El Sultanato de Omán es una monarquía hereditaria. El Consejo bicameral está formado por una cámara baja elegida y una cámara alta designada. La cámara baja, compuesta por 83 miembros, es un órgano consultivo representante que se elige en elecciones libres y justas, celebradas por un sistema de sufragio que es universal salvo para el personal militar y de seguridad. La cámara alta tiene 59 miembros designados por el Sultán. El Sultán ejerce la autoridad en todos los asuntos, nacionales e internacionales.

El Consejo de Omán tiene representantes de diferente origen lingüístico y racial. Hay 11 mujeres entre los 142 miembros del Consejo y 4 mujeres en el Gabinete. Los miembros del Consejo ejercen un mandato de 4 años. El Sultán designa el Presidente del Consejo por decreto real. 506 candidatos concurren en las elecciones a los 83 escaños de la cámara baja, que se celebran de forma libre y justa. Los partidos políticos no están permitidos.

El Islam es la religión del estado, y el derecho islámico es la principal fuente de legislación. Los imanes deben predicar dentro de los parámetros de los textos habituales, y los sermones se vigilan para garantizar que no se surgen temas políticos ni se incita al odio religioso y que el texto se ajusta a la interpretación que hace el estado del Islam. Los imanes pueden ser despedidos si traspasan esos límites. Los tribunales actúan bajo las órdenes del Sultán, que designa a los jueces a su discreción. Los tribunales de la shari'a se ocupan de cuestiones familiares relacionadas con el divorcio y la sucesión.

Está prohibida la discriminación por razones de sexo, origen étnico, raza, lengua, religión, lugar de residencia y clase social, pero la ley no se hace cumplir con rigor y existe discriminación por razones de sexo, raza, clase social y discapacidad.

Las normas de procedimiento penal se establecen por decreto real. Se ha acusado a la policía de emplear fuerza excesiva para dispersar a los manifestantes, y los agentes declarados culpables han sido descendidos o destituidos. Según los informes, las prácticas de detención e interrogatorio dan pie muchas veces a la incomunicación de los sospechosos. Se vigilan las comunicaciones verbales, escritas y electrónicas.

La ley no reconoce el acceso a la información pública. Los decretos reales y las decisiones se publican en el Boletín Oficial. Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica se ve limitada. Está prohibido criticar al Sultán. Los periodistas practican la autocensura por temor a represalias. En Internet se han publicado algunas críticas a los organismos y representantes del gobierno, aunque las leyes contra la difamación y la presunta preocupación por la seguridad nacional se utilizan para suprimir las críticas a los personajes del gobierno. La Ley de Prensa y Publicación permite censurar las publicaciones nacionales y extranjeras. Se puede acceder a Internet, aunque el gobierno bloquea las páginas web consideradas pornográficas o de relevancia política. Se están estudiando varias medidas para vigilar y censurar las publicaciones en Internet.

La OIT menciona la práctica del tráfico de niños pequeños para ser utilizados como jinetes de camellos. No obstante, en su informe la OIT dice que esta práctica ha cesado. Los traficantes son perseguidos.

Las personas infectadas por el VIH/SIDA son discriminadas. Se ha introducido un proyecto piloto de Educación Paritaria para sensibilizar a los jóvenes, y existe además una línea telefónica gratuita sobre el SIDA que proporciona información acerca del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual.

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño observó que Omán ha cumplido la mayoría de los objetivos para los ciudadanos establecidos en la Cumbre Mundial de la Infancia. Sin embargo, el Comité constató con preocupación "la desigualdad en cuanto a derechos económicos y sociales de los niños extranjeros y los niños que viven en las zonas rurales, y la aplicación de la Ley de Nacionalidad que no otorga la ciudadanía a los hijos de madre omaní casada con un extranjero, a diferencia de lo que ocurre cuando el padre es omaní".

La educación y el bienestar general de los niños son algunas de las prioridades nacionales. La educación primaria y secundaria es gratuita y universal, aunque no obligatoria, y el número de matriculaciones ha aumentado considerablemente. Existen programas importantes para reducir el analfabetismo. El índice de alfabetismo entre los adultos ha aumentado hasta el 77,1%. Chicos y chicas acceden a la escuela en igualdad de condiciones.

A la edad de 4 años comienza un programa de 2 años. Todos los centros de EPI son privados. La tasa neta de matriculaciones (NER) es del 5%. Los 345 de la EPI son mujeres. El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 21 : 1.

La educación no es obligatoria. La educación primaria comienza a los 6 años y dura 6 años. En este nivel, el 4% de la educación es privada. La NER es del 78% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso , el 97% llegan al último curso de primaria. El 1% de los estudiantes repiten curso. Hay 15.747 maestros de primaria (62% mujeres), y todas han recibido la formación adecuada. El PTR es de 19 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años. En este nivel, el 1% de la educación es privada. La NER es del 75%. El 6% de los estudiantes repiten curso. Hay 18.169 docentes de secundaria, 9.931 (54% mujeres) en secundaria inferior y 8.238 (56% mujeres) en secundaria superior, y todos tienen la formación necesaria. El PTR es de 16 : 1 en secundaria.

