La República Democrática de Santo Tomé y Príncipe es una democracia multipartidista con un Presidente elegido. El Movimiento Democrático de las Fuerzas del Cambio (MDFM) ganó las elecciones de marzo de 2006. El Presidente fue reelegido y pudo nombrar a un aliado como Primer Ministro. Los gobiernos anteriores han tenido presidentes y primeros ministros rivales. Las elecciones presidenciales y legislativas, celebradas mediante sufragio universal, fueron libres y justas según los observadores. Las mujeres ocupan 4 de los 55 escaños de la Asamblea Nacional, pero no hay ninguna en el Gabinete.

Tras el fallido golpe militar de 2003, se alcanzó un acuerdo para establecer un consenso nacional sobre las prioridades de desarrollo del país en las siguientes áreas: un cambio del modo de representación en la Asamblea Nacional, mejores condiciones de vida para los militares, reforma agrícola, legislación para gestionar el petróleo del país y mejoras en educación y sanidad. El poder judicial es independiente según la ley, pero recibe influencias políticas.

La ley establece la igualdad sin perjuicio de sexo, raza, origen racial, tendencia política, credo o religión, pero sigue habiendo discriminación.

Los informes dicen que la policía carece de la formación adecuada, es ineficaz y se percibe como una fuerza corrupta. La impunidad es otro de los problemas. Los bajos salarios de los funcionarios públicos contribuyen a la corrupción pública. El 46% de la población vive en la pobreza, y el 35% en extrema pobreza. Se investigan las acusaciones que sostienen que el Presidente concedió derechos sobre el petróleo de una manera no transparente.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. El estado controla una agencia de prensa y la única cadena de radio y de televisión, pero no existe ninguna ley que prohíba la emisión privada, y el acceso a Internet no está restringido. Los periodistas practican la autocensura. La ley no regula el acceso a la información del gobierno, pero se han dado pasos para mejorar la transparencia.

Las personas infectadas por el VIH/SIDA son rechazadas por sus comunidades y sus familias. A algunos pacientes se les administran fármacos antirretrovirales y experimentales contra el SIDA de manera gratuita. Los homosexuales también son discriminados.

La educación es universal y obligatoria hasta sexto curso, y gratuita hasta los 15 años. En la práctica, algunos alumnos de zonas rurales dejan de ir a la escuela después del cuarto curso. Las familias tienen que comprar libros y uniformes, aunque se entregan gratuitamente en el caso de las familias pobres. Los gastos de transporte y de la matrícula impiden que algunos alumnos pobres de las zonas rurales cursen secundaria.

Un programa de los servicios sociales recoge a niños de la calle y los aloja en 3 centros, donde reciben clases y formación profesional, aunque la saturación de los centros ha hecho que algunos niños regresen por la noche con sus familias. En el conjunto de la población, el 56,6% de los mayores de 25 años carecen de estudios, el 18% no ha terminado la primaria y el 19,2% no ha terminado la secundaria.

A la edad de 4 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 55% de la educación es privada. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 30%.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 12 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 6 años. La TNM es del 98% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 60% llegan al último curso de primaria. El 25% de los estudiantes repiten curso. 929 docentes (56% mujeres) trabajan en este nivel. El número de alumnos por docente (NAD) es de 32: 1.

La educación secundaria comienza a los 13 y dura 5 años. El 2% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 26%. El 32% de los estudiantes repiten curso. Hay 195 docentes (14% mujeres) en la educación secundaria inferior. El NAD es de 23: 1 en secundaria.

52.282 alumnos estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 5%. En este nivel, el 21% de la educación es privada. 570 alumnos estudian fuera, sobre todo en Portugal (496), Cuba (30), Francia (26), EE.UU. (5) y Alemania (2).

Las organizaciones locales han criticado al gobierno por no poner en marcha programas para personas discapacitadas. La discriminación de personas con discapacidad física o intelectual es ilegal y no parece que exista. UNICEF señala en su informe que el 62% de los niños han recibido todas las vacunas necesarias, frente al 52% de los niños con alguna discapacidad. La falta de transporte dificulta el acceso de los niños discapacitados a algunas escuelas.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. El gobierno no ha establecido un sistema para proteger a los refugiados. El gobierno colabora con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y con otras organizaciones humanitarias para ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo.

Las minorías étnicas incluyen a angolares, que son descendientes de esclavos angoleños y portugueses.

Los informes no indican restricciones en la libertad académica.

Hombres y mujeres tienen los mismos derechos políticos, económicos y sociales. Las mujeres pueden acceder a la educación, las empresas y el gobierno, pero aún son discriminadas. La tradición impone a la mujer el rol de responsable de la educación de los hijos, lo que limita su acceso a la educación y al trabajo; el elevado índice de embarazos adolescentes reduce también las oportunidades económicas y de educación para las mujeres jóvenes. Las mujeres ejercen de cabeza de familia en el 70% de los hogares.

La ley no prohíbe el acoso sexual, y es un problema. Existe la violencia doméstica, pero las disputas domesticas se resuelven en el seno familiar según la tradición. Las mujeres son reacias a presentar cargos contra sus agresores, por lo que estos actúan con impunidad.

La edad mínima para trabajar es de 18 años. Los menores no pueden trabajar más de 7 horas al día y 35 horas a la semana. La ley se respeta en el sector formal, pero el trabajo infantil es un problema en la agricultura de subsistencia, en las plantaciones y en el sector informal, donde los niños comienzan a trabajar desde pequeños.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. El sector formal es pequeño, y se organiza en torno a 2 sindicatos: la Central Sindical de Trabajadores y la Organización Nacional de Trabajadores de Santo Tomé y Príncipe. Ambos sindicatos representan también a los funcionarios públicos, que constituyen la mayoría de los empleados asalariados. Se llevan a cabo negociaciones colectivas, pero como el gobierno es el principal empleador, está bien situado en las negociaciones de los salarios y las condiciones de trabajo. Todos los trabajadores tienen derecho a la huelga, incluidos los empleados del gobierno y los que se ocupan de los servicios básicos. La huelga general para exigir salarios más altos terminó con un acuerdo negociado en 2005, aunque aún no se han aplicado los términos del acuerdo.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal. No existe un salario mínimo. El salario mínimo para los funcionarios públicos es de 40 USD al mes (400.000 STD), una cantidad insuficiente para proporcionar un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La ley especifica las áreas de trabajo en las que los funcionarios públicos pueden tener un segundo empleo. Los funcionarios de sectores tales como tribunales, finanzas, aduanas, educación y la Policía de Investigación Criminal ganan hasta un 400% más que otros empleados de los servicios públicos. La ley establece una semana laboral de 40 horas.