La República de Senegal está gobernada por una firme presidencia. Las elecciones presidenciales de 2000 y las elecciones a la Asamblea Nacional de 2001, celebradas mediante sufragio universal, fueron consideradas libres y justas y el presidente en el poder fue reelegido para seguir en su cargo. Las próximas elecciones están previstas para febrero de 2007. El Partido Socialista dominó la Asamblea Nacional durante 40 años, hasta 2001, cuando una coalición dirigida por el Partido Democrático de Senegal obtuvo 89 de los 120 escaños. Senegal tiene 10 regiones administrativas, cada una de ellas con un gobernador nombrado por el Presidente. El mandato de los próximos presidentes será de 5 años, y sólo podrán presidir el país dos veces. El actual mandatario es el último presidente elegido para un período de 7 años. Hay 91 partidos políticos en el país.

Las mujeres ocupan 25 escaños en la Asamblea Nacional y 7 de los 40 cargos ministeriales. 39 miembros de grupos minoritarios resultaron elegidos para la Asamblea Nacional, y 15 trabajan en el Gabinete. Los magistrados son nombrados por el Presidente, y el poder judicial, aunque teóricamente es independiente, recibe influencias del gobierno.

La discriminación por razones de género, raza, clase o lengua está prohibida, pero la ley no se respeta y sigue habiendo discriminación.

Los musulmanes pueden elegir un sistema legal religioso para los casos de matrimonio y sucesión. En la práctica, muchas disputan se remiten a jueces religiosos. Los informes mencionan el aumento de las lesiones producidas por las bandas callejeras.

Amnistía Internacional denuncia la impunidad de las fuerzas de seguridad en la región de Casamance. La percepción pública del gobierno es de corrupción. Se ha encargado a una comisión anticorrupción que investigue las acusaciones, y varios casos de corrupción han recibido la atención de los medios de comunicación. Transparency International cita como ejemplos de corrupción los cargos presentados contra los directores generales de organismos paraestatales durante el régimen anterior. Los recientes aumentos salariales y la dotación de vehículos todo terreno y de bienes raíces a los diputados contribuyen a la percepción de corruptos que tiene el público de los representantes del gobierno.

La ley establece el acceso a la información del gobierno, pero en la práctica es muy poco posible. Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica se ve limitada. Los periodistas practican la autocensura. Los bajos índices de alfabetismo hacen que la radio sea la principal fuente de información. Se pueden ver programas internacionales de televisión por satélite, y el acceso a Internet no está restringido. En 2005 se celebró una marcha en señal de apoyo a la libertad de prensa y al fin de la intimidación de los periodistas.

La ley prohíbe el tráfico de personas, pero según los informes el país es un punto de origen, tránsito y destino para los traficantes. Los traficantes traen niños de Gambia, Malí, Guinea y Guinea-Bissau para explotarlos como talibé, alumnos de escuelas coránicas que están obligados a mendigar para pagarse sus estudios. Se han presentado acusaciones por violación, pedofilia, prostitución y malos tratos a niños talibé. No existen estadísticas de estos casos, pero según UNICEF hay unos 100.000 niños talibé y 10.000 niños de la calle. Los marabouts (maestros de la escuela coránica que se ocupan de los niños talibé) son acusados de ser los principales traficantes del país. Los traficantes llevan a las niñas a las ciudades para trabajar en el servicio doméstico.

La homosexualidad no está acepada en la sociedad, y los homosexuales no han intentado reivindicar sus derechos. Están discriminados, pero no son víctimas de la violencia. La Internacional de la Educación y sus sindicatos afiliados en el país, SNEEL, SUDES, SYPROS y UDEN, han puesto en marcha programas de formación para docentes en materia de prevención del VIH/SIDA a través de la educación. Se les proporcionan materiales acordes a la edad y la cultura de los niños, para que los usen con sus alumnos en la escuela. Las personas infectadas por el VIH/SIDA no son discriminadas. Se ha puesto en marcha un programa gratuito de tratamiento con antirretrovirales para enfermos de VIH/SIDA. Sin embargo, el estigma continúa y en torno a 4.000 personas infectadas por el VIH se negaron a beneficiarse del programa por temor al rechazo social.

