Papúa Nueva Guinea es una democracia parlamentaria federal. El Parlamento tiene 119 miembros de 19 provincias y el Distrito Capital Nacional elegidos por sufragio universal. La violencia y la intimidación a los votantes protagonizaron las elecciones de 2002, por lo que se ordenó repetir la votación en 6 distritos electorales en las tierras altas del sur, que contó con la ayuda de Australia. El resultado de las elecciones dio lugar a un gobierno de coalición. En 2004 se celebró un referéndum para aprobar una nueva constitución en Bougainville. También hubo elecciones para elegir un nuevo gobierno autónomo de Bougainville.

La cultura patriarcal impide la plena participación de la mujer. Solamente 1 de los 109 escaños del Parlamento está ocupado por una mujer. 5 miembros de grupos minoritarios fueron elegidos para el Parlamento, y 2 para el Gabinete.

El poder judicial es independiente por ley y en la práctica. Los tribunales de los poblados, presidido por jefes locales, se ocupan de los delitos menores de acuerdo con el derecho consuetudinario.

La ley establece los mismos derechos independientemente de raza, tribu, lugar de origen, opinión política, color, credo, religión o sexo, pero la mujer sigue estando discriminada. El país no está gobernado por una única tribu o un solo clan, pero aumentan los conflictos tribales.

Se acusa a la policía de maltratar a los detenidos. Un informe de Human Rights Watch describe el maltrato policial de los niños detenidos. Los políticos son acusados de sobornar a los agentes de la policía para que intimiden a sus adversarios políticos. La corrupción parece un asunto grave en todos los niveles del gobierno.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. El acceso a Internet no está restringido.

La Ley de Gestión y Protección contra el VIH/SIDA de 2004 garantiza el acceso de toda persona a los bienes o servicios necesarios para protegerse de la infección del VIH y prohíbe despedir a los empleados por estar infectados. La Ley incluye sanciones penales para la transmisión intencionada del VIH. No obstante, las personas infectadas por VIH/SIDA sufren la estigmatización social existente, y algunas empresas han despedido a empleados infectados por el VIH después de conocer su condición.

La educación primaria no es obligatoria, gratuita ni universal. Los gastos de matrícula, libros y material son considerables. Muchos niños dejan los estudios al final de la educación primaria. Los índices de desgaste son elevados en las escuelas de la comunidad, y existe un grave problema de acceso a secundaria.

Tan sólo 1 de cada 6 niños pueden optar a estudiar secundaria, y menos del 2% de los alumnos que se matriculan en secundaria llegan al Nivel 12. La desigualdad de género se aprecia en la mayoría de las medidas adoptadas para mejorar los resultados. La mayoría de los centros de secundaria son internados. Es difícil desarrollar un sistema educativo completo porque el país incluye, además de la parte oriental de la isla de Nueva Guinea, unas 1.400 islas más pequeñas.

La población pertenece a más de 1.000 tribus y habla unas 800 lenguas. Las escuelas públicas dedican 1 hora a la semana a la enseñanza religiosa. Representantes religiosos impartes esas clases, y los padres eligen la clase de religión para sus hijos. No se imparten clases a miembros de confesiones no cristianas. Los niños pueden optar por no asistir a las clases de enseñanza religiosa.

A la edad de 6 años comienza un programa de 1 años. En este nivel el 1% de la educación es privada. La tasa neta de matriculaciones (NER) es del 31%. Hay 2.712 maestros de EPI (37% mujeres). El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 35 : 1.

La educación no es obligatoria. La educación primaria comienza a los 7 años y dura 6 años. La NER es del 94% (45% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso , el 58% llegan al último curso de primaria. Hay 19.201 maestros de primaria (39% mujeres). El PTR es de 35 : 1.

La educación secundaria comienza a los 13 años y dura 6 años. El 9% de los estudiantes de secundaria inferior y el 10% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La tasa bruta de matriculaciones (GER) es del 26%. Hay 7.259 educadores de secundaria (36% mujeres) en secundaria inferior y 910 (41% mujeres) en secundaria superior. El PTR es de 24 : 1 en secundaria inferior y de 15 : 1 en la superior.

No hay centros de enseñanza superior en el país. 896 alumnos de Papúa Nueva Guinea estudian fuera, sobre todo en Australia (648), Nueva Zelanda (105), Reino Unido (56), EE.UU. (32) y Japón (31).

