La República Islámica de Pakistán es una república federal. Según los observadores, en las elecciones parlamentarias de 2002 se produjeron graves irregularidades. El Presidente ejerce de Jefe de Estado y Jefe del estado Mayor del Ejército. El Primer Ministro preside un gobierno que ha estado controlado por el Presidente desde que se hiciera con el poder en un golpe militar en 1999. El golpe fue aprobado por el Tribunal Supremo con la condición de que el gobierno elegido fuera reinstaurado en 3 años. En 2002, el Presidente celebró un referéndum para prorrogar 5 años su mandato presidencial. Hubo fraude y coacción en las votaciones, pero el Tribunal Supremo admitió el 97,5% de los votos para permitir que el Presidente se mantuviera en el cargo hasta 2007.

El país es un estado islámico y el Presidente y el Primer Ministro deben ser musulmanes. 60 de los 342 escaños de la Asamblea Nacional están reservados a mujeres; hay 73 mujeres en la Asamblea y 5 en el Gabinete. También hay escaños reservados para representantes de 10 minorías religiosas.

La ley establece la independencia del poder judicial, pero está sujeto a las presiones e influencias del órgano legislativo. Los tribunales de instancias inferiores son corruptos, ineficaces y están sujetos a influencias. Las normas relativas a la presentación de pruebas son discriminatorias entre hombres y mujeres y entre musulmanes y no musulmanes. El Tribunal Federal de la Shari'a puede anular las leyes que no se ajusten al Islam. En los territorios tribales bajo administración federal (FATA), los tribunales actúan de acuerdo con el sistema regulador delitos fronterizos, en el que los jefes tribales administran la justicia. Los miembros de tribus o poblados pueden ser castigados hasta que el sospechoso se entregue o la tribu o el poblado lo castigue. En algunas zonas rurales se celebran asambleas locales (jirgas) para resolver contiendas e imponer sanciones tribales.

Se ha acusado a las fuerzas de seguridad de torturas. Se han creado comisarías de policía especiales con agentes femeninas para atender las denuncias de violación y de abusos de la policía contra mujeres. La corrupción es endémica en las fuerzas policiales y en el gobierno. Los servicios de inteligencia vigilan a los políticos, los activistas y los presuntos terroristas. Se realizan escuchas telefónicas y se intercepta el correo sin orden judicial alguna. La Ley Antiterrorista prohíbe afiliarse y participar en grupos religiosos extremistas.

La ley prohibe discriminar por razones de raza, religión, casta, ligar de residencia o de nacimiento, pero la discriminación es evidente.

La libertad de expresión y de prensa están garantizadas, pero los periodistas son intimidados para que practiquen la autocensura. Los medios que critican las políticas del gobierno sufren represalias. La Ley Antiterrorista prohíbe el material que pueda fomentar el odio sectario. Los libros extranjeros son censurados si su contenido es inaceptable antes de su reimpresión. No obstante, las cadenas de televisión han emitido programas sobre temas que anteriormente eran tabú, y el acceso a Internet no está restringido.

Están prohibidas todas las formas de tráfico de personas, pero realmente es un problema grave en el país. Pakistán es una región de origen, tránsito y destino para las víctimas del tráfico de personas. Los hombres y las mujeres víctimas del tráfico realizan trabajos forzados o se emplean en el servicio doméstico. Los niños de entre 3 y 10 años se vende como jinetes de camellos en los países de Oriente Medio. Se ha acusado a algunos agentes de policía y de inmigración de actuar como cómplices en el tráfico de personas, y se ha procesado a varios de ellos. Se ha creado una Unidad contra el Tráfico de Personas.

Los homosexuales no revelan su orientación sexual para evitar ser discriminados. Las personas infectadas por el VIH son discriminadas. Las campañas de educación no parecen tener el impacto deseado.

La educación no es obligatoria, pero la matrícula es gratuita en primaria. Los gastos adicional de libros, materiales y uniformes dejan la educación fuera del alcance de muchos niños tanto en primaria como en secundaria. Las escuelas en las zonas rurales carecen del material necesario. Las estadísticas muestran que en torno a dos tercios de los niños de entre 5 y 9 años estudian y que tanto en primaria como en secundaria se ha producido un descenso drástico en las matriculaciones. El índice de alfabetismo es del 38% en general. Entre los hombres asciende al 50% y entre las mujeres es del 24%. La discriminación de las niñas en la educación sigue siendo patente.

