En la guerra de 1967, Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. Tras los Acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, se transfirió a la Autoridad Palestina (AP) la responsabilidad civil sobre Gaza y varias partes de Cisjordania.

El período de estabilidad terminó con el inicio de la Intifada en 2000. Las tropas israelíes retomaron el control de algunas zonas justificándose en la imposibilidad de la Autoridad Palestina de aplicar sus obligaciones en materia de seguridad. En 2005, el Primer Ministro israelí y el Presidente elegido de la Autoridad Palestina acordaron el cese de la violencia. El gobierno israelí evacuó a la fuerza a los colonos judíos de los 21 asentamientos de Gaza y 4 asentamientos de Cisjordania. Las fuerzas de seguridad de la AP asumieron la seguridad de Gaza.

La construcción por parte de Israel de un muro de seguridad hizo que los palestinos presentaran un recurso contra el trazado del muro ante el Tribunal Supremo de Israel. El Tribunal Supremo dictaminó que el muro podía levantarse en virtud del derecho internacional y del derecho israelí, pero cuestionó si se estaba utilizando el trazado menos intrusivo. El Tribunal Internacional de Justicia declaró que el muro atenta contra el derecho internacional. El muro separa a 49.400 palestinos del resto de Cisjordania; les impide recoger la cosecha y apacentar el ganado. También impide a los palestinos ir a la escuela y acceder a otros servicios.

Los palestinos que viven entre el muro y la Línea Verde necesitan permisos de residencia anuales. La entrada y la salida se realiza a través de una única puerta. El toque de queda confina a los palestinos en sus casas en las zonas donde las fuerzas de defensa israelí (IDF) desarrollan operaciones militares. El cierre de las fronteras han aumentado el desempleo y la pobreza. En torno al 25% de los trabajadores palestinos dependen de sus trabajos en Israel y Jerusalén. La tasa de desempleo es del 28%.

Se siguen utilizando atentados suicida y misiles desde Gaza contra los israelíes. Tras la captura de varios soldados israelíes, las IDF volvieron a entrar en Gaza y destruyeron numerosos edificios. Muchos palestinos fueron detenidos, entre ellos varios miembros del gobierno de Hamas.

En 2005 se celebraron elecciones presidenciales en los Territorios Palestinos, y el presidente de la OLP fue elegido Presidente con el 62% de los votos. Las elecciones fueron libres y justas, según los observadores. En 2006 se celebraron las primeras elecciones al Consejo Legislativo palestino desde 1996. Los electores palestinos proporcionaron 74 escaños a Hamas, mientras que Fatah obtuvo 45.

La AP no tiene el control efectivo de sus fuerzas de seguridad, y las denuncias de tortura son generalizadas. Las fuerzas de seguridad israelíes también han sido acusadas de emplear fuerza excesiva, torturar y maltratar a los detenidos palestinos. La AP no ha establecido directrices formales para realizar los interrogatorio de un modo legal, y las condenas normalmente se basan en confesiones obtenidas a la fuerza.

Legalmente, todos los palestinos son iguales, sin que esté permitida la discriminación por razones de raza, género, color, religión, opinión política o discapacidad. Sin embargo, la discriminación es habitual en algunas de estas zonas.

La AP tomó medidas para impedir los ataques terroristas y prohibió la exhibición de armas en público, pero miembros armados de diferentes grupos hicieron caso omiso de las directivas. Las fuerzas de seguridad israelí destruyeron y precintaron las casas de los palestinos sospechosos de cometer actos terroristas sin orden judicial alguna.

Human Rights Watch denuncia que dentro de las IDF se ha promovido un clima de impunidad. En 2005, disparos de lasa IDF acabaron con la vida de una niña palestina de 10 años e hirieron a otra en una escuela de Rafah dirigida por la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA). Los palestinos son acusados de utilizar domicilios particulares y edificios públicos para lanzar ataques contra Israel. El personal de la UNRWA en Gaza y Cisjordania ha sido acosado y varios de sus miembros secuestrados por los palestinos.

La percepción pública de la AP es de una organización corrupta, sobre todo entre las fuerzas de seguridad. Se nombró un nuevo fiscal general para hacer frente a la corrupción y se anunciaron investigaciones, pero con el último cambio de gobierno no está claro si se llevarán a cabo.

La ley no garantiza la libertad de prensa, y un decreto de 1995 incluye mandamientos judiciales contra la publicación de cualquier material crítico con la AP o el Presidente. Oficialmente, la AP no restringe la libertad de expresión o de prensa, pero sí lo hacen los miembros de Fatah. Los periodistas señalan que existe una mayor libertad con el gobierno actual, pero se sigue practicando la autocensura por el temor a sufrir represalias por parte de los activistas armados. Se ordenó a los reporteros y fotógrafos que no cubrieran los enfrentamientos entre Fatah y Hamas en la Franja de Gaza después de las elecciones. El acceso a Internet no está limitado. Los toques de queda limitan la posibilidad de los periodistas palestinos de hacer su trabajo. Algunos medios extranjeros han acusado a las IDF de disparar contra ellos.

