La República de Panamá tiene un gobierno elegido y compuesto por un órgano ejecutivo y la legislatura. En las elecciones de 2004, que fueron consideradas libres y justas y celebradas mediante voto secreto y sufragio universal, el Partido Revolucionario Democrático alcanzó la presidencia y el control de la legislatura.

Las mujeres ocupan 11 de los 78 escaños de la Asamblea Nacional, 2 de los 13 escaños del gabinete y cargos de responsabilidad en el sistema judicial. Hay 5 representantes de grupos minoritarios en la Asamblea Nacional (2 Kuna Yala y 3 Ngobe Bugle) y 1 en el Gabinete. Otro escaño fue obtenido por un legislador ngobe. Ni los madugandi ni los embera-wounaan tienen legisladores elegidos.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, discapacidad, lengua o estatus social, y la ley se respeta, pero existen bastantes prejuicios.
Se ha acusado a la policía y a vigilantes penitenciarios de abusos, y tanto el ejecutivo como la asamblea legislativa están acusadas de corrupción; de hecho, en una encuesta realizada la corrupción figuraba como el tercer problema nacional.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa. Cada vez se emplean menos las leyes de difamación para amenazar a los periodistas. Los medios de comunicación proporcionan diversos puntos de vista sin restricción alguna, y se ha derogado el consejo de censura. El acceso a Internet no está limitado, aunque existen investigaciones en curso de delitos cibernéticos y pornografía por Internet.

Existen informes de tráfico de personas hacia, desde y dentro del país. Panamá es también un punto de tránsito para los migrantes económicos. El gobierno trabaja con la OIT en cuestiones relacionadas con la trata de personas.

La ley que prohíbe la homosexualidad no se aplica. Está prohibida la discriminación de las personas infectadas por VIH/SIDA en el empleo y la educación, pero sigue siendo una práctica común. Un grupo que trabaja a favor de los derechos de los homosexuales denuncia que las empresas discriminan a las personas homosexuales.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 11 años. Es gratuita en primaria y secundaria. Otros gastos, como el de los uniformes, las comidas y el transporte, deben ser sufragados por las familias, lo que supone una gran carga para los hogares pobres y a menudo obliga a los niños a dejar la escuela. Aproximadamente el 40,5% de los panameños vive por debajo del umbral de la pobreza, y el 25,6% vive en condiciones de extrema pobreza.

Las oportunidades de muchos niños están limitadas por las tradiciones, las limitaciones financieras y económicas, la falta de transporte, la escasez de escuelas de secundaria y los recursos insuficientes del gobierno. La provincia más oriental, Darien, y las zonas de grandes poblaciones de indígenas son las que más sufren la falta de servicios.

Se calcula que los niños indígenas y los niños pobres reciben entre 7 y 9 años menos de educación que los niños procedentes de familias con unos niveles superiores de ingresos. Un 64 por ciento de las personas en el territorio nacional entre las edades de 15 y 19 años ha cursado estudios después del sexto grado. No obstante, en las comarcas Emberá y Ngöbe-Buglé, el porcentaje desciende hasta sólo un 18 por ciento. Se estima que 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 4 mujeres en el territorio procedentes de familias con ingresos bajos no ha asistido a la escuela.

No existen mecanismos para garantizar el acceso de las poblaciones pobres e indígenas a la educación. Como promedio, los indígenas estudian 3 años. Los índices de analfabetismo entre los grupos indígenas son del 40%. Entre los Ngobé-Buglé, el índice de analfabetismo fue del 46%. El 50% de las mujeres de este grupo son analfabetas. Más niñas que niños asisten a la escuela tras finalizar la educación obligatoria. Los padres tienen derecho a no matricular a sus hijos en las clases de religión en la escuela pública.

