La República de Paraguay tiene una instancia legislativa bicameral presidida por el presidente, que también es el Jefe de Estado. En el año 2003, los electores eligieron al líder del Partido Colorado como Presidente, en elecciones generalmente libres e imparciales celebradas por sufragio universal. Hay 14 mujeres en el Congreso: 6 de los 45 miembros del Senado y 8 de los 80 miembros de la Cámara de Diputados. Tres mujeres trabajan en el Gabinete y otras 6 dirigen secretarías de categoría ministerial. El 20% de los candidatos de cada partido deben ser mujeres. No hay indígenas en el Congreso, y algunas comunidades indígenas denuncian que son intimidados para no ejercer sus derechos.

Legalmente está prohibida la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, lengua, estatus social o grupo étnico, pero la realidad es otra.

El poder judicial es independiente por imperativo legal, pero se le acusa de corrupción y de estar sujeto a influencias políticas. Transparencia Internacional denuncia que la corrupción continúa siendo un grave problema.

La policía es acusada de emplear la tortura. También se acusa a los militares de acosar, golpear y en ocasiones matar a civiles. Se emplea una fuerza excesiva contra los manifestantes. Las fuerzas policiales tienen pocos recursos financieros y escasa formación, y se les acusa de corrupción. La Ley para mantener el orden público, promulgada para acabar con una protesta de organizaciones de campesinos de un mes de duración, generó una situación de violencia.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. Los políticos aprovechan la ley de calumnia y difamación para intimidar a los periodistas que revelan información relativa a la corrupción.

El territorio es punto de origen y destino del tráfico de personas con fines de explotación sexual. Niñas menores de edad son obligadas a trabajar en el comercio sexual y en el servicio doméstico. El tráfico de mujeres y niños ha aumentado un 27% en los últimos 5 años.

Se ofrece educación pública hasta los 17 años y la educación es obligatoria hasta los 14 años. La tasa de inscripción para niños entre los 6 y 14 años fue del 89 por ciento, y del 50 por ciento para niños entre los 15 y 17 años. Los niños y las niñas tienen el mismo derecho legal a la educación, pero la inscripción de niñas fue ligeramente superior a la de los niños. El porcentaje de inscripción en áreas urbanas fue superior al de las áreas rurales. Aproximadamente el 59% de los niños indígenas de 6 a 14 años están escolarizados. El 48% de los niños menores de 14 años viven en la pobreza, y el 20% en la extrema pobreza. El índice de analfabetismo en el territorio es del 92%.

La Internacional de la Educación escribió al gobierno de Paraguay para respaldar la petición de OTEP, el sindicato de educación paraguayo, para que anule la ley que decretó el cierre de las escuelas que no alcanzaron un mínimo de alumnos por clase. Esto puso en grave peligro la consecución de los objetivos de la ONU relativos a la Educación para Todos, porque sería difícil que los niños de las zonas rurales fueran a la escuela. También se expresó la preocupación por los derechos laborales de los docentes. El gobierno ha señalado que la ley será un grave obstáculo para defender la educación pública de calidad en las zonas rurales y más pobres. En la actualidad, la decisión de cerrar o no una escuela debe tomarse con la participación de las comunidades locales.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 28% de la educación es privada. La tasa bruta de matrícula(TBM) es del 30%. De los 5.423 docentes que trabajan en este nivel, el 88% son mujeres. El número de alumnos por docente (NAD) es de 26 : 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 14 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. En este nivel, el 16% de la educación es privada. La tasa bruta de matrícula es del 98% (48% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 64% llegan al último curso de primaria. El 8% de los estudiantes repiten curso. En este nivel trabajan 35.709 docentes (72% mujeres). El NAD es de 27 : 1. OTEP está presionando para obtener un programa de alimentación en las escuelas que cubra todo el territorio nacional, aunque existen informes de la gestión indebida de los fondos destinados a ese programa.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 6 años. En este nivel, el 26% de la educación es privada. El 21% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 51%. El 1% de los estudiantes repiten curso. Hay 43.835 educadores de secundaria, 22.463 (62% mujeres) en los cursos más bajos y 21.372 (60% mujeres) en los superiores. El NAD es de 14 : 1 en secundaria inferior y de 10 : 1 en la superior.

Hay 831.345 alumnos (51% mujeres) estudiando en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 32%. Los alumnos paraguayos que estudian fuera del país son 1.655. Los países elegidos son, por ejemplo, Argentina (386), EE.UU. (343), Francia (64) y Chile (49).

Está prohibida la discriminación de las personas con discapacidad física o mental en la educación y otros servicios públicos, aunque muchas personas con discapacidad la sufren. El Ministerio de Sanidad ha informado que la mitad de los niños con discapacidad no va a la escuela; no se proporciona transporte especial y los autobuses públicos no están adecuados para prestar este servicio.

