Arabia Saudí es una monarquía gobernada por los descendientes varones del primer Rey. La monarquía es la institución central del gobierno, y no hay instituciones representantes elegidas. El Corán es la constitución del país, y el sistema judicial se basa en la ley de la shari'a. No hay partidos políticos reconocidos ni elecciones nacionales. Los miembros más importantes de la familia real eligen al Rey de entre los familiares. El Rey ejerce de Primer Ministro y designa al Heredero de la Corona para el cargo de Viceprimer Ministro. El Rey también nombra a los 20 miembros del Consejo de Ministros, o Gabinete, que le asesora en materia política y dirige el trabajo de los ministros.

El Consejo de Expertos Islámicos, otro órgano consultivo del Rey y el Gabinete, revisa que la legislación y las políticas públicas se ajusten a la shari'a. Las leyes son ratificadas por decreto real, y deben respetar la ley de la shari'a. En las elecciones de 2005, los ciudadanos varones no militares y mayores de 21 años eligieron a la mitad de los miembros de los consejos consultivos municipales. El Rey designó a la otra mitad.

Las mujeres no pueden votar ni presentarse a las elecciones. El Majlis al-Shura (Consejo Consultivo) tiene 150 miembros designados en 11 comités. Hay una mujer en el Majlis al-Shura. Los consejos de mujeres asesoran a los gobernadores locales sobre las cuestiones que afectan a la mujer. En el Gabinete no hay mujeres ni representantes de minorías religiosas. En el Majlis al­Shura hay 4 musulmanes chiitas. En respuesta a las demandas de reforma, el Rey ha creado el Centro de Diálogo Nacional. En una serie de reuniones, expertos y miembros de la sociedad civil han debatido la reforma política, la tolerancia religiosa y la función de la mujer y de la juventud.

Se han presentado al Rey varias recomendaciones para que las tenga en cuenta. El Rey designa a 12 jueces superiores previa recomendación del Consejo Judicial Supremo. El poder judicial es independiente según al ley, pero el Rey es el tribunal supremo de apelación.

La discriminación racial está prohibida pero existe. La minoría chiita sufre discriminación social, legal, económica y política. Los musulmanes chiitas aplican sus propias tradiciones legales en los casos relativos a cuestiones domésticas. El testimonio de un hombre equivale al de dos mujeres, y los jueces pueden desechar el testimonio de las personas que no respeten la doctrina hanbali del Islam suní, por lo que el testimonio de los chiitas no suele ser tenido en cuenta o tiene menos valor que el de los suníes.

La policía y la policía religiosa viola los derechos de privacidad. El correo se abre para determinar si el material es pornográfico o contiene material religioso islámico no suní. Mediante un sistema de informadores se informa de "ideas sediciosas, actividad contra el gobierno o conducta contraria al Islam". Los hombres que ocupan ciertos cargos en el gobierno no pueden casarse con extranjeras.

El gobierno no ha permitido que el Comité de la ONU contra la Tortura investigue las acusaciones de tortura. La policía religiosa intimida, acosa y detiene a las personas a las que acusa de cometer delitos de vicio, brujería o hechicería. Las violaciones de las normas de vestimenta y conducta son castigadas. Los funcionarios son acusados de maltratar a los presos y de obtener confesiones a la fuerza, golpeando a los detenidos y privándoles del sueño. Algunas de las formas de castigo corporal que establece la ley son la ejecución pública por decapitación, la amputación y la flagelación.

La falta de transparencia en la toma de decisiones contribuye a la percepción pública de la corrupción por parte de algunos miembros de la familia real.

La función de los medios presuntamente es "educar a las masas y promover la unidad nacional". La libertad de expresión y de prensa están restringidas, y los artículos que se consideran negativos hacia la familia real o el Islam son censurados, así como las publicaciones extranjeras. Los periodistas practican la autocensura. No obstante, los informes constatan la existencia de debates sobre cuestiones sociales, económicas y políticas que anteriormente eran consideradas tabú. La nueva Asociación de Periodistas Saudíes está abierta a hombres y mujeres, y los periodistas extranjeros pueden afiliarse sin derecho a voto. Las antenas parabólicas son habituales, y el acceso a Internet es generalizado a través de servidores controlados por el gobierno, aunque el acceso a algunas páginas web es bloqueado.

La mayoría de las formas de tráfico de personas están tipificadas como delito. Los extranjeros deben detener un documento de identidad como residentes que incluya la confesión religiosa. Los informes señalan que la policía religiosa presiona a los empleadores para que no renueven la tarjeta de identidad de los no musulmanes. Aparecen comentarios antisemitas en las publicaciones, pero parece que cada vez menos.

La actividad homosexual puede ser castigada con la pena de muerte o de flagelación. Se ha instado a los medios de comunicación a frenar la discriminación de las personas infectadas por el VIH/SIDA. Hay 3 centros de VIH que ofrecen servicios de diagnóstico. Según los informes, los extranjeros que tienen el VIH son discriminados en el tratamiento médico, y generalmente son deportados.