El Islam es la religión oficial y se recoge en los documentos de identidad; los asuntos jurídicos personales se resuelven en tribunales religiosos, tanto musulmanes como cristianos. La AP paga los salarios de los imanes. La tradición y la religión rechazan la homosexualidad, y los agentes de seguridad presuntamente persiguen y maltratan a los homosexuales.

La AP controla todos los niveles de la educación. La continua violencia y la restricción de la circulación perjudica a las escuelas, y el acceso es aún más difícil con los cierres, los toques de queda y el muro de seguridad. Varias escuelas han sido dañadas y varios alumnos asesinados. El ministerio de educación calcula que los daños materiales en escuelas y universidades ascienden a más de 10 millones de USD (46 millones de NIS).

Miles de niños palestinos de zonas próximas a Jerusalén deben atravesar los controles de seguridad para ir a clase en Jerusalén Este. Los docentes de Cisjordania que trabajan en escuelas de Jerusalén Este necesitan permisos que son difíciles de conseguir. El retraso en la obtención de los permisos ha hecho que aquellos que ya lo tenían trabajaran a doble turno, ayudados por auxiliares temporales, para mantener las escuelas abiertas. El 76% de las escuelas de la UNRWA funcionan a doble turno, con una media de 40 alumnos por clase. Las escuelas de Jerusalén Este carecen de los fondos necesarios y están saturadas. Los nuevos alumnos tienen dificultades para matricularse por la falta de espacio.

El tribunal superior israelí ordenó construir 245 aulas nuevas, y el ayuntamiento incluyó en el presupuesto los fondos necesarios para construir 47 aulas en 4 años. Sin embargo, ninguna de ellas está terminada. 10.000 alumnos de Jerusalén Este permanecieron en casa durante una huelga de los padres para protestar por la falta de aulas y las condiciones intolerables.

Según los informes, la violencia que rodea a los niños les genera falta de concentración, pesadillas y trastornos de conducta. El 42% de los alumnos en Gaza han tenido un peor rendimiento desde 2000. Escuelas y universidades palestinas sufrieron daños importantes en su infraestructura durante la Intifada. El 4% de los palestinos cursa estudios superiores en 11 universidades 5 escuelas universitarias y 25 facultades sociales de Cisjordania y Gaza.

En las escuelas de la AP es obligatoria la enseñanza religiosa, aunque se dan clases diferentes a musulmanes y cristianos. En 2007, la AP tomó el control de una universidad que hasta entonces había sido controlada por Hamas y halló un enorme alijo de armas almacenadas en el edificio. El Ministerio de Educación y de Enseñanza Superior de la AP ha revisado los libros de texto de primaria y secundaria. Los académicos internacionales concluyen que los libros de texto palestinos no incitan a la violencia; sin embargo, los nuevos libros no reconocen a Israel en los mapas y omiten las relaciones históricas de los judíos con Israel y Jerusalén.

A la edad de 4 años comienza un programa de 2 años. Todos los centros de EPI son privados. La tasa neta de matriculaciones (NER) es del 19%. Los 2.606 de la EPI son mujeres. El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 27 : 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 4 años. En este nivel, el 8% de la educación es privada. La NER es del 86% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso , el 98% llegan al último curso de primaria. Hay 14.449 maestros de primaria (61% mujeres). El PTR es de 27 : 1.

La educación secundaria comienza a los 10 años y dura 8 años. En este nivel, el 4% de la educación es privada. El 5% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La NER es del 89%. El 2% de los estudiantes repiten curso. Hay 23.079 educadores de secundaria, 18.716 (50% mujeres) en los cursos más bajos y 4.363 (47% mujeres) en los superiores. El PTR es de 28 : 1 en secundaria inferior y de 23 : 1 en la superior.

121.928 alumnos (49% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 38%. Alumnos palestinos estudian en el extranjero, concretamente en Jordania (4.845), Arabia Saudí (552), Qatar (321), Turquía (277) y EE.UU. (247).

Las personas discapacitadas están discriminadas, también en la educación. ONG nacionales e internacionales ofrecen servicios de educación y de otro tipo a los niños discapacitados. Los centros de atención para las personas discapacitadas no tienen fondos suficientes. En febrero de 2004, el ministerio de sanidad, con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer una estrategia para los servicios de salud mental que exigía una mayor atención a los enfermos mentales y su reintegración en la comunidad.