33.807 alumnos (56% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 13%. En este nivel, el 29% de la educación es privada. 4.287 alumnos omaníes estudian fuera, sobre todo en el Reino Unido (1.495), Jordania (913), EE.UU. (445), Malasia (401) y Australia (398).

Está prohibido discriminar a las personas con discapacidad en la educación y otros servicios públicos. Las empresas de más de 50 empleados deben reservar al menos el 2% de sus puestos a personas discapacitadas, pero la ley no se aplica con rigor. Algunas personas discapacitadas trabajan en el gobierno. Para atender a los niños con discapacidades graves, el gobierno ha constituido un comité nacional de discapacidad y ha creado una unidad médica y social en el Centro de Atención y Rehabilitación de Personas Discapacitadas.

También se han creado 3 nuevos Centros Sociales Al-Wafa para Niños Discapacitados. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño ha solicitado más información sobre el acceso de los niños discapacitados a los servicios especializados y la educación.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, aunque el país no firmó la Convención ni el Protocolo. Los centros de acogida especiales acogen a miles de refugiados de Irán, Pakistán y Afganistán hasta que son deportados. El gobierno ha recurrido al ACNUR en busca de asesoramiento.

Los trabajadores extranjeros no reciben las mismas prestaciones ni acceden en igualdad de condiciones a los servicios públicos. Los informes indican que muchos aspectos de su vida están restringidos, incluida la educación.

La libertad académica es limitada. La publicación de cualquier material está vigilada, y no están permitidos los debates sobre asuntos polémicos, como la política nacional. Los profesores pueden ser despedidos si su trabajo traspasa los límites del gobierno.

Se aprecian algunos cambios en las leyes y las actitudes hacia la mujer, pero sigue habiendo discriminación. Las mujeres pueden tener bienes en propiedad, pero tienen más dificultades que los hombres a la hora de obtener préstamos. La ley de la shari'a favorece a los herederos varones en la sucesión. Las mujeres casadas con un extranjero no pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos. Las mujeres tienen ahora las mismas oportunidades de educación, y las mujeres estudian en la escuela y en centros de educación superior, tanto dentro como fuera del país. Las mujeres con estudios ocupan ahora cargos de responsabilidad y en torno a un tercio de los puestos de la función pública, que es la principal empleadora de la mujer. La ley establece el principio de igual paga por un trabajo de igual valor tanto en el sector público como en el privado, y las mujeres disfrutan de un permiso de maternidad.

La violencia doméstica es un problema que se resuelve en el seno de la familia. Los informes constatan también los maltratos físicos y los abusos sexuales a las criadas domésticas. Los médicos no pueden practicar la mutilación genital femenina, pero las mujeres de los pueblos siguen practicándola. El gobierno ha puesto en marcha una campaña que se centra en el daño potencial a las mujeres.

La edad mínima para trabajar ha pasado de los 13 a los 15 años. Los menores de 18 años no pueden realizar trabajos peligrosos. Los jóvenes de entre 15 y 18 años no pueden trabajar de noche. Existe trabajo infantil en la agricultura, el servicio doméstico y el sector informal, pero no en el sector formal sindicado. La OIT ha señalado que los niños extranjeros ya no son utilizados como jinetes de camellos. El gobierno va a aumentar la edad mínima de los jinetes progresivamente hasta 2009, comenzando desde los 13 años y aumentándola en uno cada año.

Una nueva ley laboral, introducida en 2003, otorga a los trabajadores el derecho a formar comités que les representen. Los trabajadores extranjeros también están protegidos por la ley laboral. Los miembros de las fuerzas armadas, los organismos públicos de seguridad, los empleados del gobierno y los empleados domésticos no tienen derecho a la representación pero están cubiertos por la Ley de Función Pública o por decretos ministeriales. 25 comités representan ahora al 9,1% de los trabajadores. Las reuniones del comité de representación deben ser notificadas con antelación, y el orden del día debe ser aprobado. El Comité de Representación Principal, cuyos miembros representan a los trabajadores en las conferencias internacionales, está formado por miembros elegidos de entre los comités registrados.

La ley no reconoce el derecho a huelga y el derecho de negociación colectiva, sino que establece procedimientos para la resolución de las disputas. Los salarios se fijan en los contratos individuales. Las empleadas domésticos pueden rescindir sus contratos si demuestran que el empleador les ha agredido.

Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, y la ley se hace cumplir. Existen normas que regulan el salario mínimo para las diferentes categorías de trabajadores. Para la mayoría de los ciudadanos el salario mínimo es de 260 USD al mes (100 OMR), más 52 USD (20 OMR) en concepto de gastos de transporte y vivienda. Las normas no se aplican a ciertas profesiones y negocios. El salario mínimo no permite gozar de un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral es de 40-45 horas.