La educación es gratuita en todos los niveles, pero no es obligatoria. El estudio del Islam es la base del sistema educativo, aunque la enseñanza incluye ahora clases de diferentes disciplinas. La mayoría de los niños son separados por sexos a partir de los 7 años, aunque en algunas escuelas permanecen juntos hasta cuarto curso. Los libros de texto de religión destacan la intolerancia de otras tradiciones religiosas. Los responsables saudíes han señalado que revisarán los libros de texto. Los libros chiitas están prohibidos, y los chiitas no pueden impartir clases de religión fuera de la escuela primaria. Tampoco pueden abrir escuelas privadas para niñas.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 46% de la educación es privada. La tasa neta de matriculaciones (NER) es del 5%. Los 10.049 de la EPI son mujeres. El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 10 : 1.

La educación primaria comienza a los 6 años y dura 6 años. En este nivel, el 7% de la educación es privada. La NER es del 53% (48% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso , el 92% llegan al último curso de primaria. El 4% de los estudiantes repiten curso. Hay 204.434 maestros de primaria (62% mujeres). El PTR es de 12 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años. En este nivel, el 8% de la educación es privada. El 3% de los estudiantes de secundaria inferior y el 4% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La NER es del 52%. El 7% de los estudiantes repiten curso. Hay 181.298 docentes en la enseñanza secundaria, 102.614 (50% mujeres) en secundaria inferior y 78.684 (50% mujeres) en secundaria superior. El PTR es de 11 : 1 en secundaria inferior y de 12 : 1 en la superior.

537.732 alumnos (59% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 26%. En este nivel, el 7% de la educación es privada. Alumnos extranjeros vienen a estudiar a Arabia Saudí, en su mayoría procedentes de los Países Árabes (6.049), Asia (2.312), África Subsahariana (1.606), Europa Central y Oriental (526), Norteamérica y Europa Occidental (372) y Latinoamérica y el Caribe (42). Al mismo tiempo, 9.318 alumnos saudíes estudian fuera, principalmente en EE.UU. (3.521), Reino Unido (2.192), Jordania (1.494), Bahréin (674) y Canadá (437).

El Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación gestiona varios centros para alumnos ciegos, sordos y discapacitados físicos e intelectuales. La ley establece cuotas de empleo para personas discapacitadas, que cada vez están más integradas en la sociedad pública. Las organizaciones públicas y privadas ofrecen educación y empleo a las personas con discapacidad. Se ha creado un comité de donaciones y un consejo supremo para ocuparse de los asuntos de las personas discapacitadas, presidido por el Heredero de la Corona. Existen numerosos centros para las personas que sufren distintos tipos de discapacidad. Según los informes, el gobierno está investigando las acusaciones de maltrato a enfermos mentales en un centro sanitario. Delincuentes extranjeros importan niños discapacitados para obligarles a mendigar.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, pero el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. A los refugiados iraquíes se les ha proporcionado un lugar seguro, y el gobierno aporta fondos al ACNUR para que reciban la ayuda necesaria. El eterno problema de los refugiados palestinos es una de las razones por las que Arabia Saudí no ha ratificado la Convención de la ONU. En 2006, el gobierno permitió a algunos refugiados iraquíes de larga duración y a sus familias abandonar el campo previa recepción de un documento de refugiado y un permiso de residencia que les permite trabajar y acceder a la educación y a los servicios médicos.

La discriminación racial es ilegal pero existe. Los trabajadores extranjeros de África y Asia sufren discriminación formal e informal. Las escalas salariales para cada trabajo o servicio profesional se fijan en función de la nacionalidad. Los ismailis han exigido igualdad de oportunidades en el empleo y la apertura de una universidad en Najran. Miles de residentes de origen árabe, conocidos como bidoon, viven en el país pero no tienen la ciudadanía por diferentes razones. Algunos son descendientes de tribus nómadas o de padres extranjeros que llegaron al país antes de que se institucionalizase la ciudadanía. Otros son emigrantes rurales cuyos padres no les inscribieron en el registro al nacer. La falta de la ciudadanía les impide trabajar y estudiar. Por tanto, los bidoon están entre los habitantes más pobres del país.

La libertad académica es limitada. El estudio de la evolución, Freud, Marx, la música occidental y la filosofía occidental no están permitidas. Según los informes, los informadores vigilan las clases e informan al gobierno y a las autoridades religiosas. A un profesor chiita se le ha prohibido viajar por criticar las políticas discriminatorias del gobierno contra los chiitas. Los escritores activistas chiitas no pueden viajar.

