La República de Ruanda está gobernada por una fuerte presidencia. Después del genocidio, e Frente Patriótico Rwandés (RPF) formó un gobierno de coalición de Unidad Nacional durante un período de transición, entre 1994 y 2004. Se aprobó una nueva constitución y se celebraron elecciones presidenciales y legislativas para elegir los cargos de los siguientes 7 años. Los observadores señalaron que las elecciones se habían celebrado de forma pacífica pero con ciertas irregularidades. El RPF obtuvo la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado. Otros 6 partidos políticos componen el órgano legislativo.

Se reserva un mínimo de un tercio de los escaños en el Parlamento a las mujeres, por lo que Ruanda tienen el mayor porcentaje de mujeres parlamentarias del mundo: las mujeres ocupan 8 de los 26 escaños del Senado y 39 de los 80 escaños de la Cámara de Diputados. 9 mujeres fueron nombradas ministras, y representan un tercio de los cargos del Gabinete. Hay 1 miembro batwa (pigmeo) en el Senado, y ninguno en la Cámara de Diputados.

A pesar de la presencia de una misión de paz de la ONU, la inestabilidad es continua en la frontera con la República Democrática del Congo (RDC), donde actúan los grupos rebeldes armados con total impunidad. Los hutus ruandeses que huyeron a la RDC tras el genocidio supuestamente están dirigidos por los responsables de aquella masacre. Se ha desmovilizado a 600 niños soldado y se les ha reintegrado en las comunidades de Ruanda.

El poder judicial es independiente por ley, pero no en la práctica. El volumen de casos relacionados con el genocidio obligó a crear tribunales especiales (gacaca), que tienen problemas para cumplir con la justicia y lograr la reconciliación.

Está prohibida la discriminación por razones de origen étnico, tribu, clan, color, sexo, región, origen social, religión, estatus económico, cultura, lengua, estatus social o discapacidad física o intelectual. El gobierno trata de aplicar la ley, pero continúa la discriminación.

Las fuerzas de seguridad son acusadas de maltratos y de detenciones arbitrarias. Se ha procesado a varios cargos públicos por corrupción.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica se ve limitada. Algunos informes hablan del acoso que sufren los periodistas que critican la política oficial por parte del gobierno. Los periodistas ruandeses son funcionarios públicos, y se practica la autocensura para evitar represalias. La radio es el medio de comunicación más importante. Los medios extranjeros ofrecen noticias independientes. Las leyes relativas a la difamación suprimen las críticas y limitan la libertad de prensa, pero el acceso a Internet no está restringido. La ley no regula el acceso a la información, y es difícil obtener información del gobierno.

El país es un punto de partida para mujeres y niños víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual, empleo doméstico y el combate. Los niños más pobres son explotados por redes organizadas de prostitución y reclutados por las milicias. Continúa la práctica del trabajo forzado y el uso de los niños como soldados en la vecina República Democrática del Congo.

Una comisión del Senado ha acusado a instituciones religiosas, periodistas, dirigentes locales corruptos, centros de secundaria y la universidad nacional de "participar en actividades que fomentan la división y tener una ideología de genocidio". Amnistía Internacional acusa al gobierno de manipular el concepto de genocidio para silenciar las críticas contra el gobierno.

El genocidio y las muertes por el VIH/SIDA han dejado miles de niños como cabeza de familia. En torno a 65.000 hogares tienen como cabeza de familia un niño. Algunos niños son víctima de la prostitución y de la servidumbre doméstica. La Internacional de la Educación y los sindicatos de educación de Ruanda, EER y SNEP, han puesto en marcha un programa para formar al personal de la enseñanza en materia de prevención del VIH/SIDA a través de la educación. Se han elaborado materiales culturales para utilizar en la escuela. UNICEF afirma en su informe que en torno a 2.140 prostitutas trabajan en las principales ciudades, donde miles de niños viven en la calle.

La educación es obligatoria hasta los 13 años. Aunque se han eliminado las tasas académicas de primaria, los padres tienen que seguir pagando para financiar el funcionamiento de las escuelas. A pesar de que los niños no son expulsados si no pagan, y de que los huérfanos no tienen que pagar coste alguno, la división de los niños entre los que pueden pagar y los que no pueden hacerlo genera una clasificación de los niños en clases y escuelas. Las escuelas carecen del material básico y el espacio escasea. Las escuelas no tienen sitio para todos los niños en edad de cursar primaria.

Para entrar en los centros de secundaria hay que superar el examen de admisión. Sólo el 10% de los alumnos siguen matrículados en secundaria una vez finalizada la educación obligatoria, a los 13 años. Esta cifra se contrapone al porcentaje de niños en edad de primaria que están matrículados en la escuela: 73%. Apenas el 31% de los niños matrículados en primaria llegan al último curso. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de alumnos por maestro en primaria es de 62:1, no resulta sorprendente que el índice de terminación de primaria sea tan bajo.

Hay en torno a seis mil niños de la calle en el país, que son recogidos y alojados en pisos de acogida o centros gestionados por el gobierno. La ley no impide a los condenados por genocidio ejercer ciertas profesiones. Sin embargo, los códigos éticos de algunas profesiones, como la de los docentes, no permite a los condenados ejercer la profesión.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel, toda la educación es privada.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 13 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 6 años. En este nivel, el 1% de la educación es privada. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 73% (51% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 31% llegan al último curso de primaria. El 19% de los estudiantes repiten curso. 28.254 docentes (51% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y el 82% están correctamente capacitados. El número de alumnos por docente (NAD) es de 62: 1.