El gobierno no ofrece directamente programas o servicios para personas discapacitadas. Los fondos se destinan a ONG para que presten ciertos servicios a los discapacitados, pero en algunas partes del país no existen dichos servicios. Los informes mencionan la discriminación existente en la educación y en la formación de las personas discapacitadas. La unidad familiar mantiene a los niños y adultos discapacitados. Solamente en las principales ciudades pueden acceder las personas con discapacidad mental a servicios gratuitos de orientación y tratamiento.

Aunque el gobierno firmó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, no ha promulgado las correspondientes leyes ni ha establecido un sistema de protección a los refugiados .

Durante más de 50 años, maestros de primaria, supervisores y docentes del programa de alfabetización en lengua local han ofrecido programas de alfabetización en lengua vernácula, con ayuda de expertos en sociolingüística. Han producido miles de libros, materiales de aprendizaje y libros en otras lenguas maternas. Algunos de esos libros son materiales educativos sobre el VIH/SIDA. Se han diseñado cientos de alfabetos con ayuda de las comunidades locales. Se han realizado estudios sociolingüísticos en todo el país, para obtener la imagen del complejo patrimonio cultural y lingüístico de Papúa Nueva Guinea. Los programas de desarrollo lingüístico, alfabetización, educación multilingüe y traducción han utilizado 337 de las lenguas minoritarias de la nación.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica.

Se han promulgado leyes relativas a los derechos de familia, matrimonio y propiedad de las mujeres, pero persiste la discriminación tradicional contra ellas. El acoso sexual no está tipificado como delito y es una práctica generalizada. Las mujeres ocupan cargos de responsabilidad en las empresas, las profesiones y la función pública. A pesar del éxito de algunas de ellas, sólo el 58% de las mujeres tienen estudios, frente al 71% de los hombres. La violencia contra las mujeres es grave y está muy generalizada.

La violencia doméstica se percibe como un asunto privado, y pocas veces se emprenden acciones judiciales. La poligamia sigue siendo habitual en algunas partes, y cada vez más mujeres son acusadas de asesinar a otra de las mujeres de su esposo. El pago de una cantidad por la novia y el intercambio de mujeres como compensación en las disputas de clanes promueve la percepción de las mujeres como bienes.

La edad legal mínima para contraer matrimonio es de 18 años para los chicos y de 16 para las chicas, aunque con permiso paterno y judicial los chicos pueden casarse con 16 y las chicas con 14 años. Las prácticas tradicionales permiten el matrimonio de niñas de apenas 12 años, y el matrimonio infantil sigue siendo habitual en las comunidades rurales aisladas. Las niñas son tomadas como prometidas adicionales o se entregan como pago de deudas; normalmente se convierten en criadas domésticas y sufren maltratos.

La edad mínima para trabajar es de 18 años. Sin embargo, con permiso paterno, autorización médica y un permiso de trabajo de una oficina de empleo, los niños pueden trabajar desde los 11 años en negocios familiares, tal y como suele suceder en la agricultura de subsistencia. Los informes mencionan la explotación sexual comercial de los niños en las zonas urbanas y señalan que los menores trabajan en bares y clubes nocturnos. Los niños trabajan muchas horas como criados domésticos, a veces para volver a pagar una deuda familiar.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. En torno al 50% de los empleados en la economía formal pertenecen a sindicatos afiliados al Congreso de Sindicatos de Papúa Nueva Guinea. La Asociación de Empleados Públicos representa al 33% de los empleados del gobierno municipal, provincial y nacional. Los sindicatos son independientes del gobierno y de los partidos políticos. La negociación colectiva de los salarios está permitida y se practica. El gobierno tiene poder discrecional para anular los convenios salariales o los laudos arbitrales si los considera contrarios a la política del gobierno. La OIT ha criticado este artículo de la ley laboral. Las huelgas están permitidas, pero el gobierno interviene para exigir el arbitraje antes de que los trabajadores puedan declararse legalmente en huelga.

El Consejo del Salario Mínimo establece los salarios mínimo para el sector privado. El salario nacional para los jóvenes de 16 a 21 años es el 75% del salario mínimo de los adultos. El salario mínimo es de 12,75 USD a la semana (37,50 PGK). Esta cantidad no permite gozar de un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral es de 42 horas en las zonas urbanas y de 44 horas en las zonas rurales.