Tras el conflicto árabe-israelí de 1948, se creó la UNRWA para poner en marcha programas dirigidos a los refugiados palestinos. Como todavía hay refugiados palestinos, la Asamblea General de la ONU continúa renovando el mandato de la UNRWA, la última vez hasta 2008. La UNRWA ha prestado servicios, como el de la educación, a 4 generaciones de refugiados y es el principal proveedor de educación, sanidad, ayuda y servicios sociales para más de 4,3 millones de refugiados palestinos registrados en Oriente Medio.

Los únicos informes sobre grupos minoritarios proporcionan información sobre la pequeña minoría religiosa, principalmente cristiana. Las minorías religiosas tienen derecho a recibir educación correspondiente a su confesión en las escuelas.

Desde que la AP tomara el control de las universidades en los Territorios Palestinos, los problemas de restricción de la libertad académica se han centrado en el control que ejerce la Autoridad sobre las políticas de la universidad. El grupo palestino de supervisión de los Derechos Humanos señala que las universidades de Cisjordania son más libres que las de Gaza, donde parece que la libertad académica es cuantitativa y cualitativamente peor. Las universidades en Gaza tienen muchas más personas vinculadas directamente con la AP. Según los informes, los que trabajan para la AP reciben prestaciones y protección, mientras que los que no tienen ningún vínculo con la organización sufren represalias por expresar su opinión.

Parece que hay agentes secretos en los campus de Cisjordania y Gaza. Los alumnos son reclutados como agentes secretos, lo que plantea dudas acerca de la violación de los derechos de profesores y estudiantes a expresar libremente su opinión en clase o por escrito.

No hay leyes que protejan los derechos de las mujeres en el trabajo. Cada vez más mujeres trabajan fuera de casa y sufren discriminación y acoso sexual. Las mujeres están escasamente representadas en la vida profesional, aunque algunas destacan en la política, la medicina, el derecho y la enseñanza. El matrimonio limita la educación, y en ocasiones impide que la mujer termine la enseñanza obligatoria o vaya a la universidad. Las mujeres musulmanas y cristianas que se casan con un hombre de una confesión diferente a la suya suelen ser repudiadas y abandonan sus comunidades para no ser perseguidas.

De acuerdo con la ley de la shari'a, que rige en materia de sucesión, matrimonio y divorcio entre musulmanes, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres en cuanto a la herencia. Las mujeres pueden estipular en sus contratos de matrimonio ciertas condiciones para proteger sus intereses en caso de divorcio y de custodia de los hijos, pero pocas lo hacen.

La ley de la AP no prohíbe la violencia doméstica como tal, pero la agresión y las palizas son razones para presentar cargos. Los informes indican que la violencia doméstica ha aumentado desde 2000. También se hace referencia a los asesinatos por honor.

La edad mínima para trabajar es de 15 años. Entre los 15 y los 18 años, los jóvenes no pueden trabajar de noche, realizar trabajos duros ni viajar. Sin embargo, la ley no se aplica con rigor y muchos menores de edad trabajan. Los niños palestinos que trabajan entran de forma ilegal en Israel, donde a veces son explotados. El elevado índice de abandono escolar en los cursos superiores de secundaria refleja un grado importante de trabajo infantil. Solamente hay 10 inspectores de trabajo infantil en Cisjordania y Gaza. La OIT y UNICEF trabajan para proteger los derechos de los niños. UNICEF promueve proyectos de educación y la AP tiene un acuerdo para permitir a la OIT llevar a cabo actividades para la erradicación del trabajo infantil en Gaza y Cisjordania.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. Hay 2 sindicatos registrados: la Unión General de Trabajadores Palestinos y la Federación General de Sindicatos de Palestina (PGFTU). Esta última es miembro de la Confederación Internacional Sindical. Los trabajadores con documento de identidad de Jerusalén pueden pertenecer simultáneamente a los sindicatos de Cisjordania y a la Federación israelí, Histadrut. Se les retiene el 1% de sus salarios y perciben prestaciones limitadas. Representantes de Histadrut y de los sindicatos de Cisjordania negociaron un acuerdo para transferir la mitad de la cuota a la PGFTU.

El derecho a la huelga está garantizado. Los trabajadores que se declaran en huelga apenas están protegidos de las represalias. Unos días antes del inicio del calendario escolar, la mayoría de las escuelas en Gaza cerraron las puertas como consecuencia de una huelga de docentes que llevaban sin cobrar 6 meses. La huelga es de duración indefinida, y en la fecha de redacción de este documento la mayoría de las 1.726 escuelas públicas en territorio palestino permanecen cerradas parcialmente o en su totalidad.

La mayoría de los trabajadores en los territorios ocupados trabajan por cuenta propia. Los trabajadores asalariados representan únicamente el 35% de la población activa. La mayoría trabajan para la UNRWA y la AP. No existe un salario mínimo legal. El nivel de vida ha descendido considerablemente en los últimos 5 años. La semana laboral es de 45-48 horas.