El terremoto de 2005 destruyó unas 7.000 escuelas en la región, pero 18 meses después los niños seguían estudiando en clases habilitadas a la intemperie o en tiendas de campaña. Para que sus hijos reciban por lo menos cierta educación, los padres les envían a las madrazas, sobre todo en las zonas rurales, pese a que este tipo de escuelas se centran en los estudios islámicos y pocas veces ayudan a los niños a encontrar un trabajo después. Se están haciendo esfuerzos para modernizar la educación en las madrazas, y se han destinado fondos del gobierno a la formación de docentes con el fin de que los alumnos de las madrazas tengan unos estudios más generales. Los informes indican que en algunas madrazas los alumnos son maltratados.

Los estudios islámicos constituyen una asignatura obligatoria para los alumnos musulmanes en las escuelas públicas. Los alumnos de otras confesiones están exentos de esas clases, aunque en la práctica a veces se les obliga a participar.

El programa de preescolar, de 2 años de duración, comienza a los 3 años. La tasa neta de matriculación (NER) es del 38%. Hay 86.444 maestros de EPI (45% mujeres). El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 41 : 1.

La educación no es obligatoria. La educación primaria comienza a los 5 años y dura 5 años. El 41% de los alumnos son niñas. La NER es del 66% (76% de los chicos, 56% de las chicas). Hay 432.222 maestros de primaria (45% mujeres). El PTR es de 37 : 1.

La educación secundaria comienza a los 10 años y dura 7 años. El 11% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La tasa bruta de matriculaciones (GER) es del 27%. Hay 197.082 educadores de secundaria, 161.500 (54% mujeres) en los cursos más bajos y 35.582 (32% mujeres) en los superiores. El PTR es de 38 : 1 en secundaria inferior y de 32 : 1 en la superior.

520.666 alumnos (43% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 3%. 18.639 alumnos pakistaníes estudian fuera, sobre todo en EE.UU. (7.325), el Reino Unido (4.378), Alemania (1.186), Australia (1.100) y Malasia (613).

Muchas personas con discapacidad física y mental son atendidas por sus familias. Muchos niños y adultos discapacitados mendigan para ganar algo de dinero. La ley obliga a las empresas públicas y privadas a reservar el 2% de sus puestos a personas discapacitadas, pero la ley no se aplica con rigor. Muchos niños sufrieron lesiones graves en la columna vertebral como consecuencia del terremoto de 2005. Los niños discapacitados no tienen apenas otra educación que la que ofrecen algunas ONG y organizaciones internacionales.

Los delincuentes menores de edad pueden ser enviados a escuelas reformatorio en Karachi y Bahawalpur, donde sufren maltratos y tortura. La alimentación y la educación son inadecuadas en estos centros.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, pero el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Durante muchos años se ha prestado ayuda temporal a millones de refugiados de Afganistán. Aún permanecen en el país unos 3 millones de afganos, según el ACNUR, que ayuda a esta población.

Los refugiados sufren discriminación y malos tratos, y se les suele culpar del alto índice de delitos y de desempleo. En Pakistán también hay un millón y medio de desplazados cachemires. Los desplazados tienen los mismos derechos que los ciudadanos pakistaníes.
Normalmente es el ACNUR quien presta servicios de educación en el campo de refugiados. Las ONG y los organismos intragubernamentales ofrecen cierta educación a los niños refugiados fuera de los campos.

Los legisladores elegidos, incluidos los no musulmanes, deben jurar "luchar por conservar la ideología islámica, que es la base de la creación de Pakistán". Las minorías religiosas son discriminadas. La comunidad ahmadi se considera una secta musulmana, pero las autoridades la consideran una minoría no musulmana. Los ahmadis no pueden participar en el ayuno del Ramadán, utilizar saludos musulmanes, referirse a los lugares de culto de los ahmadi como mezquitas, recitar oraciones islámicas o asistir a la Haj. Todos los ciudadanos están sujetos a las leyes de blasfemia de la shari'a.

La comunidad hindú denuncia que las fuerzas de seguridad les exigen pagar sobornos, que aumentan con la tensión indo-pakistaní. Las comunidades ahmadi, cristiana, hindú y musulmana chiita están discriminadas en el empleo y en el acceso a la educación pública.

