San Marino, un enclave sin salida al mar al norte de Italia, es una república democrática multipartidista. El Consiglio Grande e Generale (Parlamento) es elegido por votación popular, y escoge a 2 de sus miembros como Capitanes Regentes (Jefes de Estado). El Estos presiden las reuniones del Consejo General y el Congreso de Estado (Gabinete); el Consejo elegido escoge a 10 secretarios de estado y a los Capitanes Regentes. Las elecciones parlamentarias, celebradas por sufragio universal y el sistema de representación proporcional, fueron consideradas libres y justas. El Partido Democrático Progresista (DCS) obtuvo 20 escaños y confirmó su gobierno de coalición con el Partido Socialista (PSS), también con 20 escaños. Los gobiernos de coalición son la norma en San Marino. Las mujeres ocupan 7 de los 60 escaños del Parlamento. Ninguna minoría está representada en el parlamento. El poder judicial es independiente por ley y en la práctica.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, discapacidad, lengua o estatus social, y la ley se hace cumplir rigurosamente.

La ley garantiza la libertad de expresión y de prensa, y el acceso a Internet no está restringido. La ley establece el acceso a la información del gobierno. Ciudadanos y no ciudadanos reciben la información previa petición o a través de la página web.

La Iglesia Católica percibe subvenciones a través de los ingresos fiscales; los contribuyentes destinan el 0,3% de sus impuestos a la Iglesia católica o a otras organizaciones benéficas.

La educación es gratuita hasta el último curso de secundaria, y es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Los alumnos suelen completar 13 años de estudios. Los estudiantes pueden optar a ayudas económicas en todos los niveles de educación. Las escuelas de primaria y secundaria proporcionan los libros y materiales de forma gratuita. Los alumnos de primaria y secundaria que obtienen buenos resultados reciben una asignación. Los alumnos que desean estudiar en institutos fuera de San Marino tienen derecho a percibir una ayuda para los gastos en libros y desplazamientos. Los padres reciben una beca de educación si el instituto está demasiado lejos como para que el alumno regrese a casa cada día. Los alumnos que desean realizar estudios de postgrado en un ámbito promovido por el estado también reciben becas.

Los jóvenes mayores de 14 años pueden optar a becas para estudiantes que trabajan destinadas a los cursos de formación especial. Todos los ciudadanos y residentes de San Marino pueden optar a esas prestaciones. El índice de alfabetismo entre los adultos es del 98%. El programa de la enseñanza sigue el modelo italiano, y los certificados escolares de San Marino son convalidados en Italia. Los estudiantes de San Marino pueden acceder a las universidades italianas. También hay centros de formación profesional y un instituto técnico para ellos.

El programa de EPI, de tres años de duración, comienza a la edad de 3 años.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 5 años.

La educación secundaria comienza a los 11 y dura 6 años.

931 alumnos de San Marino estudian fuera, sobre todo en Italia (774), el Reino Unido (118), Alemania (13), Belarús (10) y Grecia (4).

Las escuelas prestan especial atención a los niños discapacitados para garantizar la igualdad de oportunidades. Los diagnósticos de problemas físicos, psicológicos o académicos se llevan a cabo con la ayuda de pediatras y otras personas cualificadas para determinar el tipo de educación más adecuada. En San Marino, todos los niños discapacitados van a la escuela pública regular pero siguen programas académicos individualizados además de tratamiento. El centro para niños discapacitados organiza actividades durante el día para unos 40 niños. El objetivo del centro es integrar a los niños discapacitados en la comunidad. Las actividades se organizan con las escuelas de primaria y secundaria. La ley prohíbe discriminar a las personas discapacitadas en los servicios públicos, y el gobierno se ocupa de garantizar el cumplimiento de la ley.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, pero el gobierno tiene un sistema de protección a los refugiados. El gobierno colabora con el ACNUR y con otras organizaciones humanitarias para ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo.

Aunque en San Marino no hay minorías étnicas, en los últimos años sí que ha experimentado el fenómeno de la inmigración. Un elevado número de personas, comparado con la escasa población, trabajan en San Marino; la mayoría son trabajadores temporales de Europa Oriental o del Magreb. Las leyes relativas a la educación establecen específicamente que no está permitida la discriminación por razones de raza, sexo, lengua, religión u opinión política por parte de docentes, alumnos o el personal administrativo.

Los informes no indican restricciones o violaciones de la libertad académica.

Hombres y mujeres tienen los mismos derechos de acuerdo con la ley de familia y la ley de propiedad. Las condiciones de salario y empleo respetan el principio de la misma remuneración por un trabajo de igual valor. Está prohibido el acoso sexual, y la prohibición se hace cumplir. La violencia contra las mujeres no es habitual. La prostitución no es legal y no es una práctica habitual.

La edad mínima para trabajar es de 16 años, que coincide con el final de la enseñanza obligatoria; no se permiten excepciones. Los menores de entre 16 y 18 años no están excluidos de ningún tipo de trabajo. Las autoridades obligan al cumplimiento de la ley.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los miembros de las milicias de la Guardia Nacional. El 50% de los empleados que trabajan por cuenta ajena están sindicados. La negociación colectiva está permitida, y las negociaciones se llevan a cabo con libertad. Todos los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos negociados por los sindicatos. Los funcionarios, incluidos los policías, tienen derecho a la huelga.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal. El salario mínimo de 8 USD la hora (6,7 EUR) no permite gozar de un nivel de vida decente al trabajador y su familia. Los salarios negociados son más altos que el salario mínimo. La ley establece una semana laboral de 36 horas en el sector público y de 37,5 horas en la industria y las empresas privadas.