En 2006, tras un referéndum nacional, Montenegro notificó al gobierno serbio su escisión de la unión estatal Serbia y Montenegro. Desde entonces se han celebrado elecciones nacionales para formar el gobierno de la República de Montenegro, que cuenta con un sistema presidencial y parlamentario.
Las primeras elecciones de la nueva República de Montenegro independiente se celebraron en septiembre de 2006. Las elecciones, celebradas por sufragio universal, fueron consideradas libres y justas, y el Presidente en el cargo fue reelegido. El partido a favor de la entrada en la Unión Europea formó la Coalición por un Montenegro Europeo y obtuvo 41 de los 81 escaños del Parlamento. Los bloques partidarios de la unión con Serbia recibieron 23 escaños. El nuevo Movimiento por el Cambio, que representa una plataforma de mejoras económicas y contra la corrupción, obtuvo 11 escaños. El resto de escaños fueron para partidos representantes de minorías étnicas, sobre todo albaneses.
9 mujeres resultaron elegidas para el Parlamento. Bosniacos y albaneses étnicos participaron en las elecciones. La población romaní estuvo escasamente representada en el proceso político y en el gobierno.
Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, discapacidad, lengua o estatus social, pero todavía hay discriminación. La ley establece la independencia del poder judicial, pero los informes mencionan la ineficacia y la corrupción como problemas.
El gobierno colabora con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Algunos informes constatan la vigilancia policial de los partidos de la oposición y otros grupos. Las organizaciones actúan dando por hecho que podrían estar siendo vigiladas. Los bosniacos (musulmanes bosnios) que son agentes de la policía trabajan sobre todo en Sandzak, una región musulmana del norte. Amnistía Internacional instó a las autoridades montenegrinas a investigar las acusaciones contra agentes de la policía sospechosos de torturar y maltratar a albaneses étnicos. El gobierno investiga los maltratos, pero son escasas las denuncias y las condenas contra la policía. La corrupción y la impunidad son problemas. La percepción publica de la corrupción en el gobierno es generalizada.
Montenegro está en pleno proceso de transición a una economía de mercado. La tasa de desempleo ha aumentado vertiginosamente, contribuyendo al incremento de la pobreza y afectando especialmente al bienestar de los menores. Aproximadamente el 12% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La población romaní, los refugiados y los desplazados internos sufren el mayor índice de pobreza. Los menores de 30 años constituyen el 70% de los desempleados.
Se han aprobado y aplicado leyes relativas al acceso a la información, y los archivos de 1945 que guardaban las agencias de seguridad en los anteriores regímenes están ahora a disposición de las personas interesadas. Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica existen algunas limitaciones. A pesar de las presiones, los medios trabajan activamente sin restricción alguna por parte del gobierno. No parece que los periodistas practiquen la autocensura, aunque existe la posibilidad de presentar denuncias por difamación o imponer multas de gran cuantía contra los periodistas. El acceso a Internet no está restringido.
El tráfico de personas es un problema grave. Montenegro es un punto de origen, tránsito y destino para las víctimas del tráfico. Los informes acusan a la policía y a otros funcionarios de participar en el tráfico de personas. Se han hecho esfuerzos conjuntos con otros países para luchar contra el tráfico.
Se constata la discriminación social de los homosexuales, aunque apenas se producen ataques violentos contra este colectivo y el gobierno siempre los ha condenado.
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