A la edad de 4 años comienza un programa de 2 años. En este nivel el 23% de la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 52%. 4.168 docentes (96% mujeres) trabajan en este nivel. El número de alumnos por docente (NAD) es de 18: 1. Aproximadamente el 75% de los niños pobres no tienen acceso a la EPI.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 11 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. En este nivel, el 10% de la educación es privada. La TNM es del 98% (48% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso, el 81% llegan al último curso de primaria. El 5% de los estudiantes repiten curso. En este nivel trabajan 17.882 docentes (76% mujeres), y el 74% de ellas ha recibido la formación adecuada. Casi el 66% de los docentes panameños no tiene formación universitaria.

La educación se imparte en español en su mayoría, y sólo la mitad de los niños indígenas lo hablan. Es necesario seguir desarrollando la educación bilingüe. El 75% de las escuelas en este nivel cuentan con distintos grados. Los niños pobres tienen acceso muy limitado a los materiales y los libros de texto.: El 30% de los niños pobres en primaria no tienen libros de texto. En las zonas indígenas, el 60% de los alumnos no tienen acceso a los libros de texto en ningún idioma. El NAD es de 24: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 6 años. En este nivel, el 15% de la educación es privada. El 32% de los estudiantes de secundaria inferior y el 53% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La TNM es del 64%. El 5% de los estudiantes repiten curso. Hay 16.109 educadores de secundaria, 9.418 (60% mujeres) en los cursos más bajos y 6.619 (53% mujeres) en los superiores. El 83% de los docentes de secundaria han recibido la formación adecuada. El NAD es de 16: 1 en secundaria inferior y de 15: 1 en la superior.

130.026 alumnos (61% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matricula del 46%. 1.818 alumnos panameños estudian en el extranjero, sobre todo en EE.UU. (958), Cuba (429), El Salvador (89), Costa Rica (72) y Reino Unido (39). Únicamente el 3% de las personas procedentes de hogares con ingresos bajos cursa programas de educación superior. La población indígena no tiene acceso a la educación terciaria.

La discriminación fundamentada en la discapacidad es ilegal pero continua existiendo en la sociedad. Las escuelas públicas no tienen instalaciones adecuadas para los niños con necesidades especiales. Se han tomado algunas medidas para integrar a los niños con discapacidad en el sistema escolar regular. Unas 65 escuelas públicas han construido rampas y admiten a alumnos sordos, ciegos y enfermos mentales en sus aulas. Los niños con discapacidades graves no se integran en el sistema general. Muy pocas escuelas privadas admiten a niños con necesidades especiales.

Desde agosto de 2005, las personas con discapacidades reciben tratamiento médico gratuito. A pesar de un requisito legal que exige que por lo menos un dos por ciento del personal sean personas con discapacidad, la colocación sigue siendo difícil debido a la renuencia de los empleadores a contratar trabajadores con discapacidad. Se está desarrollando un plan nacional para abordar la discapacidad. Una ONG imparte clases de artes y oficios a los menores recluidos en centros penitenciarios.

La ley prevé la concesión del asilo o estatus de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Los desplazados de la vecina Colombia gozan de un estatuto de protección provisional, pero no pueden trabajar fuera de los pueblos asignados. Algunos llevan viviendo en Panamá años sin el estatuto formal de refugiado. El gobierno colabora con el ACNUR y con otras organizaciones humanitarias para ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo.

Existe discriminación contra las personas de raza negra, los indígenas y otras minorías. Los nuevos inmigrantes sufren además un racismo manifiesto; los asiáticos son víctimas en particular de este racismo. Los chinos residentes son tratados como ciudadanos de segunda clase. Los residentes indios y de Oriente Medio también denuncian la discriminación que sufren. A menudo se niega a los negros la entrada a restaurantes u otros establecimientos, y no están suficientemente representados en los puestos más altos del poder. Continúan las prácticas de empleo preferenciales en el sector público y privado. El Presidente ha constituido la Comisión de Etnia Negra para desarrollar un plan que incluya a los negros en todos los aspectos de la sociedad.

Los indígenas tienen garantizada la protección de su identidad étnica y sus lenguas nativas. En las comunidades indígenas se imparten programas de alfabetismo; también tienen derecho a participar en la toma de decisiones que afectan a sus tierras y a la asignación de los recursos naturales. Los derechos de propiedad intelectual de las obras indígenas están protegidos, pero no lo están los conocimiento médicos indígenas. Los índices de pobreza, enfermedades, malnutrición y analfabetismo son más altos entre los indígenas. Un informe del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas indica que más del 45% de la población en la reserva de Ngobé-Buglé es analfabeta.

