Serbia y Montenegro formaban una unión estatal hasta 2006, cuando los montenegrinos decidieron por referéndum separarse de la unión. De esta manera surge el estado de Serbia, que incluye a Kosovo, un territorio cuya población también pide la independencia. En 2007 la ONU recibió un informe en el que se recomendaba la independencia para Kosovo, pero el gobierno serbio lo ha rechazado.

Serbia es una democracia parlamentaria multipartidista, cuyo Presidente, elegido por votación popular, ocupa el cargo de Jefe de Estado. El Primer Ministro ha presidido el gobierno de Serbia desde las elecciones de 2004, que se celebraron por sufragio universal y fueron consideradas libres y justas. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) constató el hecho de que la población romaní fue privada del derecho a voto. 97.000 votantes se registraron en Kosovo, pero las restricciones de circulación impidieron votar a muchos serbios que residen en enclaves de Kosovo; los albaneses de Kosovo, con algunas excepciones, no participaron en las elecciones. Hay 23 mujeres en un Parlamento de 250 escaños y 1 mujer entre los 16 miembros del Gabinete. 11 miembros de grupos minoritarios fueron elegidos para el Parlamento, pero ninguno para el Gabinete. El escaso número de votantes romaníes hace que continúe su marginación política.

El poder judicial es independiente pero está sujeto a la influencia política y a la corrupción. Las acciones judiciales tardan años en resolverse. Se están celebrando varios juicios de crímenes de guerra. 14 serbios fueron condenados por asesinato, tortura y trato inhumano a más de 200 prisioneros de guerra croatas en la primera sentencia sobre la masacre de Vukovar. Tras la proyección de un video en el que se muestra la ejecución de 6 musulmanes de Srebrenica por parte de un grupo paramilitar serbio denominado "Unidad de los Escorpiones", el Partido Socialista, el Partido Radical Serbio y el Partido Democrático acusaron al Centro de Derecho Humanitario de llevar a cabo una campaña antiserbia.

2 de los sospechosos de crímenes de guerra más buscados por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) siguen en libertad. El gobierno ha colaborado con el TPIY en la entrega de más de 14 acusados de crímenes de guerra. Actualmente se juzga a los presuntos autores del asesinato del Primer Ministro Djindjic. El comandante de la unidad de operaciones especiales de la policía secreta, su ayudante y otras 12 personas están acusadas de organizar y perpetrar el asesinato. El ex presidente Milosevic, al que se estaba juzgando en el PTIY, murió antes de que finalizara el juicio. 560 cuerpos exhumados procedentes de fosas comunes fueron devueltos a Kosovo, y la identificación prosigue en la actualidad, aunque quedan por resolver 2.464 casos de desapariciones.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, discapacidad, lengua o estatus social, pero algunos grupos siguen siendo discriminados.

Según los informes, el gobierno interfiere en la correspondencia y vigila las comunicaciones electrónicas. Los ciudadanos perciben la corrupción en el gobierno y el hecho de que las autoridades no actúan frente a las pruebas de presunta corrupción.

La libertad de expresión y de prensa están garantizadas, pero las personas que han criticado al gobierno han sufrido represalias. A pesar de las amenazas, los medios de comunicación independientes trabajan activamente. La difamación constituye un delito penal, aunque el Parlamento ha sustituido la pena de prisión por multas, y algunos periodistas practican la autocensura. El acceso a Internet no está restringido, pero las comunicaciones electrónicas están vigiladas.

Se trafica con mujeres para su explotación sexual y con niños para las redes organizadas de mendigos. Los trabajadores agrícolas temporales son explotados. También es un problema el tráfico de niños por parte de la comunidad romaní para obligarles a robar o a pedir limosnas.

Sin embargo, en ocasiones se procesa a los traficantes. Aunque no hay una religión estatal, el sistema fiscal favorece a la iglesia ortodoxa serbia, y el gobierno paga un salario a los clérigos ortodoxos en Kosovo.

