Seychelles es una república unicameral multipartidista que elige a su Presidente como Jefe de Estado y al órgano legislativo para un período de 5 años. 25 de los 34 escaños de la Asamblea Nacional son elegidos directamente, y los otros 9 mediante representación proporcional. Dos partidos políticos dominan el escenario.

En 2006 se celebraron las cuartas elecciones presidenciales desde la reintroducción de la política multipartidista, y el presidente en el poder resultó reelegido. El Frente Progresista del Pueblo de Seychelles (SPPF) obtuvo una mayoría de 23 escaños. Los observadores consideraron que el resultado general de las elecciones era justo, pero el SPPF fue acusado de haber hecho donaciones en metálico a sus defensores. Existe un sistema dominante de influencias políticas que controla los puestos de trabajo del gobierno, los contratos y los recursos. El poder judicial es independiente según la ley, pero los informes indican que está sujeto a la influencia del ejecutivo.

La discriminación está prohibida en general, pero no se especifican las clases de discriminación prohibidas.

El partido gobernante, el SPPF, está acusado de amiguismo por ofrecer a seguidores puestos de trabajo y otros beneficios. Los informes indican que el gobierno ha excluido a los miembros de la oposición de los puestos administrativos en la educación.

La ley supuestamente garantiza la libertad de expresión y de prensa pero con muchas limitaciones, por ejemplo la necesidad de defender la reputación, los derechos y las libertades de las personas privadas, así como la defensa, la seguridad pública, el orden público, la moralidad pública y la salud pública. La libertad de expresión y de prensa están limitadas por las demandas por difamación interpuestas contra los periodistas. El Ministerio de Tecnología de la Información puede prohibir la emisión de cualquier material contrario al interés nacional. El acceso a Internet no está restringido. Según los informes, el gobierno vigila a algunos políticos y ciudadanos. La ley reconoce el acceso a la información del gobierno, pero es un derecho que normalmente se niega a los ciudadanos.

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño solicitó al gobierno que estableciera una edad clara para la educación obligatoria y garantizara su cumplimiento. También pidió al gobierno que realizara campañas de educación pública sobre las formas no violentas de disciplina como alternativa al castigo corporal, y que ofreciera más cursos de formación sobre las formas alternativas de disciplina a todos los grupos profesionales que trabajan con niños o para los niños.

Los informes indican que actualmente la educación es obligatoria entre los 6 y los 15 años, y la matrícula es gratuita hasta los 18. Las familias tienen que comprar los uniformes, pero los libros se suministran gratuitamente. El gobierno señala que todos los niños de entre 6 y 16 años van a la escuela. Se pueden cursas estudios de formación profesional politécnica; los estudios universitarios se realizan en el extranjero. Los programas de aprendizaje proporcionan a los alumnos ayudas para la formación. Las niñas no pueden ir a la escuela si están embarazadas; pueden regresar tras el parto, pero muchas no lo hacen.

A la edad de 4 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 5% de la educación es privada. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 91%. 180 docentes, todas mujeres, trabajan en este nivel de educación, y el 77% están correctamente capacitados. El número de alumnos por docente (NAD) es de 15: 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. En este nivel, el 5% de la educación es privada. La TNM es del 96% (45% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 99% llegan al último curso de primaria. 655 docentes (85% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y el 79% están correctamente capacitados. El NAD es de 14: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 6 años. La TNM es del 93%. Hay 552 educadores de secundaria, 340 (55% mujeres) en secundaria inferior y 212 (50% mujeres) en secundaria superior. El 91% de los docentes de secundaria han recibido la formación adecuada. El NAD es de 14: 1 en secundaria inferior y de 14: 1 en la superior.

457 alumnos estudian fuera, sobre todo en Reino Unido (189), Australia (117), Francia (32), Nueva Zelanda (25), y Mauricio (15).

La ley protege especialmente los derechos de las personas con discapacidad, y no existen informes de discriminación contra estas personas en la educación o en otros servicios públicos. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha pedido al gobierno que continúe colaborando con el Consejo Nacional para Personas Discapacitadas para desarrollar y poner en marcha una política dirigida a integrar a los niños discapacitados en el sistema escolar general y a evaluar el grado de accesibilidad de los actuales servicios e instalaciones públicas para satisfacer las necesidades de los niños discapacitados.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, pero el gobierno no ha establecido un sistema de protección a los refugiados.

La mayoría de la población es criolla de las Seychelles de origen africano o malgache. La población criolla incluye también a las personas de origen africano, malgache, indio, chino, portugués y francés mixto. Prácticamente toda la población pertenece a uno de los grupos cristianos. La lengua que hablan todos es el criollo de las Seychelles, aunque se usan mucho también el francés y el inglés.

Los informes indican que no se pueden llegar a ocupar cargos de alta responsabilidad en la administración académica sin mostrar cierta lealtad al SPPF. No hay universidades, pero los nombramientos de la facultad politécnica están controlados por el gobierno.

Como el sistema tradicional es matriarcal, la discriminación contra la mujer no es institucional. Por ejemplo, las leyes de sucesión no discriminan a la mujer. La ley prohíbe el acoso sexual, pero pocas veces se hace cumplir con rigor.

Según los informes, los abusos sexuales a menores son habituales, sobre todo por parte de los padres adoptivos y los hermanos mayores, pero muy pocos casos son llevados a juicio. La violencia doméstica sigue siendo un problema y la policía se muestra reacia a intervenir, aunque parece que cada vez es menos aceptable.

La edad mínima para trabajar es de 15 años, salvo en el caso de los niños que trabajan a jornada parcial en actividades ligeras que no afecten a su salud, su moral o su educación. El gobierno garantiza el cumplimiento de la ley, y constituye un delito emplear a un menor de 15 años.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los policías, los trabajadores del sistema penitenciario y los militares. El 15%-20% de la población activa está sindicada. La negociación colectiva es legal pero no parece que se practique. En su lugar, el gobierno impone unas escalas salariales para sus propios empleados, que componen más del 50% de la población activa remunerada, así como para las principales empresas del sector privado. El derecho a la huelga sólo se puede ejercitar tras un proceso prolongado de arbitraje, pero se llevan a cabo huelgas. En las zonas francas de exportación se aplica la Ley de Zonas Francas de las Seychelles.

Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, y la prohibición se hace cumplir. No existe salario mínimo para el sector privado. El salario mínimo para el sector público, entre 387 y 445 USD al mes (2.025-2.325 SCR), se complementa con servicios públicos gratuitos, sanidad y educación. Incluso de esta manera, el salario mínimo no permite gozar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La semana laboral es de un máximo de 45 a 55 horas, en función del sector. Los trabajadores extranjeros no gozan de la misma protección que los ciudadanos nacionales.