Los trabajadores indígenas de las plantaciones trabajan en peores condiciones que sus compañeros no indígenas; existe constancia de que el alojamiento y la comida es de calidad inferior y realizan más horas de trabajo duro.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica.

Está prohibida la discriminación por motivos de género; hombres y mujeres son iguales ante la ley de la familia y de la propiedad. Se promueve la igualdad de las mujeres en el empleo, y la igualdad de pagas por un trabajo de igual valor, pero las mujeres cobran de media un 30%-40% menos que los hombres.

El acoso sexual en las relaciones empleado/empleador y alumno/profesor es ilegal, y las personas que infringen esta ley pueden ser condenadas a prisión. Se están debatiendo reformas legales para reducir el acoso sexual. La mayoría de trabajadores del sector servicios son mujeres, pero sólo ocupan un 40% de los puestos directivos. Se mencionan prácticas de empleo discriminatorias fundamentadas en la edad y el aspecto físico. La violencia doméstica es un grave problema social.

La ley prohíbe el empleo de niños menores de 14 años con excepción de niños de 12 años y mayores que realicen trabajos ligeros en granjas hasta seis horas al día que no interfieran con sus horas escolares. La ley prohíbe el empleo de niños menores de 15 si el menor no ha terminado la escuela primaria. Los niños menores de 18 años legalmente no pueden trabajar más de 6 horas diarias ni de noche. Las leyes de trabajo infantil se cumplen en el sector formal, pero no se respetan en la agricultura ni en el sector informal.

Las violaciones de las leyes de trabajo infantil son comunes en las zonas rurales durante el período de la cosecha. Los dueños de finca suelen pagar según la cantidad cosechada, por lo que muchos trabajadores llevan a sus hijos pequeños al campo a ayudarles con el trabajo.

Las familias indígenas son las más afectadas. El trabajo infantil doméstico también es un problema. Más de 6,000 niños entre las edades de 10 y 17 trabajaron como empleados domésticos. Una encuesta de 2005 de la OIT estimó que 52,000 niños entre las edades de 5 y 17 trabajaban en el sector informal. El gobierno estimó que había 15,000 niños empleados o trabajando por cuenta propia de manera informal en áreas urbanas. Aproximadamente el 45 por ciento de estos niños no asistieron a la escuela. La captación y el tráfico de niños por parte de bandas son problemas cada vez más graves.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. En 2005, el Comité de Expertos de la OIT solicitó al gobierno que modificara la ley nacional que exigía un máximo de 50 funcionarios para constituir un sindicato de funcionarios. El 13% de la población activa está sindicada. Los trabajadores del sector privado han formado sindicatos; los del sector público tiene 19 asociaciones. Los empleados públicos, salvo los que prestan servicios básicos, tiene un derecho limitado a la huelga. El 50% de los trabajadores que prestan servicios básicos deben continuar prestándolos durante las huelgas.

La OIT ha pedido al gobierno que modifique la legislación para que federaciones y confederaciones tengan derecho a la huelga. La Autoridad del Canal de Panamá es autónoma; prohíbe el derecho a la huelga de todos los empleados y establece un derecho limitado a la negociación colectiva. Se permite la negociación colectiva en las zonas de procesamiento de exportaciones. La OIT ha pedido al gobierno que aclare si los trabajadores de esas zonas francas tienen derecho a la huelga.

El salario mínimo se establece por regiones y categorías de trabajadores. Se exceptúan los trabajadores del sector público. El salario mínimo oscila entre 0,82 USD (0,82 balboas) y 1,56 USD (1,56 balboas) por hora. Esta cantidad no permite gozar de un nivel de vida decente al trabajador y su familia. Aproximadamente el 40% de la población trabaja en el sector informal y cobra menos del salario mínimo. La semana laboral es de 48 horas.