 en secundaria inferior y de 20 : 1 en la superior.

108.738 alumnos (62% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 39%. En este nivel, el 32% de la educación es privada. 4.567 alumnos mongoles estudian en el extranjero, sobre todo en Alemania (1.400), EE.UU.(711), Japón (689), Kazajstán (569) y Turquía (309).

Está prohibida la discriminación de las personas con discapacidad en la educación. Las prestaciones se conceden en función de la naturaleza y gravedad de la discapacidad, pero apenas se hace nada por mejorar esta legislación. Las empresas de más de 50 empleados están obligadas a contratar al menos a 3 personas discapacitadas, a cambio de ventajas fiscales. Existen centros especiales para los niños discapacitados, que también son libres de asistir a los centros escolares regulares. Los docentes que trabajan con personas discapacitadas necesitan formación y servicios de apoyo.

Mongolia no firmó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. La ley no concede el asilo ni el estatuto de refugiado, y el gobierno no ha establecido ningún sistema de protección a los refugiados. Según los informes, el gobierno de Mongolia ayuda ahora a los refugiados norcoreanos a pasar a Corea del Sur, después de un período de devolución de algunos de ellos a China, que a su vez los enviaba de regreso a Corea del Norte.

Los 100.000 musulmanes kazajos que viven el país practican libremente su religión en la región donde vive la mayoría de ellos, pero se les ha impedido construir una mezquita en la capital, Ulan Bator. Una directiva del Ministerio de Educación prohíbe mezclar la enseñanza de lenguas extranjeras u otros cursos con las clases de religión.

La enseñanza superior en Mongolia sigue bajo el control del estado, aunque ha adoptado unas estructuras más democráticas desde la década de 1980. Los presidentes de los centros de enseñanza superior son elegidos ahora por el personal académico. La libertad académica y la autonomía de los centros ha aumentado en los últimos diez años y ahora están protegidas por la ley. El ministerio continúa designando a los representantes para la junta rectora de los centros públicos.

Hombres y mujeres son iguales ante la ley, que establece el pago de la misma remuneración por un trabajo de igual valor. Niños y niñas acceden en igualdad de condiciones a la educación. Las mujeres componen la mitad de la población activa, y muchas constituyen la principal fuente de ingresos en la familia. Las mujeres no pueden trabajar en condiciones que resulten peligrosas para la salud de los niños y la salud materna.

El acoso sexual, que se produce, no está legislado en la ley. Las mujeres ocupan puestos de trabajo de categoría media en el gobierno y las empresas, y están logrando llegar a los cargos directivos. La violencia doméstica es un grave problema, aunque la creciente sensibilización del público está terminando con la negación social de dicha violencia.

La edad mínima para trabajar es de 16 años. Los niños de 14 y 15 años pueden trabajar con permiso paterno un máximo de 30 horas a la semana, pero no de noche ni en condiciones peligrosas. Los niños trabajan en el sector informal, muchos de ellos para mantenerse a ellos mismos, a sus hermanos y a veces a sus padres. Los informes sitúan la cifra de niños trabajadores en torno a los 58.000. En las zonas rurales son pocos los chicos adolescentes que terminan los estudios de secundaria. El trabajo infantil forzado u obligatorio es ilegal.

Los trabajadores tienen derecho a afiliarse o formar sindicatos, aunque existen ciertas restricciones para los funcionarios públicos y los trabajadores sin contrato. Parece que el número de afiliados ha descendido a menos de la mitad de los trabajadores. Las federaciones sindicales se han fusionado. Los salarios y las condiciones de trabajo las establecen las empresas, que en ocasiones consultan a los sindicatos. Los trabajadores tienen derecho a la huelga, salvo los de los servicios considerados críticos para la defensa y la seguridad nacional.

Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, y la prohibición se hace cumplir. Los presos son obligados a trabajar como parte de su condena, y la remuneración correspondiente se envía a sus familias. El salario mínimo es de 33 USD (40.000 MNT) al mes, tanto en el sector público como en el privado. Esta cantidad no permite gozar de un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral es de 40 horas.