La ley prevé la concesión del asilo o estatus de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. El gobierno colabora con el ACNUR para ayudar a los refugiados y los solicitantes de asilo. Paraguay ha aprobado una nueva ley del refugiado, tal como la de Brasil, para promover un nivel común de protección a los refugiados en el conjunto de la región .

Se calcula que unos 90.000 indígenas son marginados en la vida económica, social, política y cultural. Cobran salarios bajos a cambio de muchas horas de trabajo. Los informes indican que muchas veces no se pagan los salarios adeudados. Los empleos para indígenas no son seguros y carecen de las prestaciones de seguridad social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que el gobierno ha infringido 6 artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos al expulsar a los las poblaciones indígenas de las tierras de sus antepasados y negarles el derecho a la tierra, la educación, los servicios sanitarios y la protección judicial.

Los informes no indican restricciones o violaciones de la libertad académica.

Las mujeres tienen los mismos derechos legales que los hombres, pero la discriminación de género es tolerada y generalizada. Las mujeres suelen cobrar menos por realizar un trabajo de igual valor. El abuso sexual y doméstico de la mujer es un problema común y grave. Cada vez se presentan más demandas por violencia, pero suelen ser retiradas debido a la presión familiar. La ley prohíbe el acoso sexual, pero es un grave problema en el lugar de trabajo.

Aunque el código laboral prohíbe a los menores de 14 años trabajar, el estudio del gobierno muestra que el 40% de los niños en cursos de primaria trabaja durante el horario escolar. De hecho, el 5% de la población activa es menor de 14 años, y el 13,6% de los niños entre 5 y 17 años trabajan, muchos en condiciones peligrosas. Los niños de 14 y 15 años pueden trabajar en las empresas familiares o como aprendices. Los menores de entre 15 y 18 años pueden trabajar con permiso paterno, pero no en condiciones peligrosas o de insalubridad. En los supermercados, niños de apenas 7 años reciben propinas por meter en bolsas y llevar las verduras.

Miles de niños trabajan en el sector informal en las zonas urbanas, muchos de ellos menores de 12 años. Muchos de los niños que trabajan no tienen acceso a la educación. Aproximadamente 11.500 niñas trabajan como criadas y no tienen acceso a la educación. Un oficial fue arrestado por tener a una criada de 9 años, que vivía en condiciones deplorables y no podía ir a la escuela. Niños de tan sólo 10 años trabajan junto a sus padres en el campo. El 88% de los niños de zonas rurales trabajan fuera o lo hacen en casa o con los miembros de la familia, y trabajan unas 5 horas al día de media.

El reclutamiento de menores es motivo de preocupación; los informes sobre los casos de reclutamiento engañoso de menores van acompañados de acusaciones de tortura y maltrato. También se ha observado el reclutamiento militar de jóvenes indígenas que están exentos del servicio militar obligatorio. El gobierno ha establecido una revisión del procedimiento de reclutamiento para evitar el alistamiento de menores de 18 años.

Los trabajadores del sector público y privado pueden asociarse, salvo los miembros de la policía y las fuerzas armadas. La negociación colectiva está permitida, al igual que el derecho a la huelga. Aproximadamente el 15% de los trabajadores son miembros de 1.600 sindicatos.

Algunas empresas constituyen "sindicatos paralelos" dominados por la gerencia para competir con los sindicatos independientes. Están en vigor unos 30 convenios colectivos, que cubren al 10% de los empleados del sector privado y al 60% de los empleados del sector público. La ley reconoce el derecho a la huelga y prohíbe el arbitraje vinculante. Se han producido numerosas huelgas. En las zonas de procesamiento de exportaciones (maquilas) son de aplicación las leyes de trabajo. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal.

Es obligatorio el servicio militar para los hombres, salvo en el caso de los objetores de conciencia y los indígenas. Los informes indican que a veces los conscriptos son obligados a realizar trabajos de construcción para oficiales militares en sus empresas privadas.

El salario mínimo se ajusta cuando la inflación llega a un máximo del 10%; es de aproximadamente 180 USD (1,08 millones de guaraníes) por mes, cantidad considerada suficiente para que el trabajador y su familia tengan una mínima calidad de vida. No existe salario mínimo para el sector público. Se calcula que el 50% de los empleados del gobierno cobran menos que el salario mínimo, al igual que el 48% de los empleados del sector privado.

Únicamente 3 de los 7 responsables elegidos de OTEP pueden optar a permisos sindicales que les permitan continuar cobrando un salario mientras trabajan a jornada completa para el sindicato. El número de docentes auxiliares no remunerados se ha reducido de 8.000 a entre 5.000 y 6.000 como consecuencia de la medida adoptada por OTEP, y respaldada por la IE, que consiste en formar adecuadamente a estos docentes y brindares un estatus contractual regular.