La educación secundaria comienza a los 13 y dura 6 años. El 24% de los estudiantes de secundaria inferior y el 56% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La tasa bruta de matrícula (GER) es del 18% en secundaria inferior y del 10% en secundaria superior. Hay 7.750 docentes de secundaria (20% mujeres).

25.233 alumnos (39% mujeres) estudian en centros de terciaria. La tasa bruta de matrícula es del 3%. En este nivel, el 43% de la educación es privada. 1.929 alumnos estudian fuera, sobre todo en Francia (482), Bélgica (376), EE.UU. (275), Burundi (217), Reino Unido (82) y Alemania (77).

Esta prohibida la discriminación por razones de discapacidad física o intelectual, pero la ley no prohíbe específicamente la discriminación en la educación o en el acceso a otros servicios sociales. Pocas personas discapacitadas tienen acceso a la educación. Más de 800 menores se encuentran en prisión bajo régimen penitenciario. Todos los menores detenidos por delitos relacionados con el genocidio han sido puestos en libertad. La oferta de educación o formación para los menores detenidos es escasa o nula.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El ACNUR calcula que permanecen en el exilio 56.500 ruandeses. Los excombatientes que regresan de la RDC en el marco del proceso de paz han sido reubicados. El ACNUR brinda protección temporal a 43.500 personas. Un panel de expertos de la ONU informó de que las Fuerzas de Defensa Ruandesas reclutan a niños de los campos de refugiados rwandeses como soldados. Una organización internacional señaló también que hombres uniformados de las milicias del Congo reclutan a niños de los campos de refugiados rwandeses.

Las tarjetas de identidad ya no hacen referencia a la afiliación étnica, una medida deliberada para oponerse a la ideología del genocidio. Los batwa, que componen menos del 1% de la población y son descendientes de las tribus twa (pigmeos), ya no son considerados como grupo étnico indígena. Esto ha impedido que los grupos defiendan la mejora de la situación de los batwa. Los batwa viven al margen de la sociedad y apenas tienen acceso a la educación. Son tratados como ciudadanos inferiores por los hutus y los tutsis.

Según los informes, se ha reducido la práctica que consiste en que el director de la universidad nacional vigile al personal y a los estudiantes para encontrar pruebas de ideología de genocidio. En 2005, algunos estudiantes de secundaria y de la universidad fueron acusados de participar en la ideología del genocidio. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología entregó los nombres de más de 60 docentes y estudiantes a las autoridades para su procesamiento; fueron acusados, puestos en libertad y posteriormente retomaron su trabajo y sus estudios. Estas acciones supuestamente generar autocensura entre la comunidad académica.

La constitución obliga a reservar un tercio de los escaños en el Parlamento a las mujeres. Una mujer se encarga del ministerio de Promoción de Género y la Familia. Se imparten cursos de formación a los altos cargos para ayudar a aumentar el número de mujeres trabajadoras. El genocidio dejó a miles de mujeres como cabezas de familia. Las mujeres, que continúan encargándose de la mayor parte de la agricultura de subsistencia, han dio adentrándose en el sector formal y muchas dirigen pequeñas empresas gracias a los microcréditos que se conceden a las mujeres del ámbito rural. Sin embargo, tienen escasas oportunidades de educación. Se han introducido becas dirigidas a las niñas de primaria y secundaria, con el fin de promover su asistencia a la escuela.

El nuevo Código de la Familia ha mejorado la situación de la mujer en el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos, y las mujeres pueden heredar ahora los bienes de sus padres y maridos. La edad mínima legal para contraer matrimonio es de 21 años, tanto para las mujeres como para los hombres.

La violencia doméstica contra las mujeres no está prohibida, y las disputas se resuelven en el clan familiar. La prostitución y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual son otros de los problemas.

La edad mínima para trabajar a jornada completa es de 18 años, aunque los niños de 14 años que han completado la educación primaria pueden trabajar como aprendices. Los menores de 16 años pueden trabajar con el permiso paterno, aunque no en labores nocturnas o que sean consideradas peligrosas por el Ministerio de Trabajo.

No obstante, la ley no se aplica en la agricultura de subsistencia, donde trabaja el 90% de la población activa. La ONU señala en un informe que el 31% de los niños de entre 5 y 14 años trabaja, y que hay miles de niños ejerciendo la función del cabeza de familia. El trabajo infantil forzado y obligatorio está prohibido, pero sigue habiendo informes sobre el secuestro de niños en los campos de refugiados para convertirlos en niños soldado. En general, los niños son explotados y cobran muy poco, ya que la legislación laboral no se hace cumplir con rigor.

Los trabajadores, incluidos algunos funcionarios públicos, tienen derecho a asociarse. Aproximadamente el 90% de los trabajadores se dedican a la agricultura de subsistencia y a actividades del sector informal, por lo que no están sindicados. Sólo el 7% de la población activa trabaja en el sector formal. No existen tribunales de trabajo para resolver los litigios. La negociación colectiva está permitida pero en la práctica se ve limitada; únicamente la Central de Sindicatos de Trabajadores Ruandeses cuenta con un convenio colectivo. Salvo para los empleados de los servicios públicos y los que el gobierno considera servicios esenciales, el derecho a la huelga está garantizado. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres sostiene que la definición de servicios esenciales es demasiado amplia. El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, salvo en el caso de los presos, a quienes se asigna una labor de mantenimiento público. Ya no es posible contratar a presos para que trabajen en residencias o empresas privadas. Los ciudadanos deben participar en patrullas de vigilancia nocturna, y los que se niegan son detenidos y supuestamente golpeados.

El gobierno es el principal empleador y establece los índices salariales. El salario mínimo varía en función del trabajo, pero ningún salario mínimo garantiza un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. Los trabajadores aceptan pagas inferiores al salario mínimo. La semana laboral oficial es de 40 horas.