Se han denunciado casos de antisemitismo. La violencia y la discriminación contra los homosexuales también constituyen un problema, y algunas ONG afirman que a los homosexuales se les deniega la igualdad de oportunidades en la educación y el empleo.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 15 años. Las calificaciones de primaria y los exámenes de admisión determinan a cuál de los 3 tipos de escuela de secundaria irán los niños. Los institutos de educación secundaria (gimnazija) imparten clases generales en 4 cursos lectivos. Los centros de enseñanza profesional (stručna kola) se especializan en determinados campos, aunque siguen impartiendo clases relativamente generales. Los institutos de formación profesional (zanatska kola) ofrecen 3 años de formación especializada con vistas al empleo más que a seguir estudiando. Los centros de enseñanza superior aceptan a los alumnos en función de las calificaciones obtenidas en el instituto y de los resultados del examen de admisión. Un estudio del gobierno informaba de que el 99,8% de los niños van a la escuela, además de los niños romaníes que están de paso.

Existe la duda de si ese estudio incluía a los niños discapacitados y a todos los grupos étnicos. La educación de los niños romaníes sigue siendo un problema. Muchos de ellos no cursan primaria por varias razones, sobre todo por el prejuicio social. Muchos niños romaníes no aprender a hablar en serbio. Algunos son integrados en centros para niños con discapacidades emocionales porque la lengua y la cultura romaní les impide obtener buenos resultados en los exámenes redactados en serbio.

El ACNUR, con el apoyo del gobierno, ha puesto en marcha programas de recuperación y de enseñanza preescolar para niños romaníes. 48 escuelas de primaria y secundaria ofrecen clases semanales de lengua y cultura romaní. El índice de abandono escolar es un problema grave, sobre todo entre los niños de los grupos más desfavorecidos. Se ha ordenado a los docentes que informen de los casos de presuntos abusos infantiles, pero no siempre lo hacen. La ley obliga a los alumnos de primaria y secundaria a asistir a clases de 1 de las 7 comunidades religiosas tradicionales o, en su lugar, asistir a clases de educación civil. Existe pocos datos estadísticos sobre la educación.

El programa de EPI, de tres años de duración, comienza a la edad de 4 años.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 14 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 4 años.

La educación secundaria comienza a los 11 y dura 8 años.

10.038 alumnos serbios estudian en el extranjero, sobre todo en Alemania (3.747), Hungría (1.194), Austria (1.007), Italia (712) y Francia (489).

La tasa de matrícula en primaria es alta, pero UNICEF señala que, cuando el análisis pasa de los indicadores globales a las categorías de niños, los resultados son muy diferentes. UNICEF dice que no hay datos sistemáticos desglosados de algunos grupos étnicos y sociales Los análisis experimentales indican la existencia de graves problemas en relación con la cobertura de los niños pertenecientes a determinados grupos étnicos, como los niños romaníes y vlasi, y los niños con necesidades especiales. Las escuelas carecen de las medidas necesarias para garantizar el acceso de los niños con discapacidades físicas.

Sólo el 30% de los niños con necesidades especiales estudian, aunque la ley prohíbe discriminar a las personas discapacitadas en la educación y otros servicios públicos. Los establecimientos especializados y los centros de educación especial para discapacitados no tienen tampoco las instalaciones adecuadas. La elevada tasa de desempleo hace que a las personas con discapacidades les resulte difícil encontrar un empleo.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. El gobierno no ha aprobado leyes ni ha establecido un sistema para proteger a los refugiados. Según los informes, unos 140.000 refugiados procedentes de la antigua Yugoslavia viven en Serbia: 100.000 de Croacia, 40.000 de Bosnia y Herzegovina. El gobierno está cerrando los campos que proporcionan un cobijo de emergencia a los desplazados internos, y se están estableciendo requisitos para permanecer en esos campos, entre cuyos habitantes hay 9.000 refugiados de Kosovo.

Para obtener la residencia temporal en Serbia, los desplazados deben regresar a Kosovo y anular su anterior residencia. Si no lo hacen no pueden acceder a las escuelas públicas, al seguro médico ni a las prestaciones sociales. La Cruz Roja serbia presta asistencia a los romaníes que regresan. Entre 40.000 y 45.000 desplazados romaníes viven en Serbia; la mitad no están registrados. Durante el conflicto se pensó que muchos romaníes kosovares eran colaboradores serbios, por lo que no pueden regresar a Kosovo en condiciones seguras. Las condiciones de vida de la población romaní son extremadamente malas.

