Sierra Leona es una república constitucional con un Presidente elegido directamente y un Parlamento unicameral. La brutal guerra civil de 11 años terminó en 2002, cuando las fuerzas de paz de la ONU ayudaron al gobierno elegido a hacerse con el control del país. El Presidente ejerce de Jefe de Estado y es elegido para un mandato de 5 años. La Cámara de Representantes tiene 124 escaños, de los cuales 112 se eligen mediante representación proporcional para un período de 4 años y 12 se reservan para los jefes principales.

El Partido del Pueblo de Sierra Leona (SLPP) obtuvo una mayoría de 83 escaños: tan sólo dos partidos consiguieron escaños en las elecciones, que fueron consideradas libres y justas a pesar de las irregularidades. El SLPP es el único partido representado en el Gabinete. El Partido del Frente Unido Revolucionario (RUFP), el brazo político de las fuerzas rebeldes, apenas logró el 1,7% de los votos. Hay 16 mujeres en la Cámara de Representantes, y otras 3 entre los 28 miembros del Gabinete. La Comisión de Verdad y Reconciliación ha publicado su informe final, y el Tribunal Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona continúa con los juicios de los acusados de crímenes de guerra.

El país vive inmerso en la mayor miseria, y su infraestructura ha sido destruida. El poder judicial es independiente pero está sujeto a la influencia política y a la corrupción.

Está prohibida la discriminación por razones de raza, tribu, sexo, lugar de origen, opinión política, color o credo, pero la ley no se hace respetar.

Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de violencia, extorsión y soborno. La violencia callejera actúa contra los presuntos criminales. La corrupción oficial se percibe como algo normal, promovida por los bajos salarios y la falta de responsabilidades.

El acceso público a la información del gobierno no está legislado, y el acceso a la información es esporádico. Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica se ve limitada. Suelen aparecer en los medios artículos críticos con el gobierno, pero según los informes se practica la autocensura. La corrupción entre los periodistas también es generalizada. La radio es el medio más importante para la información pública, debido a los bajos niveles de alfabetismo. El acceso a Internet no está restringido.

Se han promulgado leyes contra el tráfico de personas, pero los informes indican que el país es un punto de origen, tránsito y destino para las mujeres y niños víctimas de los traficantes. Los niños trabajan en las minas de diamantes y como trabajadores sexuales.

Las personas infectadas por el VIH/SIDA están estigmatizadas en la sociedad. La homosexualidad está prohibida, y existe una gran discriminación.

La educación es pública hasta la universidad. La educación es obligatoria, pero no gratuita, entre los 6 y los 12 años. Sólo el 41% de los niños en edad escolar se matriculan en primaria. Las familias no pueden pagar los gastos que supone enviar a los niños a la escuela, por lo que muchos niños no reciben educación formal y se prolonga el ciclo de pobreza. Se han reconstruido muchas escuelas que fueron saqueadas y destruidas en la guerra.

Hay menos niñas que niños matrículados en la escuela, por lo que continúa el bajo índice de alfabetismo entre las mujeres (20%). Los niños son mayoría en los centros de terciaria. La Ley relativa al castigo corporal permite aplicar hasta 12 latigazos a los menores de 17 años como castigo, pero esta ley sería revocada por el Proyecto de Ley de Protección del Menor, actualmente en revisión.

El programa de EPI, de tres años de duración, comienza a la edad de 3 años.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 12 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. El 42% de los alumnos son niñas. La tasa bruta de matrícula es del 145%, ya que las escuelas de primaria están llenas de alumnos más mayores que tratan de recibir la educación que se perdieron en la guerra civil. 17.327 docentes (30% mujeres) trabajan en este nivel. El número de alumnos por docente (NAD) es de 67: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 6 años. El 46% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La tasa bruta de matrícula es del 14%.

9.041 alumnos (29% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 2%. 853 alumnos sierraleoneses estudian fuera, sobre todo en EE.UU. (306), Reino Unido (229), Alemania (63), Gambia (43) y Arabia Saudí (32).

La ley no prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad física o intelectual, y no se han puesto en marcha programas del gobierno para ayudar a los niños con necesidades especiales. Organismos privados y ONG ofrecen cursos de educación y formación a las personas discapacitadas. Las tasas de desempleo son muy altas, y las personas discapacitadas no tienen apenas oportunidades de empleo. Las organizaciones humanitarias ayudan a los lisiados de la guerra civil, proporcionando prótesis, cirugía reconstructora y formación profesional para ayudar a las víctimas a adquirir nuevas habilidades. Varias agencies ayudan a rehabilitar a los niños soldado de la guerra civil. Los menores encarcelados tienen dificultades para acceder a la alimentación, educación y formación profesional.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. El gobierno colabora con el ACNUR para ayudar a los refugiados. En torno a 47.000 refugiados liberianos viven en campos y otros 12.000 fuera de ellos. El número de desplazados internos varía mucho en cada informe. Los cálculos van desde los 750.000 a los 2 millones de personas. Dada la enorme diferencia en las estimaciones, y como no existe un registro oficial de desplazados internos, es evidente que se hace poco por ayudarles. Hay un campo que aún acoge a 520 heridos de guerra y sus familias.