La libertad académica está limitada por la violencia estudiantil y la intolerancia, a través de grupos vinculados a partidos políticos. Según los informes, en algunos campus universitarios hay grupos armados de estudiantes vinculados a la organización de estudiantes mohajires de Pakistán (APMSO), afiliada al Movimiento Mutahida Quami (MQM), un influyente partido político que nació como una organización étnica de estudiantes. El MQM está acusado de participar en actividades terroristas en Sindh. La organización Islami Jamiat Talaba está afiliada al Jamaat-e-Islami, un movimiento político fundado en Lahore. Es uno de los componentes más importantes de la coalición de los partidos religiosos.

Estos grupos presuntamente intimidan a los estudiantes, profesores y administradores en lo referente a la lengua, el programa escolar, las políticas de exámenes, las calificaciones, las doctrinas y la vestimenta. Interfieren en la contratación del personal y la admisión de los estudiantes, e influyen en el uso de los fondos universitarios. Las autoridades universitarias han prohibido la actividad política en muchos campus, pero la medida no ha tenido resultados.

El Presidente impidió a las organizaciones de mujeres hacer públicos los casos de violaciones y abusos sexuales en la comunidad internacional, señalando que su labor daña la imagen internacional de Pakistán. Está prohibido discriminar por razones de sexo, pero la discriminación es endémica en la práctica. El acoso sexual es habitual, pero pocas veces se procesa a los culpables a pesar de la legislación vigente.

El derecho de familia, de propiedad y de sucesión discrimina a las mujeres. Las mujeres heredan solamente una octava parte del patrimonio del esposo, y las mujeres que se casan sin el consentimiento familiar son encerradas o se convierten en víctimas de los crímenes "de honor". Para evitar el reparto de los bienes, la familia puede recurrir al "matrimonio coránico" de la hija, tras el cual será considerada casada con el Corán y tendrá prohibida permanentemente toda relación con los hombres mayores de 14 años. Existe discriminación en el empleo; las mujeres cobran menos por un trabajo de igual valor.

La violencia doméstica es un grave problema social. Las disputas relacionadas con la familia y con la dote pueden terminar con la muerte o la desfiguración de la mujer. El poder judicial no suele tomar parte en estos casos, que se consideran problemas internos de la familia. Algunos grupos practican la mutilación genital femenina, pero parece que cada vez menos. Las víctimas del tráfico de personas dentro y fuera del país son obligadas a ejercer la prostitución.

La edad mínima para trabajar es de 14 años, pero la ley no se aplica con rigor y la corrupción permite que continúen las peores formas de trabajo infantil. El trabajo infantil es un problema grave. Se han observado 35 formas peligrosas de trabajo infantil, pero los niños siguen trabajando en todas ellas. Los niños también trabajan en la agricultura y en el servicio doméstico.

El trabajo forzado sigue existiendo, y cada vez son más los niños en esa situación debido al aumento del tráfico de personas y la explotación sexual. Los programas de la OIT combinan la vigilancia, el acceso a la educación, la rehabilitación y el empleo familiar para ayudar a los niños a dejar de trabajar. La ley de derogación del sistema de trabajos forzados prohíbe el trabajo forzado y cancela las deudas en los casos de servidumbre por deuda, pero calcula que entre 5 y 20 millones de personas realizan trabajos forzados.

Los padres de las zonas rurales envían a sus hijos a trabajar en condiciones de servidumbre. Muchas de las personas que realizan trabajos forzados son hindúes de castas registradas, o descendientes musulmanes y cristianos de hindúes de casta baja. Los bajos índices de alfabetismo impiden a muchos trabajadores saber cuándo han liquidado su deuda. Según los informes, los terratenientes de la región rural de Sindh tienen unas jaulas privadas para los niños y adultos que realizan trabajos forzados. La corrupción impide erradicar el trabajo forzado.

Los trabajadores tienen derecho a formar y afiliarse a sindicatos, salvo los trabajadores agrícolas y los docentes, mientras que existen ciertas limitaciones en el caso de las fuerzas de seguridad, muchos funcionarios públicos, trabajadores sanitarios y el personal de las empresas de petróleo. El 10% de los trabajadores del sector formal están sindicados, lo que constituye el 3% de la población activa total. La ley permite la negociación colectiva con algunas restricciones, y el derecho a la huelga también es limitado. En las zonas de procesamiento de exportaciones no se aplica el derecho laboral.

El salario mínimo para los trabajadores no cualificados es de 42 USD al mes (2.500 PKR), cantidad que no permite gozar de un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral es de 48 horas para algunos, y de 54 horas para las fábricas de temporada.