La educación es obligatoria y la matrícula gratita para los niños de entre 6 y 16 años. Sin embargo, las familias pagan los libros, los uniformes y otros gastos escolares. Muchos niños no van a la escuela porque sus padres no pueden pagar los gastos o porque no hay escuelas. Se han abierto centros de educación preescolar. El máximo grado al que llegan la mayoría de los niños es la escuela primaria.

En el curso académico 2005-06, por primera vez hubo más niñas que niños matrículados en la escuela elemental. Las niñas aún tienen dificultades para entrar y permanecer en la escuela. Si la pobreza les obliga a elegir, las familias optan por educar a los varones. El gobierno establece ahora la educación religiosa en el sistema escolar formal, como alternativa a las escuelas coránicas.

Sin embargo, no todos los padres pueden pagar los materiales necesarios en las escuelas públicas. Sólo el 23% de las mujeres mayores de 15 años son alfabetizadas, frente al 43% de los hombres. El conflicto de la región de Casamance ha generado muchos niños desplazados, que sufren los efectos del conflicto y la malnutrición. Los docentes necesitan un permiso del gobierno para salir del país. La ley se aplica a todos los funcionarios públicos, pero sólo se cumple en el caso de los docentes.

A la edad de 4 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 74% de la educación es privada. De los 1.983 maestros que trabajan en EPI, el 80% son mujeres y todas tienen la formación adecuada. El número de alumnos por docente (NAD) es de 28: 1.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 12 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 6 años. En este nivel, el 11% de la educación es privada. La tasa neta de matrícula es del 66% (48% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 72% llegan al último curso de primaria. El 13% de los estudiantes repiten curso. 32.005 docentes (24% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y el 51% están correctamente capacitados. El NAD es de 43: 1.

La educación secundaria comienza a los 13 y dura 7 años. En este nivel, el 26% de la educación es privada. El 5% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 15%. El 12% de los estudiantes repiten curso. Hay 13.654 educadores de secundaria, 10.357 (14% mujeres) en los cursos más bajos y 3.297 (14% mujeres) en los superiores. El 51% de los docentes de secundaria han recibido la formación adecuada. El NAD es de 26: 1 en secundaria inferior y de 27: 1 en la superior.

52.282 alumnos estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 5%. En este nivel, el 21% de la educación es privada. 1.295 alumnos extranjeros, de procedencia no especificada, estudian en Senegal. 10.677 alumnos senegaleses estudian fuera, sobre todo en Francia (8.329), EE.UU. (805), Marruecos (435), Alemania (256) y Canadá (246).

La ley prohíbe discriminar a las personas discapacitadas en la educación y en la prestación de otros servicios públicos, y se garantiza con rigor su cumplimiento. Apenas hay infraestructuras para ayudar a las personas discapacitadas. La ley obliga a reservar a las personas con discapacidad el 15% de los nuevos puestos en los servicios públicos. Hay escuelas para niños discapacitados, y becas para su formación profesional. Los centros regionales ayudan a las personas discapacitadas a recibir formación y financiación para crear pequeñas empresas. Sin embargo, sólo el 30% de los niños discapacitados están matrículados en la escuela, ya que los docentes carecen de la formación necesaria en educación especial y apenas hay centros accesibles para estos niños.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El ACNUR ayuda a más de 20.000 refugiados mauritanos. El gobierno colabora con el ACNUR para ayudar a los refugiados y los solicitantes de asilo. El conflicto de Casamance, que ha durado 20 años, ha generado decenas de miles de refugiados o desplazados internos. Muchos de ellos han regresado a sus hogares tras el alto al fuego de 2004, pero en torno a 20.000 siguen siendo desplazados internos.

Las numerosas minorías étnicas conviven pacíficamente en el país, aunque algunos observadores mencionan importantes tensiones étnicas entre los wolof y los grupos étnicos del sur en el conflicto de Casamance. Los niños de Casamance han visto interrumpida su educación y limitadas sus oportunidades como consecuencia del conflicto.

Hace unos años en Senegal, la prensa publicó varios artículos sobre lo que se denominaba el fracaso de los intelectuales (la panne des intellectuels). Se consideraba que los académicos habían sido incapaces de aportar soluciones a la crisis económica y social en el continente. Este debate se produjo tras un período de graves recortes en la educación superior, de acuerdo con las políticas del Banco Mundial en aquella época.

