La República de Nauru, una isla del Pacífico Sur, tiene un órgano legislativo democrático y parlamentario. Las elecciones celebradas en 2004 fueron libres y justas. El Parlamento elige a uno de sus miembros para ocupar el cargo de Presidente y ejercer de Jefe de Estado y jefe de gobierno. Se celebran elecciones periódicas, libres y justas, por sufragio universal y voto obligatorio. Entre los 18 miembros del Parlamento no ha ninguna mujer, aunque éstas ocupan cargos en la función pública.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, discapacidad, lengua o estatus social, y la ley se hace cumplir rigurosamente.

El poder judicial es independiente. El Tribunal Superior de Australia puede revisar los casos civiles y penales. Desde 2002, las autoridades han detenido a solicitantes de asilo en Nauru, lo cual constituye una violación de las constituciones de Nauru y Australia según los defensores de los derechos humanos. Tribunales de ambos países han dictaminado que la detención es legal. Gracias a un acuerdo con la policía australiana, la policía de Nauru recibe cursos de formación. El gobierno ha tomado medidas para combatir la corrupción.

El cierre de las minas de fosfato redujo rápidamente el nivel de riqueza del país. El desarrollo de los servicios financieros exteriores generó varias demandas por blanqueo de dinero, y la investigación realizada por la OCDE situó a Nauru en una lista de países no colaboradores, una medida que pone fin a sus actividades bancarias en el exterior.

La ley no reconoce el acceso a la información del gobierno. La ley garantiza la libertad de expresión y de prensa, y el acceso a Internet no está restringido.

La educación es obligatoria hasta los 16 años. El índice de ausentismo escolar es del 60% en algunas escuelas, una cifra preocupante. El cierre de las minas de fosfato hizo que los trabajadores extranjeros en el paro no pudieran pagar la educación de sus hijos, aunque fuera de menos calidad que la que reciben los ciudadanos nauruanos. Muchos niños no terminan la escuela secundaria.

A la edad de 3 años comienza el programa de EPI, de 3 años de duración. Los 49 maestros que EPI son mujeres. El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 13 : 1.

La educación es obligatoria entre los 5 y los 16 años. La educación primaria comienza a los 6 años y dura 6 años. El 47% de los alumnos son niñas. La tasa bruta de matriculaciones (GER) es del 84%. De los estudiantes que se matriculan en el primer curso , el 25% llegan al último curso de primaria. Hay 63 maestros de primaria (95% mujeres). El PTR es de 22 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años. La GER es del 59% en secundaria inferior y del 9% en secundaria superior. Hay 34 docentes de secundaria (53% mujeres). El PTR es de 19 : 1 en secundaria.

1 alumno estudia actualmente fuera del país, concretamente en Reino Unido.

El estado no ha aplicado forzosamente la ley relativa a los servicios para personas discapacitadas. La crisis económica ha reducido los fondos destinados a la educación y a la atención sanitaria, por lo que los niños discapacitados tienen más dificultades para acceder a dichos servicios. Las personas con discapacidad mental no reciben ayuda formal alguna. En un informe presentado a la ONU se indicaba que solamente entre el 2% y el 5% de los niños discapacitados acceden a la escuela.

El gobierno no firmó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados ni su Protocolo de 1967, y no acepta refugiados ni solicitantes de asilo. El gobierno colabora con el ACNUR. Desde 2000, Nauru acoge 2 centros de detención y procesamiento de refugiados financiados por Australia y gestionados por la Organización Internacional de Migraciones. Aproximadamente 1.200 refugiados fueron procesados a lo largo del año. El gobierno australiano ha cerrado el centro y, en la fecha de redacción de este informe, y había desalojado del mismo a 2 solicitantes de asilo.

Se habían planteado dudas acerca de las condiciones en las que se encontraba el centro. El ACNUR ayudó a reubicar a varios refugiados en países diferentes a Nauru, aunque 93 niños menores de 12 años fueron retenidos en el país. 2 niños con discapacidad intelectual permanecieron 4 años detenidos. Tras su puesta en libertad, ambos tuvieron que ser trasladados al hospital para recibir tratamiento.

Los chinos étnicos componen entre e 5% y el 8% de la población. Este grupo ha sufrido ataques raciales. Los trabajadores en paro y sus familias de Tuvalu y Kiribati, que permanecieron en el país tras el cierre de las minas de fosfato, sufren discriminación.

Los informes no indican que haya restricciones a la libertad académica.

Hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero la discriminación social limita las oportunidades de las mujeres para ejercer de sus derechos. Las chicas acceden a la educación en igualdad de condiciones con los chicos, y las mujeres pueden tener bienes en propiedad.

La violencia doméstica se considera una cuestión privada y pocas veces se presentan denuncias ante la justicia. El acoso sexual está tipificado como delito, pero no parece que sea un problema grave.

La edad mínima para trabajar es de 17 años. Los empleadores en el sector formal respetan las leyes relativas al trabajo infantil. Los menores de 17 años trabajan en negocios familiares.

Los trabajadores tienen derecho a formar y afiliarse a sindicatos, pero no existe ninguno en el país. El impacto de la fuerza de trabajo extranjera con unos derechos limitados hace que sea muy difícil organizar un sindicato. La negociación colectiva no se practica, y la ley no hace referencia al derecho a la huelga. El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, y los informes no mencionan su existencia. Los salarios y las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos se establecen en las normativas de la función pública.

Los funcionarios y parlamentarios cobran un salario de 105 USD (140 AUD) cada dos semanas. Según los informes, el salario mínimo no proporciona un nivel de vida decente al trabajador y su familia. El salario actual supone una reducción en la paga de los trabajadores, pero antes de que se aplicara el nuevo salario los empleados del sector público permanecían sin cobrar durante meses. La semana laboral, tanto en el sector privado como en el público, es d 36 horas para los administrativos y de 40 horas para los trabajadores manuales.

A los trabajadores extranjeros que se han quedado en el país tras el cierre de las minas se les siguen debiendo varios salarios. El gobierno destinó una ayuda quincenal de 37 USD (50 AUD) a estos extranjeros; en la fecha de redacción de este documento, el gobierno de Taiwán había acordado sufragar su repatriación a Tuvalu y Kiribati.