La religión y el origen étnico están estrechamente vinculados en Serbia, y la discriminación suele ser una combinación de discriminación religiosa y étnica. Las minorías constituyen entre el 25% y el 30% de la población serbia. Son húngaros, bosniacos, romaníes, eslovacos, rumanos, vlachs, búlgaros, croatas y albaneses.

Una resolución del Parlamento Europeo confirma la violación de los derechos de las minorías en Vojvodina, con casos de vandalismo y agresiones verbales y físicas a los húngaros. El informe de Human Rights Watch sobre la violencia contra las minorías en Serbia llega a conclusiones parecidas. Los neonazis acosan y agreden físicamente a diferentes grupos. Algunos han sido acusados formalmente de incitar al odio y la intolerancia. La población romaní es objeto de la violencia policial y la discriminación social. Muchos romaníes viven en asentamientos ilegales sin los servicios básicos, incluidas las escuelas.

En 1998 el Parlamento serbio aprobó al Ley de Universidades, que otorgaba al gobierno el poder sobre las universidades públicas y derogaba su autonomía. La lealtad al régimen se convirtió en un prerrequisito para la promoción académica; muchos profesores fueron destituidos o se les prohibió la entrada a los aulas, y los departamentos se reorganizaron a las órdenes de decanos fieles al régimen. No queda claro si en la fecha de redacción de este documento dicha Ley permanece vigente o si el gobierno la ha modificado.

El gobierno serbio estableció un consejo para la igualdad de género. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en virtud de la ley de familia y de propiedad, y en el sistema judicial. No obstante, la visión tradicional de los roles de género dan pie a la discriminación, sobre todo en las zonas rurales, donde no es extraño que los maridos decidan el voto de sus mujeres. La ley establece el principio de la misma remuneración por un trabajo de igual valor, pero las mujeres cobran de media un 11% menos que los hombres.

El acoso sexual es habitual, pero existe una escasa conciencia pública de lo degradante que es para las mujeres. La violencia contra las mujeres es un problema omnipresente. Otro de los problemas es el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Activistas de Mujeres de Negro sufrieron ataques por parte de algunos grupos en la reunión celebrada en Belgrado con motivo del décimo aniversario de la masacre de Srebrenica. El matrimonio prematuro en la comunidad romaní y en las zonas rurales es un problema; es habitual que niños y niñas romaníes contraigan matrimonio entre los 14 y los 18 años.

La edad mínima para trabajar es de 16 años, aunque en las comunidades agrícolas es normal que los niños pequeños trabajen con sus familias. Los niños romaníes trabajan desde una edad temprana en distintos trabajos del sector informal, y muchas veces son obligados a realizar labores manuales o a mendigar o participar en robos organizados. El gobierno obliga al cumplimiento forzoso de las leyes que protegen a los niños de la explotación laboral.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los policías y los militares. Una importante federación sindical que era la única representación en el anterior régimen compite ahora con otras federaciones sindicales más pequeñas. En el sector público, entre el 60% y el 70% de los trabajadores están sindicados. En el sector privado, solamente entre el 4% y el 6% están sindicados; y en la agricultura, en torno al 3% de los trabajadores. La negociación colectiva está permitida y se utiliza habitualmente. En torno al 27% de los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos. Una nueva ley laboral obliga a negociar los convenios colectivos a las empresas de más de 10 empleados. Los atrasos salariales sigues siendo cuantiosos. Los trabajadores tienen derecho a la huelga, salvo los que prestan servicios básicos, que comprende la educación, la electricidad y los servicios postales y en los que trabaja la mitad de la población activa.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero existe. El salario mínimo, establecido por el Consejo Económico Social, es de 105 USD al mes (7.400 CSD) y no permite gozar de un nivel de vida digno al trabajador y su familia. Los salarios negociados son más altos que el salario mínimo. »La semana laboral es de 40 horas.

A este informe le sigue otro correspondiente al territorio de Kosovo porque ambas entidades están gobernadas por separado. No está claro si en las siguientes estadísticas proporcionadas por Serbia se incluye Kosovo, o si son una combinación de Serbia y Montenegro o se refieren solamente a Serbia.