Un académico senegalés afirma ahora que el mercado casi nunca ha podido aportar soluciones a los problemas de África, y que la enseñanza superior y la investigación son probablemente los campos menos indicados para esperar soluciones de mercado. Este académico muestra su preocupación por la creciente atención que reciben los objetivos comerciales en la financiación de la investigación: "Los mercados necesitan ingresos, y esto puede dejar de lado importantes obligaciones y oportunidades de educación. Las ciencias básicas y las humanidades, por ejemplo, son vitales para el desarrollo nacional. Probablemente no reciban la financiación necesaria si no son promovidas por líderes de la educación que cuenten con los recursos precisos para materializar esta visión." El impacto de una creciente influencia del mercado sobre la libertad académica y el papel de los profesores en el desarrollo nacional será objeto de seguimiento.

Las mujeres representan el 52% de la población y son iguales ante la ley, aunque no en la práctica. Las mujeres se ocupan del 90% de las tareas domésticas y del 85% del trabajo agrícola. En torno al 22% de los docentes y el 14% de los abogados son mujeres. La primera mujer que ocupa el puesto de jefe de policía fue nombrada en Dakar. La ley prohíbe contraer matrimonio antes de los 17 años a las mujeres y de los 21 años a los hombres, salvo con un permiso especial del juez. Sin embargo, en las zonas rurales los matrimonios prematuros siguen siendo un problema. Niñas de apenas 9 años son obligadas a casarse con hombres mayores por razones religiosas, económicas y culturales.

La práctica tradicional hace que sea difícil para las mujeres adquirir bienes. La ley designa como cabeza de familia a los hombres, lo que les permite pagar menos impuestos que las mujeres por el mismo salario. Las empresas conceden ayudas por cada hijo a los hombres, pero no a las mujeres. Solamente el 20% de las mujeres tiene un empleo remunerado. Los bajos niveles de educación, las obligaciones domésticas y los múltiples embarazos son obstáculos al desarrollo económico de la mujer. El acoso sexual es ilegal pero muy común. Las costumbres tradicionales, como la poligamia y las normas de sucesión, son discriminatorias contra la mujer.

El tráfico de mujeres y niños y su explotación comercial son también graves problemas. La mutilación genital femenina (MGF) se realiza en poblados de todo el país. El Ministerio de la Familia señala que prácticamente todas las mujeres de la región de Fouta son víctimas de la MGF, así como el 60%-70% de las mujeres en el sur y en el sureste. La MGF es un delito penal que se persigue, pero son muchas personas las que lo siguen practicando abiertamente y con total impunidad. La violencia doméstica también es ilegal, pero sigue siendo un problema.

La edad mínima para trabajar es de 15 años, aunque los menores de 15 trabajan en zonas rurales donde las leyes laborales no se hacen cumplir con rigor. La OIT afirma en su informe que el 50% de los menores de 16 años trabajan, aproximadamente un tercio de ellos en actividades peligrosas. Las normas relativas a la edad mínima, las horas de trabajo y las condiciones de trabajo peligrosas no se hacen cumplir con rigor en le sector de la economía informal, donde trabajan la mayoría de los niños.

Tal y como se indicaba anteriormente, jóvenes (talibés) de aldeas rurales trabajan para instructores religiosos (marabouts) en escuelas coránicas en condiciones de servidumbre bajo el temor a ser castigados físicamente. Los informes indican que el turismo sexual crece, y se mencionan casos de pedofilia; un hombre extranjero fue acusado de abusar sexualmente de un niño que había recogido de la escuela para niños pobres.

Los trabajadores pueden asociarse y formar sindicatos, salvo las fuerzas de seguridad, los agentes de aduanas y los jueces. La mayoría de los trabajadores trabajan en la agricultura o el sector informal, y por tanto no están sindicados. Apenas el 4% de la población activa trabaja en el sector industrial pero de estos el 45% están sindicados.

La negociación colectiva está permitida y se practica. El 44% de los trabajadores están protegidos por convenios colectivos. Se garantiza el derecho a la huelga, pero con algunas limitaciones. A lo largo de año hubo huelgas de los trabajadores de la enseñanza, la sanidad, el transporte, la fabricación, la justicia y el petróleo. La legislación laboral se aplica en la zona de procesamiento de exportaciones. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero existe.

El salario mínimo es de 0,42 USD por hora (209 XOF), cantidad que no permite gozar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La ley establece una semana laboral de entre 40 y 48 horas.