En 2006, el Fiscal General remitió el borrador de la ley al Gabinete para enmendar la Ley de Ciudadanía de Sierra Leona. La adquisición de la ciudadanía por nacimiento se limita a las personas de origen negroafricano por línea paterna. De esta manera, se ha negado la ciudadanía a residentes permanentes de origen libanés nacidos en el país. Hay 18 grupos étnicos de origen africano, que hablan lenguas diferentes y se concentran por regiones.

Los temne y los mende, los grupos más grandes, componen el 30% de la población y compiten por el poder político. Durante la guerra civil, los temnes dirigían el partido rebelde RUFP, mientras que el gobierno estaba en manos del SLPP. El nombramiento de los ministros se basa en el origen étnico. En el gobierno y los puestos militares existe discriminación por el origen étnico.

El círculo vicioso de la violencia en Sierra Leona ha afectado profundamente a las universidades, que necesitan desesperadamente fondos. Algunas instituciones tratan de trabajar juntas para enfrentarse a los nuevos retos de la globalización. Las universidades tienen que obtener ahora resultados "productivos": la investigación aplicada encabeza la lista de las prioridades presupuestarias, y los proyectos de investigación se evalúan en función de su valor comercial. Los únicos fondos disponibles para la investigación proceden de fuentes privadas, de las que hay pocas en Sierra Leona. Existen dudas acerca de la capacidad de los investigadores de aportar algo al desarrollo de los proyectos de investigación.

Hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, pero en la práctica las mujeres son discriminadas. El derecho consuetudinario varía de un grupo étnico a otro. Las mujeres que se rigen por el derecho general pueden poseer bienes, mientras que las que se rigen por el derecho consuetudinario no pueden hacerlo. Las mujeres temne no pueden ser jefes principales, mientras que las mende sí. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades de educación o económicas. Se dedican a la agricultura de subsistencia, lo que las excluye de una educación formal.

El acoso sexual no está tipificado como delito y es una práctica generalizada. La policía normalmente no interviene en las disputas domésticas. La poligamia es generalizada. Mujeres y niñas deben permanecer en ocasiones con sus secuestradores de la guerra porque no tienen otra opción. El 80%-90% de las mujeres y niñas han sufrido la mutilación genital femenina. La mayoría de las víctimas del tráfico de personas son mujeres y niños.

Existen leyes que prohíben las peores formas de trabajo infantil, pero no se hacen cumplir con rigor. La ley permite a los niños de 12 años realizar algunas formas de trabajo, y los empleadores pueden decidir el número de horas que trabajan. En torno al 57% de los niños de entre 5 y 14 años realizan algún tipo de trabajo. Cada vez hay más niños viviendo en las calles. El trabajo forzado y obligatorio para los niños es ilegal, pero sigue siendo un problema. A los 12 años se termina la educación primaria, y muchos niños comienzan a trabajar en lugar de pasar a secundaria.

Los niños de las zonas rurales se dedican a la agricultura de subsistencia, mientras que los de la ciudad trabajan en empresas familiares o como vendedores ambulantes. Pocos niños trabajan en el sector formal. Los empleadores extranjeros contratan a niños locales como empleados domésticos fuera del país, donde los salarios son muy bajos y las condiciones de trabajo deplorables. Las ONG ayudan a las prostitutas de entre 14 y 20 años a regresar a la escuela, les pagan la matrícula y les proporcionan material educativo. Sin embargo, se sigue explotando a niños en las minas de diamantes, junto a sus padres o familiares.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los miembros de las fuerzas armadas y la policía. En el sector formal, entre el 30% y el 60% de los trabajadores están sindicados según los informes, pero en la agricultura y la minería están muy desorganizados. La negociación colectiva está permitida y es generalizada en el sector formal, donde la mayoría de los trabajadores están cubiertos por un convenio colectivo sobre salarios y condiciones de trabajo. Los sindicatos tienen derecho a la huelga.

El trabajo forzado y obligatorio sigue siendo un problema. Los jefes pueden imponer el trabajo forzado como castigo, y en las zonas rurales también se practica la servidumbre por deudas. El salario mínimo es de 14 USD al mes (40.000 SLL), cantidad que no permite gozar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La semana laboral es de 40 horas.