Otro profesor fue condenado a 3 años de prisión y a 300 latigazos, además de ser despedido, tras hablar con sus alumnos sobre el amor en relación con los matrimonios y en relación con Dios. Fue acusado de promover la homosexualidad y el adulterio. La condena fue recurrida, y el Rey le condonó la pena. Un profesor de química de instituto fue acusado de intentar sembrar la duda en la fe de un alumno al expresar su opinión sobre el cristianismo y el judaísmo y analizar las causas del terrorismo. Fue condenado a 750 latigazos y a 40 meses de prisión, y se le prohibió ejercer la docencia. También el Rey concedió el indulto en este caso.

Las mujeres están discriminadas en la ley y en las costumbres. Pueden acceder a la propiedad y tienen derecho a percibir ayuda financiera de sus esposos o familiares varones, pero tienen pocos derechos políticos o sociales y no son tratadas como iguales en la sociedad. Las mujeres no pueden conducir vehículos y deben entrar a los autobuses por puertas diferentes y sentarse en las zonas designadas. Corren el riesgo de ser detenidas si viajan en un vehículo conducido por un hombre que no sea un empleado o un familiar cercano.

La violencia contra las mujeres es habitual, según los informes. Los trabajadores de centros sanitarios deben informar de cualquier lesión sospechosa a las autoridades. También se constatan en los informes los malos tratos a las mujeres que trabajan como empleadas domésticas. El maltrato doméstico se considera un asunto familiar y la policía no interviene. Las mujeres deben vestir la abaya, una túnica que les cubre todo el cuerpo, y la policía religiosa vigila que las musulmanas lleven el rostro cubierto.

Las mujeres sufren más restricciones que los hombres en lo que se refiere al matrimonio con extranjeros y no musulmanes. Los hombres pueden divorciarse sin justificación alguna, pero las mujeres deben demostrar la causa del divorcio. Las mujeres musulmanas pueden quedarse con los hijos varones menores de 7 años y las hijas menores de 9, pero cuando alcanzan esa edad la custodia pasa al esposo o a la familia del esposo fallecido.

Las mujeres tienen acceso a la educación gratuita pero segregada hasta la universidad. Más del 58% de los alumnos universitarios son mujeres, pero hay campos de estudio a los que no pueden acceder. Los hombres pueden estudiar fuera del país. Las mujeres que lo hacen deben ir acompañadas por un varón de la familia, aunque muchas estudian actualmente fuera sin la compañía de un tutor.

Las oportunidades de empleo para las mujeres están generalmente vinculadas a la educación y la atención sanitaria. No pueden aceptar trabajos en zonas rurales si no se hace cargo de ellas algún varón de la familia. La mayoría de los lugares de trabajo están segregados por género. Las mujeres únicamente pueden relacionarse con los jefes o clientes varones por teléfono o fax. Hombres y mujeres trabajan juntos en algunos hospitales, y ahora hay mujeres que dan las noticias por la radio.

La ley reconoce el permiso de maternidad en el trabajo, y los empleadores deben tener servicio de guardería si la empresa cuenta con más de 50 trabajadoras. Desde 2001 las mujeres han podido obtener su propio documento de identidad, pero necesitan el permiso de un familiar ó tutor varón para recibir el documento.

La edad mínima para trabajar es de 15 años. Los niños representan un porcentaje mínimo en la población activa. La única excepción son los chicos que ejercen de único trabajador en la familia. No existe una edad mínima para trabajar en empresas familiares o en actividades consideradas como extensiones de la familia. Los menores de 18 años no pueden trabajar en industrias peligrosas o nocivas.

Los niños que piden limosna suelen ser extranjeros víctimas del tráfico de personas que son obligados a mendigar. La ley no prohíbe el trabajo infantil forzado, y los informes constatan su existencia. Se ha introducido una normativa que fija en 18 años la edad mínima de todos los jinetes de camello, y parece que se hace cumplir.

Desde 2001, el gobierno permite la creación de comités laborales. La negociación colectiva está prohibida. Los trabajadores extranjeros constituyen el 88% de la población activa en el sector privado. Se produce una situación de trabajo forzado u obligatorio cuando los empleadores retienen el pasaporte y los documentos de identidad de los trabajadores extranjeros para poder controlar los movimientos de sus empleados. Para que esos empleados renueven el contrato o abandonen las reclamaciones por impago del salario, algunos empleadores impiden que los trabajadores extranjeros obtengan visados de salida. Cada vez son más los empleados extranjeros que presentan denuncias ante el tribunal de trabajo, y se ha creado un departamento de protección a trabajadores extranjeros.

No hay un salario mínimo para los trabajadores nacionales; el salario mínimo no oficial en el sector privado es de 320 USD (1.200 SAR) al mes. El Rey anunció una subida salarial del 15% en el sector público en 2005. La Cámara de Comercio anunció que en el sector privado el salario subiría a 400 USD al mes (1.500 SAR). No hay un salario mínimo oficial para los trabajadores extranjeros. La semana laboral generalmente es de 48 horas.